El 19 de Marzo de 2003, José Mª Aznar y su gobierno del PP involucraron al Estado Español en una agresión militar contra Iraq comandada por EEUU. En esa época la casi totalidad de la opinión pública española, incluyendo la mayoría de votantes del PP, se manifestó en contra de dicha decisión. Después del 1 de […]
El 19 de Marzo de 2003, José Mª Aznar y su gobierno del PP involucraron al Estado Español en una agresión militar contra Iraq comandada por EEUU. En esa época la casi totalidad de la opinión pública española, incluyendo la mayoría de votantes del PP, se manifestó en contra de dicha decisión. Después del 1 de mayo de 2003, culminada la invasión militar, Iraq viene siendo víctima del saqueo y la represión por parte de las fuerzas ocupantes lo que ha propiciado diversas guerras cruzadas cuyas consecuencias de caos, devastación y muerte han creado problemas mayores que los que los invasores pretendían resolver.
A pesar de los informes negativos sobre la existencia de armas de destrucción masiva por parte de los inspectores de la ONU, el «ataque preventivo» contra Iraq se legitimó como una defensa necesaria frente al eventual uso de tales armas por parte de este país. Al no ser capaces los ejércitos ocupantes de demostrar su existencia, Bush, Blair y Aznar se vieron obligados a reconocer que sus argumentos eran falsos. Con este reconocimiento la guerra de Iraq carece de legitimidad alguna.
Al contar con la desaprobación expresa del Consejo de Seguridad de la ONU, esta guerra fue ilegal y ninguna resolución posterior de dicho organismo puede borrar este hecho. Esto significa que, según el derecho internacional, las matanzas y la destrucción ocasionadas son crímenes de guerra y sus ejecutores, inductores y cómplices, criminales de guerra: «Los dirigentes, organizadores, instigadores y cómplices participantes en la formulación o ejecución de un plan común o de una conspiración para cometer cualquiera de los delitos (crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes de esa humanidad), serán responsables de todos los actos realizados por cualesquiera persona en la ejecución de tal plan[1]«.
La ilegalidad, injusticia y consecuencias catastróficas de la agresión contra Iraq ha sido reconocida por el Parlamento Español. ¿Quién va a responder por ellas? La compasión por los cientos de miles de muertos y los millones de personas heridas y desplazadas son, sin el castigo a los culpables, una cínica solidaridad sin efectos prácticos. El vacío de justicia ante la vulneración del derecho de gentes y los delitos contra la Comunidad Internacional suponen la impunidad y el estímulo para los criminales de guerra instalados en gobiernos y multinacionales. La desigualdad ante la ley y el abuso de poder explican el avance de la injusticia y la violencia en las sociedades modernas. La participación política, logística y militar española, presentada esta última como intervención humanitaria, se realizó también sin el permiso del congreso de los diputados y sin la concurrencia del Rey, tal como estipula el artículo 63.3 de la C.E. Tal guerra sigue provocando muerte y destrucción y constituye una de las causas de los atentados terroristas de Madrid del 11 de marzo de 2004.
Cuatro años después del inicio de la guerra disponemos de la perspectiva suficiente para entender que la actuación de Aznar, protagonista activo de aquella invasión como presidente del gobierno español, debe ser sometida a la justicia para que èsta determine sus posibles responsabilidades por la pérdida de vidas humanas y la destrucción de bienes, tanto en Iraq como en Madrid. La pérdida de las elecciones y del gobierno el 14-III-2004 como «coste político» del PP, no guarda proporción alguna con las consecuencias de la decisión de Aznar: los crímenes de guerra en Iraq, la respuesta que sufrimos el 11-M de 2004 en Madrid y el riesgo de desestabilización generalizada en oriente próximo y Asia Central, así como la amenaza de nuevos atentados en nuestro territorio. El esclarecimiento de la posible responsabilidad penal de Aznar y de sus colaboradores directos es condición necesaria para restablecer el principio de legalidad y seguridad jurídica vulnerados dentro y fuera de España.
En Abril de 2003, varios miles de personas formulamos una querella criminal y múltiples denuncias contra José Mª Aznar por la presunta comisión de delitos contra personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, en base a los artículos 605, 608, 610, 611, 613, 614, 615 y 616 del Código Penal. Dicha demanda se basaba en las evidencias de la implicación política y militar del gobierno de España en la invasión de Iraq: participación de Aznar en la Cumbre de las Azores el 16 de marzo de 2003 y en el ultimátum de 48 horas al gobierno de Iraq, envío de 900 militares y 3 buques a la zona de conflicto y apoyo logístico a la invasión por parte de las bases militares de Rota y Morón, así como difusión de las mentiras acerca de la existencia de armas de destrucción masiva y bases de apoyo de Al Qaeda. Esta participación constituye una complicidad necesaria en la muerte violenta de más de medio millón de personas en Iraq y de 197 en Madrid[2].
Casi un año después, el 21/I/04, la Sala 2ª del Tribunal Supremo desestimó la admisión de esta querella[3] con los siguientes argumentos: a) «las acciones relacionadas con crímenes de guerra no son imputables a las fuerzas militares españolas» y b) «el supuesto delito de involucrar a España en la guerra de Iraq sin autorización de las Cortes (Art. 63.3 de la C.E. y art. 588 del Código Penal), se encuadra entre los delitos de traición (cap. Primero del título XXIII del Código Penal 1995) y conforme establece el párrafo 2º del artículo 102.1º de la C.E., esta acusación solo podrá ser planteada por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo».
A estas argumentaciones de la Sala 2ª del T.S. cabe objetar, 3 años y 500.000 muertos después, que tan ejercito ocupante es la infantería como la aviación, los radares o los cocineros, ya que sin alguna de estas piezas el total de la máquina militar no funcionaría. La no intervención directa en combates de los militares españoles no eximen a dicha fuerza de su pertenencia a un ejército de ocupación que, con mando unificado, perpetra los crímenes de guerra. Por otro lado, ¿qué clase de izquierda tenemos que desde el gobierno y la mayoría parlamentaria no es capaz de reunir 88 diputados para juzgar a Aznar como criminal de guerra?
El 17 de marzo de 2007 realizamos manifestaciones conmemorativas del 4º aniversario de las grandes movilizaciones contra la agresión a Iraq. En algunos lugares, sobre todo en Madrid, dichas manifestaciones han sido hegemonizadas por el PSOE a través de su organización filial, el Foro Social de Madrid. Este partido y su Foro, verdadero «caballo de Troya» en los movimientos sociales, utilizaron el movimiento popular contra la Globalización, la Europa del Capital y la Guerra (M.A.G.) en II, III y IV´03 como un instrumento para la lucha electoral contra el PP. Hace cuatro años, el poder socialdemócrata propició un auge sin precedentes del movimiento para, acto seguido y sin explicaciones, promover el desplome y la desaparición total del mismo sin haber alcanzado su objetivo central: ¡No a la Guerra!, es decir, abandono inmediato del escenario bélico por parte de las tropas españolas. Las diferencias entre los defensores de la «unidad de la izquierda» en torno al PSOE y quienes, en minoría, defendimos la independencia política del M.A.G. respecto a dicho partido, facilitó la desarticulación del movimiento contra la guerra, precisamente en nombre de la «unidad de la izquierda». El resultado fue la desactivación de un movimiento popular, sin precedentes desde la transición política, capaz de arrastrar a la movilización al PSOE, CCOO y UGT y con amplias posibilidades de de pararle los pies al PP. Un año antes, en junio de 2002, el MAG obligó a la izquierda mayoritaria a convocar o apoyar una huelga general contra el sometimiento del gobierno del PP a la CEOE y las multinacionales. El resultado fue la retirada del «Decretazo» contra la protección al desempleo por parte del gobierno. La explicación radica en la autonomía del movimiento respecto del PSOE. Por el contrario, en la primavera de 2003,un movimiento mucho más fuerte no fue capaz de impedir el sometimiento del PP a la política exterior de los EEUU . La explicación radica en el control del movimiento por el PSOE y sus agencias.
La responsabilidad de los atentados del 11-M-04 de Madrid es, en primer lugar, de quienes pusieron las bombas aquí. Pero esta acción terrorista no se explica sin contemplar a quienes, en contra de la opinión popular y de las leyes nacionales e internacionales, tiraron las bombas allí, generando los atentados en Madrid como represalia. A su vez, el gobierno del PP no habría podido aguantar indefinidamente la presión sin la concurrencia de quienes manipularon y deshicieron un movimiento popular enorme. En último lugar y esto nos concierne directamente a los movimientos sociales, el PSOE no nos habría controlado sin la ayuda de quienes, como paladines de la «unidad de la izquierda», renuncian a la autonomía de los movimientos sociales recortando sistemáticamente los contenidos (OTAN, Bases Americanas en España y posteriormente, regreso de las tropas españolas en Líbano y Afganistán) que ponen en evidencia el compromiso profundo del PSOE con la guerra global del capitalismo contra los pueblos y los trabajadores. Con esta autocensura nos manifestamos el pasado 17 de marzo, 4º aniversario de la invasión a Iraq, en gozosa unidad CONTRA LA GUERRA detrás de las pancartas de un partido socialista globalizador y belicista. A partir de aquí es imposible saber qué queremos decir cuando decimos «NO A LA GUERRA».
Varios partidos políticos y colectivos sociales convocados por el PCE hemos iniciado un grupo de trabajo para evaluar la posibilidad de poner, primero a Aznar y después a su camarilla de falangistas donde deben estar, en la cárcel.
Veremos si podemos superar la larga mano del PSOE.
Agustín Morán es miembro del CAES y participante de la Plataforma Juicio a Aznar.
[1] Art. 6 del Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nüremberg (Acuerdo de Londres del 8 de Agosto de 1948) citado en el Recurso de Súplica contra el auto de la Sala 2ª del T.S. de 21/I/04.
[2] 191 fallecidos en los trenes, un policía y cinco islamistas muertos en la explosión de Leganés.
[3] Posteriormente, el 7/IV/04 la misma sala volvió a desestimar el Recurso de Súplica interpuesto por varios miembros de la Asociación Libre de Abogados (ALA) contra el auto mencionado de 22/I/04.