La Comisión Europea (UE) ha ordenado la paralización provisional de las ayudas españolas a las compañías eléctricas españolas que utilizan carbón autóctono para producir electricidad. Este hecho deja en evidencia la indolencia del Gobierno español y, como consecuencia, la difícil situación en la que permanece al sector de la minería del carbón en España. Cierto […]
La Comisión Europea (UE) ha ordenado la paralización provisional de las ayudas españolas a las compañías eléctricas españolas que utilizan carbón autóctono para producir electricidad. Este hecho deja en evidencia la indolencia del Gobierno español y, como consecuencia, la difícil situación en la que permanece al sector de la minería del carbón en España. Cierto es que existen muy serias dudas sobre la incidencia directa que pueda tener la resolución del tribunal europeo en la aplicación del decreto de ayudas al carbón. No obstante, hay que lamentar que el Gobierno de Zapatero no haya sabido aprovechar los seis meses de la presidencia española de la UE para dejar muy claro el régimen de ayudas al consumo del carbón nacional. En este contexto, merece la pena que veamos el asunto en su perspectiva histórica, pues viene de lejos.
Todavía en fechas recientes volvieron los mineros a sus tajos tras dos semanas de movilizaciones. El anuncio que hizo público el Gobierno de tramitar por vía de urgencia el real decreto aprobado en Consejo de Ministros, en el que se da prioridad al consumo de carbón nacional en centrales eléctricas, era la esperada noticia para la vuelta al trabajo. No obstante, el debate sobre las circunstancias que rodean a este sector, así como sus connotaciones económicas y medioambientales, siguen ahí. En la visita que realizamos a una de las comarcas afectadas a un minero prejubilado se le oyó decir, «lo nuestro es vivir entre el pan y la ecología». Gran síntesis, desde luego, de una realidad que mezcla la necesidad del trabajo y el no menos necesario respeto al medio ambiente.
Desde la firma del Primer Plan del carbón, hace 20 años, se sabía que la fecha tope para el fin de las subvenciones sería el 2015. Con este horizonte, uno de objetivos esenciales del Plan consistiría en dinamizar estas comarcas y buscar otras alternativas a la minería, resolviendo los problemas sociales relacionados con la reducción de actividad. Pero este Plan de Reestructuración de las Comarcas Mineras se ha plasmado en un sentido diametralmente contrario, al menos en lo que se refiere a la exigencia para percibir ayudas públicas y proceder a la recolocación de trabajadores que en él se contemplaba.
Por su parte, el Ministro de Industria aparenta firmeza al recordar a los empresarios los 376 millones de € adelantados por el Gobierno, 141.000 por trabajador, para pagar las nóminas. Damos a estas «empresas» más de 10.000 € al mes por trabajador, de los cuales apenas si les llega a ellos, como media, poco más de una décima parte. Además el Gobierno condonó el año pasado más de 5.000 millones de euros de deuda acumulada a los empresarios mineros. De ahí la necesaria nacionalización de este sector estratégico para que el gasto público deje de enterrarse en subvenciones que sólo benefician a estos «empresarios», y sirva para pagar unos sueldos dignos a los mineros, así como para una reconversión efectiva de sus puestos de trabajo hacia energías alternativas.
Debemos avanzar hacia una eliminación progresiva y no traumática, quedando el carbón como «reserva estratégica» (grupo de trabajadores de mantenimiento por si se necesitara reanudar la producción), porque es razonable y socialmente conveniente preservar un recurso energético autóctono al que quizás el día de mañana habría que recurrir, especialmente si las investigaciones para eliminar las emisiones de CO2 en su combustión dan resultado. Pero hoy por hoy, obligar a quemar carbón, independientemente de su procedencia, es caminar contra la lógica de la economía, además de atentar contra los compromisos de Kioto y, por ende, contra la salud del planeta. El ahorro en derechos de emisión de CO2 y de las subvenciones al carbón haría asumible la necesaria recolocación de los trabajadores.
Esta situación hace más necesario, y así lo reclamamos para nuestro país, que el sector energético en su conjunto quede bajo control público. Intervención que en un sector que tiene carácter de servicio esencial permitiría, entre otras cosas, planificar el ‘mix’ energético español (el peso que cada tipo de energía tiene para cubrir la demanda energética), abordar el desmantelamiento y cierre de las centrales nucleares y conformarlo con todas las fuentes de energía originarias, primando las renovables. Esta planificación energética desde lo público permitiría actuar sobre los precios y tarifas del suministro y aportar soluciones globales y sociales a las cuencas y comarcas mineras.
Una de las principales propuestas del ‘Acuerdo de los Pueblos’ sobre el Cambio Climático y los Derechos de la ‘Madre Tierra’, que salió de la Conferencia celebrada el pasado abril en Cochabamba (Bolivia), fue la de llevar adelante acciones para concienciar a la población de que «Sólo puede haber equilibrio con la naturaleza si hay equidad entre los seres humanos.» Es decir, tal y como nosotros lo entendemos, una sana proporcionalidad entre el apremio del pan y el necesario vínculo de los seres vivos con su ambiente.
Cayo Lara, Coordinador Federal de IU.
Adolfo Barrena, Secretario Federal de IU de Medio Ambiente y Energía.
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