Los presupuestos de las universidades públicas madrileñas son hoy inferiores a los del año 2009. Mientras, se está trabajando en una nueva ley para controlar la difusión del pensamiento crítico en la enseñanza superior.
El Fondo Monetario Internacional ha revisado al alza este mes de octubre las previsiones de crecimiento económico del Estado español para 2025. Las ha subido hasta un 2,9%, lo que significa duplicar la media de la eurozona. El pasado mes de marzo se estimó que la Comunidad de Madrid había crecido más que la media nacional en 2024, un 3,4% frente a un 3,2%, una superioridad que se mantendría este año. Hablamos de la comunidad más rica de España, al menos en cuanto al tamaño de su PIB, también respecto al PIB per cápita de su población, un 36,3% más que el promedio en el resto del país.
Bien sabemos de las múltiples carencias de este indicador de crecimiento, tanto para señalar la prosperidad y felicidad de una comunidad como, en plena crisis ecosocial, a la hora de marcar el camino que precisamos para mantenernos en los llamados límites planetarios. Pero también conocemos muy bien cómo las crisis económicas se declaran cuando este indicador entra en números negativos, y cómo entonces se justifica hasta el austericidio más salvaje. Así lo sufrimos hace no tanto, en la crisis de 2008. Fue entonces cuando comenzó un proceso acelerado de infrafinanciación de la universidad pública madrileña por parte de los diferentes gobiernos que ha ido teniendo el Partido Popular en la Comunidad de Madrid.
Los graves recortes ejecutados entonces no se revirtieron al finalizar la crisis, ni siquiera tras el cambio drástico de receta en cuanto al gasto que se observó especialmente en Europa tras la pandemia. Hoy los presupuestos de las universidades públicas madrileñas son inferiores, en euros constantes, a los del año 2009. La inversión en edificios es 12 veces menor a la que era en 2007, y la financiación pública por estudiante se sitúa a la cola del país. Mientras, estamos en los puestos más altos entre las públicas en cuanto a precios de matrícula.
En una estrategia de motosierra que busca emular las políticas de Javier Milei en Argentina, Isabel Díaz Ayuso ha redoblado el ataque contra las universidades públicas. Así, el pasado mes de diciembre despreciaba la petición formal de la Conferencia de Rectores Madrileños (CRUMA) cuando le solicitaba formalmente una subida en el presupuesto de al menos 200 millones de euros para garantizar el funcionamiento normal de las instituciones. Su gobierno accedió a subir menos de una cuarta parte de lo solicitado. Ya ni hablamos de la financiación que sería necesaria para el aumento de las plantillas, la mejora de las condiciones laborales, o el cumplimiento de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) respecto a la necesidad de invertir en infraestructuras verdes.
Mientras la propia LOSU señala también de manera taxativa que ha de alcanzarse en 2030 un 1% del PIB en la financiación pública de las universidades, la Comunidad de Madrid tan solo dedica actualmente un 0,43%, lejos también de la exigua media nacional del 0,55%. Nos separan así, a cifras del PIB de 2024, unos 1.800 millones de euros de aumento de presupuesto en los próximos 5 años para alcanzar el objetivo que marca la ley. Todo esto hay que ponerlo en un contexto internacional donde el gasto público en Educación Superior en nuestro país como porcentaje del gasto público total está por debajo de la media de la OCDE y la UE.
El Gobierno de la Comunidad de Madrid combina este ataque de carácter contrario a la ley universitaria estatal con un apoyo decidido a las universidades privadas. Estas proliferan bajo su batuta en la región al tiempo que su valor se multiplica para las grandes oligarquías y fondos de capital riesgo, todo ello merced a un aumento de la demanda en la enseñanza privada que se alimenta del deterioro planificado de la pública. La consecuencia de nuevo para la mayoría de la ciudadanía madrileña es que se le dificulta aún más el acceso a la educación superior.
Las cifras y hechos los conocemos, son públicos y los exponemos en cuanto podemos; pero, como sucede con el calentamiento global, no basta con eso. Si en su momento la propia Ayuso se lanzó a la arena del negacionismo climático, ahora el Gobierno de la Comunidad de Madrid retuerce el lenguaje y nos hurta también en este caso una interpretación honesta de la realidad de nuestras universidades. En lugar de explicar lo inexplicable, es decir, que su Gobierno está exigiendo a la Universidad Complutense de Madrid (UCM) un plan de ajuste en pleno crecimiento económico, llevándola al extremo de tener que solicitar un préstamo a la propia Comunidad de Madrid que la asfixia desde hace años, resulta que anuncia que “rescatará” a la UCM porque esta tiene un problema de déficit cuyo origen han detectado en “un incremento exponencial” del capítulo 1 desde 2019. Se trata del apartado relativo al personal y el pago de las nóminas. Hasta el rectorado ha tenido que salir a desmentirlo. El equipo de gobierno de la Comunidad de Madrid no está calibrando bien la indignación que estos días recorre pasillos, aulas y campus de la UCM. La manipulación y el negacionismo, este jugueteo impune en un régimen de posverdad permanente, pueden llegar a alcanzar también su límite.
En esta huida ideológica hacia adelante, Isabel Díaz Ayuso está dispuesta a sacar adelante una ley de universidades que consagre la infrafinanciación de la universidad pública para los próximos años. Junto a la austeridad, viene también la mordaza, pero no se trata de una repetición de las tácticas neoliberales del periodo 2008-12. En este momento iliberal de ascenso de los fascismos, estos elementos buscan ahora poner la alfombra roja a algo más siniestro.
En un calco de las tácticas trumpistas contras las universidades, lo que se conoce de momento del anteproyecto de la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia de la Comunidad de Madrid (LESUC) contiene un intento de controlar un recinto cívico de pensamiento crítico como es la Universidad. En primer lugar, mediante el control político y la ampliación de competencias del Consejo Social, que podrían llegar incluso a la intervención económica de las universidades .Y en segundo lugar, bajo un régimen sancionador donde colocar una pancarta sin autorización podrá suponer una multa de hasta 15.000 euros. Ocupar una parte del campus para protestar, como sucedió en las acampadas por Palestina, o sencillamente manifestarse sin una autorización que no es precisa en democracia llegaría a ser sancionable con 100.000 euros. La persecución ideológica en su versión más cruda aterrizaría en nuestras universidades como en otros lugares del planeta.
En plena ofensiva de la extrema derecha contra los campus universitarios, que pretenden utilizar la universidad como altavoces de sus discursos de odio, se considerará también una falta grave sancionable con hasta 100.000 euros si se falta al respeto a algún miembro de la comunidad universitaria, si se ha excluido a alguna asociación o si se impide la labor de algún periodista. Ya sabemos qué asociaciones y pseudoperiodistas gozarán de manga ancha para expandir su odio en los campus. No hay que ser muy perspicaz para adivinar lo que puede empezar a suceder si esta ley se aprueba y no hay nadie enfrente que la frene.
Frente a esta mordaza antidemocrática y el draconiano plan de ajuste que andan cerrando estos días bajo esta estrategia iliberal hay, sin embargo, toda una comunidad universitaria cada vez más concienciada y organizada. Al Gobierno dirigido por Ayuso parece que se le olvida que las acampadas por Palestina, que comenzaron precisamente en las Universidades de la mano del estudiantado, superaron todos sus intentos de criminalización, lograron premios por su compromiso social, y supusieron el inicio de un movimiento que ha recorrido la sociedad española, eclosionando durante la última Vuelta a España y reuniendo el pasado 4 de octubre en las calles de Madrid a más de 400.000 personas, según los organizadores.
Ayuso no solo pasará a la historia de la Comunidad de Madrid por su nefasta gestión de las residencias durante la pandemia, por los delitos fiscales confesos de su pareja o por sus intentos de desmantelar la sanidad pública madrileña a mayor gloria, una vez más, de la iniciativa privada. También será conocida por sus ataques a los colegios e institutos públicos de la región, así como en este caso por intentar robar la universidad pública a la ciudadanía madrileña. Una conquista relativamente reciente que no va a resultar tan fácil de revertir.
Y aquí reside su grave error de cálculo. Si su ataque resulta inédito por su virulencia, en las próximas semanas puede enfrentar una movilización nunca vista en mucho tiempo. Esto no es Estados Unidos ni Argentina. Ayuso de momento tampoco tiene el poder del gobierno central, como lo tiene la derecha reaccionaria en estos países. La sociedad madrileña más digna, aquella que rechaza la aceptación tácita de la crueldad y la expansión de la injusticia, se ha reencontrado en los últimos meses en las calles clamando contra el genocidio en Gaza. Nos hemos percatado de que somos multitud, y no vamos a aceptar que se nos hurte en las narices, con total impunidad, la universidad pública. Para evitarlo, vamos a exigir también al Gobierno central que deje de observar el espectáculo. No basta con el dique que están planteando frente a la proliferación de las privadas; es preciso hacer respetar a la universidad pública y su autonomía, tal y como se consagra en nuestra Constitución, e intervenir financieramente en estas para hacer cumplir la ley estatal si es preciso. Urge defender la democracia.
Se equivocarían mucho también en nuestros rectorados y decanatos si en este momento adoptan la misma táctica que hemos visto en ocasiones adoptar a otros ante personalidades atrabiliarias y déspotas como Trump. No sirve agachar la cabeza, convertirse en siervos o autohumillarse públicamente a lo Mark Rutte, secretario general de la OTAN. No solo resulta indigno, es que además resulta inútil a la hora de frenar la deriva autoritaria e injusta de estos personajes y sus gobiernos. Necesitamos que cohesionen a la comunidad universitaria en una defensa política, judicial y mediática sin parangón. Esta es la envergadura del ataque, y así debería ser su defensa.
Anhelamos una sociedad democrática en la que se considere injusto que una persona, por carecer de recursos económicos, no acceda a algo tan básico como la educación en cualquiera de sus niveles. Consideramos la ciencia y la investigación un pilar fundamental para la prosperidad de una comunidad y su derecho a un conocimiento veraz. En nuestra comunidad académica no debe haber hueco para los discursos de odio que buscan la persecución de minorías vulnerables y alientan a la violencia contra ellas. Cuidamos el derecho de reunión y manifestación pacífica, tanto como la libertad de expresión. La autonomía universitaria es intocable, mantiene una libertad de cátedra fundamental para la existencia del pensamiento crítico y supone una resistencia imprescindible frente a la expansión de la mentira organizada.
Junto al rigor de las cifras, acompañando al relato fiel de los hechos de lo que está sucediendo, habremos de repetirnos una y otra vez estos principios fundamentales ante los ataques de un Gobierno que ha perdido la cabeza, como tantos otros en el mundo, y como tanta ciudadanía que les sigue apoyando. Pero como también está sucediendo aquí y allí, como otras veces en la historia, las resistencias democráticas son poderosas e imprevisibles. Esta deriva nihilista y destructiva de quienes solo buscan enriquecerse mientras prenden fuego a todo, esta indiferencia o complicidad ante el auge de los nuevos fascismos, nos va a encontrar una vez más enfrente. Con miles de razones y argumentos, abiertos al diálogo de ideas, desde el estudio honesto de la situación, también con nuestras músicas, con todo el coraje que logremos sacar y desde ese amor a la vida, a lo que es socialmente justo, que cuando nos inunda y nos vincula comunitariamente es capaz de tanto. Este poder democrático que tenemos es lo que no están sabiendo calibrar. Este es el gran error de Ayuso que este curso, sin duda, le vamos a tener que demostrar.
Víctor Alonso Rocafort es profesor de Teoría Política en la Universidad Complutense de Madrid. Entre sus publicaciones destaca el libro Retórica, democracia y crisis. Un estudio de teoría política (CEPC, Madrid, 2010).