La convivencia de varias horas con la marcha de los jornaleros convocada por el SAT en el corto trayecto de Villarrubia a Córdoba me ha resultado interesantísima. Impresionante la organización, la disciplina y el serio convencimiento de los hombres y mujeres que marchando en columna de más de un kilómetro, desafiando los 40 grados de […]
La convivencia de varias horas con la marcha de los jornaleros convocada por el SAT en el corto trayecto de Villarrubia a Córdoba me ha resultado interesantísima. Impresionante la organización, la disciplina y el serio convencimiento de los hombres y mujeres que marchando en columna de más de un kilómetro, desafiando los 40 grados de sol y la fatiga que muchos acarrean de los largos días que dura esta protesta, mantienen la sonrisa en las caras quemadas por el sol y el brillo de la victoria en los ojos castigados por el insomnio y los rayos solares.
Se respiraba un ambiente de camaradería y solidaridad, compartiendo agua y sandía, cantos, bromas y consignas descarnadas e indiscutibles: «tengo la solución, los banqueros a prisión», «la crisis que la paguen, los capitalistas», «trabajador si no luchas, nadie te escucha», «rescatan a la banca, desahucian al obrero», «contra el paro, lucha obrera»…Una marcha impecable, con su propio servicio de orden, que apenas necesitaba de la ayuda de las varias parejas de policía local que de manera eficiente controlaban el tráfico.
Pero al lado docenas de Policías Nacionales o antidisturbios, cortejando-controlando semejante grupo de «forajidos» (como parece ser nos definió el señor alcalde) y haciendo un servicio privado de guardia y vigilancia, de hasta 10 miembros en una sola instalación, a las posesiones de los «ciudadanos de primera» de este país: cortijos como El Carmen, grandes superficies como Leroy Merlin o Mercadona, el ejemplo cordobés del «pelotazo inmobiliario» y de presuntos desmanes con procesos judiciales abiertos (Arenal 2000), o las sedes de las entidades bancarias responsables máximos de la crisis.
Proteger los intereses bancarios, latifundistas, inmobiliarios y comerciales
Lo que haga falta para proteger los intereses bancarios, lafundistas, inmobiliarios y comerciales de las hordas iracundas y delincuentes que son los jornaleros, esos que en Marinaleda funcionan sin necesidad de policía, organizados de manera comunitaria, repartiendo tareas y salarios, consiguiendo un pleno empleo y una vida digna para todos los habitantes del pueblo; esos que caminan sin más armas que sus manos llenas de callos y un sombrero de paja. Al resto de propietarios de comercios pequeños, bares, tiendas, etc. a los que «lógicamente» la policía «no puede proteger» se les ha advertido del paso de estos «bárbaros», para que consideren la posibilidad de cerrar (lo que han hecho muchos) o responsabilizarse de lo que «pudiera pasar».
Y, por si acaso, en la concentración ante la subdelegación del Gobierno, un despliegue de furgones y agentes, con los cascos puestos, cercaban las salidas de la plaza.
Todo un despropósito, acorde con la realidad que esta marcha está denunciando: una democracia en la que el poder legislativo hace leyes para perdonar a los grandes defraudadores, donde el ejecutivo decreta quitar salarios y subir impuestos a los pobres para darlo a los ricos, en la que el poder judicial no encausa o deja en libertad a los estafadores de miles de millones y pide de2 a5 años de cárcel a los jornaleros que realizaron la expropiación simbólica de carritos de 40€ de productos básicos repartidas a personas pobres, dondela Policíacriminaliza y vigila a los obreros y protege a los grandes capitalistas, aunque sean ladrones. Lo más parecido al sentido etimológico de la palabra democracia: «poder del pueblo».
Y así seguirá, si el pueblo no reacciona de manera pacífica pero decidida y generalizada, tal como pide el SAT con estas acciones.