A pocos días de las elecciones presidenciales en Argentina, las tres candidaturas con posibilidades de éxito tienen un punto en común: seguir centrando su modelo económico en la explotación y exportación de la naturaleza de su país. A la soja o al petróleo ahora se les añade el nuevo «oro blanco», el litio que la transición ecológica de los países privilegiados reclama para evitar que nada cambie.
«No comemos baterías. Se va el agua, se va la vida». Es una bandera de las comunidades indígenas de la provincia de Jujuy, en el extremo noroeste de Argentina. La misma provincia que se vio conmocionada en junio y julio de 2023 por movilizaciones, cortes de ruta y represiones. Y, al mismo tiempo, es reflejo de un modelo económico-político que prioriza la exportación de naturaleza, con amplias consecuencias sociales, ambientales y sanitarias. Las sales de litio se extraen para los autos eléctricos de Europa y Estados Unidos. Y los dólares que llegan del extractivismo no son para escuelas ni hospitales locales, sino para el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Falsa transición y colonialismo
Autos eléctricos para Europa, Estados Unidos y selectos países de Asia. Territorios arrasados en lugares donde se explota la materia prima. No es nuevo: los niveles de consumo de sectores privilegiados del norte global (países que aún sostienen políticas coloniales, ya sea mediante tratados de comercio o con sus corporaciones) someten a los países del sur, extraen naturaleza, contaminan los territorios y, piedra basal del extractivismo, violan derechos humanos.
La crisis ecológica-climática no se soluciona con autos eléctricos para la humanidad, sino modificando los patrones de consumo y derroche de un puñado de países. Hasta Naciones Unidas reconoce que las grandes potencias económicas son las principales culpables: el 76 % de las emisiones proviene de los países del G20, encabezados por China, Estados Unidos, Unión Europea, India, Rusia, Japón y Alemania.
La crisis ecológico-climática no se soluciona con autos eléctricos para la humanidad, sino modificando los patrones de consumo y derroche de un puñado de países.
Las empresas y los gobiernos suelen publicitar que entre Argentina, Chile y Bolivia se encuentra el 70 % del litio del mundo. Lo bautizaron como «el triángulo del litio»: el nuevo «oro blanco», que serviría para la «transición energética», argumento que solo creen en estos lados quienes tienen negocios con la minería de litio: multinacionales, gobiernos, académicos que quieren ser parte de la explotación y los grandes medios de comunicación, donde escasean críticas al modelo extractivo.
Lis Sablé es integrante de la Asamblea Fiambalá Despierta (que forma parte de la organización socioambiental Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autodeterminación). En su ciudad, Fiambalá, se organizaron desde hace una década y rechazan la minería de litio. Sin embargo, la empresa china Liex Zijin —con apoyo del gobierno nacional y de la provincia de Catamarca— ya construye su proyecto de explotación de litio Tres Quebradas, que consta de dos locaciones. La primera, en plena cordillera de Los Andes, en la zona de laguna altoandinas (sitio Ramsar), un humedal de gran importancia. Allí se extraerá la salmuera para procesarla en grandes piletones. «Se evaporarán millones de litros de agua, lo cual va a generar un gran desequilibrio en la zona», afirma Sablé.
La segunda locación está en plena construcción, en el mismo pueblo de Fiambalá, donde instalarán los galpones para la obtención de carbonato de litio. «No hay estudio de impacto ambiental. Ni la minera ni el gobierno han dado información de cuánta agua va a consumir, ni de cómo va a impactar en nuestros acuíferos. Está poniendo en riesgo la vida. No se cumple con Ley General del Ambiente», denuncia la asambleísta. Y recuerda lo que ni empresarios ni funcionarios dicen: «El procesamiento de litio requiere mucha agua dulce. Estamos en grave riesgo por la construcción de este proyecto, por los impactos al agua, ya que la minería de litio es minería de agua».
Una transición que no es justa, no es verde y que no es para todo el mundo. Es para el desarrollo de unos pocos y a costa de que estas tierras sigan siendo zonas de sacrificio.
Sablé apunta al argumento del litio como elemento central de una supuesta energía verde: «La transición energética que se plantea globalmente hoy es un disfraz del extractivismo que propone la electromovilidad, con la batería de litio como un medio de descarbonización, con lo cual se pone en peligro una gran región de la puna de Argentina, Bolivia y Chile, de donde se extrae litio. Este territorio, que alberga las salinas y las lagunas altoandinas, tiene un rol ecosistémico fundamental y en él viven comunidades que se han desarrollado a lo largo de los años. Hoy todas estas poblaciones están en riesgo en nombre de la transición energética, que simplemente es una transición que no es justa, no es verde y que no es para todo el mundo. Es para el desarrollo de unos pocos y a costa de que estas tierras sigan siendo zonas de sacrificio».
Reforma constitucional, represión y movilización indígena
El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales (de la Unión Cívica Radical-Cambiemos), gobernó la provincia durante dos mandatos (ocho años). En los últimos meses de su gestión impulsó una reforma exprés de la Constitución provincial. Entre otros aspectos, imponía límites a la protesta social (intento de controlar los cortes de rutas y calles —una práctica habitual de lucha de los sectores populares de Argentina—), modificaba la composición de la representación en el poder legislativo y dejaba zonas grises respecto a los territorios de las comunidades indígenas.
Con apoyo de la oposición (el peronismo), Morales logró (con leves modificaciones) la reforma de la Constitución. Fue lo que desencadenó una oleada de protestas en diversos puntos de la provincia y también media docena de represiones en distintas localidades de Jujuy. Un hecho conocido en Argentina y toda América Latina: el extractivismo se impone con violencia de gobiernos y empresas.
Los cortes de ruta, principalmente sostenidos por pueblos indígenas, se mantuvieron durante dos meses y, aunque con menor fuerza, al cierre de este artículo (inicios de octubre) algunos aún permanecen activos.
Las comunidades originarias se organizaron en torno a una iniciativa llamada el Tercer Malón de la Paz (remite a dos movilizaciones históricas de pueblos indígenas en los años 1946 y 2006).
Las comunidades viajaron 1500 kilómetros hasta Buenos Aires, organizaron actos públicos en seis provincias en reclamo de sus derechos. Llegaron a destino el 1 de agosto (Día de la Pachamama —tributo a la Madre Tierra de los pueblos originarios) y protagonizaron una movilización masiva por el centro porteño. Hacía muchos años que no se veían las whipalas (bandera indígena) en el centro del poder de Argentina. Acampan (aún hoy) en vigilia frente a la Corte Suprema de Justicia (máximo tribunal del país) para que se declare la nulidad de la reforma constitucional de Jujuy.
Mariela Alancay, de la comunidad indígena de Aguas Blancas (en las Salinas Grandes, lugar codiciado por las empresas), remarca que detrás de la reforma constitucional está el deseo de quedarse con los territorios indígenas para entregarlos al extractivismo. En el caso de las Salinas Grandes, para las mineras de litio.
«¿Por qué no queremos litio en la Puna jujeña? Entiendan, señores, no lo queremos porque el litio es la madre de la sal y, si sacan el litio, la salina va a desaparecer, no habrá agua, habrá contaminación y quedará todo seco. Luchamos por nuestra salina, que esté sana y salva, como venía siendo, por los abuelos, por los ancestros. Y así queremos que quede para la generación que viene, para que pueda vivir con las salinas, con el turismo y con los animales para autoconsumo», explica.
Espero que en la ciudad entiendan por qué decimos que no. Ya lo decidimos, no hay más que hablar, es nuestro territorio y nuestra vida.
Alancay estuvo hasta hace pocas horas en el corte de ruta en Purmamarca. Volvió unas horas a su casa, a ver a la familia; se reintegró al bloqueo y luego fue parte de la comitiva que viajó 1500 kilómetros hasta Buenos Aires. Por si quedaran dudas, resume: «Espero que en la ciudad entiendan por qué decimos que no. Ya lo decidimos, no hay más que hablar, es nuestro territorio y nuestra vida. ¡Fuera la megaminería. Sí al agua y sí a la vida».
Litio, política de estado y mirada colonial
La minería de litio a gran escala en Argentina comenzó en 1998, con el proyecto llamado Fénix, en el salar del Hombre Muerto, en la zona de Antofagasta de la Sierra (provincia norteña de Catamarca), en manos de la multinacional FMC Lithium. A fines de la década del 2000 llegó una nueva etapa, con mayor presencia de empresas internacionales y las políticas activas del kirchnerismo (y los gobiernos provinciales).
En la actualidad, Jujuy cuenta con dos proyectos en explotación. Uno es Sales de Jujuy, una sociedad entre la empresa Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (Jemse) y las multinacionales Allkem (Australia) y Toyota (Japón), ubicada en el Salar de Olaroz. El segundo proyecto entró en fase de explotación en 2023, se llama Cauchari y está en manos de la Exar, conformada por Lithium Americas Corp (Canadá), Ganfeng Lithium (China) y la estatal jujeña Jemse.
Aunque son zonas de comunidades indígenas, nunca se llevó a cabo el proceso de consulta libre, previa e informada que establecen las leyes sobre derechos indígenas. Ambos gobernadores —Eduardo Fellner, del peronismo, y el actual Gerardo Morales, de UCR/Cambiemos— fueron (y son) los mejores lobbistas de las mineras y de la explotación de litio en particular.
Mauricio Macri (presidente entre 2015 y 2019) lo promocionó de forma reiterada. En agosto de 2018, desde Purmamarca, afirmó que la provincia sería líder en la producción de litio y prometió: «Jujuy se va a transformar en potencia mundial». En 2019, en su discurso en el Congreso Nacional, celebró: «El mundo habla del litio y en Catamarca, Salta y Jujuy tenemos enormes reservas».
Lo propio hicieron el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner entre 2019 y 2023. «Argentina es la segunda reserva de litio en el mundo (…) He visto cómo el mundo reclama el litio como energía y creo que tenemos la oportunidad de brindarlo», señaló el presidente en agosto de 2022.
En ningún momento cuestionan el extractivismo; solo plantean el deseo de una porción más grande de la torta. En la actualidad, por leyes sancionadas en la década del neoliberalismo de los noventa, las multinacionales mineras dejan solo el 3 % de lo exportado (sea oro, plata, cobre o litio). Y, lo que no es menos importante, ese tributo se calcula por lo indicado por la propia empresa en una simple declaración jurada de la compañía (no hay control del estado provincial ni nacional).
La falacia de la industrialización in situ
Horacio Machado Aráoz es un rara avis del mundo intelectual. Es un académico de larga trayectoria con una mirada crítica al extractivismo. Vive en una provincia sometida a la megaminería (Catamarca) y participa de las luchas junto a las organizaciones socioambientales. Es autor del libro Potosí, el origen, donde vincula la minería y el saqueo iniciado en 1492 con el presente extractivo. Explica que, en la actualidad, hay una fiebre por el litio como en su momento fue del oro, que tiene como motor «un discurso colonial-desarrollista» que promete mejoras a partir de la explotación de recursos naturales. «La minería de litio se enmarca dentro de la misma matriz neoliberal de la década de 1990, que en nuestra provincia tiene como referencia a Minera Alumbrera en explotación de cobre y oro, y que comprarte rasgos coloniales y de rapiña propios de la fase neoliberal extractiva».
Investigador del Conicet (el mayor ámbito de ciencia de Argentina), en su tesis doctoral Naturaleza mineral. Una ecología política del colonialismo moderno, analizó los peligros y riesgos de la minería. Considera una «falacia» y una «ficción industrialista» creer que, a diferencia del cobre o el oro, el litio se puede industrializar y transformar en batería en los países donde se extrae. Recuerda que hay un control oligopólico de empresas transnacionales que impide que los países de la región cumplan esa función, sumado a la histórica y conocida «división internacional del trabajo», con países dependientes subordinados (proveedores de materias primas) y países desarrollados que industrializan y agregan valor.
Extractivismo para la deuda externa y el FMI
Argentina había saldado toda su deuda al FMI en 2005, durante el gobierno de Néstor Kirchner; pero Mauricio Macri pidió al organismo internacional un préstamo de 50.000 millones de dólares, que fue calificado como el más grande de toda su historia.
El actual ministro de Ambiente, Juan Cabandié, nunca se refiere al extractivismo. Lo suyo es lo cosmético y los viajes a las cumbres climáticas. Por su falta de compromiso —justamente al ambiente—, es repudiado por las organizaciones socioambientales. En una entrevista televisiva sinceró la relación entre extractivismo y deuda externa: «Queremos canjear deuda por acción ambiental. Porque conseguir dólares para el vencimiento de deuda no podemos hacerlo sin contaminar».
En junio pasado, como precandidato presidencial por el peronismo, y actualmente ministro de Economía, Sergio Massa, llamó a mirar la cordillera de los Andes «como una torta». Indicó que del lado de Chile se hizo mucho y que del lado de Argentina queda «mucho por hacer», tanto en minería de litio como de cobre, oro y plata. Y reconoció para qué se requiere de la megaminería: «Una obsesión que debe tener el próximo presidente, sea quien sea, es la de consolidar el programa exportador para generar todos los dólares necesarios para pagarle al Fondo Monetario Internacional (FMI)».
En los próximos días de este mes de octubre se va a decidir quién encabezará el nuevo gobierno; pero gane Sergio Massa, Javier Milei o Patricia Bullrich, los tres candidatos se han manifestado a favor de avanzar con más extractivismo.
Aun así, como advirtió la Asamblea de Vecinos de Esquel (emblemática ciudad patagónica que rechazó mediante un plebiscito la megaminería en 2003), un sentir recorre la Argentina: «La Cordillera no es una torta ni la provincia de Chubut es zona de sacrificio. No pasarán».
Fuente: https://soberaniaalimentaria.info/otros-documentos/luchas/1061-no-comemos-baterias