El miércoles día 12 de agosto a las 12:00 horas, en el juzgado de lo Social nº 3, se celebra el Juicio contra Naval Gijón y contra PYMAR (Pequeños y Medianos Astilleros en Reconversión) promovido por Juan Manuel Martínez Morala para reclamar la readmisión al astillero. Naval Gijón y la empresa pública PYMAR, incumplieron la […]
El miércoles día 12 de agosto a las 12:00 horas, en el juzgado de lo Social nº 3, se celebra el Juicio contra Naval Gijón y contra PYMAR (Pequeños y Medianos Astilleros en Reconversión) promovido por Juan Manuel Martínez Morala para reclamar la readmisión al astillero.
Naval Gijón y la empresa pública PYMAR, incumplieron la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias y la del Tribunal Supremo al negarse a readmitir a Morala, ex Secretario de la Corriente Sindical de Izquierda, CSI, cuyo despido fue considerado ilegal por los dos tribunales.
El despido se produjo cuando se tramitaba, en el año 2005, un expediente de regulación forzosa de prejubilaciones en el astillero. En este proceso de negociación participaba Morala como miembro del Comité de Empresa, y perteneciente a la CSI, lo que no impidió que fuera incluido en el expediente de la prejubilación. Ambos tribunales declararon ilegal el despido y condenaron al astillero y a PYMAR -responsable institucional del astillero- a readmitir al trabajador.
Ante la negativa a la readmisión, Morala recurrió al tribunal de lo Social nº 3 de Gijón para solicitar, exigir, el cumplimiento de la sentencia dictada por estos dos tribunales y por considerar que esta negativa constituye, de hecho, un despido nulo.
Cuatro graves irregularidades se han cometido en todo este proceso:
1. Las prejubilaciones no pueden ser forzosas, por esta razón podrían asimilarse a un despido.
2. Flagrante violación de los derechos sindicales al despedir a un miembro del Comité de Empresa que precisamente está negociando el expediente de prejubilaciones forzosas. Este hecho es un despido ilegal, más que un despido nulo.
3. La regulación de las prejubilaciones se establecían por riguroso orden de edad, pero en cambio, Morala, lejos de entrar por edad en este grupo, fue incluido, sin que llegara a la edad fijada para el resto de los afectados por la prejubilación.
4. El no cumplimento de las sentencias de ambos tribunales, constituye un nuevo despido, nulo en este caso.
Sorprende que una empresa tutelada por la la Administración, como es el caso de PYMAR, que es una empresa pública, y la propia Administración puedan eludir y demorar las sentencias de los dos más altos tribunales de justicia. Pero sí parece que ello es posible y esto es lo más grave, independientemente de cualquier otra valoración.
Mal ejemplo están dando a los trabajadores en general y a los ciudadanos y poco respeto les merecen al Gobierno y a las autoridades sus propias instituciones judiciales.
Queda ahora por ver y conocer qué sucederá en el juicio y después del juicio. Porque cuatro años, parecen muchos años, para resolver y hacer efectivo lo que a todas luces fue entonces un despido ilegal y, ahora, de hecho, es un despido nulo.
Nota.
Morala, lo mismo que Cándido, condenados a tres años de cárcel están en libertad condicional a la espera del indulto solicitado por numerosas personas.
La condena exige que los tres años se cumplan íntegramente ya que estos conflictos laborales fueron asociados al terrorismo, según las nuevas directrices del Código Penal. Así se entendió en el juicio a raíz de la denuncia presentada por el ayuntamiento de Gijón por la que fueron acusados y por los que resultaron condenados.