Empresas españolas continúan exportando dispositivos de tortura, y por ello urge que este país cumpla las normas de la Unión Europea (UE), que prohíben ese comercio, sostiene la organización no gubernamental Amnistía Internacional (AI). En un informe sobre el comercio de instrumentos de tortura en la UE, dado a conocer este martes, AI señala que […]
Empresas españolas continúan exportando dispositivos de tortura, y por ello urge que este país cumpla las normas de la Unión Europea (UE), que prohíben ese comercio, sostiene la organización no gubernamental Amnistía Internacional (AI).
En un informe sobre el comercio de instrumentos de tortura en la UE, dado a conocer este martes, AI señala que el reglamento del bloque de 25 naciones, puesto en vigor en julio de 2006, «es endeble», «pues no contiene medidas globales y firmes para que las empresas no puedan beneficiarse con el comercio de este tipo de material».
El informe «Unión Europea: Poner fin al comercio de instrumentos de tortura» afirma que el reglamento 1236/2005 es insuficiente para su propósito declarado: impedir las ventas de materiales destinados a tormentos y ejecuciones.
En la lista de artículos prohibidos en el reglamento europeo no figuran el «palo punzante», porra o garrote con púas de unos siete centímetros, las esposas de pared ni las sogas de horca «utilizadas para ejecutar a personas en la India, Sri Lanka y Trinidad y Tobago», añade AI.
Tampoco están sometidos a control los dispositivos de electrochoque y las esposas convencionales, y «tanto empresas como particulares europeos pueden seguir actuando de intermediarios en transacciones de material fácilmente empleado para torturar fuera del territorio de la Unión Europea».
Helen Hughes, investigadora de AI, subrayó que la falta de control ha llegado al punto de que algunos de esos productos prohibidos han sido comercializados, como «las esposas empleadas en (la prisión de la base naval estadounidense de) Guantánamo para mantener a los presos en posturas en tensión durante el interrogatorio, y las porras eléctricas utilizadas por la policía contra las minorías romaníes (gitanos) en Eslovaquia y Bulgaria».
España no se encuentra entre los 11 países que han adaptado sus legislaciones al reglamento europeo.
IPS no consiguió respuestas del gobierno español sobre este asunto.
En el último informe anual del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de España –publicado en diciembre de 2006 pero referido a 2005–, consta la exportación de «dispositivos restrictivos del movimiento de los seres humanos, con inclusión de grilletes para pies y/o cintura, con o sin cadenas, y los dispositivos inmovilizadores rápidos, a distancia», así como «equipos portátiles y cinturones para provocar descargas eléctricas».
Esa exportación totalizó una suma de 1.373.339 euros (aproximadamente 1,7 millones de dólares al cambio actual). De ellos, 1.081.152 euros fueron abonados por la Autoridad Nacional Palestina, 152.445 por el gobierno de Venezuela, 137.888 por el de Nicaragua y 1.854 por el del Principado de Andorra.
El mismo informe revela asimismo que en 2005 se exportaron otros materiales dudosos, como ciertas sustancias químicas, microorganismos y toxinas, por un valor de 9,9 millones de euros (aproximadamente 10,3 millones de dólares).
Ante la contundencia de estos datos, Francisco José Alonso Rodríguez, presidente de la no gubernamental Liga Española Pro-Derechos Humanos, fundada en 1913, señaló a IPS que esa organización está coordinando con otras la presentación de una denuncia ante los tribunales por el delito de violación de los derechos humanos.
«Hay que tener en cuenta que esas exportaciones infringen normas de la UE, de la que España es miembro, que entraron en vigor en julio y prohíben que se comercialicen productos cuya finalidad sea aplicar la pena de muerte o la tortura», enfatizó Rodríguez.
«Es inconcebible que se vendan armas de doble uso e instrumentos de tortura en un país como España, que sufre el terrorismo en carne propia», concluyó.
La empresa española Larrañaga y Elorza, ubicada en la localidad vasca de Eibar en el norte de España, continúa fabricando y exportando grilletes de pies y cadenas para la cintura, aunque su producción está prohibida en España desde 2001.
IPS consultó por teléfono a uno de sus propietarios y directivos, Tomás Larrañaga, quien se negó a proporcionar información y a responder preguntas.
Fuentes parlamentarias del gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que pidieron no ser identificadas, dijeron a IPS que en este primer semestre del año se avanzará sobre estos temas en el Congreso de los Diputados, ante el cual el gobierno presentó a fines de diciembre un proyecto de ley sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso.
El proyecto señala que su propósito es «actualizar la regulación de las transferencias de material de defensa, otro material y de productos y tecnologías de doble uso, completando y desarrollando las establecidas por la normativa comunitaria (de la UE)».
Todos los proyectos de ley son debatidos en el Congreso y en el Senado, con participación de todos los partidos políticos allí representados, lo que asegurará que finalmente se llegará a acuerdos positivos, concluyeron las fuentes.
Sin embargo, AI y unas 50 organizaciones no gubernamentales plantearon el 29 de diciembre que en el texto del proyecto había «inmensas lagunas» y que, de aprobarse tal como fue presentado, se obtendría «una ley con agujeros». Por eso reclaman que la norma «establezca claramente qué productos están prohibidos o están sometidos a control de acuerdo con la normativa comunitaria».
Carmen López, portavoz de AI España, puntualizó que en el proyecto presentado por el gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero no se hace ninguna referencia al reglamento de la UE sobre el comercio de productos para aplicar la pena de muerte o infligir torturas, aprobado en 2005.
«Y es fundamental que eso lo incluya el parlamento al debatir y aprobar la ley», concluyó López.
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