La operación de la francesa EDF despide un tufo a socialización de pérdidas que debería hacernos comprender la situación de urgencia energética en la que estamos
Ayer se conocía la noticia: “El Gobierno de Macron anuncia que nacionalizará el 100% de EDF, la principal compañía eléctrica francesa”. El Estado francés se hace así con el control absoluto de una compañía de la cual ya poseía el 84%. Las reacciones de júbilo y peticiones en redes sociales no se hicieron esperar: “Macron adelanta por la izquierda a Sánchez”. “Vamos, Pedro, haz algo”.
Estos y otros comentarios similares recorrían ayer frenéticamente los timelines en Twitter, Facebook y demás redes. Pero quienes escribieron esos mensajes quizá no entienden que hay –como mínimo– dos tipos de nacionalizaciones, y esta no tiene pinta de ser de las buenas (para el bien común).
Es tan obvio que seguro que más de uno ya está atando cabos. ¿Cuándo un Estado –además liberal– ha nacionalizado algo? Touché. Cuando hay que socializar más pérdidas que beneficios. Y ese es justo, el caso de EDF, como lleva comentándose en la prensa francesa y española desde hace años. En 2016, Francia ya tuvo que rescatar a Areva, la compañía francesa que se dedicaba a la construcción de nuevas centrales nucleares y al combustible nuclear (su suministro y la gestión de residuos). Un rescate que desencadenó una investigación de la Comisión Europea por violar las leyes sobre ayudas estatales, y que solo pudo aprobarse gracias a que EDF absorbió una buena parte del pasivo de Areva. Es decir, no se pagaron las deudas sino que se aplazó su pago, endosando el pasivo de Areva a EDF. Desde entonces, a pesar de ser la primera compañía eléctrica de Francia y de los altos precios de la electricidad, EDF no ha conseguido levantar cabeza y arrastra un pasivo declarado de nada menos que 43.000 millones de euros.
Está en juego el modelo eléctrico francés, basado a ultranza en las centrales nucleares
Para Francia, relanzar EDF era y es una verdadera raison d’être, porque no está en juego solamente su soberanía en un servicio esencial como es la electricidad: también está en juego el modelo eléctrico francés, basado a ultranza en las centrales nucleares, esas que le daban tanta independencia energética, esas que debían garantizarle “la electricidad más barata de Europa”… Quizá el problema es que el negocio nuclear no es tan rentable una vez se comienzan a internalizar los costes sin poder cargárselos a un Estado benevolente y protector…
Entonces, ¿cómo podría Francia reflotar EDF sin violar las leyes europeas sobre ayudas estatales? Macron tiene un plan aparente: poner en servicio seis nuevos reactores nucleares, con un costo estimado de 52.000 millones de euros, que ya veremos al final en qué queda (las nucleares son famosas por generar sobrecostes inesperados, imagínense cómo lo harán cuando toda la cadena de suministros se vaya encareciendo más todavía). Y si voy poniendo un euro en la caja y otro para la deuda, poco a poco podría acabar pagando la deuda de 43.000 millones de EDF. Todo eso sin contar con los alrededor de 50.000 millones de euros que serán necesarios para mantener en servicio los reactores ya existentes, gastos operativos que, si es necesario, se cargarán al erario público sin pestañear. ¿Y qué decir del coste astronómico que va a suponer la revisión de esas 28 centrales, el 50% del parque, actualmente paradas por problemas de corrosión? ¿Y el sobrecoste de tener que producir electricidad con gas durante ese mínimo de tres años que se estima necesario para revisarlas y resolver el problema? En suma: toda la operación despide un tufo a socialización de pérdidas que debería hacernos comprender la situación de urgencia energética en la que estamos.
La primera ministra francesa, Elisabeth Borne, ha justificado la nacionalización de EDF declarando: “Queremos ser y seremos la primera gran nación ecológica que abandonará los combustibles fósiles”. Casualidades de la vida, ayer se anunció que el Parlamento Europeo ratificaba la inclusión del gas y de la nuclear en la taxonomía verde. Ahora que la nuclear ya es “verde”, Francia puede meter tanto dinero como quiera en ella sin violar las otras leyes, las de protección medioambiental. Añadiendo injuria a la afrenta, tenemos que aguantar a madame Borne diciéndonos que todo lo hacen para ser más verdes que nadie. ¿Realmente tenemos que tragarnos que este rescate de los accionistas privados de EDF se ha hecho para que los franceses sean más verdes? Verdes se pondrán los ciudadanos, probablemente, pero verde bilis cuando les vayan recortando poco a poco el Estado del Bienestar, inmolado para mayor gloria del fracasado modelo nuclear francés.
Se anticipa que antes de que acabe el año habrá más rescates o nacionalizaciones en toda Europa y serán quizá tan poco transparentes como el de Francia
Otros Estados europeos están embarcados en un proceso de rescate de sus compañías energéticas, acuciadas por los mil y un problemas del derrumbe de una cadena de suministros apuntalada por los combustibles fósiles (por ejemplo, Uniper está pidiendo ayuda al Gobierno alemán, en forma de créditos más o menos blandos). Y se anticipa que antes de que acabe el año habrá más rescates o nacionalizaciones en toda Europa, que serán quizá tan poco transparentes como el de Francia con EDF, aunque difícilmente serán más cínicos.
Volvamos a España. Después de lo arriba expuesto, ¿significa esto que no habría que acometer nacionalizaciones de empresas energéticas españolas? En absoluto. ¿Tiene sentido que se nacionalice un servicio esencial y cada vez más en precario como la generación y distribución de electricidad? Pues quizá sí, sobre todo teniendo en cuenta los negros nubarrones que se están formando en el horizonte. Aunque hay que reconocer que en España el negocio eléctrico es más saneado que en otros sitios porque las compañías eléctricas pueden ir endosando sus sobrecostes a ese indescifrable cajón de sastre que se llama déficit de tarifa, al que aún debemos 14.000 millones de euros, y en el que las compañías eléctricas confían para deshacerse de cualquier contratiempo que pueda surgir. En definitiva, aquí las compañías eléctricas no necesitan pedir rescates al Estado cada vez que las cosas se tuercen porque ya tienen una línea directa de financiación. Y como tienen un mercado cautivo (pues la electricidad es hoy por hoy un bien indispensable) pueden hacer lo que les venga en gana.
En esta turbulenta era del descenso energético hay, por tanto, dos posibles formas de nacionalizar empresas estratégicas que dan un servicio esencial a toda la ciudadanía y al tejido productivo. Una, en la que se rescata a los intereses privados cada vez que se meten en un embrollo, con la previsible intención de volver a privatizar una vez todo arreglado. Y otra, consistente en mantener el control de servicios esenciales para evitar que supongan una sangría constante del erario público y de todos los ciudadanos y empresas. En los años tan difíciles que tenemos por delante, el primer modelo supondría la progresiva demolición del Estado del Bienestar, vía recortes, mientras que el segundo permitiría una gestión adecuada para evitar los peores escenarios de pobreza y desigualdad. El primer modelo es pagar y pagar hasta empobrecerse; el segundo, asegurar un precio justo para todos.
Visto así, ojalá Sánchez le metiera más presión a su tocayo Galán –ese que nos llama tontos– y a tantos otros que se creen igual de listos. Pero parece que aquí sabemos quién manda. Y ahí está la clave de todo este lío. ¿Quién manda en una democracia plena como la nuestra? El pueblo, ¿no? No. Si así fuera hace mucho tiempo que se le habrían puesto límites al poder del oligopolio energético.
Que ante esta situación –de emergencias que se van solapando– se sigan tolerando las artimañas y chanchullos de las energéticas manda un mensaje claro: no vivimos en una democracia –disculpen la obviedad–. Vivimos en una plutocracia enmascarada en una democracia.
Según la RAE, plutocracia:
1. f. Situación en la que los ricos ejercen su preponderancia en el gobierno del Estado.
2. f. Conjunto de ciudadanos adinerados que ejercen su influencia en el gobierno del Estado.
Bien, pues esto es justo lo que habría que cambiar. La forma de gobierno. La real, no la formal. Ni más ni menos. Puede parecer un atrevimiento plantearnos ahora semejante reto, pero es que sin eso, no hay nada que hacer.
Las únicas nacionalizaciones que funcionarán para el bien común serán aquellas que no estén hechas desde intereses plutocráticos, sino democráticos
En Chile han demostrado que se puede levantar un proceso constituyente en pocos años con una ciudadanía activa que esté dispuesta a organizarse. Ahora falta que finalmente este 4 de septiembre se apruebe la nueva constitución. Pero ahí está el camino, para quien sepa verlo. Superar las eternas divisiones de la izquierda, no cambiando de siglas, sino cambiando de plano. Las únicas nacionalizaciones que funcionarán para el bien común serán aquellas que no estén hechas desde intereses plutocráticos, sino democráticos.
La misma plutocracia que domina las energéticas también controla la mayoría de los grandes medios de comunicación, y de ahí el esperpento al que estamos asistiendo, con casos tan llamativos como el falseamiento de la posición de Irene Montero o lo que fue el acoso y derribo a Podemos con la cantinela de Venezuela, una cantinela que ya no se oye tanto desde que el amigo Biden reconoció a Maduro porque necesita su petróleo extrapesado. No puede ser. No todo vale, menos aún para defender intereses particulares contrarios al interés general.
Ese es el otro campo en el que es urgente un replanteamiento serio. No se puede permitir que haya medios donde se miente grave y sistemáticamente, donde se crean falsas disputas y se desvía la atención de los problemas reales. Y no basta con una rectificación cuando el daño ya está hecho: el “calumnia, que algo queda”. Tenemos que tener la mente clara y reducir la confusión que domina el paisaje mediático ahora mismo. Nos jugamos todo en conseguir una higiene democrática y mediática a tiempo para poder hacer frente a estos años que vienen, que van a ser de todo menos tranquilos.
Porque ¿sabéis?, vamos a oír hablar mucho de nacionalizaciones energéticas en estos años que se avecinan. Y más nos vale saber distinguirlas para que no nos la cuelen.
Juan Bordera es guionista, periodista y activista en Extinction Rebellion y València en Transició.
Antonio Turiel. Investigador científico en el Instituto de Ciencias del Mar del CSIC. @amturiel