El segundo ejemplo del programa cada vez menos oculto (si bien ocultado) de las coalición ultraconservadora de CiU -neoliberalismo impío en su tendencia más extrema en asuntos esenciales- está relacionado con las prácticas salvajes de Boi Ruiz, el responsable de Salud que impuso y revalidó don Artur Mas en su gobierno, el conseller que afirmó, […]
El segundo ejemplo del programa cada vez menos oculto (si bien ocultado) de las coalición ultraconservadora de CiU -neoliberalismo impío en su tendencia más extrema en asuntos esenciales- está relacionado con las prácticas salvajes de Boi Ruiz, el responsable de Salud que impuso y revalidó don Artur Mas en su gobierno, el conseller que afirmó, sin rectificación hasta el momento, que la salud no es un derecho, el mismo que recientemente se ha enfrentado y ha criticado duramente al Síndic de Greuges catalán (digamos: nuestro defensor del pueblo) por su informe sobre la malnutrición de los niños catalanes y su insistencia en la importancia social y humana del tema.
El titular periodístico: «Salud ordena al Clínic ceder parte de su actividad a un hospital privado. El centro público perderá 74 camas y 17,5 millones hasta fin de año». El Sagrat Cor («Sagrado corazón», sin alteraciones eclesiásticas en la traducción), propiedad de la multinacional IDC Salud, será el gran beneficiado de la operación. Antía Castedo [AC] es la autora del artículo [1]. Excelente, como todos los suyos.
La Generalitat ha impuesto y ordenado una «alianza estratégica» entre ambas instituciones, el Clínic y el Sagrat Cor. El Clínic, un hospital universitario asociado a la Facultad de Medicina de la UB, «deberá cerrar 74 camas -un 9% del total- y reducir su presupuesto en 17,5 millones de euros de aquí a fin de año». Orden del Departamento de Salud y de su máximo responsable, don Boi Ruiz.
No es el único hachazo. Recorte de tarifas y de actividad, inmerso en un fuerte proceso de privatización de su gestión, el Clínic -un centro de referencia internacional, recuerda AC, que atiende a más de medio millón de ciudadanos barceloneses-, deberá perder peso en favor del hospital de propiedad privada. ¿Y por qué esa pérdida de peso? Pues porque en la cosmovisión de los gobiernos de los mejores privatizadores, lo público (siempre demediado y, en el caso del Clínic, con una fuerte arista no pública ya en estos momentos) debe estar al servicio de los negocios corporativos y de sus intereses crematísticos insaciables
El Sagrat Cor, un viejo hospital, está controlado actualmente por la multinacional IDC Salud (la antigua Capio), la corporación que gestiona también del Hospital General de Cataluña (Sant Cugat). El Sagrat asumirá gran parte de la actividad de baja complejidad, «la más rentable para el sector privado», recuerda AC. Consecuencia: la actividad de «alta complejidad», la de mayor coste, seguirá en manos públicas (¡cuya operatividad media será entonces más cara!). IDC Salud asumió la gestión del Sagrat Cor en octubre de 2011, cuando su propietario de entonces (la Aliança) pasaba por una situación financiera delicada. La multinacional se comprometió a invertir 27 millones de euros para mejorar las instalaciones. CGT ha denunciado que Salud y Boi Ruiz pretenden con esta reordenación «salvar a un grupo empresarial sanitario».
El director del Clínic, Josep Maria Piqué, comunicó el plan del Departament del gobierno de Artur Mas al comité de empresa el pasado jueves 12 de septiembre, el día siguiente a la Diada, el día posterior a la celebración de la «via catalana» hacia la independencia.
Las medidas de recorte, señala de nuevo AC, son consecuencia de la reducción (impuesta) del 4,6% en las tarifas que la Generalitat paga al Clínic (¡14 millones de euros menos al año!) y de la pérdida de actividad equivalente al 1% de los ingresos anuales (3,5 millones). Las áreas más afectadas: medicina interna, neumología, aparato digestivo, cirugía traumatológica, vascular y general. El Clínic se quedará con 323.000 habitantes de su área de referencia (más de 500 mil) para asistencia de baja complejidad, mientras que el Sagrat asumirá unos 100.000 de este sector de baja complejidad.
La multinacional IDC Salud se configura así como el principal beneficiario de la operación, de la aplicación al Clínic del Plan de Reordenación Territorial, «un ambicioso proyecto para redibujar el mapa sanitario catalán que Salud no ha querido detallar en su conjunto y que se está aplicando progresivamente por zonas», plan de cuya gravedad AC, y otros periodistas críticos y defensores de la Sanidad Pública, han informado en reiteradas ocasiones.
Según señala AC, un portavoz de IDC Salud ha afirmado que «estas coordinaciones implican una mejor adecuación de los ingresos» hospitalarios y también un «mayor control de los enfermos crónicos». ¡Atención con estos enfermos! Todo ello permitirá, en palabras del ejecutivo (¿de dónde salen?, ¿quién les forma?, ¿qué lenguaje usan?)) priorizar «altas, reducir el número de camas y mejorar la colaboración entre profesionales». Vale, será eso. Salud argumenta que el hachazo contra el Clínic, que en 2012 contó con un presupuesto de 441 millones de euros, obedece a los mismos criterios que se aplican en otros hospitales. ¿Y con eso se justifican esos criterios?
Las críticas son más que evidentes. «Estas medidas van contra el sistema público», según Sergi Hurtado (CC.OO). «No entendemos [sí que entienden realmente] por qué cierran camas en el Clínic, que es un hospital público, para enviarlas a uno privado. La atención en la privada podrá ser más barata, pero la calidad no es la misma cuando los medios que se dedican son menores y se busca el beneficio económico», Ana Muela (Asociación Profesional de Enfermería del Clínic, APIHC). «Los pacientes y los trabajadores acabamos siempre asumiendo el coste de los recortes», Raúl López (UGT). «La decisión muestra un claro trato de favor al sector privado frente al público. [Salud] ha cedido la actividad menos compleja para favorecer el negocio privado, ya que es la que requiere menos inversión» denuncia SATSE..
Incluso el más que moderado sindicato Metges de Catalunya ha calificado de «surrealista» que la Generalitat «reduzca actividad de un hospital público para asignarla a otro con ánimo de lucro» [2]. Los profesionales, por decirlo en sus propios términos, «lo acabarán pagando con nuevos recortes y despidos», según ha manifestado Francesc Duch, secretario general del sindicato quien también criticó, como es razonable y pertinente, «que estos cambios elevarán el coste medio de las intervenciones en el Clínic, al incrementar el porcentaje de intervenciones complejas sobre el total».
Una buena parte del «ahorro», hasta un máximo de 6,7 millones de euros, estaba cantado, recaerá sobre los propios trabajadores (el Clínic tiene una plantilla de unas 4.500 personas). El cierre de camas «obligará a desplazar internamente a 45 profesionales de enfermería e implicará una reducción en la contratación de personal suplente». Se prevé igualmente la prejubilación de una veintena de trabajadores, en su mayoría médicos mayores de 65 años. El Clínic, recuerda AC, ya tuvo que cerrar 76 camas cuando Salud le aplicó el primer tijeretazo en 2011.
El resumen que nos ofrece Antía Castedo: el Clínic debe reducir su gasto en 17,5 millones de euros de aquí a final de este año. Tendrá que cerrar 74 camas, mientras que parte de esa actividad la realizará el Sagrat Cor. Perderá un 9% de las mesas quirúrgicas. El recorte salarial, como se señaló, alcanzará un máximo de 6,7 millones de euros, el equivalente a la mitad de una paga mensual de la plantilla.
¿A que, como señaló el president Mas en su alocución del pasado 10 de septiembre, la noche anterior a la Diada de la «via catalana», su gobierno está por la defensa -aún más: por el desarrollo y ampliación- del Estado de bienestar, por la defensa de lo público y de las condiciones sanitarias básicas de todos los ciudadanos y ciudadanas, y no sólo de su clientela política privilegiada? ¿A qué es evidente que las palabras del president son consistentes con los hechos que diseñan y ordenan cumplir? ¿A qué tienen mando en plaza y se nota en el mimo con que tratan los bienes comunes? ¡Son un cielo! ¡A la independencia con ellos, incluso un poco más allá!
Notas:
[1] http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/09/13/catalunya/1379092609_205046.html
[2] Antía Castedo, «Los sindicatos cagan contra la privatización…», El País, 17 de septiembre de 2013, p. 2 (Edición Cataluña)
Salvador López Arnal es miembro del Front Cívic Somos Mayoría y del CEMS (Centre d’Estudis sobre els Movimients Socials de la Universitat Pompeu Fabra, director Jordi Mir Garcia)
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