Ni ley de la lectura, ni ley del libro, ni ley de bibliotecas

Recientemente ha pasado el trámite de aprobación por el Pleno del Congreso la llamada Ley de la lectura, el libro y las bibliotecas. Entiendo que su comentario es el eje de este encuentro.

Estamos ante una ley neoliberal: desregulariza precios y privatiza y mercantiliza bienes y servicios de dominio público. En ese sentido no pasa de ser una especie de Ley de Comercio Interior revestida con ropajes humanistas inconcretos, vagorosos, tópicos y tan pobres que, a pesar del flato retórico, el Preámbulo que la acompaña deja ver su ropa interior mercantilista.

Es también una ley semántica en la que nuestros legisladores redactan su propio diccionario en competencia con el Diccionario de la Real Academia intentando dar satisfacción a todos los sectores que han participado en el tono general de consenso con que ha logrado pasar por los diversos trámites. Entre las diversas acepciones que ofrece del término lectura califica a esta como «herramienta básica para el aprendizaje continuo» por lo que cabe presumir que el gasto en libros debería poder desgravarse de modo general en la declaración de Impuesto sobre la Renta.

Y es una ley de buenas intenciones, muy española en ese sentido: entre el Siempre mañana y nunca mañanamos de Lope y el Largo me lo fiáis de José Zorrilla.

Como ley de Comercio mantiene, en defensa de la cultura y del sostenimiento de una adecuada red de librerías, el llamado sistema de precio fijo si bien, y a continuación, establece, en defensa de la cultura y del sostenimiento de una adecuada red de librerías, un sistema de precio libre para los libros de texto de Primaria y Secundario que vienen a representar cerca del 50% de la facturación total sobre ventas de libros en España. Es este aspecto la ley no deja de ser un ejemplo perfecto de ley socialdemócrata: logra el prodigio de estar en misa y repicando. Y lo de estar en misa no es una simple metáfora. Basta con ver el peso de la Iglesia en la producción, circulación y consumo de ese tipo de libros. Citemos tan sólo al respecto el grupo SM o la Editorial Edelvives. No deja de llamar la atención que la aprobación de esta tan importante excepción al sistema de precio fijo – que el PSOE en su programa electoral prometía generalizar- y que viene a sustituir al sistema de descuentos actualmente en vigor para estos libros de texto, no parece haber despertado, a tener de las distintas declaraciones de los diversos Grupos Parlamentarios que participaron en el Pleno del Congreso donde se aprobó el Proyecto para su pase a trámite en el Senado, el entusiasmo de los que lo apoyan, generando una especie de aprobación desganada que tuvo su más claro reflejo en la palabras del portavoz del PNV: «Nuestro grupo no presentó enmiendas al respecto entendiendo que hay un cierto consenso en que no se puede ir más allá en estos momentos de lo que va el texto de la ley pero como grupo parlamentario quisiéramos señalar que estamos a favor de que el precio fijo también se aplique a los libros de texto«. Palabras inquietantes que parecen salidas de una novela de misterio pues si los representantes de la soberanía quieren una cosa pero aprueban otra y afirman que «no se puede» habrá que desenmascarar qué enigma o fuerza inatacable se esconde detrás de esta verdadera declaración de impotencia de nuestra democracía. ¿Acaso algún interés eclesial o empresarial?.

En medio de la desregularización de precios no falta la bondadosa aclaración por parte de nuestros legisladores de que el libro no es una mera mercancía. Al parecer y como en el clásico dilema teológico, estamos ante una doble naturaleza, una mercantil y otra trascendente y un solo precio verdadero: el del mercado.

Como ley semántica el largo y vacuo Preámbulo insiste con especial gusto en hablar de nuestra sociedad como «sociedad del conocimiento», término que la socialdemocracia suele celebrar con afán del converso que ha renunciado a ver en la explotación de la fuerza de trabajo por el capital el origen de las plusvalías y de los excedentes y que les permite plantear a los neocapitalistas como «rancia» o ajada cualquier referencia a la sociedad como sociedad de clases. Sin entrar en el tema valga constatar que el gasto de esta sociedad en bienes de conocimiento es diez veces inferior al gasto en bienes y servicios cuyo fin es el entretenimiento por lo que, puestos a definir, nuestros legisladores hubieran estado más acertados si hubieran preferido el sintagma de «sociedad del entretenimiento» y, acaso desde ahí, entendieran mucho mejor algunas de las importantes transformaciones que atañen al libro en cuanto objeto de cultura en proceso de inserción acelerada en las industrias de ocio y entretenimiento. No deja de ser llamativo que en tiempos en donde la mayor parte de los libros que acaparan los primeros puestos en la lista de libros más vendidos se caracterizan por su capacidad para entretener o divertir, entre las muchas virtudes con que los legisladores hablan del libro, no se aborde su condición de producto de consumo capaz de cubrir esa función con mayor o menor dignidad. La lectura no es una actividad que pueda ni deba ser legislada. La lectura es una actividad que satisface necesidades plurales. Una sociedad que se siente y quiere ser responsable de su propio destino busca en la lectura conocimiento. Una sociedad que se aburre busca lecturas entretenidas.

Como ley de buenas intenciones consagra el Vuelva Usted mañana e instala la mayoría de su articulado en el reino del futuro incondicional: el Gobierno aprobará y desarrollará, se incluirán, se nutrirán, se prestará especial atención, se tendrá, se promoverá. Es precisamente ese «se promoverá» la forma verbal hegemónica a lo largo del articulado que atañe a la biblioteca, salvo al hablar del Consejo de Cooperación Bibliotecaria para cuyo desarrollo reglamentario se da un plazo de un año, lo que no ocurre con el anunciado futuro Observatorio de la Lectura y del Libro sobre cuya composición y funciones concretas la Ley nada aporta. Cabría esperar por tanto un órgano semejante a aquel Consejo de Sabios sobre la Tele que evacuó su sabiduría unos meses antes de que el Ente se reajustará con un espectacular despido laboral masivo. Buenas intenciones para un mañana que se promete feliz. Mientras ese mañana llega un excelente ejemplo de autonomía e iniciativa bibliotecaria, desarrollado dentro del Plan de Fomento de la Lectura, por la biblioteca de Zamora bajo el título de Encuentros Literarios y por el que han pasado a lo largo de los últimos cinco años un meritorio número de escritores y escritoras emergentes y no necesariamente consagrados comercialmente, ve denegada la ayuda de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas para que pueda seguirse realizando(*). El mañana como teoría, los reajustes como praxis.

Buenas intenciones en lo que afecta también a las librerías a las que una y otra vez se halaga por su condición de agentes activos necesarios para la difusión del libro y la cultura, sin que aparezcan tampoco medidas concretas salvo las que puedan desprenderse colateralmente de ese mismo precio fijo que se dice mantener al tiempo que se da vía libre al precio libre en el tipo de libros cuya venta repercute con especial incidencia en su subsistencia económica. Es el mantenimiento de la red de librerías el argumento al que los legisladores se acogen tanto para mantener el llamado precio fijo como para incorporar la excepción del precio libre. ¿De verdad este gobierno cree que con ese doble y contradictorio sistema nuestra red de librerías tiene garantizada su subsistencia? ¿De verdad cree que la subida brutal y mantenida del precio de la vivienda y de los locales comerciales nada tiene que ver con el cierre de tantas y tantas pequeñas librerías independientes? ¿Acaso no se quiere ver que el llamado precio fijo no deja de ser precio fijo únicamente para el cliente final, el comprador, mientras que es un precio variable en los clientes intermedios como es el caso de los libreros? Si una pequeña librería o una pequeña editorial se ven obligadas a trabajas con márgenes en la distribución gravemente desfavorables frente a otras editoriales poderosas u otras cadenas de librerías o grandes superficies ¿cuesta imaginar que en la distribución reside una de las claves de su estrangulamiento? ¿Se puede hablar de una Ley del libro sin tratar de regular la distribución? ¿Cómo nuestros legisladores pueden hacer oídos sordos sin que se les caiga la cara de vergüenza, ignorando que la acelerada concentración en el sector de la distribución es responsable de lo que está sucediendo en ese segmento de la venta a detalle que representan esas pequeñas librerías que dicen defender? Palabras, palabras, palabras. Mucho preámbulo y pocas nueces.

Y entramos finalmente al tema del famoso canon por préstamo bibliotecario, verdadero centro de atención de esta ley que,  para disgusto de nuestros gobernante que recalcan el noble título de Ley de la lectura, el libro y las bibliotecas, ya es conocida como Ley del canon. Señalar tan sólo un aspecto que el bibliotecario Alejandro Carrión subraya con acierto en un reciente artículo publicado en El Norte de Castilla: La disposición transitoria que hace referencia al canon deja sin definir dos cuestiones fundamentales para su aplicación y cuantificación: el concepto por el que se va a pagar (por cada libro comprado para el préstamo, por cada préstamo realizado, por cada usuario del servicio de préstamo, etc..) y la cuantía que se habrá de pagar. Conceptos que la Ley fija provisionalmente en espera del Real Decreto que los regulará definitivamente. A golpe de Decreto. Y añadir que la inconcreción en la Ley acerca del organismo de gestión que lo llevará a cabo, reafirma la sospecha sobre el futuro carácter privado de ese organismo, dándose un paso más así en el camino de la privatización neoliberal fomentada por un gobierno que reclama la semántica de izquierdas mientras pone en práctica economías de derechas. Y se felicitan al presentar la ley como una ley de consenso. No nos extraña: el voto los cría y la economía los junta.

Ni ley de la lectura, ni ley del libro ni ley de bibliotecas. Ley de precios y canon con calzador.

(*) Aun cuando la Mesa Redonda donde tuvo lugar la intervención se cerraba sin turno de réplica, Don Rogelio Blanco, Director del Libro y Bibliotecas, y que, por supuesto, calificó la intervención de demagógica, se arrogó el derecho a la última palabra y aclaró (¿) que se había denegado esa ayuda porque los organizadores no hacían constar que se realizaba con dinero público. Al parecer se habían olvidado del incluir el logo de la Dirección General que detenta.