El título del manifiesto es: «Ocho puntos para avanzar hacia la III República: Manifiesto del 6 de diciembre» (ni que decir tiene que se habla de una República, laica, democrática, popular y federalista para el conjunto de España). Corre por la red. Se inicia con estas palabras: «La vigente Constitución, surgida hace 38 años de […]
El título del manifiesto es: «Ocho puntos para avanzar hacia la III República: Manifiesto del 6 de diciembre» (ni que decir tiene que se habla de una República, laica, democrática, popular y federalista para el conjunto de España). Corre por la red. Se inicia con estas palabras: «La vigente Constitución, surgida hace 38 años de las componendas políticas de los herederos del franquismo, el capital financiero, las presiones desde EEUU para salir de forma moderada de la dictadura y del sometimiento de las fuerzas políticas parlamentarias de izquierdas que renunciaron a la Ruptura Democrática y dieron paso a la llamada Transición, es un modelo superado por la ciudadanía que reclama mayor participación en la vida política y exige poner fin a un sistema político, corrupto y antidemocrático impuesto por la leyes de la dictadura franquista». No sé si la forma de describir la posición que mantuvieron las fuerzas políticas de izquierda, todas ellas y sin distinción en el manifiesto, puede ser descrita en estos términos. Admitámoslo, no es este el punto. Tampoco lo es la viabilidad política actual de esta consideración del escrito: «Los republicanos exigimos que en el Congreso de los Diputados, en la ciudadanía y otras instituciones, se inicie un debate sobre la República, acompañado de movilizaciones ciudadanas que nos lleve a un Proceso Constituyente que abra las puertas a la III República». Tampoco lo es discutir la exactitud de esta afirmación valorativa, sobre todo si pensamos en las políticas exigidas por la izquierda, y concretamente por Izquierda Unida en los años noventa: «La Constitución de 1.978 es un texto limitado, superado por la historia. Una norma que establece los límites de un modelo de estado y de una estructura institucional y política que da soporte a un régimen hoy en día cuestionado, dominado por una minoría de parásitos, grandes empresarios y financieros. La única modificación desde su promulgación, el artículo 135 que limita la capacidad de endeudamiento del Estado, fue impuesto de espaldas a la mayoría social hace 5 años, en apenas diez días»
E l asunto de esta nota es el siguiente. Tras un segundo punto en el que se habla del » Restablecimiento de la soberanía popular» y se vindica la «p lena garantía, hoy negada por la Constitución, de que las grandes decisiones que afecten a la Nación sean consultadas en referéndum vinculante» (nación refiere como es obvio a l conjunto de la nación española entendida probablemente en sentido gramsciano ), se afirma en el punto 3: la defensa del » derecho a la autodeterminación de los pueblos; s olo Pueblos [con mayúscula innecesaria] libres que así lo decidan libremente pueden construir juntos un futuro común. El derecho a decidir es el armazón de su unidad. El problema de las nacionalidades en el Estado español existe, e ignorarlo como ha hecho el poder todos estos años, únicamente ha servido para enfrentar a los pueblos entre ellos».
Ignorar no es palabra ajustada sobre todo si se afirma «todos estos años». Sea como sea, la Comisión Gestora de la Asamblea Social de la Izquierda de Cataluña (ASEC/ASIC), en fecha 3 de diciembre de 2016, ha emitido un comunicado [1] en el que tomo pie para las siguientes reflexiones:
Desconozco las razones que mueven a los redactores a hablar del «Estado español» cuando, como es evidente, se está hablando de España, término casi prohibido en tierras catalanes donde el país de Lorca, Antonio Machado, Alberti, Negrín, Ibárruri, Ruano y de mis abuelos, padres y tío (comunistas y cenetistas muchos de ellos) se asocia sistemáticamente con la reacción y el fascismo.
La afirmación general y defensa del derecho de autodeterminación puede y debe compartirse. Sin duda. Pero son también conocidas y aceptadas las causas y situaciones que justifican la concreción de ese derecho. Ninguna de ellas se da en el caso de las llamadas nacionalidades o naciones españolas. Ni en Cataluña ni en Euskadi; que no son, en ningún caso, comunidades humanas oprimidas y explotadas por ningún Estado opresor y esclavista (como se ha afirmado también en Cataluña nada menos que por la segunda autoridad del país, la presidente del Parlamento).
Los pueblos que formamos de EspNota:aña desde hace muchos años, muchas décadas y más que décadas, intentamos, debemos intentar configurar un futuro común; futuro para el que nuestra tradición y el conjunto de las tradiciones emancipatorias siempre ha tenido unas palabras, hoy más necesarias que nunca, República federal.
El «derecho a decidir», al que se hace referencia en el manifiesto, no existe, es un invento político-publicitario diseñado en laboratorios de ideas secesionistas, en .Cat y en Euskadi. Usarlo es hablar en lenguaje nacionalista-secesionista que no es el nuestro. No hay ninguna legislación en ningún país del mundo donde se recoja. De hecho, en Cataluña, en las constituciones que elaboran los colectivos independentistas, muchos de ellos netamente dependientes de la UE y de una cosmovisión fuertemente neoliberal e insolidaria, no se incluye ese «derecho torcido» (en excelente expresión del filósofo helenista gramsciano Miguel Candel).
El problema de las nacionalidades en España existe. Por supuesto. No olvidamos el papel del fascismo opresor como causa desencadenante, pero, son ahora las fuerzas secesionistas, con el apoyo por reacción del Partido Popular, fuerzas que suelen mofarse de otros pueblos españoles (el andaluz de manera destacada, a pesar de que casi un tercio o más de la población catalana tiene vínculos familiares y de amistad con gentes trabajadoras de Andalucía), las que agitan todos los demonios, cuidan todos los huevos de serpiente a su alcance y enfrentan a pueblos de aquí y de allí, porque en el fondo sólo les interesa su Patria; es decir, para hablar con claridad, el poder, el dinero y la acumulación de patrimonio. Hacerles el juego es suicida para las fuerzas republicanas españolas. Su apuesta no tiene nada que ver con los valores republicanos ni con la fraternidad de los pueblos. Lo suyo es liarla por liarla y con la vista puesta en las ganancias colaterales. A costa de quien sea. Catalunya über alles.
La conquista de la tercera República exige generar y abonar cultura federalista. Lo contrario, precisamente lo contrario, de lo que vienen haciendo las fuerzas nacionalistas, de aquí y de allá, «los hunos y los hotros», que ponen en primer lugar una real-inventada identidad nacional por encima de cualquier otra consideración de proximidad. Han llegado a afirmar que nuestros ADNs culturales son opuestos y casi contradictorios. Toda una hazaña intelectual.
Nota:
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.