El Movimiento Ibérico Antinuclear en Cataluña considera que el permiso por 60 años a Garoña, su repercusión en Ascó y Vandellòs y el «impuesto» que legitima los impactos sobre la salud de las emisiones radiactivas son partes diferentes de una misma política. La aprobación en el Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) de la […]
El Movimiento Ibérico Antinuclear en Cataluña considera que el permiso por 60 años a Garoña, su repercusión en Ascó y Vandellòs y el «impuesto» que legitima los impactos sobre la salud de las emisiones radiactivas son partes diferentes de una misma política.
La aprobación en el Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) de la continuidad de la central de Garoña, era sólo el preámbulo a la prolongación de todo el parque nuclear hasta los 60 años, como se ha comprobado con la rueda de prensa oferta por el presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en la que se ha informado de las implicaciones de la medida.
Las consecuencias de esta decisión son extraordinariamente graves, y desde el Movimiento Ibérico Antinuclear en Cataluña queremos destacar las siguientes:
– En cuanto a Garoña, la central está en muy malas condiciones de seguridad, como muestran los informes de reparaciones elaborados por los técnicos del propio CSN.
– Al margen de que se pueda producir un accidente que derive en una fusión del núcleo, con consecuencias incalculables para toda la Península Ibérica y sur de Europa, el riesgo de fugas continuadas de elementos radiactivos es muy elevado.
– Garoña está conectada directamente con Cataluña por el curso del río Ebro, del cual la central obtiene el agua de refrigeración.
– Establecer 10 condiciones, la mayoría de ellas genéricas, y conceder una autorización para funcionar 60 años previa a su cumplimiento, significa dar un aval para que el resto de centrales pendientes de renovación de permiso se acojan al mismo mecanismo , al margen de que Garoña no entre nunca en funcionamiento, lo que es muy posible.
– Con esta decisión el CSN abre la posibilidad a que cualquier central nuclear propiedad de ENEL-ENDESA, IBERDROLA o GAS NATURAL – FENOSA pueda disponer de una autorización previa de funcionamiento, lo que le permitiría exigir compensaciones por lucro cesante, si un gobierno legislara para cerrarla, por motivos ambientales o de salud, en el periodo que va de la concesión de la licencia a la autorización de la explotación.
– La decisión del CSN supone en la práctica un blindaje normativo de la industria nuclear.
– Las consecuencias para el reactor atómico de Vandellòs 2, que debe obtener su licencia en 2020, y cuyos propietarios han declarado que presentarán la solicitud este verano, y los dos reactores de Ascó son evidentes: garantizar el su funcionamiento hasta los 60 años. De esta manera Ascó 1 funcionaría hasta el 2043, Ascó 2 hasta el 2045, y Vandellòs 2 hasta el 2047.
– En esta perspectiva adquiere plena coherencia el capítulo séptimo de la Ley de Presupuestos 2017 del gobierno PDECAT (CDC) – ERC, pendiente de aprobación para el mes de marzo. Este capítulo propone recaudar un «impuesto» por los impactos sobre la salud del funcionamiento rutinario los reactores nucleares. Es decir, reconoce a las emisiones radiactivas de las centrales nucleares consecuencias negativas sobre la salud, y legaliza el derecho de las empresas a provocarlasmediante un «impuesto».
– En el contexto del alargamiento del funcionamiento de las centrales a 60 años, el tal «impuesto» supone no sólo ventajas para las empresas eléctricas, que ven regulado un impacto que hasta ahora negaban, sino también una fuente de ingresos creciente para la Generalitat, ya que el deterioro por envejecimiento de los sistemas de funcionamiento de las centrales supone un incremento de las emisiones y, por tanto, de la recaudación.
– Lo único que resulta perjudicado con este «impuesto» es la salud de las personas que vivimos en Cataluña y también fuera de Cataluña, dada la capacidad de dispersión de los más de 40 elementosradiactivos que emite un reactor nuclear.
Ante esta situación el Movimiento Ibérico Antinuclear en Cataluña se dirige a toda la sociedad para que…
– Pida la retirada del Capítulo séptimo de la Ley de presupuestos, apoyando el MANIFIESTO que hemos puesto en circulación mediante este formulario . MANIFIESTO que será enviado a todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria antes de la aprobación de los presupuestos.
Creemos que un asunto tan grave como éste, que afecta a la salud de la población de Cataluña no puede estar exclusivamente en manos de representantes políticos y representantes de la industria nuclear, que se ha de abrir un debate social con participación del sector sanitario sobre las repercusiones que el funcionamiento de Ascó y Vandellós han tenido sobre la salud, a lo largo de los casi treinta años que hace que funcionan.
Este debate debe tener entre sus objetivos la redacción de un documento para abordar el posterior trabajo mediante el cual las empresas que se han beneficiado económicamente de las centrales atómicas realicen contribuciones para paliar o revertir las consecuencias de salud que se hayan podido dar en personas afectadas por su actividad.
– Pida a los representantes de los diferentes partidos políticos que el Parlamento de Cataluña apruebe una resolución exigiendo que el gobierno del estado no renueve los permisos de funcionamiento de Ascó y Vandellòs en 2020 y 2021, respectivamente.
– Pida la constitución de una comisión de trabajo, con participación de todos los sectores sociales implicados, que diseñe un plan de empleo y recolocación para las aproximadamente 2.500 personas que actualmente trabajan en los tres reactores nucleares y sus actividades auxiliares . Especialmente las aproximadamente 1.050 que forman la plantilla de las dos centrales.
– Pida la creación de una comisión de seguimiento para vigilar que los trabajos de desmantelamiento de los reactores, y adecuación de los terrenos afectados por las centrales, no repitan los incidentes y errores que se dieron en el caso de Vandellós 1, especialmente el control de los efluentes radiactivos.
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