Más allá de la dación en pago

En este artículo, abordaremos la cuestión de la vivienda en tres apartados. En el primero, analizaremos la vivienda en tanto producto social que bajo la lógica del capital es transformada necesariamente en una mercancía; en el segundo, desde las particularidades del modelo inmobiliario-constructor español, el cual hunde sus raíces en el franquismo hasta nuestros días. Por último, en la tercera parte, analizaremos brevemente las transformaciones de las últimas décadas que han vivido las grandes ciudades, como Barcelona, a propósito de la urbanización neoliberal.

1. La vivienda bajo la lógica del capital: Derecho a ser mercancía

Debatir la cuestión de la vivienda exige ir más allá del enfoque reactivo del actual contexto de urgencia social: desahucios, ley hipotecaria, crisis económica, etc. Estos enfoques, aunque reales, no nos dejan ver las causas profundas del por qué se ha llegado hasta esta situación y cómo podemos encontrar soluciones. Generalmente, desde los mass media, se crea un marco de discusión donde la llamada «justicia social» se reduce a lo que dicta el bipartidismo o, como mucho, los tribunales. Surge así una peligrosa constante de reducir todo conflicto a consideraciones estrictamente jurídicas¹. Como veremos más delante, en lo que toca al Estado español, la cuestión de la vivienda históricamente ha sido un terreno clave sobre el cual se han edificado las bases socioeconómicas que han caracterizado el desarrollo del capitalismo español en los últimos 50 años². Pero no nos adelantemos.

La vivienda también ha pasado por muchas «crisis» a lo largo de la historia. Al final del siglo XIX y principios del XX, debido a la aglomeración en los centros urbanos de trabajadores y trabajadoras expulsadas de los campos, la cuestión de la vivienda se convierte en un factor determinante para seguir desarrollando las fuerzas productivas del capitalismo. Friedrich Engels, en su texto de 1872 El problema de la vivienda³, define así la cuestión: que la clase obrera viva en general en viviendas deficientes o malsanas no es algo nuevo, a toda clase oprimida le ha ocurrido igual, la cuestión principal es que este problema viene dado por el agravamiento concreto que han experimentado las malas condiciones de vivienda (hacinamiento, enfermedades, alquileres excesivos, etc.) a causa de la súbita afluencia de población a las grandes ciudades.

Según Engels, la relación entre el inquilino o comprador de una vivienda y el propietario es una «simple venta de mercancía y no una transacción entre proletario y burgués». Aquí no hay venta de la fuerza de trabajo, pues el obrero/a se presenta como «persona pudiente», es decir, que puede pagar lo que se le exige. Según la vulgata económica de ayer y de hoy lo que paga quien alquila o compra es el precio que impone la mano invisible de la ley de la oferta y la demanda, pero en realidad son los costes de producción agrupados en: a) los gastos de construcción y de mantenimiento de la vivienda, b) el valor del suelo por la situación más o menos favorable (centro o periferia) y c) la relación entre la oferta y demanda que existe en un momento dado (caída o auge de la presión especulativa sobre el suelo).

La crítica de Engels iba específicamente dirigida a Pierre-Joseph Proudhon quien defendía la idea de que si toda la gente inquilina se transformara en propietaria de su vivienda pagando «al antiguo propietario el valor de su casa» la sociedad devendría «un conjunto de propietarios libres e independientes». Tanto Engels como Marx combatieron duramente estas ideas por reaccionarias ya que, primero, no sólo ponían el ojo sobre «una sola variedad de capitalistas» olvidando a los otros que compran y explotan la fuerza de trabajo, y segundo, como desposeídos de sus condiciones de existencia, los y las asalariadas necesitaban desplazarse continuamente a las «fuentes» de trabajo si no querían morir de hambre. De todas maneras, lo paradójico de la propuesta de Proudhon es que en su afán «revolucionario» ha acabado sirviendo en gran manera a la burguesía desde entonces. «Hacer propietarios» a los y las trabajadoras ha sido un arma disuasoria extraordinariamente eficaz para apaciguar los ánimos revolucionarios a la vez que servía (y sirve) para insertarles en una red de servidumbres varias (ante el banco, ante la fiscalidad municipal y estatal, ante la regulación urbana, etc.) en la cual no tienen ni un ápice de decisión.

«Una sociedad -dice Engels- no puede existir sin el problema de la vivienda cuando la gran masa de los obreros no dispone absolutamente de ningún recurso fuera de su salario, es decir, de la suma de los medios indispensables para su subsistencia y reproducción»⁴. Se trata, entonces, de luchar contra las causas y no solo contra los efectos. En la Inglaterra industrial del siglo XIX los grandes fabricantes rurales comprendieron muy bien que «la construcción de viviendas obreras no es sólo una necesidad y una parte indispensable de las inversiones de la fábrica, sino que además es algo muy rentable»⁵. La vivienda se volvió una mercancía indispensable para crear las condiciones necesarias a partir de las cuales se organiza el consumo familiar de las clases populares. Sin embargo, lejos de «mejorar» el bienestar o de solucionar la escasez de viviendas, llevó a una contradicción estructural en los diferentes procesos de valorización de capital ya que enfrentaba intereses entre sectores inmobiliarios y sectores manufactureros⁶. Los capitalistas, dice Engels -y vale para nuestros tiempos también-, tomados individualmente deploran el problema de la vivienda, pero en conjunto apenas se preocupan de «paliar superficialmente las terribles consecuencias».

La burguesía históricamente ha «resuelto» la cuestión de la vivienda desplazándola. Así comienzan los orígenes del urbanismo, a través de la intervención política en los espacios. De esta forma, la reordenación de los territorios, especialmente la ciudad, se convierte en un tema central de los regímenes tras las luchas de 1848. Con el tiempo, la suburbanización cumplió una tarea esencial para crear nichos al capital excedente que no solo tuvieron impacto en la geografía de las ciudades, sino también en la vida cotidiana de las personas. Según David Harvey, «si la haussmanización desempeñó un papel en las dinámicas de la Comuna de París, las características descarnadas del modo de vida suburbano también desempeñaron su parte en los espectaculares acontecimientos que tuvieron lugar en EEUU en 1968»⁷.

2. El modelo inmobiliario del Estado español o como el (neo)franquismo sigue haciendo de las suyas

Hasta la segunda mitad de la década de 1980, el Estado español presenta un problema crónico de déficit en torno a la cuestión de la vivienda. Hoy existe una crisis de la vivienda por sobreproducción, es decir, que hemos pasado del no tener al sobrar. Pero esta panorámica no debe llevarnos a engaño, en los extremos subyace una lógica propia del modelo inmobiliario-constructor que hunde sus raíces en la dictadura de Francisco Franco y llega hasta nuestros días.

Las características principales de este modelo son: a) alta defensa del régimen de tenencia en propiedad en detrimento del régimen en alquiler, b) alianza histórica entre asociaciones inmobiliarias, capitales financieros y poderes administrativos, y c) monocultivo del ladrillo como dinamizador de los otros sectores productivos.

Políticas de vivienda bajo el franquismo

Hasta mediados de los años ’50 prácticamente no existe una práctica de políticas de vivienda debido a la escasez de la misma como consecuencia de la guerra civil. El aparato de Estado no se ocupa seriamente de ello hasta que el problema se vuelve insoportable para la clase trabajadora⁸. Con la creación del Ministerio de Viviendas en 1957, presidido por José Luis de Arrese, se pretende dar solución mediante el Plan Nacional de Vivienda por el que se prevé la construcción de más de 3 millones de viviendas en un periodo de 15 años. El resultado fue efectivamente un gran aumento de viviendas construidas, sin embargo, en el último tramo del Plan, «al tomar conciencia de las limitaciones del Estado para conseguirlo», se despierta el afán de lucro de los constructores «tocando a rebato las campanas de la iniciativa privada hasta conseguir su colaboración», según palabras del propio De Arrese.

Este giro en búsqueda de la promoción privada tuvo consecuencias fundamentales para el futuro: se consolidó el sistema de compra como forma de acceso a la vivienda, encarecimiento de los precios, sustitución del capital de préstamo de origen público por hipotecas y créditos del capital bancario, posicionamiento del capital financiero en la propiedad del suelo y una serie de «rebajas fiscales» de los municipios más precarios para constructoras y promotores inmobiliarios. Esta progresiva penetración del capital financiero-inmobiliario en el tejido productivo más que un reemplazo de la clase dominante, produjo una alianza de sectores en la cual la aristocracia y burguesía media pudieron continuar teniendo importantes cuotas de mercado en el proceso de acumulación⁹.

Tardofranquismo, transición y transacción

Según Naredo, a partir de los ’70 y principios de los ’80, aparte de la crisis mundial y del declive demográfico-migratorio propio de la industrialización, se tendió a estabilizar el primer boom inmobiliario donde «si algo quedó bien atado, y bien atado, después de su muerte [de Franco], fueron la política de vivienda y la práctica del ‘pelotazo’ inmobiliario»¹⁰. La supervivencia estructural del modelo inmobiliario a la llamada transición democrática se basó en un solapamiento de una «refundación oligárquica del poder», una «crisis del planeamiento» y una «financiación barata y abundante». La Constitución de 1978 dejó al Estado sin competencias en ordenación del territorio, urbanismo y vivienda al delegar éstas en los gobiernos autonómicos y municipales (art. 148).

El paso a la democracia, pues, no fue más que la continuación «legal» de las relaciones económico-políticas entre asociaciones inmobiliarias, promotoras y el «caciquismo municipal» ya apuntaladas en el franquismo. Esto debería hacernos reflexionar cuando se habla de la corrupción urbanística como algo estrictamente moral, ya que gran parte del problema de la corrupción subyace en este modelo inmobiliario que alentó desde el principio una alianza entre Estado y clases rentistas que hicieron del negocio inmobiliario-constructivo el «producto nacional».

En 1985, se pone en marcha el llamado Decreto Boyer con el objetivo de criminalizar el alquiler en pos de la compra-venta de viviendas. Un año después, con la incorporación del Estado español a Comunidad Económica Europea, comienza la imparable liberalización de capitales y la entrada de capital extranjero, un ciclo de acumulación que acabará en crisis a principios de los ’90. Según datos de esta época, en 1982 una vivienda de 90m2 costaba unos 3 años de un sueldo medio; en 1993 ya eran 6 años. En 1986 los bancos se llevaban el 30% de los ingresos totales familiares en concepto de hipoteca; en 1991 ya era casi el 60%¹¹. Con la recesión europea de los ’90, viene el Tratado de Maastrich, los ajustes estructurales, las devaluaciones de la peseta y comienza la restructuración del sector inmobiliario-constructor mediante fusiones y más concentración de capital. También tiene lugar la progresiva bancarización de las Cajas de Ahorro, todo esto bajo el desafortunado slogan del capitalismo «popular» o «popularizado» difundido por el Gobierno de Felipe González para esconder los procesos de privatización que el siguiente gobierno del PP aumentaría.

Ciclo especulativo-inmobiliario de 1994-2007. El Estado español está enladrillado

Antes de la Ley 6/1998, conocida como la Ley de Liberación del Suelo, el Estado comienza a regular a favor del negocio de la construcción gracias a una batería de ventajas fiscales para la compra de primera, segunda y tercera vivienda, favoreciendo sobretodo a las familias de rentas altas que vieron nuevas formas de revalorizar su patrimonio y ganar dinero rápido. Con la entrada en el Euro la burbuja inmobiliaria se desarrolla a cifras jamás vistas. El crédito al sector de la construcción y al sector de actividades inmobiliarias a finales de 2002 representaba nada menos que el 30% del crédito total; en 2007 llegaba hasta el 50%. Las empresas inmobiliarias crecieron al 10% anual aunque el 90% de ellas no tuviera más que 2 empleados. El parque de viviendas en alquiler cayó del 40% en 1960 al 15% en 2001 y al 6% en 2005. Hoy se calcula que existen entre 5 ó 6 millones de viviendas vacías en un Estado que desde 2008 ha ejecutado 321 desahucios al día¹².

Pero ¿quién ganó con el cacareado «milagro español»? Desde 1994 hasta 2007 el patrimonio inmobiliario, reino de oligarquías, se revalorizó un 175% y los activos financieros un 129%, mientras la deuda de los hogares en este mismo ciclo pasaron del 66% de su renta anual a representar el 150%. Así, mientras las grandes fortunas, grandes empresas, constructoras e inmobiliarias obtenían pingües beneficios que subían cada año gracias a las recalificaciones y reclasificaciones de suelo, entre 1994 y 2006 el salario medio perdió un 2,4% de poder adquisitivo y la prestación media de desempleo un 16%. La desigualdad de género también aumentó en materia de salarios y pensiones, pasando de un 28% inferior al de los hombres en 1994 a ser un 33% en 2007. Lo mismo ocurrió entre los y las asalariadas nacionales y extracomunitarias¹³.

En fin, podríamos lanzar datos durante páginas y páginas de las características y consecuencias -muchas irreversibles como el caso del deterioro de las costas¹⁴– de este ciclo económico, pero creemos que lo más importante es comprender como la burbuja inmobiliaria fue un ciclo de acumulación basado en el modelo inmobiliario oligárquico que no aparece de la noche a la mañana, sino que está plenamente arraigado en la estructura productiva del territorio. Este boom inmobiliario iniciado a mediados de los ’90 se inserta también en el marco de una reterritorialización geográfica de los espacios del capital histórico que produce una continua división desigual de los recursos que han intensificado las particularidades del modelo inmobiliario-constructor español señaladas arriba, además de una paulatina desindustrialización que ha dejado al Estado español en una crisis multidimensional que durará posiblemente décadas¹⁵.

3. La ciudad como escaparate: modelo para desarmar

Una vivienda es un refugio, un hogar, que está dentro de un territorio configurado de una determinada manera según diversos criterios sociales, económicos, culturales y políticos. Históricamente, la «ciudad» ha sido ese lugar geográfico mayoritario. En las últimas décadas, la ciudad como espacio privilegiado del capital ha sufrido una serie de transformaciones que han afectado a la estructura productiva de países o regiones de todo el mundo y, por supuesto, a las personas que la integran tanto en términos de género como de identidad¹⁶. A grosso modo, «la consecuencia de esa gestión es una reorganización de la política urbana según los principios y las dinámicas de la administración privada y capitalista que incluye la liberalización de regulaciones y la privatización de servicios urbanos básicos»¹⁷.

«Barcelona, ciudad de ferias y congresos» (José María de Porcioles, alcalde de Barcelona entre 1957 y 1973)

La continuidad en el modelo de políticas urbanas desde el tardofranquismo hasta nuestros días no es una excepción en el caso de Barcelona ciudad. No pocos analistas han visto una «radicalización de algunas tendencias iniciadas o apuntadas por la administración franquista de la ciudad» o, al menos, que aquello de la «ciudad modelo» como mucho puede ser algo autorreferencial¹⁸. Muchas de las críticas al modelo desarrollista del franquismo como fue la potenciación de autopistas, edificaciones de altura, periferias caóticas, etc., hoy se han vuelto el pan de cada día.

El antropólogo Manuel Delgado ve una cierta continuidad desde la Exposición Universal de 1888 que sirvió para urbanizar instalaciones abandonadas, asumida luego por el régimen franquista y que seguirá su inercia después de la transición hasta emerger «esplendorosamente» en los Juegos Olímpicos de 1992 y el Forum de las Culturas en el 2004. «La actual Barcelona no es, como se pretende, genuinamente posdemocrática en su concepción y en su diseño, sino que partió de la determinación, por parte de los ayuntamiento franquistas, de poner la ciudad a disposición de los intereses del capitalismo inmobiliario y financiero internacional»¹⁹. Desde el nombramiento como sede olímpica de los JJOO de 1992, la intervención institucional junto con los agentes inmobiliarios se ha venido perfeccionando en las tácticas de acoso y derribo como el mobbing urbanístico, la gentrificación²⁰, la segregación, las ordenanzas ciudadanistas²¹ o la supuesta promoción de «rehabilitaciones» o «reformas» de barrios como Poble Nou, Ciutat Vella, Raval o Gràcia²² que ocultaron numerosos desplazamiento forzosos de vecinos y vecinas hacia las periferias. Estos procesos de reestructuración urbanizadora que no han hecho sino aumentar la brecha entre ricos y pobres son aplicables a otras grandes ciudades como Madrid, Londres o Los Ángeles, ya que desempeñan una función vital en la absorción de excedentes del capital mundializado²³.

A nivel analítico, las ciudades se han convertido en el núcleo de una estrategia que Harvey denomina «soluciones espacio-temporales», una continua producción de espacios y reorganización de la división del trabajo para promover «espacios dinámicos de acumulación de capital»²⁴. Por lo tanto, en el urbanismo neoliberal asistimos a la «ciudad-marca» como la «ciudad creativa», la quintaesencia de la «destrucción creativa» para favorecer la circulación de capitales en espacios controlados; un empresarialismo urbano, casi siempre coadyuvados por la administración pública, que busca grandes capitales para transformar la ciudad en un escaparate o un parque temático solo apto para clientes.

Conclusiones

Como decíamos al principio, la cuestión de la vivienda no la podremos abordar si atacamos sólo sus efectos y dejamos intactas las causas, esto significa que nuestras reivindicaciones tienen que ir más allá del fetichismo jurídico que oculta las condiciones socioeconómicas en las que vivimos. Con esto, no menospreciamos de manera alguna las iniciativas que se ubican dentro de este contexto, al contrario, las apoyamos en tanto que representan un avance fundamental para el conjunto de la clase trabajadora. Sin embargo, no podemos quedarnos a medio camino en una batalla que oscile entre lo deseado por el capital y lo permitido por el Estado. Para ello, será necesario romper con la lógica del derecho inalienable de la apropiación de los recursos, base orgánica del capitalismo, reorganizar el poder popular desde los barrios a las metrópolis, esto es, recuperar el territorio en base a decisiones realmente colectivas. El derecho a la vivienda digna es inseparable del derecho a la ciudad, a la búsqueda legítima de vivir colectivamente construyendo nuestros hábitats y relaciones sociales según las necesidades de las personas y no de los beneficios empresariales. La tarea no se presenta fácil, pero seguramente ya estamos en ello.

Notas

El olvidado jurista soviético Evgeny Pashukanis en su Teoría general del derecho y el marxismo de 1924 advertía sobre el complemento del fetichismo de la mercancía con el «fetichismo jurídico» en el capitalismo. En el debate del «derecho a la vivienda», por ejemplo, la formalidad jurídica otorga la ilusión jurídica de ser sujeto de un derecho que en realidad no posee, al menos, la inmensa mayoría.
Naredo, José Manuel y Montiel Márquez, Antonio, 2011: El modelo inmobiliario español y su culminación en el caso valenciano. Barcelona: Icaria.
Aquí utilizamos la edición revisada y corregida por el mismo Engels de 1887. Barcelona: Ed. Gustavo Gili, 1974.
Ibid., p. 40.
Ibid., p. 49.
Magry, Susana, 1977: «Política estatal de la vivienda: exigencias del capital y lucha de clases», en Políticas de vivienda, Ferreira, et al, edición a cargo de Carmen Gavira. Madrid: Ayuso, pp. 65-94. También, Benevolo, Leonardo, 1993: La ciudad europea. Barcelona: Crítica; Sánchez, Joan-Antón, «La destrucción creadora: el lenguaje de la reforma urbana en tres ciudades de la Europa mediterránea a finales del siglo XIX (Marsella, Nápoles y Barcelona», Scripta Nova, 63, disponible en: http://www.ub.edu/geocrit/sn-63.htm
Harvey, David, 2008, «Derecho a la ciudad», New Left Review, nº53, pp. 23-39.
En 1957 existían 50 mil chabolas en Madrid y 12 mil en Barcelona, véase: «Problemática de la vivienda en España», M.J. Olive, J. Rodríguez, X. Valls, en Ferreira, F. et al, ibid., pp. 117-144.
Ibid., p. 137.
Naredo, José Manuel y Montiel Márquez, Antonio, 2011, ibid., p. 33.
VV.AA, 2006: Taller contra la violencia inmobiliaria y urbanística. El cielo está enladrillado. Entre el mobbing y la violencia inmobiliaria y urbanística. Barcelona: Bellaterra, p. 13.
Diario El País, 15/03/2013, disponible en: http://politica.elpais.com/politica/2013/03/14/actualidad/1363285123_178…
Colectivo IOÉ, 2008: «Barómetro social de España: análisis del periodo 1994-2006 a partir de un sistema de indicadores». Madrid: Traficantes de Sueños; «Barómetro social de España: 1994-2007: se cierra un ciclo de expansión especulativa y regresión social». Disponibles en: http://barometrosocial.es
Véase, Greenpeace, 2012: «Informe: Destrucción a toda costa». Disponible en: http://www.greenpeace.org/espana/es/reports/Informe-completo-Destruccion…
Harvey, David, 2004: El nuevo imperialismo. Madrid: Akal. Para ver el impacto de la desindustrialización en el Estado Español, véase: Lacalle, Daniel, «Crisis y desindustrialización», Papeles del FIM, enero 2013. Disponible en: http://www.fim.org.es/media/1/1792.pdf
Especialmente relevante, pero imposible de abarcar aquí es el impacto de las políticas urbanas en las mujeres. Véase: Borja, Jordi y Castells, Manuel, 1997: cap. «La ciudad de las mujeres», en Local y global. La gestión de las ciudades en la era de la información. Madrid: Taurus.
Janoschka, Michael, 2011: «Geografías urbanas en la era del neoliberalismo. Una conceptualización de la resistencia local a través de la participación y la ciudadanía urbana», Investigaciones Geográficas, Boletín del Instituto de Geografía UNAM, nº75, 2011, pp. 118-132.
Delgado, Manuel, 2007: La ciudad mentirosa. Fraude y miseria del ‘Modelo Barcelona’. Madrid: Libros de la Catarata; Jordi Borja y Zaida Muxí (eds.), 2004: Urbanismo del siglo XXI. Una visión crítica. Barcelona: Edicions UPC; Capel, Horacio, 2005: El modelo Barcelona: un examen crítico. Barcelona: Serbal; «La Veu del Carrer», Revista de la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona, nº108, 2008, disponible en: http://www.favb.cat/
Delgado, Manuel, 2007, ibid., p. 33.
La gentrificación es un proceso de transformación urbano en el cual la población original de un barrio es desplazada por otra de un mayor nivel adquisitivo.
Como la Ordenanza de medidas para fomentar y garantizar la convivencia en el espacio público de Barcelona que entró en vigor en el 2006 con la desavenencia y rechazo explícito de una gran cantidad de colectivos, personas y asociaciones de la ciudad. Silveira Gorski, Héctor, 2006: «Barcelona y el fomento de la convivencia a través de la represión del espacio público» en Iñaki Rivera Beiras (coords.), Emergencias Urbanas. Barcelona: Anthropos.
Para los casos mencionados, ver nota 18.
Para el caso de Madrid, ver: Observatorio Metropolitano, 2009: Manifiesto por Madrid. Crítica y crisis del modelo metropolitano. Madrid: Traficantes de sueños.
Harvey, David, 2004, ibid., pp. 97-103.

Franco Casanga es militante de En lluita / En lucha.

Fuente: http://enlucha.wordpress.com/2013/05/28/mas-alla-de-la-dacion-en-pago/