En el sistema capitalista, los Gobiernos constituyen el gabinete de gestión de la clase dominante (Marx y Engels) El Gobierno del PP tiene encima de la mesa un nuevo «Informe de Expertos», esta vez el «Informe Lagares» (debido al nombre de su Director de Comisión, Manuel Lagares), sobre los cambios que han de implementarse en […]
En el sistema capitalista, los Gobiernos constituyen el gabinete de gestión de la clase dominante
(Marx y Engels)
El Gobierno del PP tiene encima de la mesa un nuevo «Informe de Expertos», esta vez el «Informe Lagares» (debido al nombre de su Director de Comisión, Manuel Lagares), sobre los cambios que han de implementarse en la próxima reforma fiscal que se acometerá desde el Ejecutivo. La política fiscal es quizá la mejor herramienta de que disponen los Gobiernos para implementar en las sociedades el principio de la redistribución de la riqueza, coadyuvando a la cohesión y a la justicia social. Al índice de recaudación pública sobre la riqueza general de un país, es a lo que se le llama «presión fiscal», y desde la izquierda, como es sabido, optamos por la evolución hacia una presión fiscal cada vez más elevada, para poder garantizar la prestación por parte del Estado de un conjunto lo más amplio posible de servicios públicos, gratuitos, universales y de calidad. No obstante, y para que este sistema sea justo, dicho mecanismo de presión fiscal ha de ser progresiva, esto es, debe garantizar que los ciudadanos/as que más poder patrimonial y más recursos económicos poseen, contribuyan proporcionalmente más al sistema, que aquéllos que poseen y ganan menos. Estamos por tanto en las antípodas de esas populistas expresiones que tanto les gustan a la derecha, como la que proclama que «el dinero, donde mejor está, es en el bolsillo de los ciudadanos», que responden perfectamente a la visión egoísta e individualista de la sociedad que el neoliberalismo difunde.
De esta forma, la política impositiva tiene una filosofía muy clara: en sentido general, cuantos más impuestos paga una sociedad, más igualitaria y redistributiva es. Pero evidentemente, la función social de la redistribución de la riqueza ha de desempeñarla el Gobierno. Es una forma de expresar que lo colectivo prevalece sobre lo individual. Por eso la derecha siempre es propensa a bajar los impuestos y la izquierda debería por el contrario estar dispuesta a subirlos, pero ya sabemos el desconcierto ideológico en el que se mueve la socialdemocracia, y el social liberalismo (recordemos la famosa frase de Zapatero, que tanto daño ha hecho a la izquierda). Por supuesto, la cantidad no excluye la calidad, en el sentido de que los impuestos deben ser muy progresivos y el gasto público muy selectivo en cuanto a su posible destino. Ahora todo está patas arriba. Se suben los impuestos indiscriminadamente, o aún peor, regresivamente, y se acometen ajustes y recortes en gastos dedicados a servicios públicos esenciales. Es el signo de los tiempos, con el predominio del neoliberalismo, y de las exigencias de los poderes económicos, mercados financieros y Troika, que imponen un combate contra el déficit público totalmente injusto y antisocial, con el agravante de que cuanto más regresiva es la política fiscal, más se hunden el consumo y la recaudación de impuestos, incidiendo negativamente en el círculo de la economía real.
De entrada, nuestra política fiscal es tremendamente injusta. Existe por un lado la tributación por las rentas del capital (lo que se obtiene sin la intervención del trabajo humano) y las rentas del trabajo. La lógica y la justicia social nos dicen que las primeras deberían tributar más que las segundas, pero sin embargo, ocurre justo lo contrario (un 19% las rentas del capital, frente a un 45% las del trabajo). Es una dualidad que hay que superar. Si se tiene el control de una empresa, se puede manejar esa dualidad a nuestro antojo. Por ejemplo, podemos optar por recibir dividendos, en lugar de cobrar un salario. Accionistas e inversores funcionan de este modo. Y por tanto, tributan de esta forma bastante menos que las personas que simplemente cobran una nómina, es decir, cobran por su trabajo. Otro puntal que ha de cuidarse para una política fiscal justa es el tipo de impuesto que sube o baja. Existen impuestos directos (los que gravan al consumo, como el IVA) e indirectos. Como es lógico, todo el mundo que compre cierto producto o servicio tendrá que pagar el mismo IVA independientemente de su nivel de rentas, lo cual lo convierte en un impuesto muy regresivo. Precisamente, ha sido uno de los impuestos que más han subido en la política fiscal del Gobierno del PP.
Por otra parte, deuda y déficit públicos pueden ser consideradas las dos grandes losas que lastran nuestra capacidad de recuperación económica, pues mientras una nos impide gastar más de lo que ingresamos (déficit) la otra nos obliga a pagar gran parte de nuestros presupuestos en sus intereses (deuda). Pero sobre ambas también se han difundido muchos mitos y falacias. Por ejemplo, no es verdad que las Administraciones Locales sean las más endeudadas (sino justo al contrario), como también es falso que soportemos un elevador nivel de gasto público. Más bien resulta que España es uno de los Estados con menor gasto público respecto al PIB. Según datos de Eurostat de 2011, nuestro nivel de gasto es del 45,7%, casi cuatro puntos por debajo de la media europea, situada en el 49,1%. Las razones para aplicar las políticas de austeridad se caen por su propio peso, así como las infundadas declaraciones que abogaban por la insostenibilidad de nuestras Administraciones Públicas, de nuestras Autonomías y de nuestros Ayuntamientos. El problema no es de gasto, sino de ingresos. Nuestra arquitectura fiscal, centrada en la aplicación de impuestos regresivos, y constituida casi en un paraíso para la banca, la inversión privada y los inversores internacionales, ha mantenido infrafinanciado y demonizado al sector público, incluso desde los años previos a la crisis.
Como venimos reclamando desde la izquierda, una decidida política contra el fraude y la evasión fiscal, así como contra la economía sumergida, vendrían no sólo a proporcionarnos la financiación para el empleo y los servicios públicos recortados y privatizados, sino que redundaría en una sociedad más justa y equitativa. Como nos indica Pablo Martínez, de la Plataforma para la Auditoría Ciudadana de la Deuda, y con respecto a las formas legales de fraude, un primer ejemplo lo encontramos en la gran diferencia que existe entre los gravámenes nominal y efectivo del Impuesto de Sociedades. En teoría, el 30% de los beneficios de las grandes empresas y el 25% de las pequeñas y medianas deberían ser recaudados mediante este impuesto, pero sucesivas deducciones y compensaciones fiscales acaban permitiendo a las empresas pagar sólo en torno al 10%. Sin mencionar a las SICAV, que permiten tributar sólo al 1% de lo recaudado. Al ser necesarios únicamente cien accionistas para la constitución de este tipo de «sociedades» (que en la mayor parte de los casos tan sólo ponen su nombre, son los llamados «socios de paja») y necesitar un capital mínimo de 2.400.000 euros, son un mecanismo habitualmente utilizado por las grandes empresas y fortunas para evadir impuestos. Y del total del fraude que se comete en España, según GESTHA (Sindicato de Técnicos de Hacienda), casi un 72% corresponde a las grandes empresas.
Para que nos hagamos una idea del volumen que estamos hablando, si se eliminara completamente el fraude de las grandes fortunas y empresas, el Estado podría recaudar del orden de 44.000 millones de euros anuales. Y si tan sólo se redujera al nivel de la media europea, 38.500 millones de euros, suficientes para que no hubiera sido necesario llevar a cabo ningún recorte. Al igual que si alcanzáramos la tasa de población que trabaja para los servicios del Estado del Bienestar que existe en Europa (su media), tampoco existiría paro en España, como han demostrado los estudios de Vicenç Navarro y Juan Torres. La política fiscal en España castiga más a los que menos tienen y menos ganan, practicando justo el principio inverso al que debería para ser justa. Se realiza principalmente a través del IRPF (37%), el IVA (27%), el Impuesto de Sociedades (9%), y otras tasas sobre productos como la gasolina, el tabaco o el alcohol (27%). Es decir, en resumen, la ciudadanía en general recolecta el 91% de los impuestos, mientras que las empresas sólo el 9%. Y por si todo ello fuera poco, el Gobierno del PP ha incrementado (o ha creado nuevas) las tasas o precios públicos para algunos servicios que antes eran gratuitos.
Por todo ello, la política fiscal en España, sujeta a gran cantidad de mitos y falacias, dista mucho de ser justa, equilibrada y progresiva. Si comparamos al Estado Español con uno de los mejores países de referencia de nuestro entorno, como es Suecia, podremos dejar patentes los grandes niveles de desigualdad, manifestados en los diferentes aportes que realiza la clase trabajadora frente a la clase más rica. El 1% más rico aporta en España un 20% de lo que aporta en Suecia, mientras que el 99% restante aporta más del 70%. Esto es fruto de las actuales políticas fiscales y redistributivas, que premian injustamente a los que más tienen y hacen recaer el peso del Estado sobre las espaldas de la mayoría social, es decir, de las clases populares y trabajadoras, tanto en tiempo de recaudación como en la pérdida de derechos y ataques al Estado del Bienestar. Todo ello sólo puede explicarse, como bien nos decía la cita de entrada, desde la presencia de una clase social dominante, que protege desde diversos ámbitos sus propios intereses, incluido el ámbito político. En vez de estas políticas regresivas, deberían implementarse medidas de control sobre el fraude fiscal, eliminación de paraísos fiscales, impuesto a las transacciones financieras, impuestos especiales a las grandes fortunas, subidas del Impuesto de Sociedades, eliminación de las SICAV, eliminación de las amnistías fiscales, y muchas otras…¿Se puede? Sí, se puede. ¿Porqué no se hace? Dejo la reflexión a cada lector.
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