Desde hace tiempo constamos los efectos, nada nuevos, de las políticas autoritarias y restrictivas en materia de residencia y nacionalidad que los estados que conforman la actual Unión Europea han decidido poner en marcha. Cierre de fronteras, restricción del derecho de circulación y de asilo y refugio no sólo para las personas provenientes de fuera […]
Desde hace tiempo constamos los efectos, nada nuevos, de las políticas autoritarias y restrictivas en materia de residencia y nacionalidad que los estados que conforman la actual Unión Europea han decidido poner en marcha. Cierre de fronteras, restricción del derecho de circulación y de asilo y refugio no sólo para las personas provenientes de fuera de Europa y que huyen del hambre, de la guerra y de la persecución política, sino también para las ya asentadas y sus hijos e hijas. Estas políticas policiales y represivas que están edificando los estados de la UE se imponen además unilateralmente a las naciones de Europa que carecemos de soberanía. Las consecuencias de esta Fortaleza Imperial Europea son el crecimiento del control policial, el racismo y la exclusión en nuestros pueblos.
Y muestra de ello es la llamada Ley de Extranjería del Estado español, de obligatoria aplicación en el sur de nuestro territorio, que clasifica a las personas en comunitarias y no comunitarias, reconociendo a las primeras todos los derechos y negándo casi todos a las segundas. Cada una de las reformas de la ley en vigor ha superado a la anterior en cuanto a derechos negados y en cuanto a instrumentos para recortar esos derechos y contribuir a condenar a la marginalidad y a la exclusión a miles de personas, vecinas y vecinos nuestros.
Precisamente, estos días ha acabado el plazo para la aplicación de una de las normas más perversas de la última reforma de la Ley de Extranjería, la que obliga a las personas no comunitarias sin autorización de residencia permanente a renovar su inscripción padronal cuando se cumplan dos años desde su alta en el Padrón. Y la que impone también a nuestros ayuntamientos del sur de Euskal Herria realizar con vecinos de su municipio un control discriminatorio y de excepcionalidad según los deseos y políticas que el Estado español impone en materia de residencia y de extranjería. De esta manera el Estado español no sólo impone un régimen de derechos desigual para las personas que viven en nuestro territorio, sino también de manera unilateral y exclusiva su soberanía política a las instituciones básicas de Euskal Herria.
Tal vez convenga recordar que el padrón se ha convertido en elemento fundamental en la lógica que es- tablece el sistema de extranjería español porque constituye para muchas personas inmigrantes extracomunitarias y sus hijos la única vía de acceso a derechos básicos como la atención sanitaria, educación, vivienda… Por ello, la no renovación del empadronamiento va a suponer para muchas de estas personas en Hego Euskal Herria dejar de disfrutar de derechos y de prestaciones imprescindibles para garantizar una mínima subsistencia dentro de este sistema. Es decir, como consecuencia de estas políticas restrictivas del Estado español en materia de residencia, nos vemos obligados en Hego Euskal Herria a convivir personas con muy diferentes niveles de derechos y, en consecuencia, a resignarnos a ver crecer en nuestros pueblos y barrios la marginación y la exclusión.
La perversidad, además de por los efectos que va a producir la aplicación de esta norma, está presente en el procedimiento elegido por la ley para llevar a cabo estas renovaciones. En principio y según el texto literal de la norma, los ayuntamientos «acordarán de oficio la caducidad sin necesidad de audiencia previa al interesado». Es decir, por ley los ayuntamientos no están obligados a informar a las personas no comunitarias afectadas por esta norma de que tienen que renovar el empadronamiento al cumplirse los dos años desde la inscripción, con lo que muchas personas van a enterarse cuando dejen de acceder a derechos y servicios. La ley, evidentemente, está presumiendo que las personas a las que afecta son expertas en extranjería y tienen un conocimiento exhaustivo de la misma y de su consecuencias. O, como es consciente de que no es así, está hecha para que miles de personas estén permanentemente controladas a través del padrón, por un lado, y, por otro, para que otras muchas queden excluidas y dejen de beneficiarse de las migajas de este estado de bienestar, engrosando las bolsas de marginación y exclusión cada vez más numerosas en Hego Euskal Herria.
Con relación al control, es importante tener en cuenta el importante papel que la Ley de Extranjería otorga a la Dirección General de la Policía española en este procedimiento, y en la posibilidad de acceder a los datos del padrón, con el consiguiente miedo de muchas personas que carecen de documentación a empadronarse. Además del incremento del control por parte de las fuerzas de ocupación y la injerencia en la presunta autonomía municipal.
La capacidad exclusiva y arbitraria que el Estado español tiene en materia de residencia y nacionalidad nos impide realizar una política de inmigración y de asilo. Por eso, la soberanía, también en este campo, es más urgente que nunca.
Y esto es lo que, más allá de grandilocuentes declaraciones y medidas asistencialistas, tratan de ocultar las fuerzas políticas que sostienen el tripartito del gobierno vascongado. O, así mismo, esa falta de capacidad en materia de migración y asilo es lo que respalda con entusiasmo la fuerza «neogamazista» del gobierno foral de Nafarroa Garaia. Por eso, ni unos ni otros y desde las instituciones locales o autonómicas en las que están van a impulsar una sola medida que, de manera efectiva, se oponga a esta medida de empadronamiento excepcional y autoritaria.
En Batasuna hemos mantenido siempre que la legislación española en materia de residencia y nacionalidad es racista, excluyente y sexista para las personas inmigrantes extracomunitarias e, igualmente, es impositiva para Euskal Herria y nuestro derecho a decidir sobre instrumentos básicos como el de la capacidad de gestionar con garantías la residencia y nacionalidad de las y los ciudadanos que viven en nuestro país vengan de donde vengan. Y esta nueva norma no hace sino corroborarlo.
Esta nueva disposición española implica una triple vulneración e imposición.
Para el derecho ciudadano básico a la movilidad y a la residencia de las personas de fuera del Estado español y de fuera de Europa que se asientan en Euskal Herria y que tienen que dejar sus países de origen para buscar una vida mejor o el asilo y el refugio huyendo de la guerra o la persecución política.
Hacia la autonomía y funciones de nuestras instituciones locales que deben garantizar la estancia y el acceso a los servicios públicos de las personas que viven en sus municipios en igualdad de condiciones.
Y, por último, contra el conjunto de Euskal Herria puesto que secuestra el derecho que nos corresponde como pueblo a definir, disponer y gestionar el acceso y la integración de las personas que vienen de fuera de nuestro país por motivos políticos o económicos. El derecho de residencia nos corresponde a nosotros y no a los estados que impiden nuestra soberanía.
Por todo ello, queremos denunciar esta legislación excluyente y racista del Estado español y reivindicamos la soberanía como única garantía para establecer el acceso al derecho de ciudadanía básico a la residencia de las personas de otros pueblos que han elegido asentarse en nuestro país.
Pedimos que en los ayuntamientos de Hegoalde no se acepte esta imposición y que se prorrogue, de manera automática e informada, el empadronamiento de estas personas; así como que se garanticen en igualdad las condiciones de acceso a los servicios sociales.
Y, por último, demandamos que se garantice el anonimato de estas personas inmigrantes no cediendo sus datos personales en el caso de que la policía del Estado español así lo solicite.
* Pedro Albite, Obdu Lorenzo y Joseba Permach – Miembros de Batasuna