El régimen de contratación temporal en origen a través del cual son reclutadas miles de mujeres marroquíes para hacer la campaña de la fresa ha sido señalado en los últimos años por la situación de vulnerabilidad y desprotección que genera. ¿Es posible garantizar los derechos de estas trabajadoras en este marco? El pasado 26 de […]
El régimen de contratación temporal en origen a través del cual son reclutadas miles de mujeres marroquíes para hacer la campaña de la fresa ha sido señalado en los últimos años por la situación de vulnerabilidad y desprotección que genera. ¿Es posible garantizar los derechos de estas trabajadoras en este marco?
El pasado 26 de febrero, el diario marroquí Al Massae comunicaba que -en la provincia de Khemisset, cerca de Rabat- se abría el plazo para inscribirse con el fin de participar en la campaña de recogida de la fresa en Huelva. En su breve noticia, el periódico alertaba de las estrictas condiciones que se le iba a exigir a las 350 temporeras que se esperaba contratar en la operación. Por ejemplo, las candidatas no podían superar los 45 años. Estas 350 mujeres formarían parte de uno de los primeros contingentes de temporeras que llegarían a los campos de la fresa de un total de 19.179 de mujeres que se espera harán la temporada este año. Se trata del número de participantes más alto en la historia de una práctica que va a cumplir dos décadas, y que está siendo cuestionada con fuerza desde el pasado año: la del contrato de mano de obra extranjera en origen, en particular de trabajadoras marroquíes que han tenido un rol prominente en el auge del sector de la fresa en la provincia de Huelva. El «oro rojo», como se dio a llamar a estas frutas cuando empezó el ciclo de exportación y el cultivo de la fresa, se expandió por los campos onubenses, ha generado grandes beneficios a cambio de emplear mano de obra barata.
El número, esas 19.179 previstas, lo dio Abdelmounaim Al-Madani, el secretario de la Agencia Nacional de Promoción del Empleo y las Competencias (ANAPEC). 2001, el año en que entró en vigor el acuerdo entre los dos países, fueron 200 las temporeras que llegaron al campo. El mismo periódico facilitaba los datos, las recolectoras serían contratados por tres meses, de abril a junio y dispondrían de un salario cotidiano de 37 euros por día. Su alojamiento y alimentación correría por cuenta de sus empleadores. La ANAPEC ha venido anunciando en los últimos meses que hará un seguimiento de las mujeres que recluta este año para que no se repitan los abusos registrados en el pasado. Queda por ver si existe la suficiente voluntad política y los mecanismos para fiscalizar que se cumplan los derechos de estas mujeres.
A raíz de las denuncias que el año pasado salieron a la luz en cuanto a las condiciones laborales de las jornaleras y sobre todo por el acoso sexual que algunas de ellas denunciaron, Marruecos está intentando proyectar una imagen de acompañamiento a las trabajadoras. «Dicen que este año se están esmerando más, que todas las mujeres van a recibir una formación», cuenta Pastora Filigrana, integrante del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT). La ANAPEC y el sindicato andaluz se habrían reunido, mostrando los representantes de la primero una serie de vídeos que explican el ABC de los derechos laborales de las trabajadoras, con el objetive de que las mismas lo vean antes de partir. «Se trata de cuánto tienen que cobrar según el convenio, recordar que no tienen que pagar por la vivienda, que las dietas están incluidas, que las horas extras tiene que pagárselas, a qué teléfonos tienen que llamar en caso de abuso laboral o de otro tipo», enumera Filigrana. Lo que esta activista considera necesario, realmente, es que sean los sindicatos los que estén presentes en estas sesiones y puedan garantizar que la ANAPEC cumpla con sus compromisos. Lo prometido es cumplir con el convenio del campo de Huelva. Más allá de la disputa en referencia a las condiciones, el SAT se ha reunido con la Unión de Trabajadores Marroquíes, que tienen una Federación Agrícola en la que se integra un grupo de mujeres relacionadas con el medio rural. «Intentamos que estos sindicatos -que van a ser mucho más afines a esta causa que nosotras estamos defendiendo- puedan garantizar que las mujeres puedan tener acceso a esta información antes de venir. Una vez en Huelva, es el sindicato el que intenta vencer el aislamiento de las trabajadoras para comunicarles sus derechos.
«Vamos avanzando, ya tenemos una sección sindical en una de las empresas, tenemos esperanza en que los trabajadores se organicen», cuenta Filigrana, quien lamenta un sesgo inquietante en cuánto quién se organiza, los autóctonos, mientras que se dificulta la participación de colectivos migrantes. «Lo que cuentan desde dentro de las fincas es que hay una segregación absoluta, ya no solo con migrantes y autóctonos sino entre nacionalidades, marroquíes, autóctonos y otro tipo de personas migrantes. Están los de Europa del Este con los de Europa del Este, los africanos con los africanos. Es una estrategia antisindical de la patronal, igual que en un Carrefour puedes ver cinco uniformes diferentes de cinco empresas diferentes, son las mismas causas». Las denuncias Según Filigrana, el factor principal que permitió que se visibilizaran los abusos que las trabajadoras venían sufriendo fue la emergencia del feminismo. «Yo creo que el movimiento feminista fue el altavoz principal, sin eso creo que no hubiera ocurrido, porque la situación en Huelva es de hace años, ha habido sentencias ya firmes por temas de acoso sexual, no es nada novedoso lo que ocurre». El pasado 10 de marzo, la visibilidad de la problemática superaba otro hito. El periodista Jordi Évole le dedicaba al tema una edición de su popular programa Salvados. Un empresario, varias trabajadoras, vecinas de Cartaya, los testimonios se sucedieron durante la emisión, un programa al que Filigrana, buena conocedora del tema, le reconoce la calidad. Pero ya una década antes de que el año pasado trascendieran situaciones de abuso, algunas periodistas e investigadoras habían intentado arrojar luz sobre el tema. «Para que la mano de obra marroquí vuelva a Marruecos a final de temporada, España contrata madres de familia», explicaba un artículo publicado en 2008 por la periodista Nadia Messaoudi, cuando el contingente llegaba a las 12.000 mujeres. El reportaje ya registraba las falencias en los alojamientos de las temporeras o su aislamiento, preguntándose si esa forma de trabajar, no constituiría una forma de esclavitud moderna.La maternidad, así rasa, sin más, no parece suficiente mérito para disfrutar de un billete a Huelva. En Salvados -tras una importante secuencia en la que se ve la enorme fila de mujeres esperando su oportunidad- cuando se infiltran en la selección de trabajadoras, se les pregunta por el número de hijos, si han pasado por alguna cirugía y se les analiza las manos. Si este tipo de preguntas se hiciesen en una selección laboral en territorio español, es muy probable que obligaría a recular a cualquier organismo. «El modelo de contratación y de negocio, según está pensado, lo que busca es el máximo beneficio de las empresas. A nosotras nos parece que es positivo que exista un modelo que posibilite que las mujeres marroquíes vengan a trabajar», pero esto habría que analizarlo con perspectiva de género, indica Aintzane Márquez, integrante de Women’s Link y abogada de cuatro de las mujeres que denunciaron el año pasado. «Este modelo establece unas condiciones que hace que el perfil de mujeres que se contrata sea de mantenedoras del hogar, que no van a denunciar, que van a retornar porque al final de lo que ellas ingresen aquí en la temporada depende sus familias el resto del año», esta vulnerabilidad, según la abogada, es lo que posibilita condiciones laborales muy abusivas . «La explotación laboral establece una jerarquía de poder de la que se aprovecha la jerarquía del género». Dicho de otro modo: «Lo que le diferencia de la explotación laboral que pueden sufrir otros hombres migrantes dentro de otros muchos sectores laborales es que las mujeres sufren violencia específica por el hecho de ser mujeres, que se manifiesta como violencias sexuales, acoso sexual…»
Como representante de las cuatro denunciantes, Márquez participó en el programa del domingo 10 de marzo. Las temporeras, que denunciaron tanto abusos laborales como sexuales, volvieron a su lugar de origen al extinguírseles el visado. Ahora temen que el hecho de haber denunciado les imposibilite sumarse a la campaña de este año, que supone una fuente de ingresos a la que no pueden renunciar. «Cuando llegamos a Huelva el caso ya estaba denunciado -no la situación laboral pero sí la de acoso sexual- con la ayuda de las organizaciones locales, gracias a ese apoyo yo creo que se sintieron arropadas para interponer una denuncia y para empujar el caso entre las cuatro, y sentir que podía servir para que la situación del resto de compañeras en ese momento y en el futuro cambiase, que era lo que ellas decían. Por qué denunciaban más allá de que querían que se reconociese lo que les estaba pasando a ellas», recuerda Márquez. «Ahora hay tres procedimientos abiertos, el penal sigue en fase de investigación, el laboral pendiente de juicio, y la denuncia frente a la inspección de trabajo, pues estamos pendientes un poco del resultado de la investigación». Si bien ha habido muestras de solidaridad como las señaladas por Márquez, o las manifestaciones convocadas en muchos puntos de Andalucía y la península en apoyo a las temporeras -también ante la decisión de la fiscalía de Huelva de archivar varias causas de acoso sexual el pasado diciembre-, grupos antirracistas y colectivos racializados han criticado la escasa visibilidad de estos casos en comparación con el caso de la Manada. Filigrana entiende que es difícil comparar ambas noticias y que la diferencia se juega en términos de identificación: «Una señora que se moviliza por el tema de la Manada, que tenga una hija adolescente, le toca mucho más que una mujer marroquí, pues probablemente en su vida habrá hablado con una mujer migrante». Raza, clase y también medio rural interseccionan con el género en el caso de las temporeras, apunta. Pero aunque el foco que se puso en Huelva fuera mucho menor que el dedicado a las agresiones sexuales en Pamplona, creció considerablemente respecto a etapas anteriores, subraya la activista, que pone como ejemplo, la mucha menor repercusión que han tenido los informes bianuales de la Mesa del Temporero en Huelva. Y ahora qué «Ellas encuentran siempre dificultades al llegar. Especialmente en términos de condiciones de trabajo extenuantes además tienen una mobilidad reducida. Entonces hay al mismo tiempo una parte positiva y otras negativa, es necesario ante todo pensar en los derechos de las mujeres y mejorar sus condiciones de vida de manera global». Así contestaba la investigadora Chadia Arab, autora de Damas de Fresa, Manos de Hada, en entrevista con la publicación marroquí Tel Quel. Intentaba resumir un vasto trabajo de campo en el que recogió muchos testimonios con el fin de trascender la discusión teórica y escucha las razones y experiencias de un colectivo particularmente silencioso que atraviesa año tras año las mismas dificultades.»Es triste que tenga que ser a través de denuncias que las situaciones cambien, pero nosotras creemos que que salgan en los medios, que haya debate social, que se tenga conocimiento de los casos, es lo que genera el cambio. Por ejemplo, el nuevo convenio colectivo de trabajo en el campo de Huelva recoge un protocolo de prevención de acoso. Situaciones similares a los casos denunciados. Eso es indicativo de que no se estaban haciendo bien las cosas», valora Marquez. «Ahora lo importante es que no se quede en papel mojado y se pongan en marcha los protocolos», concluye. Información para las temporeras, mecanismos para fiscalizar que no se den situaciones de abuso, es lo que el SAT exige a la administración. También esperan que haya inspecciones de trabajo en las fincas. «El modelo ya es cruel», sostienen Filigrana. «El contrato en origen, aunque es legal, porque la Ley de Extranjería -de la cual pedimos la derogación- lo permite, tienen un fin utilitarista extremo de la mano de obra extranjera, y además todo está pensado para que no se puedan quedar», cuenta respecto a lo que define como «migración a la carta». De momento, considera urgente que los patrones muestren información que demuestre que no se dan situaciones de abuso. «Sería fácil que la patronal salieran a decir, mira, aquí están los contratos, aquí están las nóminas, aquí están las transferencias de las nóminas de todas las trabajadoras según convenio, pasen con las cámaras y vean cómo son las casas», ironiza la activista. Esto es algo que no se ha dado, por eso, dice Filigrana, el SAT está seguro de tener razón, que no se cumple el convenio con las trabajadoras marroquíes, que se dan abusos laborales. «Yo lo que quiero es que venga la patronal ha demostrarme que estoy equivocada y tener que pedir disculpas públicamente. Eso me encantaría».