Múltiples leyes estatales y regulaciones sobre el aborto en los Estados Unidos siguen mermando el derecho de cada mujer a tener una interrupción del embarazo seguro y legal, así lo señaló la organización Human Rights Watch en un comunicado de prensa. Los principales obstáculos de estos servicios incluyen, en algunos estados norteamericanos, la exigencia legal […]
Múltiples leyes estatales y regulaciones sobre el aborto en los Estados Unidos siguen mermando el derecho de cada mujer a tener una interrupción del embarazo seguro y legal, así lo señaló la organización Human Rights Watch en un comunicado de prensa.
Los principales obstáculos de estos servicios incluyen, en algunos estados norteamericanos, la exigencia legal de proporcionar información médica imprecisa antes de llevar a cabo un aborto.
Algunas regulaciones obligan a médicos y enfermeras a decir a sus pacientes que el aborto provoca cáncer de mama y que los fetos sienten dolor durante todo el periodo de gestación, revela el comunicado.
«Ambas afirmaciones son científicamente infundadadas», asegura Human Right Watch.
«Hay un asalto directo sobre el derecho de la mujer a un aborto seguro mediante la desinformación deliberada», indicó en el comunicado la directora de apoyo en la División de Derechos de la Mujer de Human Rights Watch, Marianne Mollmann.
En ese sentido, diversas leyes estatales y regulaciones norteamericanas sobre el aborto pueden actuar en contra de las decisiones de la Suprema Corte.
Esto, toda vez que desde 1973 la Suprema Corte de manera constante ha sostenido que los estados no puedan aplicar una carga «excesiva» de regulaciones sobre una mujer o joven que busca terminar con un embarazo.
Sin embargo, en algunos estados se hace justamente eso, especialmente cuando la ley exige la imposición de información falsa, declara Human Rights Watch.
Y asegura que los estados norteamericanos han buscado evitar el acceso al aborto a través de la re-imposición de sanciones penales a quien proporcione este servicio.
El comunicado resalta la prohibición general del aborto en Dakota del Sur, firmada como ley en marzo pasado y que señala que el aborto es ilegal excepto cuando el procedimiento es realizado para salvar la vida de una mujer.
«Estados como Georgia, Indiana, Ohio, Luisiana y Tennessee, se han movilizado para promulgar una legislación similar» dice Human Rights Watch.
Por su parte Mollmann apunta que «La experiencia demuestra que la penalización del aborto no elimina la necesidad de llevarlo a cabo» y que las sanciones «sólo empujan a realizar abortos clandestinos con consecuencias potencialmente fatales en la mujer»
«Los Estados Unidos se preparan para las elecciones y espero que ningún político norteamericano favorezca una iniciativa que ponga la salud y la vida de las mujeres en verdadero riesgo» manifiesta.
Por otro lado, Human Right Watch asegura que el acceso al aborto también ha sido oprimido a las jóvenes embarazadas, quienes son sujetas a ciertas restricciones.
De acuerdo con el comunicado, actualmente más de 20 estados en este país imponen leyes de consentimiento paternales que son aquellas que requieren el permiso de la madre o del padre antes de que un menor pueda realizar un aborto.
Estas leyes de consentimiento, dice la organización encargada de defender los derechos humanos, tienen consecuencias serias y adversas particularmente en aquellas jóvenes que no pueden contar con el apoyo paternal en una situación de aborto.
De esta manera, indica, los legisladores federales en los Estados Unidos se han movilizado para reforzar la ejecución de leyes de consentimiento paternal toda vez que en julio de este año el Senado aprobó la ley llamada Child Custody Protection Act
A decir de la organización, esta es una versión de la norma Child Interstate Abortion Notification Act aprobada en abril del 2005 por la Cámara de Representantes y que establece que las mujeres menores de edad deben contar con una autorización de sus padres si quieren abortar.
Si la Child Custody Protection Act entra en vigor, cualquier adulto, incluyendo el tutor, el abuelo, el profesor o el consejero religioso que ayude a una joven a llegar a otro estado con leyes menos restrictivas para realizar un aborto, evadiendo así las leyes estatales de consentimiento paternal, estarían cometiendo un crimen federal, explica Human Right Watch.
Ante esta situación Mollman señala que «aquellas jóvenes que no encuentran el apoyo de sus padres, necesitan de todos los amigos que ellas pueden tener «.
«El Child Custody Protection Act ignora esta verdad básica abandonando a las adolescentes embarazadas que no tienen el apoyo de su familia y que tienen, entonces, que arreglárselas por si mismas» concluye.