Miles de personas reprocharon ayer en varias ciudades españolas a la Unión Europea (UE) la aprobación, el pasado jueves, de la directiva de retorno para inmigrantes. La solidaridad de más de 400 asociaciones se hizo notar en la Plaza de Jacinto Benavente, en Madrid, donde muchos manifestantes coincidieron en señalar que el apelativo de «vergüenza», […]
Miles de personas reprocharon ayer en varias ciudades españolas a la Unión Europea (UE) la aprobación, el pasado jueves, de la directiva de retorno para inmigrantes. La solidaridad de más de 400 asociaciones se hizo notar en la Plaza de Jacinto Benavente, en Madrid, donde muchos manifestantes coincidieron en señalar que el apelativo de «vergüenza», que ha sido adherido a la directiva, representa el sentimiento de miles de ciudadanos españoles que no se han visto representados por sus eurodiputados.
«La Unión Europea ha demostrado lo que es en realidad. Nació con un objetivo económico y así se comporta», reprochó Vicente Leal, de 55 años. En su mano derecha sujetaba una pancarta con un lema muy repetido por los asistentes a lo largo de la tarde: «¡No a los Guantánamos españoles!». «Les da igual todo, para lo único que otorgan libertad es para los capitales, los derechos sociales de las personas no les interesan. Cuando necesitan mano de obra piden emigrantes y luego, los tiran», añadió.
En un escenario improvisado sobre un andamio, los representantes de las asociaciones de inmigrantes en España tomaron la palabra. «Lo único que quiero es un trato de ser humano, no que nos metan en un campo de concentración como hizo Hitler con los judíos», reclamó Gustavo Álvarez, portavoz de la Red de Extranjeros en Madrid. «¿Por qué tenemos que pagar nosotros la crisis?», se preguntó.
Los inmigrantes presentes en España lamentan que el debate gire en torno a las condiciones de los Centros de Internamiento de Inmigrantes. «Es que no deberían existir. Representan la pura obscenidad del sistema», comentó Álvarez. «Primero la directiva, luego la semana laboral de las 65 horas, ¿después qué?»
La desconfianza en la Unión Europea como un espacio de libertad para los ciudadanos fue otro de los comentarios de muchos de los que asistieron a protestar contra la política de inmigración europea. «Primero la directiva, luego la semana laboral de las 65 horas, ¿después qué? Van en contra de los trabajadores y los inmigrantes, los más débiles», resumió Miriam Bueno, de la asociación Ferrocarril Clandestino.
Muchas de las quejas tuvieron como objetivo al ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho. «El otro día le oí decir que los que tengan 16 años tienen que venir con un permiso de trabajo. ¿Cómo es posible? Si quiero que venga mi hijo es para que estudie y tenga un porvenir, no para que trabaje», lamentó una boliviana.
La concentración de Madrid contra la directiva tuvo su réplica en Barcelona, Valencia y Santa Cruz de Tenerife. Las asociaciones de inmigrantes habían convocado a miles de personas contra las leyes, a su juicio xenófobas, desarrolladas por la UE. Una directiva que no llegará a España
El sabado lo volvió a reiterar el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho. El Gobierno no aplicará en España el plazo máximo de 18 meses de retención para los inmigrantes irregulares establecido por la llamada ‘directiva de la vergüenza’, aunque ampliará el plazo desde los actuales 40 días hasta 60. Además, Corbacho dejó claro ayer en Zaragoza que en España los inmigrantes «seguirán gozando de asistencia jurídica gratuita y se respetarán sus derechos humanos por encima de cualquier otra consideración».
En cualquier caso, recordó que el 11% de los habitantes de España son inmigrantes y apeló a los países de origen de emigrantes para que entiendan que el número de extranjeros no puede crecer «infinitamente» y que es necesario regular los flujos migratorios.
Por su parte, el Consejo General de la Abogacía Española consideró ayer «vergonzoso» el apoyo que ha recibido la citada directiva, al entender que se trata de una norma que «criminaliza» al colectivo de los inmigrantes. Un portavoz de esta entidad, Francisco Solans, indicó a Servimedia que la directiva constituye «un precedente muy negativo».