El sistema fiscal español debe ser moderno y cumplir con los criterios de legalidad y, sobre todo, de legitimidad, como es el caso de la progresividad. Es decir, que pague más, y proporcionalmente más, aquella persona que tiene más. Para ello, el conjunto de tributos debería ir en esa dirección. Por contra, después de la […]
El sistema fiscal español debe ser moderno y cumplir con los criterios de legalidad y, sobre todo, de legitimidad, como es el caso de la progresividad. Es decir, que pague más, y proporcionalmente más, aquella persona que tiene más.
Para ello, el conjunto de tributos debería ir en esa dirección.
Por contra, después de la reforma fiscal del comienzo de la época democrática ha habido diferentes contrarreformas que han achatado y cercenado esa progresividad.
Un caso significativo es la supresión del impuesto sobre el patrimonio realizada en el año 2008, en el comienzo de la crisis y el galopante aumento del déficit público, provocado por la misma y la estructura deteriorada del sistema tributario.
Pero hay otro elemento que tergiversa el carácter de progresividad de nuestro sistema fiscal, que descansa en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que es el carácter dual de este impuesto.
Dos personas de características fiscales semejantes, con idéntico importe de ingresos, pero procedentes una de su trabajo y otra de rentas del capital, pueden pagar cantidades diferentes de IRPF, con el actual sistema tributario.
El carácter dual del IRPF implantado en 1998 significa que las rentas obtenidas por las personas tendrán tipos tributarios diferentes según cuál sea su origen. Así, las rentas procedentes del trabajo y otras tendrán tipos en aumento según sea su importe (lo que remarca la progresividad) y, en cambio, las rentas procedentes de capital sólo tienen 3 tipos significativamente inferiores y con un máximo del 23,5 % a partir de 50.000 euros de ingresos procedentes de rentas de capital, alejados del gravamen del tipo general.
Se rompe la equidad horizontal, se erosiona en gran medida la progresividad y de facto se impone que las rentas procedentes del trabajo soporten cerca del 90 % de lo recaudado por el impuesto.
Si hacemos un paralelismo con la distribución funcional de la renta nacional y el menor porcentaje que ocupan las rentas de trabajo en la misma, superadas por el conjunto de las otras partes, remuneraciones de capital e impuestos, observamos el dislate que se está causando.
Que en España y en otros países se haya incrementado la desigualdad en estos años de crisis, pasando la relación del índice de Gini de un 31,9 en el año 2007 a un 34,7 en el año 2014 o, en términos más gráficos la relación entre el 10% de personas con mayor renta y el 10% de la menor renta, que pasa de 8,4 en el año 2007 a 13,8 en el año 2011, d a pistas sobre las carencias del sistema fiscal y la aberración de este sistema dual en el IRPF.
Esta tendencia de aumento de la desigualdad se ha visto reforzada por la limitada respuesta internacional a las prácticas fiscales elusivas de las transnacionales y los paraísos fiscales.
El sistema fiscal debe reducir la desigualdad funcional de la distribución de la renta. Además, el gasto público debe a coadyuvar a reducirla también. Por eso no es extraño que, según una encuesta del CIS de 2015, el 86,7 % de los ciudadanos creen que el reparto fiscal no es justo.
Y por tanto, siendo cierto todo lo anterior, habrá que empezar el camino hacia una fiscalidad justa.
Por ello, proponemos, contemporáneamente a otras medidas de lucha contra el fraude o la vigencia de un impuesto sobre el patrimonio, revisar esa inequidad fiscal que supone la dualidad en nuestro IRPF, estableciendo un impuesto sobre las personas físicas inclusivo y más justo.
Es más cuestión de voluntad y menos de palabras.
Santiago González Vallejo. Economista. Unión Sindical Obrera
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