Las legislaciones que promueven las corporaciones transnacionales en el Congreso de Argentina ponen en riesgo el libre uso de semillas por agricultores independientes del país. Congreso argentino afronta un nuevo año legislativo con las discusiones sobre la modificación de la ley de semillas transgénicas. Las corporaciones transnacionales agricultoras como Monsanto presionan para que en Argentina […]
Las legislaciones que promueven las corporaciones transnacionales en el Congreso de Argentina ponen en riesgo el libre uso de semillas por agricultores independientes del país. Congreso argentino afronta un nuevo año legislativo con las discusiones sobre la modificación de la ley de semillas transgénicas.
Las corporaciones transnacionales agricultoras como Monsanto presionan para que en Argentina les paguen los derechos de propiedad intelectual por el uso de sus innovadores granos, mientras los pequeños agricultores exigen que se respete su derecho a usar semillas libremente. En su reportaje exclusivo para RT el corresponsal Ricardo Romero ha analizado las diferentes aristas de este debate que involucra la soberanía alimentaria.
«El gobierno de Obama hizo presión para que Argentina modificara la Ley de Semillas y la Cámara de Comercio hizo presión para que esto ocurriera», comenta Carlos Vicente, representante de la multisectorial ‘No a la nueva ley Monsanto de semillas’.
Según el experto, este modelo favorece la concentración productiva en pocas manos y el avance del denominado ‘agronegocio’: «Entendemos que una ley de semillas no es un hecho aislado. Es parte de este monstruo que es el agronegocio que trata de controlar toda la cadena».
En cuanto a otros países en América Latina, Venezuela ya tiene aprobada una regulación proteccionista que limita la renta de las multinacionales, mientras Chile y Colombia suspendieron los cambios legislativos a raíz de la presión popular. En Argentina, algunos diputados advierten que si no se modifica la actual legislación, se beneficiará una sola empresa: Monsanto.
«Si no tenemos la ley, el único que se beneficia es Monsanto«, afirma Gilberto Alegre, presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados de Argentina. «A través de sus desarrollos y de las presiones que ejerce, Monsanto ha obligado al Gobierno a efectuar un análisis de todas las semillas que se embarcan y todos aquellos que tengan el uso de su semilla tienen que pagar por los granos que han producido», sostiene el político.