CAS convoca movilizaciones en todo el territorio español exigiendo la reversión de las leyes que propician la entrada de empresas privadas en el sistema sanitario público. Los profesionales demandan mayor inversión y denuncian el aumento de contratos en las mutuas.
Las reivindicaciones en el ámbito sanitario y residencial se suceden. Huelgas de los profesionales de la enfermería, los MIR y la Marea de Residencias son solo algunos ejemplos de colectivos que reivindican el fortalecimiento de la sanidad pública. Sus proclamas: refuerzo de personal, contratos estables y una atención de calidad para los usuarios. Todas ellas contra la privatización cada vez más estructural del sistema sanitario, cuya raíz se ubica en la aprobación de la ley 15/97 y el artículo 90 de la Ley General de Sanidad, el marco normativo que abrió la puerta a que las empresas privadas se beneficiaran de lo público.
La Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad (CAS), que lleva años proclamando la derogación de estas normas, volverá a salir a la calle el próximo sábado 17 de octubre. Las convocatorias tendrán lugar en 36 ciudades de 12 comunidades autónomas diferentes, y en ellas remarcarán la necesidad de invertir en atención primaria, además de denunciar el alto incremento y negocio que los seguros privados están llevando a cabo a causa de la pandemia. «Tenemos que luchar contra estas leyes que permiten que el dinero público no se utilice de forma eficaz porque los gestores, los políticos, que hacen una mala gestión de los recursos durante una larga temporada, resuelven la papeleta externalizando servicios a entidades privadas», incide Ruth Suárez, médica de familia en Lebrija y militante de CAS.
«La atención primaria está pasando sus horas más oscuras. Estamos obligados a llevar a realizar consultas telefónicas, donde el trato es muy ingrato. Nos hacen cumplir con unos protocolos que al final lo único que consiguen es aumentar la burocracia y ralentizar la valoración médica. Tenemos menos personal para el doble o triple de trabajo», continúa relatando Suárez. Ella misma explica cómo la atención primaria es fundamental para el sustento y el buen funcionamiento de la sanidad pública al constituirse como la primera toma de contacto entre un paciente y un profesional.
“Salgo de la consulta con ganas de llorar”
Dada la coyuntura, el sector de la atención primaria está tratando «todo lo que perciben en la atención hospitalaria, pues las patologías que han estado aguardando en casa a que pasara el confinamiento ahora están volviendo en masa a consulta, como los pacientes crónicos con patologías musculares, artrosis, diabéticos o hipertensos», ejemplifica esta médica. A ello se suman las patologías emergentes, tal y como Suárez las describe. Se refiere a «las ansiedades, los trastornos del estado de ánimo, las secuelas físicas y emocionales que está dejando la covid-19», en sus propios términos.
Desde la perspectiva más personal, esta médica de familia asegura que hay días que sale de la consulta con ganas de llorar: «Hay listas de espera para atención primaria de más de 15 días, incluso mucha gente te suplica en el mostrador que tiene que ser atendida, y claro, lo haces, pero eso conlleva a tener una lista de pacientes que superan los 50. Normalmente salimos tarde del trabajo, nos quedamos entre media y una hora más para poder realizar todas las consultas y aun así nos dejamos cosas por hacer», insiste la activista de CAS.
La situación frustrante en la que se ven envueltos los profesionales sanitarios ha hecho que muchos de ellos piensen en dejarlo, tal y como asegura Suárez, quien afirma que intentan citar a todos los pacientes posibles a consulta pese a que las llamadas telefónicas sea lo que prevalezca en estos momentos. El alto índice de pacientes por médico, pues en el caso de la sanitaria sevillana tiene que atender dos cupos además del suyo por bajas de larga duración que no han sido cubiertas, puede conllevar a realizar diagnósticos erróneos.
Suben los seguros privados
En este sentido, ella misma incide en que eso sucede por el estrés y no únicamente porque hayan aumentado las consultas telefónicas. «Antes ya dábamos resultados de análisis por teléfono, por ejemplo, pero valorar una dolencia telemáticamente es muy complicado. Yo hay veces que salgo pensando que algo he tenido que hacer mal de la velocidad a la que estoy obligada a trabajar», relata la sanitaria.
Eloy Navarro, médico ematólogo en Miranda de Ebro y presidente de CAS, se apena al afirmar que el debate sobre la derogación de las leyes que impulsan la privatización de la sanidad pública no está encima de la mesa. «Se trata de una interpretación interesada de los artículos porque sus enunciados recogen que se puede derivar a corporaciones privadas ciertas intervenciones médicas pero siempre y cuando se maximice el funcionamiento y los recursos públicos, y esto no es así. Ha habido mucha ligereza y equipos muy caros de la pública no funcionan por la tarde cuando podrían hacerlo perfectamente o algunas salas de hospitales se cierran para derivar a sus pacientes a hospitales concertados», comienza a explicar el especialista.
Otra consecuencia directa del «desmantelamiento de la sanidad pública», tal y como describen por parte de CAS lo que viene sucediendo desde hace años en España es el aumento de los seguros privados: «Nosotros les hacemos la publicidad cuando decimos que la pública hay listas de espera interminables o no hay profesionales para determinadas patologías», señala el sanitario. Según las cifras que aporta, los seguros privados superarían los 10 millones en todo el país, «pero que la gente no se engañe, los privados te van a atender dependiendo de lo que pagues. Por 35 euros al mes no te van a hacer un trasplante de médula ósea. Siempre que alguien tenga que recibir una intervención algo más costosa, lo derivarán a la pública porque ellos solo quieren hacer negocio», tal y como explicita el presidente de la Coordinadora.
La privatización de la sanidad: un negocio redondo
El CAS siempre ha tenido un lema: «Las listas de espera matan». Tan real que hace daño, asegura Navarro. «Si dejamos que avance la privada nos echaremos las manos a la cabeza en el momento en que tengamos una patología seria y nos veamos obligados a pedir un crédito a un banco para poder sobrevivir», puntualiza. Además, este ematólogo no se olvida de lo que sucedió al principio de la pandemia en España, cuando toda la manufactura de mascarillas y respiradores se ubicaba incluso fuera de la Unión Europea: «La industria farmacéutica y sanitaria en general también tendría que ser pública. Si no, llega una pandemia y la vida de la gente depende de empresas que se encuentran a miles de kilómetros», asegura.
Elio Conesa, activista en CAS estatal y enfermero en un centro de atención primaria en un pueblo cercano a Barcelona, considera que las leyes que permitieron la entrada de las empresas privadas en la sanidad pública no se derogarán ya que suponen miles de millones de euros para las entidades que se benefician de ello. «Puedes hacer negocio a dos bandas: por un lado deterioras la pública y externalizar servicios a la privada; y por el otro, dada la situación de la pública aumenta la contratación de pólizas de seguro y mutuas, incrementando la desigualdad entre la ciudadanía. El negocio es redondo», afirma.
El presupuesto no alcanza el mínimo recomendado por la OMS
El análisis que realiza este profesional está marcado por una preocupación, y es que se están dejando de lado otras patologías diferentes a las causadas por el coronavirus debido a la falta estructural de personal y medios. En el caso particular de este catalán, el presupuesto para atención primaria antes de la recesión de 2008 casi alcanzaba el 20%, y ahora no pasa del 15%. «Prometen muchos millones de euros pero eso no supone nada de lo que deberían subir el presupuesto. Además, la OMS recomienda que un cuarto del presupuesto total sanitario se destine a la atención primaria, es lo mínimo para tener un sistema de salud efectivo».
Por todo ello, CAS ha convocado concentraciones en multitud de ciudades de España: «Es una pena que tengamos que salir en este momento para pedir algo tan simple como la derogación de la ley que permite que empresas privadas se beneficien de la salud de la población», indica Navarro. Conesa, por su parte, invita a la ciudadanía a sumarse a las mismas: «Que todos aquellos que aplaudían desde el balcón hace unos meses bajen a la calle el día 17 si realmente quieren defender la sanidad pública».