La militarización es la forma extrema en que un estado legitima y ejerce el poder. Es una forma de control de las personas, una estrategia de seguridad nacional y de contrainsurgencia; una táctica para el control de territorios, incluido el de las mujeres que es nuestro cuerpo. Es mucho más que el aparato militar en […]
La militarización es la forma extrema en que un estado legitima y ejerce el poder. Es una forma de control de las personas, una estrategia de seguridad nacional y de contrainsurgencia; una táctica para el control de territorios, incluido el de las mujeres que es nuestro cuerpo. Es mucho más que el aparato militar en las calles; es la violencia hecha natural en el sistema capitalista. Es uno de los medios para asegurar su dominio y reproducir un orden sistémico que violenta y subordina a la población en general y a las mujeres en particular. Es una manifestación más del patriarcado.
Las consecuencias de la militarización para las mujeres son múltiples y complejas. El abuso sexual, la violencia física y psicológica, el desplazamiento forzoso, son tan sólo algunas de ellas. El pasado 25 de noviembre, Día Internacional contra la violencia hacia las Mujeres, seguimos registrando niveles de violencia política y feminicida brutales, claramente relacionados con el ejercicio del poder masculino que tiene en la militarización uno de sus grandes escaparates. Otro 25 de noviembre, uno más y los que sean necesarios, dónde las mujeres seguimos visibilizando, denunciando y exigiendo, porque la violencia estructural contra nosotras no baja la guardia ni da tregua.La militarización como política de estado
El 1 de diciembre de 2006 con el inicio del período presidencial de Felipe Calderón, se consumó la entrada de la ultraderecha en el poder en México. Si bien esta situación inicia en el sexenio anterior con Vicente Fox, es en la actualidad que la violencia sistemática y la represión han alcanzado graves niveles. Esta circunstancia ha sido potenciada por la incursión de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública, competencia exclusiva de los cuerpos policíacos.
Con el cambio de administración federal se iniciaron una serie de acciones bajo la justificante del combate al crimen organizado, particularmente el narcotráfico, a través del ejército mexicano. Se emprendió entonces una estrategia de «seguridad nacional», mediante la cual hemos tenido que enfrentar el poder fáctico del estado fincado en las instituciones militares. En abierta violación al artículo 129 constitucional, el cual establece que «en tiempo de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar», se asignaron funciones de seguridad pública al ejército, situación que está provocando una grave crisis social en materia de derechos humanos, una polarización de la sociedad, mayor violencia contra las mujeres y una criminalización de la protesta social.
La profundización de la militarización que vivimos desde 2006 tiene sendas raíces en la búsqueda de legitimidad de Felipe Calderón que, para buena parte de la población, usurpa la presidencia de la República. Fue evidente desde el inicio que el estado militar y policíaco sería la característica imperante de su sexenio, con todas sus consecuencias.
Durante más de dos años hemos padecido los operativos militares de gran escala en diversos estados de la república que han generado situaciones extremas de violencia para la población, teniendo en varias ocasiones consecuencias fatales. Los abusos van desde los cateos ilegales, la agresión física, ataques con armas de fuego, torturas, violaciones sexuales y detenciones arbitrarias. La política del miedo y de «normalización» de la presencia de las fuerzas armadas en las calles es parte de la estrategia del estado para legitimar la violencia que conlleva la militarización en el país.
Los operativos militares contra el crimen organizado fueron bien recibidos, en un principio, por algunos sectores de la opinión pública nacional e internacional. Fueron acompañados por un despliegue mediático haciendo referencia a los logros que en materia de seguridad pública se han alcanzado. Sin embargo, la percepción generalizada de la población es que los índices de violencia e inseguridad no se han reducido; al contrario, la población se encuentra ahora sometida a una triada de inseguridad-narcotráfico-militarización que vulnera de manera contundente la vida cotidiana.
Las consecuencias y efectos de los operativos militares en el país han sido documentados por diversos organismos civiles. Los casos de violaciones a los derechos humanos se han incrementado de manera considerable desde la guerra contra el narcotráfico de Calderón. Según un informe del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez(1), basado en notas mediáticas nacionales, desde enero de 2007 hasta noviembre de 2008 fueron denunciados más de 100 casos de abuso militar, reportándose el mayor número de quejas en los estados de Tamaulipas, Chihuahua, Michoacán, Guerrero y Sinaloa. Las víctimas en su mayoría son mujeres y jóvenes. Tomando en cuenta que la referencia para el mencionado informe son las notas que merecieron alguna mención en los medios de comunicación, la cifra real puede ser mucho mayor.
A este respecto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha recibido en lo que va del sexenio de Calderón, 2 mil 461 quejas contra militares, el número más alto de los últimos cuatro períodos presidenciales.(2) La CNDH no es referente en materia de la defensa de los derechos humanos de las mujeres, manteniendo posiciones tibias y subordinadas, favoreciendo la impunidad al tejer cortinas de humo llegando al extremo de sostener que las mujeres violadas por militares mueren de gastritis, como en el caso del feminicidio de la indígena Ernestina Asencio.
Las fuerzas armadas en México son de las más grandes en América Latina y a las que mayor presupuesto federal se destina. De acuerdo con el tercer informe de gobierno de Felipe Calderón, para junio de 2009 las fuerzas armadas cuentan con 254, 705 elementos: 202, 355 del ejército y fuerza aérea y 52, 350 de la armada de México. El presupuesto federal aprobado para la Sedena a ejercitarse en 2010 será de 590.9 millones de pesos, destinándose al ejército mexicano 43 mil 32 millones.(3)
Violencia feminicida y militarización
Los contextos de militarización favorecen la reproducción de la violencia estructural contra las mujeres y aumentan la impunidad. Las mujeres siguen siendo el blanco de la violencia institucional y social, quiénes pagan los costos más altos en esta guerra simulada.
En 2002, dos mujeres indígenas tlapanecas fueron violadas sexualmente y torturadas por militares en Guerrero. Inés Fernández y Valentina Rosendo enfrentaron la humillación y estigmatización de sus comunidades. Ambas fueron obligadas por sus maridos a abandonar sus casas y sus familias.
Después de presentar las denuncias correspondientes ante el ministerio público, los dos casos fueron turnados al ministerio público militar aduciendo falta de competencia para investigar el caso puesto que los acusados eran integrantes de las fuerzas armadas. Los casos fueron llevados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2003, emitiéndose una serie de recomendaciones que fueron desatendidas por el estado mexicano. Los procesos se remitieron entonces a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esperándose las sentencias para 2010. Esta situación constituye una muestra fehaciente de que la justicia para las mujeres en México no existe. En palabras de Valentina:
«todo este tiempo he buscado justicia en México pero no la hay, por eso tuvimos que ir a la Corte Interamericana a denunciar y en eso estamos ahorita. Voy a seguir en esto hasta el final, he esperado tanto tiempo que voy a llegar a las últimas consecuencias. Nunca regresé a mi comunidad y no voy a regresar hasta que se haga justicia»(4)
El 11 de julio de 2006 en Castaños, Coahuila, un grupo de militares, torturó física y psicológicamente y violó en reiteradas ocasiones a 14 trabajadoras sexuales en la llamada «zona de tolerancia». Una de las mujeres resultó embarazada como producto de la violación y otra que lo estaba sufrió un aborto como consecuencia de las agresiones sexuales. De los doce militares que fueron señalados por las víctimas de haber participado directamente en las violaciones y los ocho integrantes del ejército que «custodiaron» la acción, sólo cuatro fueron declarados responsables de los delitos, fijándoles penas muy por debajo de las sanciones a estos delitos. Tres continúan purgándolas y uno obtuvo la libertad bajo fianza. Las sentencias reflejan la subordinación del sistema de justicia al poder de las fuerzas armadas, dejando impune la violación de las 14 mujeres de Castaños, Coahuila.
Un caso emblemático de la violencia militar feminicida contra las mujeres es el de Ernestina Ascencio, mujer indígena de 73 años, quién fue torturada y violada tumultuariamente por militares en la sierra nahua de Zongolica en Veracruz. El 25 de febrero de 2007 Ernestina fue atacada por elementos del ejército de la 26 zona militar, resultado de lo cual falleció horas después. A pesar del brutal ataque, la anciana pudo denunciar a sus agresores e identificarlos como militares. Aunque los médicos legistas y forenses sostuvieron que la anciana falleció como consecuencia de los ataques físicos y sexuales, el caso fue cerrado y se concluyó que Ernestina Asencio había muerto por un problema gastrointestinal severo, derivado de una gastritis. Sin embargo, en la misma zona se ha registrado asesinatos de por lo menos tres mujeres más con las mismas características del caso de Ernestina.
En el caso de las mujeres activistas y luchadoras sociales la transgresión que representa salir del espacio doméstico y cuestionar su rol tradicional al exigir espacios de participación pública y política, trae como consecuencia una represión sistemática contundente y particularmente agresiva con sus cuerpos. Conocemos de sobra los casos recientes dónde el movimiento social ha sido brutalmente reprimido y las mujeres han sido el botín de guerra. En el caso de Atenco se tiene conocimiento de al menos 26 mujeres abusadas sexualmente en el operativo de mayo de 2006; otras tantas mujeres fueron abusadas en los operativos en Oaxaca durante el movimiento popular. Ninguno de los policías que participó en los operativos represores ha sido consignado por tortura ni por violación. Lo más que han hecho las autoridades estatales es consignar a unos cuántos policías por delitos no graves como «abuso de autoridad».
Todos los casos han tenido como constante la falta de acceso a la justicia para las mujeres, la discriminación, la misoginia y la impunidad. Esta situación favorece la violencia sistemática y patriarcal, al no crear las condiciones sociales y políticas para garantizar la vida de las mujeres.
La violencia estructural contra las mujeres tiene raíces históricas, culturales y políticas profundas que atraviesan muchos niveles y tienen diversas expresiones. La falta de acceso a oportunidades, el fortalecimiento de los roles «tradicionales», los estereotipos de género, las condiciones de trabajo diferenciadas, el abuso y hostigamiento sexual, son tan sólo algunas de las manifestaciones de esta violencia. La violencia contra las mujeres conjuga las condiciones de opresión, la misoginia y el sexismo. Es un ejercicio del poder masculino mediante la fuerza para someter y controlar a las mujeres y se ejerce en los ámbitos privados y públicos. La violencia contra las mujeres no es «natural» ni íntima; existe una responsabilidad social que sostiene al sistema patriarcal por medio de la violencia de género, así como una responsabilidad institucional que favorece las condiciones sociales, económicas y políticas que garantizan la violencia sistemática contra las mujeres.
Los feminicidios son la manifestación extrema de la violencia estructural económica, política, social y de género. Son los asesinatos de mujeres por hombres por el hecho de ser mujeres. Se dan en contextos sociales y políticos permisibles a esa violencia y cuentan con un umbral de tolerancia y omisión por parte de la colectividad que favorece y aumenta su reproducción. El concepto de feminicidio permite redimensionar la violencia de género al sacarla del ámbito «privado» y denotar la responsabilidad del estado en su práctica.
Son escalofriantes las cifras de asesinatos de mujeres en los últimos años. Durante el sexenio de Vicente Fox (2000-2006) fueron asesinadas aproximadamente 6000 mujeres. En el actual sexenio hasta junio de 2007 habían sido asesinadas 1088 mujeres. Durante más de una década el estado fronterizo de Chihuahua y en particular Ciudad Juárez han sido lugares emblemáticos por el número de mujeres asesinadas. De 1993 a 2007 se tiene registro de 553 mujeres asesinadas en dichas ciudades. Según datos oficiales de la Procuraduría General del Estado de Chihuahua, 206 mujeres han sido asesinadas de enero de 2007 a noviembre de 2008 en ese estado del norte.(5) En el primer semestre de 2008 la cifra de asesinatos de mujeres en México superó el número total de 2007. Cifras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos reportan que en Ciudad Juárez, 504 mujeres han sido asesinadas y desaparecidas hasta abril de este año.(6) En suma, en todo el territorio mexicano han sido asesinadas al menos 10 000 mujeres en los últimos 10 años.
La probable sentencia que emita la Corte Interamericana de Derechos Humanos, declarando culpable al estado mexicano de ocho feminicidios en Ciudad Juárez, Chihuahua, sin duda sentara un precedente en materia de justicia para las mujeres. Sin embargo, la impunidad atraviesa muchos niveles, no solo relacionados con la justicia institucional, sino con las condiciones que prevalecen en la sociedad como los estereotipos de género, la supremacía de lo masculino, la objetivación de las mujeres, que naturalizan la violencia de género haciéndola parte de la vida misma. Es necesario combatir las causas estructurales de la violencia feminicida sustentadas en el patriarcado institucional y social.
Militarización y violencia contra las mujeres en Chiapas.
La situación de frontera del estado de Chiapas, así como su ubicación geopolítica estratégica, han hecho que la militarización sea un fenómeno expandido desde hace muchos años. A raíz del levantamiento armado del EZLN las condiciones de militarización y paramilitarización se agudizaron, convirtiendo a Chiapas en un laboratorio de estrategias de contrainsurgencia. En los últimos diez años el gobierno mexicano elevó en un 50.5% su personal militar, situación que coincide con un incremento en las insurrecciones populares, particularmente el alzamiento zapatista. En la actualidad se considera que el número de efectivos militares en Chiapas oscila entre los 25 mil y 30 mil.
Las consecuencias de la militarización para la vida de las mujeres son variadas y complejas. La militarización ocasiona un aumento persistente de la prostitución en los alrededores de las bases militares, que coloca a las mujeres en una situación de estigmatización y descrédito en sus comunidades. Además las somete a infecciones de transmisión sexual, particularmente el VIH. Estos contextos aumentan las tensiones sociales, comunitarias y familiares, traduciéndose en un incremento de la violencia intrafamiliar y doméstica. El círculo militarización-violencia-narcotráfico coloca a las mujeres en situaciones de vulnerabilidad particulares. Los tejidos sociales y familiares se destruyen; las mujeres ya no salen de sus casas por temor y en muchas ocasiones enfrentan solas la presencia militar en sus comunidades. Los niños y las niñas dejan de ir a la escuela, las milpas dejan de sembrarse, la pobreza se agrava, el alcoholismo aumenta.
La violencia contra las mujeres en contextos de militarización, en tanto táctica de guerra, se exacerba. Desde el inicio del conflicto armado en 1994 los casos de violaciones sexuales, torturas y hostigamientos contra las mujeres aumentaron en un 50%. La violencia sexual en sí, es un modo de tortura para socavar y someter a las mujeres del enemigo; es una forma para intimidar, presionar, amenazar y humillar a la víctima por su condición de género. Es también un método de castigo para unas y de advertencia para otras. La militarización tiene políticas de género, la violencia sexual contra las mujeres como estrategia de guerra y el cuerpo de las mujeres como botín son parte de ello.
De los casos documentados en Chiapas de violencia contra las mujeres ejercida por militares, existe un caso que ha alcanzado connotación internacional. El 4 de junio de 1994 elementos del ejército detuvieron arbitrariamente a Ana, Beatriz y Celia González, en ese momento de 20, 18 y 16 años, respectivamente, y a su madre, Delia, en el municipio de Altamirano, Chiapas. Las tres hermanas tzeltales fueron llevadas a una vivienda dónde los soldados las golpearon y violaron en reiteradas ocasiones, mientras las forzaban a confesar que eran integrantes del EZLN. Un examen médico demostró que las tres mujeres habían sido víctimas de abuso sexual y que habían sufrido graves daños físicos y psicológicos. Las hermanas González denunciaron los hechos ante la PGR, quién se declaró incompetente para investigar el caso y lo remitió al ministerio público militar. Las autoridades militares cerraron el caso en septiembre de 1995. Las hermanas llevaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual determinó, en 2001, la responsabilidad del estado mexicano por la detención arbitraria, tortura y violación de las hermanas, emitiendo una recomendación en el sentido de garantizar una investigación imparcial y efectiva para determinar responsabilidades y que el caso se turnara a la justicia civil. Sin embargo, más de ocho años después, el proceso sigue en manos de la Procuraduría de Justicia Militar, reproduciendo la impunidad característica de estos juicios.
Sabina Patricia tenía 24 años. Estudiaba el 7º semestre de economía en la Facultad de Ciencias Sociales en San Cristóbal de las Casas. Después de años de sufrir violencia doméstica, decidió abandonar el hogar conyugal con su hijo de cinco años. Fue asesinada el 2 de abril de 2008 por su concubino, Moisés Alfaro, un militar apostado en Rancho Nuevo, en venganza porque Sabina estaba decidida a no volver a la vida de violencia que le ofrecía. La transgresión le costó la vida. Un hombre acomplejado y temeroso de perder el poder masculino que le otorga el sistema patriarcal sobre la vida de una mujer, «su» mujer, cegó su vida.
El 26 de agosto de este año, el feminicida fue condenado a 32 años de prisión, en una sentencia sin precedentes para un militar. La sentencia del caso de Sabina no es una concesión del sistema de justicia. Es resultado de la presión, de la denuncia, de la visibilización y seguimiento del caso por parte de grupos feministas y organizaciones de mujeres en la lucha por el derecho a una vida libre de violencia y la justicia para las mujeres.
Chiapas ocupa el séptimo lugar nacional en feminicidios. La Fiscalía General del Estado (actual Ministerio de Justicia) registró en el período de 1994 a 2004, 612 casos, contrastando con las cifras de la Comisión Especial del Feminicidio que documentó tan solo de 2002 a 2004, 1456 mujeres asesinadas.(7) En los últimos tres años hemos conocido varios casos de mujeres asesinadas en Chiapas, situación que en lo que va de este año se ha agravado. Existen reportes de al menos 40 mujeres desaparecidas y 6 asesinadas en Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo y San Cristóbal de las Casas. Las desaparecidas tienen características físicas similares cuyas edades oscilan entre los 14 y 23 años. Todas salieron de sus casas rumbo a sus trabajos y escuelas y nunca llegaron a su destino.
Las historias se mantienen invisibilizadas ante la naturalidad de «una más». Se ha perdido el referente de normalidad, de asombro y de responsabilidad social. Los prejuicios, los estigmas, el silencio cómplice, colocan en las mujeres la carga simbólica de la responsabilidad de la propia violencia que padecemos.
Patriarcado y militarización
Es preciso entender el patriarcado como un sistema de dominación que tiene como finalidad el control de la vida de las mujeres, en especial sobre su cuerpo y su identidad. La militarización reproduce y refuerza la dominación patriarcal; es la representación máxima de poder masculino para vejar, humillar y subordinar. El patriarcado y la militarización se encuentran en el cruce dónde es difícil distinguir si la militarización es expresión del patriarcado o el patriarcado sostiene a la militarización. O ambas. Es una simbiosis, se alimentan mutuamente porque se necesitan la una al otro para detentar la supremacía, ejercer el poder y mediatizar a la población por medio del control de los cuerpos y la sexualidad de las mujeres.
Los casos de violencia contra las mujeres ejercida por militares no son hechos del pasado. La violencia sexual como arma para derrotar al enemigo, como método de presión para la obtención de información, como un medio para castigar y escarmentar a las mujeres por su trabajo político y como mecanismo de coacción para forzarlas a que regresen a su lugar «natural» en el espacio privado, son situaciones tan presentes como la realidad militarista que vivimos. Son muestras fehacientes de la misoginia y del patriarcado.
El proteccionismo de estado bajo la figura del fuero militar es un factor determinante en la falta de acceso a la justicia para las mujeres violentadas y asesinadas por militares. Ante la incompetencia y la subordinación de los juzgados civiles, los casos se remiten a los tribunales militares que se instituyen en juez y parte, protegiendo la institucionalidad militar y garantizando la impunidad. Es necesaria la modificación del artículo 57 del Código de Justicia Militar para que las violaciones cometidas por militares sean juzgadas por el fuero civil.
Los abusos y la violencia practicada por los militares son una forma de ejercicio del poder, una manifestación de superioridad, de autoritarismo, de jerarquía. El sistema patriarcal asegura un aprendizaje social dónde el derecho de «propiedad» sobre las mujeres, afirma las prerrogativas otorgadas históricamente al género masculino y profundiza las desigualdades entre los géneros, haciendo accesible el cuerpo de las mujeres, mismo que se transforma en campo de batalla y botín de guerra. Una guerra misógina y sexista para el control de nuestras voluntades. Llámese militar asesino, llámese policía violador, llámese «compañero» hostigando compañeras. Lo que está de fondo es similar: el ejercicio del poder y la cosificación de las mujeres. Las connotaciones y los métodos son distintos, pero el poder patriarcal es el mismo. Es una responsabilidad feminista nombrarlos y recordarlos cuántas veces sea necesario.
Ante la violencia las mujeres reaccionamos de distintas maneras. Las mujeres que han sido violadas sexualmente pasan por la culpa, la vergüenza, el miedo, la rabia. A causa de los sistemas de justicia patriarcales pocas mujeres denuncian y quiénes lo hacen tienen que enfrentarse al descrédito y a la humillación, en procesos realmente desgastantes. Las mujeres que hemos sido atacadas en las calles cambiamos nuestras rutas, nos adaptamos a la violencia. Somos nosotras quiénes tenemos que conceder los espacios, los modos, los tiempos. Las mujeres violentadas por «compañeros» de organizaciones civiles, de movimientos sociales, deben ser «comprensivas»… el «compañero» que viola, que hostiga, que grita, no es igual a un militar que violenta. Quiénes se atreven a sugerirnos que debemos perdonar y olvidar son aquellos que nunca, por su condición y situación de género, serán violados por militares, hostigados en la calle, violentados en sus organizaciones. Nunca porque el poder patriarcal, con todos sus privilegios, les permite posicionarse de esta manera.
En 2004, varios grupos de mujeres y colectivas feministas elaboraron un posicionamiento político frente a la violencia contra las mujeres en Chiapas. En el documento afirman que «con el ejercicio de la violencia los hombres nos imponen su poder limitando e impidiendo el desarrollo de nuestras potencialidades, buscando así resolver sus propias inseguridades».(8) Tan actual por ser estructural. Si entendemos el fenómeno de la militarización como mucho más que efectivos militares en las calles, si lo asumimos en un sentido amplio que hace referencia al control, a la obediencia, a la sumisión, la criminalización del derecho a decidir sobre nuestros cuerpos debe ser considerada una expresión de poder y control militarista, en tanto vulnera la libertad y la libre determinación de las mujeres.
Es momento de construir nuevas formas para el ejercicio de nuestros derechos, de ensayar estrategias para el empoderamiento de las mujeres.
Nadie más que nosotras puede tomar en sus manos el destino y la justicia para nuestras vidas. La libertad de decisión, la vida libre de violencia, la libertad de conciencia, constituye la defensa de nuestras libertades como derechos humanos fundamentales y necesarios. Derechos que residen en la autodeterminación de nuestras vidas y que las mujeres no estamos dispuestas a ceder.
«A ocho años no hay justicia y hay muchas mujeres que han sufrido violaciones sexuales por los militares pero no denuncian por miedo, por vergüenza, por rechazo de la familia y la comunidad, cuándo son casadas son dejadas por su esposo como en mi caso. Yo les digo a las mujeres que no tengan miedo, que rompan la cadena de sufrimiento, que luchen…
Tengan valor, sabemos que no es fácil, pero hay muchas mujeres que nos quieren y nos apoyan como en mi caso. No estamos solas, estamos con muchas mujeres más. Me quitaron muchas cosas pero la dignidad nadie me la quita» (Valentina Rosendo, 3 de octubre de 2009)
Notas:
1. Centro de Derechos Humanos «Miguel Agustín Pro Juárez», A.C.: ¿Comandante supremo? La ausencia de control civil sobre las Fuerzas Armadas al inicio del sexenio de Felipe Calderón; México, D.F., enero de 2009:
http://www.centroprodh.org.mx/Publicaciones/InformeAbusosMilitaresCOMP090309.pdf
2. Periódico La Jornada del Viernes 24 de julio de 2009, p.8: «Se disparan en este sexenio quejas ante la CNDH contra militares, admite el Ejército» de Gustavo Castillo García:
http://www.jornada.unam.mx/2009/07/24/index.php?section=politica&article=008n1pol
3. Periódico La Jornada del jueves 19 de noviembre de 2009: «Habrá menos recursos para seguridad pública y la Sedena», de Gustavo Castillo García:
http://www.jornada.unam.mx/2009/11/19/index.php?section=politica&article=006n1pol
4. Entrevista a Valentina Rosendo realizada por Marissa Revilla el 3 de octubre de 2009.
5. Informe del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, noviembre 2008.
6. Comunicación e Información de la Mujer, 11 de noviembre de 2009: «Mujeres de negro exigen detener violencia feminicida»
http://www.cimacnoticias.com/site/09111111-Mujeres-de-Negro-ex.39974.0.html
7. El Feminicidio en México y Guatemala. Informe Misión Internacional de Investigación, Federación Internacional de los Derechos Humanos, abril 2006, pp. 20.
8. «Documento de posicionamiento político frente a la violencia contra las mujeres en San Cristóbal de las Casas», en Olivera, Mercedes (coordinadora), Violencia Feminicida en Chiapas, UNICACH, Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, México, 2008, pp. 451-471.
Norma Iris Cacho Niño pertenece al Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria
Fuente: http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=43448