Habitantes de 63 comunidades pertenecientes a los municipios de Amealco y San Juan del Río, así como de las regiones de Pedro Escobedo y Jumilpan que desde hace un año mantienen un campamento en defensa del manto acuífero más importante de la zona – en la que el gobierno del estado pretende perforar un total […]
Habitantes de 63 comunidades pertenecientes a los municipios de Amealco y San Juan del Río, así como de las regiones de Pedro Escobedo y Jumilpan que desde hace un año mantienen un campamento en defensa del manto acuífero más importante de la zona – en la que el gobierno del estado pretende perforar un total de 14 pozos para abastecer de agua a los parques industriales de la capital-, recibieron el respaldo del Subcomandante Marcos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) para impedir que se lleven a cabo los planes de extracción del vital líquido en beneficio de poderosas compañías, en su mayoría transnacionales, en perjuicio de los campesinos del área.
El fuerte viento arrastra grandes cantidades de polvo en estos llanos del estado. En el Batán, municipio de Amealco, ondea la bandera mexicana frente a uno de los dos campamentos que desde el año pasado hombres, mujeres, niños y ancianos, instalaron para impedir que personal de la Comisión Estatal del Agua (CEA) continuara con la perforación de pozos de agua.
También ondean banderas rojinegras, símbolo de una rebeldía frente a lo que los campesinos consideran un despojo de sus recursos naturales. La versión de los campamentistas indica que desde la administración del gobernador Ignacio Loyola Vera comenzó a llegar a El Batán maquinaria para la perforación de los pozos, sin siquiera informar a los ejidatarios y comuneros.
Martha, la presidenta de la Junta de Pobladores en Defensa del Agua, informa que desde el 25 de agosto de 2004, ante los cuestionamientos de los pobladores sobre la presencia personas de la CEA en el área, se llevó a cabo una asamblea ejidal.
Francisco Loa Carvajal, quien entonces se desempeñaba como comisariado ejidal, dijo que era necesario firmar un convenio a través del cual el gobierno se comprometía a realizar obras de beneficio público a cambio de la perforación de tres pozos de agua. La mayoría de ejidatarios estuvo en desacuerdo.
Durante la vista del Delegado Zero de la Comisión Sexta del EZLN, al campamento de El Batán realizada el pasado 9 de marzo, los campesinos explicaron:
«El diez de noviembre empezaron a llegar nueve máquinas perforadoras; como iban llegando empezaban a trabajar sin que el comisariado informara nada. El 25 de noviembre se realizó una asamblea a la que asistieron comuneros, ejidatarios, mujeres y niños y el comisariado decía que no iba a hacer la reunión porque solo era para los ejidatarios».
El comisariado ejidal dijo que ya había un acta de acuerdo en la que ya había firmado la mayoría de ejidatarios. Sin embargo, los campesinos argumentan que esto se logró con la falsificación de firmas, dando 20 mil pesos a los ejidatarios para que firmaran, y hasta utilizando supuestas firmas de algunos difuntos.
Además, denunciaron la costumbre de este comisariado ejidal de pedir copias de la credencial para votar y actas de nacimiento para supuestamente tramitar apoyos pero al final terminaba cobrando por dichos apoyos como lo hizo con la venta de postes y rollos de alambre que repartió entre los ejidatarios a cambio de mil pesos.
La gente dio a conocer su inconformidad pero de todas maneras los trabajos de perforación de tres pozos comenzaron sin el permiso de los afectados, valiéndose de la presencia de la policía y según la gente del área, acudían hasta 30 patrullas para resguardar a los operadores de la maquinaria.
El enojo de los campesinos aumentó, por lo que el 8 de febrero de 2005, Loa Carvajal fue destituido de su cargo y en su lugar quedó Isaías Eugenio Durán Gachuzo, quien » de nuevo sin permiso de la comunidad echo a andar los pozos porque él dijo que estaba con el gobierno y no con la gente. El ex comisariado y el nuevo comisariado comenzaron a juntarse para hacer el trabajo entre los dos», denunció la dirigente, quien posteriormente fue encarcelada por oponerse a la perforación de los pozos.
Según esta versión: «Los de la Comisión Estatal del Agua (CEA) sometieron a votación el uso de tres pozos, dos para Querétaro y uno para la comunidad pero los de ellos los perforaron a 520 metros y los de la comunidad a 270 metros. Los ejidatarios y comuneros no estamos de acuerdo en cambiar obras por agua», advirtió.
Martha señala que en todo el proceso se han registrado muchas irregularidades, además de ser reprimidos por la fuerza pública. «El 17 de junio, a las 8:30 de la mañana comenzaron a llegar patrullas y camiones . El comisariado Francisco Loa Carvajal dijo que iba a traer al gobierno para encerrarnos. Le repetimos que no íbamos a cambiar obras por agua y fue a traer a la policía. A mí me encerraron 24 horas y a otros muchachos si los golpearon».
Agrega que como a las 12 del mediodía unos 200 elementos de la policía del estado se metieron a la comunidad provocando el temor de la gente buscando intimidar a los habitante de las 63 comunidades se oponen a la perforación de los pozos porque temen que en unos diez años sus manantiales desaparezcan.
Una joven madre de familia relata todavía indignada: «a nosotros nos atropellaron, a mi hermana la golpearon y aun así la tienen demandada. Nos echaron los perros (de caza)».
Martha también comenta: «El 18 de junio nos detuvieron por no dejar entrar las obras. Los detenidos fueron: María Guadalupe Noriega, Gilberto Jiménez y Rolando Jiménez. A ellos los golpearon y tuvieron que pagar 9 mil 500 y mil 600 pesos de fianza».
El nuevo comisariado, presentó una demanda contra Enrique León García, Rogelio Nieto, Rogelio Tovar, Agustín Marínez, Lupe Soto, Onofre Colín, Nicolás Soto, Arturo Soto, Vicente Soto, Pedro Noriega, Cecilia Colín, Cindy Loa, Guadalupe Loa, Celia Martínez, Serafín y Guillermo Maldonado, Elena Hernández, Cirilo Jiménez, Rolando y Gilberto Jiménez, Janet Velázquez y María Guadalupe Noriega.
Los inconformes indicaron que mientras crecía el descontento contra la perforación de los pozos, el gobierno apresuró la construcción de la carretera y una iglesia, que incluso edificó junto a otro templo ya existente, «como si fuéramos muy católicos».
«Lo que querían era apoderarse del agua para llevársela a los empresarios de Querétaro porque el gobernador Francisco Garrido Patrón en su campaña se comprometió con los empresarios a lograr la perforación de los pozos a cambio de su apoyo para ganar la gubernatura… esa agua va para la zona industrial, para los empresarios», consideran los campesinos.
Es importante destacar que a finales de los años 60 en la capital de Querétaro comenzó a desarrollarse un importante complejo industrial, y en cuatro décadas se han formado cinco parques industriales: Bernardo Quintana, El Tepeyac, Querétaro, Benito Juárez y El Marquéz, en los que sobresalen las corporaciones transnacionales como la Coca-Cola, Daewoo, John Deer, Kimberly Klark, Arbill, entre muchas otras empresas.
Respecto al conflicto de los campesinos por un presunto convenio de las autoridades de El Batán en contubernio con el gobierno, los ejidatarios de otras comunidades piensan que éste no tiene por qué ser respetado toda vez que «el manto acuífero no solo está en El Batán, sino que abarca la región de El Rincón y Quiotillos así como una franja de Puerta de Alegrías. Las autoridades de El Batán no pueden hacer negocio con un manto que pertenece a toda una región».
Otros alertan sobre el peligro de permitir la sobreexplotación de dicho manto acuífero y ponen como ejemplo el área de Laguna Servín donde ya se han perdido ocho manantiales además de que las comunidades que habitan ahí han sufrido el saqueo ilegal de bosques.
Un campesino denunció que desde 1993 en los ejidos y comunidades localizadas en las regiones de San Juan del Río, Laguna Servín y San Pablo han enfrentado la tala de bosques «con el consentimiento de Semarnat (Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales) y Profepa (Procuraduría Federal de Protección del Ambiente)» situación «que se incrementó al inicio de la administración de Vicente Fox». De acuerdo con uno de los oradores en esa región hay mil hectáreas de bosque taladas al margen de la ley.
Este saqueo, acusó, fue promovido por el ex gobernador Ignacio Loyola, quien en varias ocasiones ha manifestado que los bosques se deben de aprovechar. De igual manera, este saqueo ha sido promovido por políticos del PRD como Martín Mendoza Villa y Juan Tovar, regidor de Amealco.
Responsabilizaron a la empresa fabricante de papel Kimberly Klark, entre cuyos accionistas figura el ex gobernador y actual titular de Profepa Ignacio Loyola Vera.
Los habitantes de la región acusan a Loyola Vera de aprovecharse de su cargo como funcionario público, en lugar de apoyar a la gente pobre está facilitando el despojo de los recursos naturales de la región, incluida el agua, en favor de la gente del dinero.
Una campesina de edad avanzada dijo: «estoy dispuesta a lo que venga para defender el agua. ¿Por qué el gobernador nos va a quitar el agua? A él no le importa matar a quien sea pero él no tiene por qué posesionarse del agua… Si quiere vender algo que venda a su casa o si tiene derecho sobre su esposa pues que la venda pero yo creo que ni es dueño de su vida porque la vida siempre se la debemos a Dios. No estoy de acuerdo de que nos amenacen».
Otra ama de casa dijo que el comisariado ejidal no tomó en cuenta a las mujeres sino solo a algunos ejidatarios que se vendieron por lo que preguntó si acaso los hombres no necesitan el agua.
«Las mujeres si necesitamos el agua. Ya estamos grandes, ya estamos cansadas. Tengo 71 años de vivir aquí y nunca antes habíamos enfrentado los problemas que estamos enfrentando ahora. Me duele mucho que el agua se vaya porque es lo único que tenemos aquí en el Batán. Nuestros antepasados defendieron la tierra y ahora a nosotros nos toca defender el agua», dijo sollozante.
Los campesinos molestos con las maniobras de los partidos políticos advirtieron que no van a participar en las elecciones pues los del «gobierno nos ignoran a todos». Se dijo dispuesto a participar en la lucha en defensa del agua. «A nosotros nos interesa el agua no el dinero porque no vamos a comer dinero».
La experiencia relatada por los campesinos y campesinas encendió los ánimos del vocero zapatista comisionado ahora de la Otra Campaña como el Delegado Zero quien dijo ver en esta lucha un ejemplo de lo que se viene dando en todo el país: el despojo de los recursos que son bienes de los pueblos, con el gobierno con el papel de intermediario, en beneficio de los empresarios.
«El sistema le quita a los pobres para dárselo a los ricos… el progreso de ellos es nuestra miseria», consideró el representante Zapatista.
Por ello, subcomandante Marcos exhortó a los presentes a no dejar la lucha: «Si se llevan el agua de aquí se van a llevar otras cosas: los árboles, el clima. Todo lo que pueden cosechar hasta ahora ya no lo van a tener. No se trata de cuánto cuesta pero si se llevan el agua es como si llegaran con un cuchillo y les dicen te voy a quitar el corazón y te voy a dar 20 mil pesos ¿Cuánto vale el corazón?¿ Dos millones, 20 millones de pesos? En cuanto se lo quiten se va a empezar a morir todo. Sin agua se va a morir el Batán, se van a morir los árboles, los animales, las cosechas, el cielo, se va a morir, porque todo está ahí sustentado. Si se llevan el agua, no es como si se llevan unas peras, si se llevan unos árboles, se están llevando el corazón de esta tierra».
Dijo que pedirá a los adherentes de La Otra Campaña en Querétaro, incluso a los estudiantes de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), que organicen brigadas de apoyo a los campamentos. Se refirió al hecho de que existen brigadas de apoyo a Chiapas y sugirió que igualmente pudieran trabajar en los campamentos que están cerca, pues «aquí está la lucha». Este respaldo incluiría el acompañamiento de los adherentes en los campamentos y también una cooperación económica con tal de que el movimiento siga adelante pues en su opinión, si los empresarios lograr llevarse el agua El Batán como un pedazo de la patria, también se muere y eso no se debe permitir.
La inconformidad que se palpa en este estado es profunda. La indignación y el coraje por tanta represión rompió el silencio y pudo ser escuchada de boca de los indígenas, campesinos, intelectuales, jóvenes y obreros.
A simple vista todo es «normal». Los obreros, en su mayoría migrantes de otras regiones del país y en un gran número mujeres, asisten cotidianamente a las fábricas donde son expuestas a las peores condiciones de trabajo y bajos salarios. Los indígenas y campesinos parecieran conformarse con el arrebato de sus tierras y al desprecio que les merecen las clases pudientes de la ciudad. Sin embargo, una fuerza que parece surgir de muy adentro y que viene de tiempos muy antiguos, exclama que es vital aprovechar esta oportunidad de reconstruir un país diferente.
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