José Ángel Gallegos Gómez –[email protected]– es un abogado cordobés-catalán que ha sido maltratado por corporaciones e instituciones que se vanaglorian de tener una relación directa con la Justicia. Gallegos Gómez ha estado más de dos años en la cárcel -no es una exageración como podrá comprobarse- por defender derechos ciudadanos básicos. José Ángel se ha […]
José Ángel Gallegos Gómez –[email protected]– es un abogado cordobés-catalán que ha sido maltratado por corporaciones e instituciones que se vanaglorian de tener una relación directa con la Justicia. Gallegos Gómez ha estado más de dos años en la cárcel -no es una exageración como podrá comprobarse- por defender derechos ciudadanos básicos. José Ángel se ha licenciado en Derecho recientemente y se dispone a presentar doce querellas contra las arbitrariedades que se han cometido contra él. En opinión de este entrevistador, su caso, sin necesidad de suscribir todos las fases de su desarrollo, no sólo hace tronar encendidos gritos de rabia e indignación en galaxias de verdadera justicia sino que exige acciones y pruebas de solidaridad efectiva en nuestro hábitat más próximo.
Si le parece, podríamos empezar con una breve presentación. ¿De dónde es usted? ¿A qué se dedica si no es indiscreción?
Nací en la población cordobesa que le ha dado el apellido a nuestro actual presidente de la Generalitat, en Montilla. Y en el mismo año que él emigré con mi familia a Cataluña. Resido desde hace muchos años en Vilafranca del Penedès (Barcelona). De lo anterior ya se puede deducir que soy de la clase trabajadora. Por ello me dediqué a lo que es más propio a sus miembros: trabajar de peón, estar parado, buscar trabajo e ir de empleo en empleo. Por eso que unos llaman azar y otros dialéctica he acabado siendo desde muy recientemente abogado.
Su historia, la historia que aquí desearíamos contar, si no ando errado, empezó con la adquisición de una motocicleta de importación de Piaggio España. ¿Qué pasó? Creo que usted no quedó satisfecho con su compra.
Efectivamente, una motocicleta italiana de la marca Gilera distribuida en España por Piaggio España.
Lo menos que se puede decir de toda esta historia es que es curiosa, anecdótica, pero considero que también se la podría calificar de estrambótica, tragicómica, ridícula y absurda. Yo me hago cruces comprobando que he sido su protagonista, porque aunque obviamente no toda la responsabilidad es mía, mis decisiones han contribuido a este resultado. Y parece que una historia ridícula debía tener un desencadenante no menos ridículo, una motocicleta.
En toda esta historia yo he pecado de falta de listeza y esto se manifiesta ya desde el primer momento. Elegir Gilera como marca de motocicleta es una decisión desacertadísima, es un producto de mala calidad y un comprador avezado jamás lo hubiera hecho. Pasó lo que tenía que pasar, continuos problemas mecánicos sin solución la convirtieron en un saco sin fondo hasta que decidí librarme de ella. No hace falta decir que no quedé nada satisfecho, sino profundamente insatisfecho.
¿Reclamó entonces? ¿Atendieron sus reclamaciones?
En esto también se denota mi falta de listeza. Un consumidor avezado además de elegir bien, ha de estar preparado para reclamar judicialmente y para ello ha de ir recopilando lo que serán sus pruebas en el caso de demandar. Cuando yo me plateé reclamar no tenía nada en que sustentar mi pretensión.
Sin esperanzas de éxito reclamé directamente a la empresa infructuosamente, tal como preveía y como ya se pueden imaginar. El trato que recibí de Piaggio fue el que habitualmente dispensan las empresas mercantiles a los consumidores. No fue ninguna sorpresa para mí.
Después de ello, usted reaccionó repartiendo octavillas en las que denunciaba lo sucedido. ¿Fue así? ¿Qué pretendía con ello? Creo que llegó a circular con un pasquín enganchado en su motocicleta que decía: «Gilera es una estafa» y que las octavillas señalaban lo siguiente: «Yo he sido el desafortunadísimo poseedor de dos motocicletas fabricadas por el grupo italiano Fiat (Fiat, Lancia, Alfa- Romeo, Ferrari, Innocenti, Iveco, Piaggio, Motovespa, Gilera, Puch, Bianchi, etcétera). Y tras esta infausta, aciaga, torturadora y agónica experiencia, recomiendo fervorosamente a todos mis semejantes que jamás se compren un vehículo fabricado en Italia, pues tienen muchas posibilidades de lamentarlo amargamente como yo». Según se ha dicho, llegó a repartir a lo largo de varios años unas 20.000 octavillas y la distribución la realizó coincidiendo con concentraciones de motards y con ocasión de pruebas de motociclismo. Las octavillas circularon, entre otros, por los circuitos del Jarama, Montmeló y Jerez. Como consecuencia de ello, Piaggio España interpuso una querella contra usted. ¿De qué le acusaba?
Primero fueron los carteles enganchados en la motocicleta y después, cuando me libré de ella y ya no disponía de este soporte, las octavillas. Las repartía sobre todo en lugares donde se concentraban motoristas porque el mensaje iba dirigido a ellos. No sé cuántas repartí, no sé si fueron 20.000 ó 2.000 o cualquier otra cantidad, sé que fueron muchas pero no puedo precisar el número. Claramente mi objetivo era presionar a la empresa para conseguir de ella una indemnización.
Me acusaron de injurias, calumnias y coacciones. He de decir que una de las razones por las que hice lo anterior, es porque sabía que era y es lícito. Remarco que he empleado el verbo saber y no el verbo creer y que lo he hecho con propiedad. Y no lo sabía por una reflexión o consulta jurídica, que no eran necesarias, sino porque era obvio. Obvio es que es lícito descalificar un bien de consumo como, por ejemplo, hacen los críticos de cine con las películas y obvio es que se puede exigir a otro lo que sea, incluso dinero, y presionarle para que ceda, mientras no se empleen medios ilícitos, como hacen por ejemplo los trabajadores con los empresarios con las huelgas y éstos con aquéllos con la amenaza de la deslocalización.
Llegó el juicio y usted fue condenado por injurias y coacciones. ¿Es así? ¿En qué se fundamentaba la sentencia que se emitió contra usted? Si no estoy equivocado se le condenó a un año de prisión por calumnias, seis meses más por injurias y dos multas de 300.000 y 500.000 pesetas por coacciones, y, además de ello, la orden de publicar íntegramente la sentencia, que tiene 27 folios, en una revista de aficionados al motociclismo: la Motard Magazine, publicación que había recogido sus quejas en una carta al director.
En primera instancia también fui condenado por calumnias. Las condenas creo que son exactas. Me sorprende que estén informados de ello. Sólo les ha faltado decir que fui condenado a indemnizar a Piaggio España con 3.000.000 de pesetas por los supuestos daños que le causé.
La sentencia no se fundamentaba en nada. Es una extensa ensalada de palabras con abundancia de términos jurídicos, como no puede ser de otra manera, pero que no justifica la decisión sino que oculta los verdaderos motivos en ese maremágnum. Para que una acción sea delictiva ha de atacar el bien jurídico protegido y reunir todos y cada uno de los elementos típicos. Dicho en el lenguaje de todos, ha de reunir todos los requisitos del delito. Esta es la primera comprobación que tiene que hacer todo juez ante una acusación, es una obligación legal. Esto faltó en ese proceso y es algo que me hubiera salvado porque mis actos no reúnen los requisitos de esos delitos. Por eso puedo decir que no está fundamentada.
Dice usted: «oculta los verdaderos motivos en esa ensalada de palabras con ropajes jurídicos». ¿Y cuáles son entonces los verdaderos motivos que subyacen a la sentencia?
No lo sé. Yo también me lo he preguntado y aún me lo pregunto. No tengo la respuesta, sólo una mera y vaga hipótesis. Aunque para mí y Piaggio España éste fuera un asunto importante, para el resto de la sociedad es una cuestión intrascendente, no es más que otro litigio económico entre dos particulares de los innumerables que hay. ¿Qué interés podrían tener los jueces en favorecer a una de las partes hasta el punto de llegar a la prevaricación? Sólo se me ocurre que entre los jueces y Piaggio existía algún tipo de lazo que les indujo a hacerles este pequeño favor. Y digo pequeño porque a los jueces prevaricar les resulta fácil y el costo nulo. Prevaricar es gratuito. Por ello mismo, el vínculo no tenía que ser necesariamente muy estrecho. Supongo que esta «explicación» les dejará tan insatisfechos como a mí, pero con los datos de que dispongo no se me ocurre otra mejor.
Por lo demás, nunca fue usted acusado por el fiscal quien sostuvo que «los hechos no constituyen delito alguno».
Así es, la Fiscalía solicitó mi absolución porque consideró que los hechos no eran delictivos. Pero no se esforzó mucho en mi defensa, porque tampoco argumentó su afirmación. Si se hubiese tomado la molestia de demostrarlo sin dejar lugar a dudas, lo que no era difícil, quizás el juez no se hubiera atrevido a dictar esa condena.
¿Y usted no recurrió? ¿Fallaron otra vez en su contra?
Sí, apelé. El nuevo fallo revocó la condena por calumnias pero confirmó las de injurias y coacciones, imponiéndome una pena y una indemnización mucho menores, multa de 11 meses con cuota de 500 pesetas diarias y 100.000 pesetas.
Usted ha escrito: «El hecho de ser víctima de una prevaricación, el contacto en primera persona con la corrupción judicial y la impunidad y descaro con la que jueces delinquen, me provocó tal indignación que no se me ocurrió otra cosa que la genial idea de escribir cartas a los jueces en las que les insultaba inmisericorde similarmente como hace el público con los árbitros». ¿Corrupción judicial? ¿Jueces que delinquen? Puede precisar esas afirmaciones.
Quiero decir algo, que la gran mayoría de la gente no cree y que incluso los lectores de un medio alternativo serán reacios a aceptar: la actividad normal y sistemática de los jueces del orden penal es una actividad prevaricadora al servicio de la clase dominante.
Como muestra un botón: el Código Penal incluye como eximente el estado de necesidad. Para que se entienda que es esto pondré un ejemplo: si alguien roba porque está hambriento no se le puede culpar ni condenar a pesar de que objetivamente ha delinquido. Yo todavía estoy esperando encontrarme una sentencia en que se aplique esta eximente. En nuestro país residen muchos emigrantes extranjeros a los que se les prohíbe trabajar. Una parte (no entro a cuantificar el tamaño) de éstos vive de la delincuencia porque no les queda otra. Cuando se les condena por sus delitos se está prevaricando por no aplicarles esta eximente. ¿Existe mayor estado de necesidad que tener prohibido ganarse la vida legalmente? Un sistema social que tiene entre sus fundamentos la propiedad privada y la privación a una parte de la sociedad (el lumpenproletario) de cualquier medio de subsistencia, necesariamente tiene que fundamentarse también en el castigo sin miramientos de cualquier ataque de estos desgraciados a la propiedad privada porque obviamente los que no tienen nada tratarán de apropiarse de algo de los que todo lo tienen. Esta noción es muy vieja. Ya decía Adam Smith que el Estado (y los jueces son Estado) existe para defender a los propietarios de los desposeídos, aunque hubiera sido más veraz si hubiera dicho que el Estado existe para someter los desposeídos a los propietarios. Sobre esto me podrían enseñar ustedes a mí mucho más que yo a ustedes…
No crea, no crea, usted lo está explicando muy bien.
Prosigo entonces. Pero admitir abiertamente por parte de un Estado que castiga sin piedad los ataques a la propiedad privada en situación de necesidad (de hecho estos son los más perseguidos) daña su buena imagen. La solución es sencilla: se incluye en los códigos penales la eximente de estado de necesidad y se les deja bien claro a los jueces que no deben aplicarla. Los sistemas jurídicos de los Estados, empezando por las constituciones, están plagados de normas que favorecen su imagen pero que no deben aplicarse y no se aplican. Pues bien, cada vez que un juez no aplica esta eximente, debiendo hacerlo, está prevaricando. Esto sucede sistemáticamente; por tanto, la prevaricación es sistémica.
Ha construido usted un silogismo casi tautológico. Prosiga, prosiga.
Éste es sólo un ejemplo. Otras normas que no son aplicadas por los jueces penales son todas las garantías procesales, como la presunción de inocencia y el derecho a la defensa. Y así podríamos seguir indefinidamente poniendo ejemplos de prevaricaciones.
Evidentemente unos individuos acostumbrados a prevaricar, porque en eso consiste su trabajo, no iban a tolerar que yo les injuriase por más que mis injurias no fuesen de las incluidas en el delito de injurias, sino de las lícitas. Era muy fácil para ellos emplear el viejo truco prevaricador de la analogía y hacerlas pasar por delictivas. No ser lo suficientemente consciente de esto fue otra de mis torpezas.
¿Puede explicar esto último con más detalle? ¿Qué injurias lícitas formuló usted si no es indiscreción? El viejo truco prevaricador de la analogía. ¿Qué truco es ese?
Empezaré explicando el truco de la analogía con el delito de coacciones, del que también fui condenado, porque es perfecto para este propósito. Si comparan las definiciones de coacción de un diccionario y del Código Penal comprobarán que son parecidas pero no idénticas. Sin violencia no hay delito de coacciones pero sí puede haber coacción sin más. El concepto de coacción es más amplio y engloba al de delito de coacciones. Por ello es posible coaccionar sin delinquir, basta para ello con no emplear violencia. De hecho sucede así cotidianamente. Antes puse como ejemplo de estas coacciones lícitas las que se ejerce entre sí trabajadores y empresarios, pero el número es infinito y seguro que a ustedes se les ocurre otras muchas. Los conceptos de coacción y de delito de coacción son análogos. Y precisamente por esta semejanza es posible hacer pasar una coacción lícita por una coacción ilícita, ya que a fin de cuentas ambas son coacciones. En esto consiste el truco de la analogía.
Respecto al delito de injurias, si lo buscan en el Código Penal lo encontrarán junto con el de calumnias bajo el epígrafe «Delitos contra el honor». Es decir, de lo primero que nos informa la Ley, es de que las injurias que no atacan al honor son lícitas. De hecho la mayoría de injurias son lícitas porque no atacan al honor. Si tuvieran la desgracia de pelearse con alguien y a resultas llenarle de improperios, al menos se pueden consolar sabiendo que es muy poco probable que hayan perpetrado un delito. Y es de sentido común: no sería lógico que algo de tan poca trascendencia fuera delictivo. El auténtico delito de injurias es un asunto de gravedad. Si a la injuria de que se tratase le faltase uno sólo de los requisitos con que la Ley define el delito de injurias, no sería delictiva sino lícita. Mis injurias ni atacaban el honor ni reunían todos los requisitos del delito de injurias, por eso eran lícitas. Pero eran injurias y por eso era fácil hacerlas pasar por delitos de injurias.
Todas las profesiones tienen sus trucos, los periodistas tienen los suyos y los juristas en general y los jueces en particular tienen los suyos y le puedo asegurar que los usan. Se suele decir que la estadística es el arte mentir con números. Pues si es fácil mentir con números, imagínense con palabras. Pues bien las palabras son las herramientas de juristas y jueces como de los periodistas y saben ponerlas al servicio de sus intereses.
Pero percibo que lo que usted quisiera es que expusiese esas injurias aquí. No es necesario, se las pueden imaginar, me despaché a gusto y fui todo lo grosero que pude y supe. No pretendí una injuria o crítica inteligente como las de Quevedo sino lo más barriobajera posible. Nuestros jueces no merecen otra cosa.
Se ha comentado que usted amenazó a los jueces. ¿Por qué? ¿Qué amenazas formuló?
Rotundamente: no amenacé a nadie. Las expresiones que los jueces hicieron pasar por amenazas no lo son realmente. Son injurias pseudoamenazantes. Si la decisión de injuriarlos, por más que lo merezcan, fue una enorme torpeza, la de emplear éstas fue el summum de la misma. Yo les serví en bandeja el arma de su crimen del que yo mismo iba a ser la víctima.
Para que se entienda mejor lo que yo hice y lo que yo entendía que estaba haciendo, la mejor comparación es la de los insultos que el público suele proferir a los árbitros. Esto es lo que yo tenía en mente cuando escribía esas cartas y sé de lo que hablo, porque en mi juventud fui árbitro de fútbol de categoría regional durante tres temporadas. Entre las injurias que nos dedicaban habían expresiones del tipo: no vas a salir vivo de aquí, vas a morir, te queda muy poco, vas a salir caliente, etc, etc. Yo nunca me sentí amenazado por ellas, porque simplemente no son amenazas aunque superficialmente lo puedan parecer.
Para que se entienda mejor pondré un ejemplo del que quizás se sientan protagonistas. ¿La expresión «me cago en Dios y en su puta madre», es una blasfemia?
No sé, quizá no lo sea, pero nosotros no nos sentimos protagonistas. En absoluto.
De acuerdo, de acuerdo, pero creo que estarán conmigo en que el significado de esa frase, normalmente, no tiene nada que ver ni con Dios ni con la religión. Se trata de una frase hecha que emplea la palabra «Dios» como podía emplear cualquier otra que no tuviera nada que ver con lo religioso. En los códigos penales del anterior régimen existían (y parece que puede volver al código penal de Irlanda) el delito de blasfemia. Imaginen que unos jueces que tienen algo en contra de ustedes aprovecharan que han empleado esta frase para acusarles de blasfemia y se vieran ustedes en la tesitura de tener que explicar que la han empleado pero que en realidad no es una blasfemia. Si son capaces de imaginárselo, entonces entenderán el problema que afronto cuando tengo que explicar que empleé frases del tipo «te queda poco de vida» porque sabía que no eran amenazas. Sin embargo, la jurisprudencia deja bien claro lo que es y no es amenaza y las distingue de lo que se pueda parecer. Y por ello un jurista no debería confundirse.
La razón de todas mis injurias, estas pseudoamenazantes y las otras, fue la rabia y la indignación por ser una víctima de la prevaricación judicial y la impunidad de los prevaricadores. Pero también, y esto es importante, el que mis injurias eran lícitas. De no ser así me hubiera desahogado de otro modo… o no me hubiera desahogado.
Usted finalmente fue encarcelado. ¿Dónde? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué puede explicarnos de esa, digamos, experiencia?
Desde 1998 he sido encarcelado varias veces, pero las primeras estancias fueron cortas, la más larga de doce días y la más corta de unas horas. El 9 de marzo de 2007 ingresé de nuevo y me pasé 826 días, hasta el 11 de junio de 2009. Los tres primeros meses los pasé en La Modelo de Barcelona y los dos años restantes en Brians2.
La muy cuidada imagen que el Estado Español o cualquier otro Estado da de sí mismo es falsa, también por lo que respecta al tema de la cárcel. Por más seda con que la vistan, cárcel se queda. No es más que un establo de ganado humano al que van a parar los que de alguna manera se oponen al Estado real o supuestamente para doblegarlos y disuadir al resto de la población.
Evidentemente el tema de la cárcel da para mucho más de lo que se puede contar en la respuesta a una pregunta de una entrevista, pero mi experiencia no hace más que confirmar lo que más o menos todos ya saben.
¿Por qué ha estudiado usted Derecho durante estos últimos años? ¿Por rabia? ¿Por indignación ante lo sucedido? ¿Para vengarse, si me permite la expresión? Creo que finalizó sus estudios en 2006 y que en 2007 se colegió para ejercer la abogacía e iniciar esa actividad.
En mí hay mucha rabia e indignación y no me importaría usar la palabra «venganza» si no fuera por el sentido peyorativo que se le da. No es extraño que la víctima de un delito desee el castigo del culpable. Yo no soy una excepción. Y eso, se mire como se mire, es ánimo de venganza.
Pero eso no es todo ni es lo más importante. El Estado delinque y prevarica sistemáticamente por medio de jueces y otros esbirros y no hay quien les acuse ante los tribunales por sus crímenes. Eso es algo que debería hacerse. Preferiría no tener que hacerlo yo, pero como no hay otros que se animen, yo daré el paso. No quiero que esto se quede en un mero asunto personal. Yo soy una víctima más entre una inmensidad, es un problema colectivo. Desde la primera prevaricación de que fui víctima me vino a la cabeza la idea de hacerme abogado para la luchar contra la prevaricación en general, no sólo contra las que yo había sufrido. También me rondaba la cabeza la comparación con Simón Wiesenthal, la idea de ser para los prevaricadores españoles lo que él fue para los nazis. Sin embargo, no me decidí a dar el primer paso para ello hasta el año 2002. Entonces inicié los estudios de Derecho que finalicé en el 2006. A principios del 2007 me colegié como abogado y me disponía a comenzar esta labor cuando hube de ingresar en la cárcel. Esto fue lo que más rabia me dio de estar encarcelado, el tener que postergar el planteamiento de mis acusaciones.
Se dispone usted a interponer un total de doce querellas por delitos de prevaricación judicial perpetrados por jueces de Barcelona. ¿Doce querellas? ¿No son muchas querellas? ¿Cuáles son las razones? ¿Por qué habla usted de prevaricación judicial?
He sufrido doce procesos penales, en once fui condenado y en uno absuelto por no considerarse mis actos delictivos, de ahí que sean doce las querellas por prevaricación que me dispongo a interponer. Para un abogado que pretende dedicarse a luchar contra la prevaricación doce querellas son pocas. Como ya he dicho, la prevaricación es algo habitual. Lo que deseo es que haya suficientes víctimas que se atrevan a dar el paso de acusar y que por lo menos tengan un abogado dispuesto a defenderles; es decir, que el planteamiento de querellas por prevaricación se convierta en algo tan cotidiano como lo es la propia prevaricación.
Como ya he dicho en mi caso hay prevaricación porque los actos de los que yo fui autor no son delictivos y esto era conocido. Entre todos los condenados por el Orden Penal de la Administración de Justicia hay una importante minoría que son inocentes y que además no son delincuentes. Estas condenas son prevaricadoras porque aplicando la Ley es imposible este resultado. Hay otro porcentaje de delincuentes que sin embargo están cumpliendo condena por delitos de los que no son autores, es común que a los delincuentes habituales les endosen cualquier crimen. Sus sentencias también son prevaricadoras e injustas. Hay un grupo de delincuentes que cumplen condena por delitos de los que efectivamente son autores pero su autoría no está probada; simplemente los jueces creían en su autoría y han acertado. Esto también es prevaricar. Estos jueces que juegan a acertar las autorías de los delitos son los causantes de los garrafales errores judiciales que de vez en cuando salen a la luz en los medios de comunicación y de los muchos más que nunca se descubrirán. Finalmente hay un grupo de delincuentes condenados por delitos de los que son autores probados, pero que han sufrido un proceso en que no se ha respetado la Ley. Sus condenas también son prevaricadoras e injustas. Yo me pregunto si habrá en este país alguna condena penal a la que no pueda ponérsele ni un sólo pero, y tengo muy serias dudas de que así sea.
Déjenme hacerle dos consideraciones sobre esto que usted señala. Si la cosa fuera tan básica, tan elemental, ¿no habría habido antes gentes que se rebelasen contra tamaña injusticia? No parece de recibo que toda la ciudadanía tenga, tengamos, una actitud tan servil. ¿No le parece? ¿No se precipita usted un poco en sus conclusiones?
¿Quién le ha dicho que lo básico y elemental es fácil de percibir? ¿Quién le ha dicho que la gente se rebela siempre contra las grandes injusticias?
Para usted y para mí, la explotación es un concepto prácticamente obvio. Pero aún hoy un gran porcentaje de personas, que yo considero mayoritario, no tiene ni idea de lo que es. Fue necesario el esfuerzo intelectual de un genio para sacar a la luz algo tan básico y elemental como el concepto de explotación. Sin él ni usted ni yo sabríamos que es eso.
Desde que la humanidad entró en su fase histórica civilizándose, creo que eso pasó hace unos cinco mil años, vive en el imperio de la injusticia. Es verdad que desde entonces ha habido rebeliones, insurrecciones, alzamientos, sediciones, motines e incluso revoluciones, pero la mayor parte del tiempo las víctimas de esa injusticia por uno u otro motivo ha tragado con ellas. ¿Se rebeló la ciudadanía contra el franquismo? Y la injusticia de ese régimen era más perceptible que la del actual porque estaba mucho menos disimulada.
¿Por qué habría de haberme precipitado? Si he sido condenado por individuos con conocimientos jurídicos por acciones de la que es conocida su licitud con violación además de las normas procesales, si compruebo que esto mismo le sucede a otros muchos cotidianamente, ¿a qué conclusión debería llegar? ¿A la de que los jueces en el fondo son buenos chicos que a veces se equivocan porque esto del Derecho es muy complicado? Si se equivocara alguno de vez en cuando no podría descartarlo. ¿Pero todos y continuamente? Es imposible. ¿Los jueces no saben acaso discernir lo ilegal de lo legal o de lo que meramente se parece a lo ilegal? Entonces como podría exigirse que supieran discernirlo los ciudadanos que han de acatar la Ley que en su gran mayoría no son juristas. Las prohibiciones penales han de ser lo suficientes claras para que las entiendan gentes de cualquier nivel intelectual pues son para todos y normalmente lo son. Que un gran número de jueces se equivoque y den por ilícito lo que es legal es en la práctica imposible.
La segunda consideración: ¿no se mueve usted a una encrucijada sin salida favorable? Si usted piensa lo que piensa del derecho penal de nuestro país y de los jueces (usted ha dicho que «la actividad normal y sistemática de los jueces del orden penal es una actividad prevaricadora al servicio de la clase dominante»), ¿cómo pretende que esa misma institución resuelva favorablemente las querellas que piensa presentar?
Como se suele decir, me agrada que me haga esta pregunta, pero en este caso es cierto, porque ha puesto usted el dedo en la llaga. No espero que resuelva a mi favor, eso sería como si un judío presentase ante un tribunal nazi una demanda contra un funcionario nazi por cualquier abuso del que le hubiera hecho víctima y esperase que fallasen a su favor. A lo máximo a que aspiro es a poner de manifiesto la siguiente contradicción: se asume que el Estado es el garante de la justicia, de hecho Locke justificaba la existencia del Estado entre otras cosas porque impartía justicia, pero ¿cómo puede garantizar justicia siendo parte si es condición de todo juez la imparcialidad? De ninguna manera, simplemente ni puede ni lo pretende, lo que realmente busca es ser juez y parte para resolver a favor de sus intereses. Dado que con mis querellas al acusar a estos jueces estoy acusando al Estado al que sirven, el juez no debería ser el propio Estado porque es parte. Pero, ¿creen que el Estado admitiría que juzgasen a sus jueces otro que no fuera el mismo, alguien imparcial, el pueblo por ejemplo? ¿Aceptarían ser juzgados por un tribunal surgido del pueblo sin contaminación estatal?
¿Qué conseguiré si logró ponerlo de manifiesto? No lo sé, quizás nada, pero me gustaría que no fuera en vano, que al menos sirviera para abrirle los ojos a alguien.
Vuelvo sobre algo de lo que ya hemos hablado. Usted también ha señalado, hablando de su caso, que esto le sucede a la mayoría de víctimas del Orden Penal de la Administración de Justicia, que actúa, en su opinión, «como una auténtica Inquisición y las prevaricaciones y abusos de toda clase son la moneda corriente». ¿Auténtica inquisición dice usted? Si fuera así, ¿por qué se acepta todo ello con naturalidad? ¿Por simple resignación?
La Administración de Justicia es una de las instituciones peor valoradas por la sociedad española, si no la peor. Sin embargo, la sociedad no es plenamente consciente del carácter y amplitud de la corrupción judicial. Del porqué de esta falta de conciencia saben ustedes más que yo. Creo que un filósofo muy apreciado por ustedes y también por mí, dijo una frase que lamento sinceramente no poder reproducir textualmente pero que venía a ser algo así como «quien controla los medios de producción material de la vida, controla los medios de producción de la conciencia».
Aunque por lo anterior, el nombre de Inquisición cueste de aceptar, le aseguro que es el que mejor define a nuestro sistema penal. Yo no lo empleo como hipérbole sino como descripción.
Vuelvo a insistir. ¿Qué esperar conseguir con todo ello? ¿Protestar? ¿Llamar la atención? ¿Conseguir que la justicia rectifique sus actuaciones?
Yo me he puesto una meta muy alta que no espero alcanzar, la uso como faro. Pero sí me gustaría que la alcanzasen los que vengan detrás, y es, que cualquier juez, funcionario o cargo del Estado que prevarique o delinca de otro modo, sepa que la probabilidad de penar por ello no es despreciable, como hoy lo sabe cualquier ladronzuelo. Para esto tendrán que haber ido a parar a la cárcel más de un juez y más de dos.
Lo que sí me gustaría alcanzar es que la sociedad tome mayor consciencia sobre lo que representa la Administración de Justicia y en general el Estado. Cuando estudié Derecho en la asignatura de Filosofía del Derecho trataron de enseñarnos algo que para ustedes y para mí es obvio, que un Estado es una mafia, no una mafia cualquiera sino la mafia triunfante, la que se ha impuesto en un territorio. La mayoría de alumnos se rebelaban y se negaban a admitir esta verdad que está ante nuestros ojos para cualquiera que quiera verla. Esto hay que cambiarlo, siendo profesor de Filosofía del Derecho, siendo periodista o siendo abogado.
No sé hasta dónde llegaré. No descarto quedar neutralizado a las primeras de cambio. Porque yo no soy un David que se enfrenta a Goliat, sino una hormiguita que se enfrenta a un elefante y no tengo ninguna arma secreta como tenía David. Tampoco descarto que lo único que consiga sea salir aún más malparado. O que no se me haga ningún caso esperando que me aburra. Ya se verá lo que tenga que ser.
¿Cree usted que la ciudadanía está un poco desarmada ante las actuaciones de las grandes corporaciones, sean de éste o de otro ámbito?
De nuevo tengo que decir que de esto saben ustedes más que yo. Vivimos en una sociedad en la que la mayoría está sometida a una exigua minoría, pero parece que está muy bien montada para este fin, porque de momento no se ha conseguido cambiar. A mí sólo se me ocurre decir que hay personas que hemos llegado al punto de no poder aceptar que esto sea así. Es más fácil que suceda en Latinoamérica por ejemplo, donde el nivel de injusticias y de conciencia es mayor, pero aquí también es posible.
¿Quiere añadir algo más?
Recordar algo que dijo Schopenhauer: toda verdad pasa por tres fases: en la primera es ridiculizada, en la segunda recibe una violenta oposición y, finalmente, es aceptada como evidente.
Rebelión ha publicado este artículo con permiso del autor, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.