En diciembre de 2011 escribí dos breves artículos sobre España y el euro. Su título ya tomaba partido de manera inequívoca por la salida: «¿Debería España salir del euro? Cuanto antes, es tarde» (ver aquí y aquí). Hoy, casi 11 meses después, vuelvo a pensar sobre ello, aprovechando que los compañeros/as de ATTAC TV me […]
En diciembre de 2011 escribí dos breves artículos sobre España y el euro. Su título ya tomaba partido de manera inequívoca por la salida: «¿Debería España salir del euro? Cuanto antes, es tarde» (ver aquí y aquí).
Hoy, casi 11 meses después, vuelvo a pensar sobre ello, aprovechando que los compañeros/as de ATTAC TV me van a realizar una entrevista al respecto, al igual que a otros/as miembros del Consejo Científico de ATTAC España. Así, el formato de este artículo seguirá el hilo de las preguntas que formulan con carácter general para todos/as los/as entrevistados/as.
– De seguir con la aplicación de los ajustes y reformas según los planes de austeridad aprobados en la UE, ¿hacia dónde va el país?
Desde el punto de vista de la estabilidad macroeconómica, todo apunta a que las actuales políticas de austeridad están abocando ahora (y en el futuro) a mayores desequilibrios. Esto es reconocido incluso por organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI). Dichos desequilibrios se concretan en mayor desempleo, recesión económica e incluso en mayor déficit público y deuda pública respecto al PIB. Respecto a la deuda pública y su financiación cada vez a mayores tipos de interés, no podemos dejar de ponerlo en relación con la sangría de recursos públicos que funcionan en sentido contrario a los tradicionales mecanismos redistributivos. Los impuestos que recauda el Estado fundamentalmente sobre las clases medias y bajas (IRPF, IVA), se destinan a remunerar a las grandes fortunas y fondos de inversión especulativos que compran deuda pública española, con el agravante de que lo hacen a través de paraísos fiscales y/o SICAV, de manera que estos pingües rendimientos de capital no tributan a la Hacienda Pública, agravando así su insuficiencia de recursos.
De los 4 equilibrios macroeconómicos básicos (empleo, crecimiento, inflación y déficit comercial exterior), sólo la inflación (con matices) y el déficit comercial exterior están teniendo un comportamiento «aceptable», pero más arrastrados por la recesión económica (caída en el consumo interno y en las importaciones) que motivados por un cambio en el modelo productivo.
Hasta aquí nos hemos referido a las macromagnitudes convencionales del sistema económico capitalista. Pero lo realmente importante es su impacto sobre la ciudadanía, y aquí el panorama es desolador en el presente, con perspectivas de seguir empeorando si no se da un giro de 180º en el paradigma económico que actualmente guía la política económica de las diferentes instancias de las administraciones públicas, desde la europea a la local, pasando por los gobiernos centrales y autonómicos.
Seguir aplicando políticas de austeridad salvaje para lograr en breve plazo un déficit público en el entorno del 3% del PIB, es un grave error económico, pues olvida que la propia reducción del gasto público tiene un efecto multiplicador, en este caso negativo, sobre la actividad económica, y por lo tanto, da lugar a un círculo vicioso que deprime aún más los ingresos públicos vía impuestos y, consecuentemente, mantiene la tensión al alza del déficit público.
No cabe duda que la aplicación de las propuestas keynesianas de expansión del gasto público (y por consiguiente del déficit público) con el fin de reactivar la demanda efectiva, tendrían más éxito para superar la recesión económica. Pero no podemos perder de vista los intereses que en la sombra manejan esta situación de excepción, que con mensajes falsos pero machacones de que tenemos un Estado excesivo alientan políticas de privatización de servicios públicos. Las políticas expansivas convencionales de gasto público, de carácter fundamentalmente productivista (infraestructuras de transportes antisociales y antiecológicos, megaproyectos de nula rentabilidad social), con la intención de retornar a las anteriores sendas de producción y consumo desbocados, no sirven para afrontar con éxito los verdaderos desafíos de la sociedad española: las desigualdades sociales y la grave crisis ecológica. Urge tener claro ese otro futuro, que no es continuación natural del capitalismo inhumano y depredador en el que estamos instalados. Por eso, cada vez más ciudadanos/as comienzan a organizarse de otra forma, porque no tienen confianza alguna en que el cambio que necesitan nuestras vidas pueda ser alentado/guiado desde estructuras políticas que se definen como democráticas, pero que en realidad son simples títeres manipulados por el gran capital especulador. Hoy por hoy, a la vista de cómo se reproduce el sistema político, con alternancias estéticas en el «poder» entre unos partidos y otros, parece que aún no ha llegado el tiempo de cambiar el sistema «desde dentro» mediante los mecanismos electorales ligados a la democracia representativa formal. Es más, creo que ese cambio «desde dentro» no tiene perspectivas de producirse a medio plazo.
La alternativa hoy pasa por impulsar cambios «desde o por fuera», pacíficos, pero profundos en lo que respecta a las nuevas formas de organización social que demandan las desigualdades sociales y la crisis ecológica. Movimientos sociales como el 15M, el 25S, Constituyentes y otros de carácter más local están ahí. Han captado la esencia de los cambios que tenemos que acometer, y ahora se trata de comenzar a ponerlos en práctica, de momento en cercanía, en grupos con cierta afinidad, porque hay que estar preparados/as para acoger a un número creciente de personas que o bien están siendo expulsadas por el sistema actual o bien quieren salirse voluntariamente de él porque no le encuentran sentido ni futuro. En este punto, la reorganización de las relaciones laborales, comunitarias y de participación política van a cobrar una importancia singular en los nuevos tiempos que nos toca transitar.
Es preciso reconocer la falacia y la inviabilidad del crecimiento económico como solución a los males sociales y ambientales de nuestras sociedades. Frente a un mercado global y un mundo en venta, hay que apostar por relaciones sociales y económicas de cercanía donde, superado cierto nivel básico, más producción y más consumo no es mejor. En definitiva, desenmascarar el mito del crecimiento económico y comenzar a explorar las sendas que nos propone «la economía del bien común», «el decrecimiento» y/o «el buen vivir».
– ¿Debería el estado español pedir la salida del euro? ¿Bajo qué argumentos?
A este respecto es preciso señalar que cuando hablamos del euro no nos referimos sólo a una moneda, sino a toda la estructura institucional que hay detrás de ella. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. El Tratado de Maastricht de 1992 define el marco donde se desenvolverá la Unión Monetaria Europea. Dicho marco se caracteriza por: el establecimiento de límites estrictos al déficit público y a la manera de financiarlo exclusivamente a través de los bancos privados y fondos de inversión especulativos; un Banco Central Europeo (BCE) que se abre de par en par a estos mismos bancos, mientras que se cierra a cal y canto a la hora de facilitar financiación a bajos tipos de interés a las administraciones públicas; y políticas de la Unión Europea que, de acuerdo con su tradición de mercaderes más mezquina, no avanzan en la unión fiscal ni en políticas redistributivas que permitan invertir las vergonzosas desigualdades sociales entre países y dentro de cada uno de ellos.
Los motivos que justificarían la salida del euro en el caso español estarían ligados a las gravísimas consecuencias que está soportando la mayor parte de la población española como consecuencia de tener que cumplir rigurosamente los dictados impuestos por la troika (FMI, BCE y Comisión Europea) en lo relativo a la austeridad a ultranza. A priori, se hace difícil pensar que el futuro que tendríamos fuera del euro pueda ser peor aún del que se nos presenta siguiendo dentro de la eurozona. Por tanto, entiendo que el Gobierno de España debería exigir una flexibilización del Pacto de Estabilidad y unas nuevas reglas de funcionamiento del BCE, en ambos casos para evitar la actual asfixia que la carga de la deuda está produciendo sobre el conjunto de la economía. De lo contrario, el Gobierno de España debería, para evitar su deslegitimación ante la ciudadanía, no solo dejar de pagar la deuda, sino también plantear la salida del euro, lo que no sería un caso excepcional, pues tres países de la UE que podrían estar dentro de la moneda única, no lo están porque así lo han decidido libremente.
El argumento fundamental que justificaría nuestra salida del euro es la postura absolutamente inflexible, ineficaz e injusta que la UE tiene respecto a la forma de afrontar esta crisis de deuda y de desorden financiero. La UE no asume medidas como:
– La recapitalización directa de los bancos a través de fondos europeos y su conversión en entidades financieras públicas.
– La posible quita (condonación) de la deuda ilegítima asociada a gastos e inversiones que no han contribuido a prestar servicios sociales básicos.
– El cambio de las reglas de funcionamiento del BCE para que además de la inflación se preocupe por la recuperación de la actividad económica ligada a las necesidades reales de la gente, y para que compre deuda pública a bajos intereses directamente a los estados que la emiten, sin pasar por el filtro de los especuladores financieros que la revenden en los mercados secundarios.
– El control democrático y ciudadano de los mercados financieros y de las instituciones que operan en ellos, que están en el origen, difusión y persistencia de la actual crisis. En esta línea, avanzar en el impulso y consolidación de una banca pública y cooperativa que atienda con criterios sociales aquellos ámbitos que la banca privada deja de lado o bien atiende con criterios de usura.
– El cierre y la persecución de los paraísos fiscales, colaboradores imprescindibles para que el fraude fiscal siga mermando los ingresos impositivos y por lo tanto socavando nuestras democracias.
Salir del euro implica, sobre todo, recuperar instrumentos de política económica que tradicionalmente tenían los estados de la UE, y de los que hoy incluso siguen disponiendo EE.UU, Reino Unido, Suecia, Dinamarca, China y la mayor parte de los estados del mundo. Me refiero a utilizar la política monetaria y financiera para favorecer la consecución de objetivos como el impulso de la actividad económica dirigida a satisfacer las necesidades básicas de la ciudadanía, fundamentalmente vía tipos de interés, tipos de cambio y supervisión bancaria.
Salir del euro implica, imponer férreos controles de movimientos de capital para evitar que la especulación continúe con sus estragos, teniendo claro que ello (los controles de capital) fue la norma en todos los países desde el final de la II Guerra Mundial hasta los años 80 del siglo XX, en que el pensamiento único neoliberal puso precio a todo, de la mano de legislaciones desreguladoras y liberalizadoras, favoreciendo la concentración del poder y la privatización y desmantelamiento de lo público.
Hoy por hoy, la posible salida de España del euro no es una ocurrencia insensata, ni un suicidio colectivo, ni nada apocalíptico. Es la única vía que queda para intentar invertir la actual senda de deterioro inexorable por la que está moviéndose la economía y la sociedad española en los últimos tiempos. La UE sólo se va a plantear cambios radicales en sus políticas anticrisis cuando algunos países miembros «se planten» y se nieguen a asumir las imposiciones de la troika. Quizás hoy no imaginemos al Gobierno del Partido Popular en España en esa postura de plante, pero tiempo al tiempo.
Gregorio López Sanz. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (UCLM-Albacete). Miembro de ATTAC-Albacete.
Blog del autor: http://gregoriolopezsanz.blogspot.com.es/
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