Medio centenar de trabajadores prejubilados de Naval Gijón ocuparon las instalaciones del astillero y cortaron las calles aledañas con barricadas en demanda de «garantías de futuro» ante el cierre de la empresa previsto para el último día de este mes. Los trabajadores han tomado el control de dos de las cuatro grúas y cortaron las […]
Medio centenar de trabajadores prejubilados de Naval Gijón ocuparon las instalaciones del astillero y cortaron las calles aledañas con barricadas en demanda de «garantías de futuro» ante el cierre de la empresa previsto para el último día de este mes.
Los trabajadores han tomado el control de dos de las cuatro grúas y cortaron las calles aledañas con contenedores de basura, chatarra que sacaron del interior de la planta y neumáticos a los que prendieron fuego, anunciando su intención de mantenerse encerrados hasta que se cumplan sus demandas.
Los prejubilados iniciaron esta protesta ante la «situación de incertidumbre» en la que los ha dejado el cierre de la empresa, acordado con el ente Pymar y los sindicatos UGT y CCOO mediante un expediente de regulación de empleo que fue declarado nulo por un juzgado de lo social.
La Corriente Sindical de Izquierdas (CSI) ha emitido un comunicado de apoyo a la protesta y ha demandado «garantías de futuro» para los prejubilados y los 42 despedidos a los que se les ha «prometido» la recolocación en el astillero Juliana.
La critica situación económica que dice atravesar esta empresa del Grupo Vulcano dificulta la operación de recolocación de los trabajadores de Naval Gijón que desde hace varios meses se encuentran realizando cursillos de capacitación al no tener tareas de producción desde la entrega del ultimo buque construido.
Pymar y Naval Gijón habían acordado el cierre del astillero para el pasado 31 de diciembre, pero la imposibilidad de entregar el último barco en la fecha prevista y la movilización de los trabajadores retrasaron la decisión hasta que se alcanzó un acuerdo para un ERE que alcanza a toda la plantilla con fecha de cierre de 31 de mayo.
La CSI rechazó el acuerdo por considerar que el cierre del astillero forma parte de una operación de «especulación urbanística» en los terrenos que ocupa en primera línea de costa, a pocos metros de la playa de Poniente y de instalaciones turísticas, como el Acuario y el Centro de Talasoterapia.