«El campesinado hoy vive esclavizado en el campo, al que han llegado señores a sembrar grandes extensiones de sojas. Además, nuestro campo ha quedado olvidado, ya que los gobiernos no se ocupan de los caminos ni del acceso al agua. Los grandes terratenientes son los que vienen a sacarnos nuestras tierras. Antes venían con la […]
«El campesinado hoy vive esclavizado en el campo, al que han llegado señores a sembrar grandes extensiones de sojas. Además, nuestro campo ha quedado olvidado, ya que los gobiernos no se ocupan de los caminos ni del acceso al agua. Los grandes terratenientes son los que vienen a sacarnos nuestras tierras. Antes venían con la promesa de trabajo para nosotros y ahora vienen armados para obligarnos a desalojar».
Quien así se expresa es Nelly Veliz, lideresa del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE). Se trata de una organización que agrupa a miles de familias campesinas que defienden su derecho a la tierra en esa provincia ubicada a 1.160 kilómetros al norte de la Capital Federal.
«No hay una decisión política de solucionar nuestros problemas. Somos convocados a mesas de diálogos y no hemos conseguido nada en tantos años de batalla», dice a SEMlac.
El derecho a la tierra en Latinoamérica se ha convertido en una lucha que enaltece la dignidad de los pueblos, porque intereses vinculados al poder económico pretenden apropiarse de los terrenos, que no sólo tienen valor inmobiliario sino que representan la vida misma para quienes los habitan.
La tierra tiene una función social por ser una fuente de alimento para la vida y un ámbito de la biodiversidad. Durante la II Conferencia Mundial de la Reforma Agraria y Desarrollo Rural de la FAO, realizada en 2006 en Porto Alegre, Brasil, las campesinas y campesinos denunciaron los intereses que explotan a mansalva los recursos del planeta, sin considerar que éstos son riquezas naturales y fuente de vida que no deben ser mercantilizados.
La hegemonía de poder que emana del neoliberalismo es la principal causa de esta injusticia, y en este sentido la Alianza de Mujeres Rurales por la vida, tierra y dignidad de Guatemala elaboró un documento denominado Tierra y trabajo: nuestros derechos como mujeres rurales, indígenas y campesinas.
Este informe, entre otras cosas, señaló que «hay un incremento de trabajadores/as sin tierra, marcada división de género en la fuerza de trabajo temporal y las políticas gubernamentales priorizan lo individual sobre lo colectivo en el registro de propiedad».
Un caso argentino
En Argentina, las y los campesinos desde hace varias décadas piden a los gobiernos de turno medidas eficaces para detener los desalojos y los desmontes de los terrenos. Es en esa lucha que se inscribe desde hace más de dos décadas, el MOCASE.
No es casual que sea una de las organizaciones con más fortaleza, pues en Santiago del Estero el desmonte actúa sin piedad, con el fin de obtener tierras destinadas al monocultivo de soja. En esa provincia ya se ha eliminado el 70 por ciento del bosque.
La necesidad y el miedo son dos factores de peso en la lucha por la tierra. Es que muchas veces los campesinos, por aprensión y carencias, terminan vencidos y venden sus tierras a los grupos de poder.
Nelly Veliz insiste ante SEMlac que no sólo las necesidades económicas y el temor son las causas de que el campesinado termine subyugado, sino que otra de las razones es el agotamiento de esperar las ayudas que nunca llegan por parte del Estado.
En este sentido, un informe de Centro de Estudios Legales y Sociales (2002) dice que una de las causas por las que se han agravado las condiciones de educación, salud, vivienda, alimentación, trabajo y condiciones para la actividad productiva es «sin duda, la disminución de los recursos que el Estado destina para la atención de las necesidades básicas de la población, fundamentalmente a través de los planes sociales».
La mujer como protagonista
«Las mujeres tienen derecho al acceso amplio y completo en la participación en espacios de toma decisiones», sostiene uno de los principios y compromisos de la Vía Campesina Internacional.
En este sentido, Silvia Borsellino, directora Ejecutiva del Fondo de Mujeres del Sur y militante por los derechos de las mujeres, reveló a SEMlac que «las mujeres campesinas e indígenas en los países latinoamericanos son quienes defienden el derecho a la tierra, a la identidad y a una vida digna, tanto para ellas como para sus comunidades».
«Cuando sienten amenazadas sus tierras -subraya la experta- comprenden que el riesgo va más allá de lo material, porque está siendo amenazada una forma de vida que le da sentido a su identidad y pertenencia cultural. Reconocen sus necesidades, expresan sus demandas legítimas y construyen sus estrategias de lucha con una visión de largo plazo, que contenga a otras generaciones, que de alimento, agua, árboles y vida a muchas generaciones más».
Hacia adentro de esta lucha, la discriminación basada en el género es una constante como en cualquier otro ámbito patriarcal. Veliz cuenta que obtener un lugar y ganarse el respeto de sus compañeros no le fue fácil. «A una mujer que habla y dice verdades siempre hay alguien que buscará por todos los medios hacerla callar», comenta.
En cuanto a la función del Estado, Borsellino afirma que es necesario el reconocimiento del liderazgo de las mujeres en esta lucha y que, además, resulta imperiosa la inclusión de sus voces en los procesos de construcción de agendas políticas y sociales.
Es que son las mujeres quienes, en la cotidianeidad, se encargan de proveer alimentos para sus familias y sus comunidades y, además, las responsables de promover diversas formas de economía regional. Pero nada de esto les es reconocido.
diciones de exclusión predeterminadas que se imponen a sujetos que no responden a las lógicas de poder. El estado lo construimos entre todos, no es patrimonio exclusivo ni excluyente del estado-gobierno».
La experta señala que con esta interpretación existe la posibilidad de valorar a las comunidades y familias campesinas como sujetos legítimos para expresar sus demandas. «De la manera en que actualmente se niega su protagonismo y participación, sólo se reproducen las prácticas de exclusión y marginalidad que el mercado económico impone, sin contenidos de derechos ni de humanos», concluye Borsellino.