La propuesta de reforma fiscal que el comité de expertos nombrado por el gobierno acaba de presentar va a dejar las cosas prácticamente igual en términos de la caja social que recauda el estado a través de los impuestos y las cotizaciones. Si se pusiera en marcha el paquete de medidas de los expertos del […]
La propuesta de reforma fiscal que el comité de expertos nombrado por el gobierno acaba de presentar va a dejar las cosas prácticamente igual en términos de la caja social que recauda el estado a través de los impuestos y las cotizaciones. Si se pusiera en marcha el paquete de medidas de los expertos del PP, la recaudación supondría unos 10.000 millones menos a la seguridad social por las rebajas de cotizaciones empresariales fundamentalmente. Pero al mismo tiempo se ingresarían 10.000 millones más por la subida del IVA. Por tanto, ¿no parecen demasiadas alforjas para tan corto viaje?
Cuidado con responder de una forma rápida que sí, que son muchas las alforjas y muy breve el viaje. Porque el viaje de corto nada, es de buen calibre. Lo que se está proponiendo es un nuevo reparto que no altere en lo fundamental el resultado final de la recaudación y contribuciones a la caja común que tenemos depositada en el estado a través de la fiscalidad. Un nuevo giro de tuerca que supone que las élites pasan a contribuir menos y la mayoría de ciudadanos ve incrementarse su aportación sin que por ello consigan detener la reducción y el deterioro de las prestaciones sociales generales, incluidas las más básicas.
Lo que los expertos estatales proponen, en conexión perfecta con la orientación de los expertos de los organismos internacionales, es la sempiterna receta de reducir las aportaciones de las élites sociales (impuestos directos) y aumentar la de los y las asalariadas con y sin trabajo (impuestos indirectos), al mismo tiempo que se renuncia a incrementar la mínima contribución que realizan, cuando lo hacen, las grandes empresas y las grandes fortunas. De hecho, lo que se pretende explícitamente es reducir la imposición sobre el capital, mientras se deja en la sombra y en la impunidad, la gran evasión de capitales y el fraude fiscal de esas mismas élites. Una parte no desdeñable del mismo solo hay que buscarla en un radio de unos centenares de kilómetros del mapa europeo, en algunos estados como Suiza y en algunas islas del Canal.
¿Quién dirige el grupo de expertos escogido por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro? El grupo de expertos está formado por nueve catedráticos presididos por Manuel Lagares, catedrático de Hacienda Pública e inspector de Hacienda, que ya formó parte de la comisión de expertos de la reforma de las pensiones. Se trata de alguien muy vinculado ideológicamente al Partido Popular que en 1999 ya presidió el comité de expertos de la reforma fiscal del Gobierno de José María Aznar. Lagares, en su papel de responsable del comité de sabios, explicó que las recomendaciones que incluye el documento siguen, a su vez, las que les han hecho a los expertos la Comisión Europea, el FMI y la OCDE, con cuyos funcionarios se han entrevistado en varias ocasiones. Ya sabemos perfectamente a qué intereses sirven estos expertos «internacionales».
¿Qué propone concretamente el grupo de expertos organizado por el gobierno del PP? Este informe presenta, como alardean sus redactores, 444 páginas que contienen más de 270 propuestas de cambios impositivos. Pero ni todas ellas tienen el mismo calibre, ni el mismo sentido «técnico», ni son en absoluto meramente neutrales, abundan las que dan una vuelta de tuerca más en la injusticia social. En síntesis, la principal orientación del conjunto de propuestas que lanza la comisión de sabios es proponer una rebaja importante del IRPF, fundamentalmente por la parte de los ingresos más altos, así como del impuesto sobre Sociedades, que ayude a recapitalizar las empresas españolas. Lo acompaña con una subida del IVA que, según afirman los «sabios», contra toda evidencia, impulsaría el consumo, y a ello le añaden su proyecto de reducir las cotizaciones sociales.
Veamos algunas de las propuestas más significativas por la profundización de la desigualdad que supondría su aplicación, y que hemos resumido en el siguiente decálogo:
1. Bajar a los declarantes más ricos ocho puntos en su Impuesto sobre la Renta.
El tipo máximo del IRPF, bajarlo del actual 52% al 44% y el mínimo bajarlo también del 24,75% al 20%. Esto implicaría una bajada importante en la recaudación del IRPF, a la vez que un aumento de la falta de equidad, ya que la disminución de los tipos para quienes menos ganan sería de un 4,75% y para quienes más ganan del 8%.
2. Supresión definitiva del Impuesto sobre el Patrimonio.
Los expertos rechazan de plano este tributo, y quieren que se impida que ninguna nacionalidad del estado pueda volver a aplicarlo como impuesto propio.
3. Reducir las cotizaciones sociales 3 o 4 puntos.
«Una nueva distribución de la carga de la Seguridad Social entre empresarios y trabajadores», proponen los expertos, lo que supondría una pérdida de más de 10.000 millones para la Seguridad Social. Supondría, por supuesto, una subida de las cotizaciones que paga el empleado, mientras que significaría una bajada para las del empresario.
4. Bajar el Impuesto de Sociedades del 30 al 20%.
Utilizan como justificación equiparar los tipos legales a los tipos que realmente pagan las empresas -gracias a todas las estrategias de sus legiones de asesores y amparados en las deducciones y desgravaciones permitidas legalmente-.
5. Más copago en los servicios.
Con la única finalidad de incrementar la recaudación fiscal, los sabios proponen ampliar el copago de los servicios públicos, extendiendo a todas las autonomías un tipo mínimo (ojo, no máximo) aplicable a la educación o a la sanidad, para igualarlas y evitar diferencias sustanciales. Es decir, copago para todas, con un suelo garantizado y sin techo.
6. Eliminación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) y del Impuesto sobre Operaciones Societarias.
«Debería procederse a la eliminación gradual del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP). También hay que «suprimir el Impuesto sobre Operaciones Societarias», y la «cuota gradual del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados». Otra contribución fiscal del mundo empresarial que según ellos hay que dejar de aportar a la caja común del estado.
7. Eliminar los impuestos sobre los Depósitos Bancarios.
Los expertos proponen suprimir «de manera definitiva y general» los impuestos sobre los depósitos bancarios, tanto a nivel estatal como autonómico. En cualquier caso, si el Gobierno considerase que el sistema bancario soporta una presión fiscal «desproporcionadamente baja», los expertos animan al Ejecutivo a «trasladar esa opinión a la Comisión Europea».
8. Eliminar los impuestos sobre Grandes Superficies.
Son impuestos que han establecido algunas comunidades autónomas (Asturias, Aragón, Canarias, Cataluña, La Rioja, Navarra y Canarias). El grupo de expertos fiscales considera que este impuesto «no es razonable» porque «distorsiona la competencia en la distribución de bienes y servicios» y supone «una evidente ruptura de la unidad de mercado».
9. Incrementar el IVA al 21% de bienes y servicios que ahora pagan el 10%
Una reclasificación de productos que suponga pasar al tipo general del 21%, bienes y servicios que tributan al gravamen reducido del 10%
10. Tributar en IRPF por despido de contrato indefinido
Proponen que los trabajadores que tenían un contrato indefinido, paguen en su declaración de renta por la indemnización percibida en caso de ser despedidos.
Según explicó el presidente del comité de expertos Manuel Lagares durante la entrega del informe, «no ha quedado títere con cabeza dentro del sistema tributario…«; también Lagares aclaró que «estamos muy satisfechos«. No podemos menos que darle la razón, ya que cualquiera que se sienta cercano al pensamiento ultraliberal debe estar extraordinariamente satisfecho de que este paquete de nuevas -y no tan nuevas- propuestas se incorpore a las que ya se han ido articulando hasta hoy. La finalidad principal es avanzar decisivamente contra las bases de las mediocres y mínimas prestaciones sociales que disponíamos, destrozándolas, para dejarnos en una situación mucho más precaria y difícil de vivir a la mayoría de «títeres» de esta sociedad. Sin embargo, todos los títeres no han perdido la cabeza, los de las élites parecen conservarla y aumentarla de tamaño al mismo tiempo que su cartera, gracias a todas las reducciones impositivas y exenciones de pagos a la caja común. Mientras que la mayoría de «títeres» de esta sociedad pasa a tener que realizar una mayor contribución, para tener menores prestaciones sociales generales y básicas (salud, educación, dependencia…), lo cual sin duda comportará «pérdidas de cabezas», sobre todo en los niveles que ya son más precarios.
No dudamos que los expertos del Comité lo sean en determinados aspectos de su formación, pero han demostrado que además de expertos son mercenarios bien pagados, y es desde esta condición desde la que sin duda han realizado las propuestas que darían una vuelta de tuerca más en el crecimiento de las desigualdades sociales.
Andreu Tobarra es Profesor de Sociología de la Universidad de Valencia y mimbro de la Plataforma por la Auditoría Ciudadana de la Deuda