La autora es enfermera del Hospital San Martín de la ciudad de La Plata (Argentina)
El día 8 de agosto, 200 personas nos movilizamos en La Plata escrachando a la Iglesia y a la Universidad Católica por sus presiones contra la joven discapacitada violada, a quien no se le permitió, finalmente, ejercer su derecho a la interrupción del embarazo forzoso del cual fue víctima.
Pan y Rosas participó junto al SUTEBA, las feministas de «Las Azucenas», el Frente Popular Darío Santillán, y delegaciones del PTS, PO y otros. Marchamos desde la Catedral hasta una de las sedes de la UCA, ambas valladas y custodiadas por un impresionante operativo policial. Allí fui entrevistada por distintos medios a quienes les señalé que «este caso es una muestra de hipocresía. Yo veo todos los días como mueren las mujeres pobres en el Hospital por no poder pagar un aborto seguro. Tenemos que dar la lucha por la legalización del aborto, que no es sólo contra la Iglesia sino también contra el gobierno cómplice.»
En este caso la Iglesia volvió a desplegar su siniestro arsenal contra las mujeres; pero el gobernador Felipe Solá y el Ministro de Salud, Ginés González García, que se mostraron muy solícitos con la familia de la joven, ocultaron que durante su gestión, miles de mujeres pobres siguen muriendo por abortos clandestinos y ellos no han hecho nada para que eso cambie. La justicia, por su parte, mostró su verdadero rostro: se trata de una justicia sólo para los ricos.
Por eso, necesitamos poner en pie un gran movimiento de lucha, independiente del Estado, que es cómplice de la Iglesia, del gobierno y los partidos patronales. Un movimiento que despliegue su energía combativa, sin depositar ninguna confianza en la justicia, encabezado por las mujeres trabajadoras y de los sectores populares, para imponer el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Porque no queremos más mujeres condenadas a embarazos forzosos, ni una muerta más por abortos clandestinos.