Aquí Ascó da envidia. Y Yebra también. No porque opten al Almacén Temporal Centralizado (ATC), sino porque, simplemente, pueden elegir. Aquí no. En el entorno de El Cabril, los residuos fueron una imposición. «Nadie nos preguntó. El almacén se puso y punto. Y al que no le guste, que se… En fin, lo de siempre», […]
Aquí Ascó da envidia. Y Yebra también. No porque opten al Almacén Temporal Centralizado (ATC), sino porque, simplemente, pueden elegir. Aquí no. En el entorno de El Cabril, los residuos fueron una imposición. «Nadie nos preguntó. El almacén se puso y punto. Y al que no le guste, que se… En fin, lo de siempre», dice Antonio Velasco. A su lado, bajo el mismo sol de media mañana en la plaza principal de Alanís (Sevilla), le replica Miguel Valero, otro jubilado setentón: «A mí, si me preguntan ahora, voto que no».
Alanís es uno de los cuatro pueblos que Industria reconoce en el área de influencia del centro de almacenamiento de residuos de El Cabril, además de Las Navas de la Concepción (también en Sevilla), Hornachuelos y Fuente Obejuna (ambos en Córdoba). El almacén, en el corazón de la sierra de Albarrana, sin pueblos habitados a menos de diez kilómetros, custodia todos los residuos de media, baja y muy baja actividad de España. El centro, que funciona desde 1992 y es heredero de instalaciones usadas en el franquismo, utiliza ya el 60% de su capacidad.
No es, obviamente, comparable al ATC, donde se almacenará basura nuclear de alta actividad. «Si El Cabril se cierra y se tapa, tardaría entre 300 y 500 años en dejar de haber radiación. El ATC es para decenas de miles de años», pondera Carlos Bravo, responsable de Energía Nuclear de Greenpeace. Pero los ingredientes de la tensión social son los mismos: pueblos divididos entre el miedo a un accidente y el miedo al paro, autoridades que prometen trabajo y seguridad.
«¿Empleo? ¡Aquí nos íbamos a hacer todos ricos, nos decían! Y fíjate, esto ahuyenta a nuevas industrias y es malo para el producto alimentario», protesta Fernando Porras, apicultor de 60 años en Hornachuelos, en cuyo término municipal está El Cabril. Su opinión no es unánime. También abunda la indiferencia, sobre todo entre los jóvenes. Y la resignación. Entusiasmo, poco.
El Cabril no es ni de lejos un motor de desarrollo de la zona, que ha perdido población desde 1992. Su plantilla es de 118 trabajadores, a los que se suman 196 contratos externos. El paro castiga a estos pueblos tanto o más que a sus vecinos.
La gestión de Enresa
Tan cierto es que El Cabril no ha sido palanca de progreso como que no constan accidentes graves, si bien los ecologistas critican la opacidad de Enresa, la empresa pública que gestiona los residuos radiactivos de España. Tampoco hay estudios alarmantes sobre salud o medio ambiente. El rechazo reside más en la sospecha que en la certeza. Y muchos insisten en que da mala imagen.
«A nadie le gusta tener ahí eso, por si pasa algo, pero qué le vamos a hacer», explica, al otro lado de un torno que oculta su rostro, la hermana Laura, que vive enclaustrada en el convento de las carmelitas descalzas, en la aldea de San Calixto, de Hornachuelos, a 15 kilómetros de El Cabril. Un lugar ideal para ejercer la resignación.
Entre finales de los años cincuenta del siglo pasado y principios de los sesenta, el régimen comenzó a almacenar de tapadillo en El Cabril, en una mina de uranio abandonada, los residuos resultantes de las pruebas que debían incorporar a España al club de la bomba atómica. Con la creación de Enresa en 1984, las obras de lo que hoy es El Cabril comenzaron en 1990 tras obtener las licencias.
Antes, en los ochenta, miles de personas se opusieron a asumir esa herencia. Hubo cortes de carreteras, manifestaciones y hasta una huelga general en 1986. «Todos sabían que era una imposición injusta. Pero el dinero frenó las protestas», recuerda José Larios, líder de aquella movilización ya olvidada, que dio su primera charla contra los planes del Estado en 1979.
El dinero, claro, ayuda a digerirlo todo. «Esto ya está aquí y no podemos evitarlo, pero que nos compensen», reivindica el andalucista Cecilio Fuentes, alcalde de Alanís. Todos los alcaldes han advertido, al hilo de la polémica del ATC, que les saben a poco los menos de dos millones de euros anuales que reciben de Industria. «Las compensaciones por el ATC que oíamos son escandalosas. Merecemos más», dice el independiente Julián López, alcalde de Hornachuelos.
«Es el gran éxito de Enresa, haber hecho reinar la resignación», afirma Manuel Raya, de la asociación ecologista Hornasol. Raya reclama una explicación en detalle de la actividad en la zona que lleva a cabo la Fundación Enresa, que canaliza fondos para desplegar una intensa actividad de relaciones públicas que garantiza más apoyo al almacén.
Pero la movilización de los ochenta dejó su huella. Quedó demostrado cuando, a principios de los noventa, una simple filtración que apuntaba a que el Valle de los Pedroches cordobés podía ser el destino del Almacén Geológico Profundo (AGP) movilizó a toda la comarca, con sus ayuntamientos al frente. No todo va a ser resignación.
Fuente: http://www.publico.es/ciencias/