El plan de reducción del déficit aprobado por el Gobierno de la Generalitat de Catalunya es un nuevo ataque al precario estado del bienestar de nuestros ciudadanos, en la línea del aplicado por el gobierno de Zapatero en el ámbito del Estado. Un y otro se pliegan en lo esencial a la exigencia de los […]
El plan de reducción del déficit aprobado por el Gobierno de la Generalitat de Catalunya es un nuevo ataque al precario estado del bienestar de nuestros ciudadanos, en la línea del aplicado por el gobierno de Zapatero en el ámbito del Estado. Un y otro se pliegan en lo esencial a la exigencia de los poderosos para hacer recaer la crisis sobre aquellos que no lo han provocado. Los grandes especuladores, la banca y las instituciones internacionales que están a su servicio (FMI, Banco Europeo) están desviando las consecuencias de la crisis, que ellos han provocado, hacia los trabajadores y la ciudadanía en general. Clases populares que durante años han sido víctimas de sus especulaciones inmobiliarias y financieras y ahora de la destrucción de las haciendas públicas, arruinadas para salvar sus injustos y desmesurados beneficios mediante billonarias ayudas públicas destinadas al rescate de la banca.
En particular, las medidas soberanas del Gobierno de Cataluña afectan a los trabajadores públicos (funcionarios y contratados), incluidos los de los servicios semiprivatizados del Servei Català de la Salut, los de las escuelas concertadas, los del Institut Català d’Assistència i Serveis Socials y otros. Se trata de un ataque frontal a los servicios públicos de Cataluña y, por lo tanto, al salario social de todos los ciudadanos y una señal inequívoca a la patronal para una reducción generalizada de salarios en los convenios colectivos y contratos laborales privados.
El hecho de que en Cataluña exista una voluntad de aumentar los impuestos sobre las rentas más altas (sin distinguir si son rentas del trabajo o del capital, y que en todo caso había que haber planteado mucho antes) no altera el profundo carácter reaccionario, neoliberal y regresivo de este decreto, que contribuye a lesionar los derechos de los trabajadores en aquello que depende del Gobierno catalán.
De hecho, el gobierno renuncia a actuar sobre los ingresos y sólo pretende reducir el gasto. Hay que recordar las políticas fiscales de reducción o eliminación del impuesto de sucesiones y sobre el patrimonio, que han disminuido los ingresos en unas cantidades muy superiores al recorte del gasto que ahora quieren aplicar. El decreto supone un recorte de 1.670 millones de euros, contra unos ingresos de 175 millones por la posible aplicación de los nuevos impuestos.
Asistimos en toda Europa al peor ataque a los derechos sociales desde la Segunda Guerra Mundial, a la reversión de conquistas y acuerdos sociales que abrieron paso a una etapa de compromiso histórico entre capital y trabajo que, pese a no acabar con el carácter explotador del sistema capitalista, permitió un marco de acción a la actividad reformista, la acción sindical y el progreso social.
Esta regresión está lejos de ser coyuntural, pues ninguno de los elementos profundos de la crisis está siendo abordado con estas medidas. Por el contrario, la bajada de salarios que se irá extendiendo a toda la sociedad, la destrucción de servicios, el aumento brutal de los impuestos sobre el consumo, como el IVA, así como las subidas de tarifas de servicios básicos, como la electricidad, no hará sino deprimir aún más la actividad económica y, por lo tanto, alimentará el crecimiento del paro y la destrucción de tejido productivo.
La solución está en otra línea, muy diferente. Hace falta un cambio de estrategia económica, un giro en las políticas laborales, sociales y ambientales en que el Estado incremente los ingresos, en lugar de recortar el gasto. En que el Estado recupere el control democrático del sistema financiero, ponga realmente freno a la evasión fiscal, a la especulación y a la corrupción. Por lo tanto, proponemos las siguientes líneas de acción:
Decidida acción pública para reformar radicalmente el sistema financiero, recuperando la banca pública (en lugar de liquidar lo poco que quedaba con la transformación de las cajas en simples bancos), gravando fiscalmente de verdad a los especuladores, las multinacionales y la gran banca privada, forzando así un cambio del esquema actual o rompiendo con las imposiciones de los banqueros europeos.
Decidida acción pública para dinamizar la economía con otro modelo productivo y de gestión de la actividad económica, basado en la sostenibilidad, la economía social, los servicios a las personas, el crecimiento endógeno, la producción y el consumo locales.
Decidida acción pública para desarrollar la protección social a las clases más desfavorecidas, entre ellas, los pensionistas, los parados, desahuciados y personas con elevado nivel de dependencia.
Reducción drástica de los gastos militares y retorno de todas las misiones en el extranjero, comenzando por el Afganistán, proyectos imperialistas al servicio de la expansión de las multinacionales en la búsqueda de materias primas.
Reducción drástica de los presupuestos de la Casa Real y de las subvenciones a la Iglesia, recorte de las retribuciones exorbitantes de determinados cargos políticos e institucionales y democratización participativa de la asignación de los presupuestos públicos dando prioridad a las necesidades de los ciudadanos y no de las grandes empresas.
El PSUC-Viu considera que estamos en un momento de ruptura histórica, en que las fuerzas de izquierda debemos definir claramente nuestra posición. No hay muchas opciones. La lógica de aceptar una descalabro histórico de las clases populares y comprometerse a gestionar la reducción de las conquistas sociales es una opción que representa a medio plazo la destrucción del espacio de la izquierda, desde la socialdemócrata a la comunista. Un giro no tan diferente del que supuso que, al inicio del siglo XX, la mayoría de los partidos obreros institucionales aceptasen como mal menor votar los presupuestos de guerra que llevaron a la Primera Guerra Mundial y al colapso de la Internacional, al traicionar su carácter fundacional pacifista e internacionalista.
En este sentido consideramos inadmisible la decisión del Consell Nacional de EUiA, convocado de urgencia en un plazo de tres horas, de dar apoyo como «mal menor» a las medidas del gobierno, con el argumento falaz de que la reducción de sueldos había que aplicarla por imperativo legal. Por otro lado, EUiA ni siquiera ha discutido las posteriores medidas de «racionalización» del sector público. Y, a pesar de ello, el grupo parlamentario ha decidido votar a favor del conjunto de las medidas anticrisis sin someter esta decisión a ningún órgano de dirección de EUiA, pese a nuestra insistencia en este sentido. Es preciso un debate profundo en el seno de EUiA, ICV y toda la izquierda sobre las implicaciones de estas decisiones, que no compartimos en absoluto. La prioridad que algunos dirigentes dan a la «estabilidad» del Govern d’Entesa al precio de no enfrentarse a la lógica de los recortes neoliberales sólo lleva a aumentar la desconfianza de los ciudadanos respecto de sus representantes y favorece aún más a la derecha, que contempla, encantada, cómo la izquierda le hace el trabajo sucio. Entendemos que nunca un gobierno de izquierdas puede ser quien firme la reducción de salarios y servicios, la vulneración de derechos largamente reconocidos como el de negociación colectiva (con el recorte de sueldos al personal contratado de centros educativos y hospitalarios concertados, por ejemplo). Antes queda la dignidad de oponerse claramente y concertar con les sindicados medidas que supongan la no aplicación práctica de los recortes o, al menos, su compensación por otras vías.
EN CONSECUENCIA, EL PSUC-VIU SE DESMARCA ROTUNDA Y PÚBLICAMENTE DE LA POSICIÓN ADOPTADA POR LA COALICIÓN ICV-EUiA EN ESTE TEMA Y HACE CONSTAR SU VOLUNTAD DE COMBATIR POR TODOS LOS MEDIOS A SU ALCANCE LAS MEDIDAS SOCIALMENTE INJUSTAS PROPUESTAS POR LOS GOBIERNOS ESPAÑOL Y CATALÁN Y APROBADAS POR LOS RESPECTIVOS PARLAMENTOS.
Proponemos adoptar otra lógica. La que nos muestran entre otros los trabajadores y trabajadoras de Grecia, o los ciudadanos de Islandia, negándose a pagar la factura que la gran banca europea quiere hacer recaer sobre ellos. Es la lógica de resistirse a la destrucción de las conquistas sociales emprendiendo una profunda, radical y extensa movilización social que se oponga a cualquier reversión de los derechos adquiridos. Una movilización que debería extenderse a los cargos institucionales que se niegan a ser cómplices de esta insensatez en comunidades autónomas, municipios y empresas públicas.
Sabemos que, a pesar de todos los esfuerzos de movilización, es probable que se den derrotas y retrocesos, porque, ahora mismo, desmovilizados por años de prosperidad engañosa y desigualmente repartida, quizá la mayoría de los trabajadores no estamos a la altura del reto que afrontamos. Pero la resistencia y la movilización es la única salida a medio plazo de los problemas que nos acosan. No hay peor derrota que la de aquel que se niega a luchar. Si se acepta esta lógica, tal como ha hecho nuestro gobierno, dentro de unos meses nos encontraremos con nuevos recortes a medida que la crisis se haga más profunda. Si no hay una contundente respuesta, estas medidas aún empeorarán. Al fin y al cabo, los recortes ahora aprobados no son sino el preámbulo de un ataque mucho más amplio al conjunto de los trabajadores mediante una inminente reforma del mercado laboral claramente regresiva. Unas y otras medidas, lejos de permitir superar la crisis, no harán sino ahondarla, al deprimir aún más el consumo y la actividad económica y elevar a niveles estratosféricos el paro y la precariedad.
El PSUC-Viu llama a todos los trabajadores y ciudadanos a dar la más firme respuesta a estas medidas a todos los niveles y en todas las formas posibles. Invitamos a las fuerzas progresistas a abrir un debate amplio sobre el sentido de esta contrarreforma, en los centros de trabajo, en la red, en los medios de comunicación, en los centros de estudio y de investigación, en las asociaciones de vecinos, etc. Llamamos a todas las corrientes y movimientos sociales progresistas a impulsar la adopción de medidas concretas e inmediatas favorables a las grandes mayorías, para revertir le grave amenaza que pesa sobre nuestro pueblo. Llamamos a conformar un Bloque Social de Defensa de los Derechos Ciudadanos, que se oponga al brutal ataque de las fuerzas neoliberales que se ha desencadenado por toda Europa. Llamamos a todos los trabajadores y ciudadanos, de todas las sensibilidades, desde la socialdemócrata a la comunista, pasando por libertarios, alternativos o ecologistas, a construir entre todos otra propuesta sobre una lógica totalmente diferente, insumisa, solidaria, movilizadora y participativa.
Ahora lo importante no son las etiquetas, sino las posiciones sobre el presente y el futuro que nos desafía de forma tan acuciante. Damos todo nuestro apoyo a las movilizaciones convocadas por las organizaciones sindicales, llamamos a la movilización en pro de su éxito, como primer paso para invertir esta situación.
Sólo la movilización social y la unidad de acción en torno a propuestas claras y concretas pueden permitir repeler la agresión en marcha contra las clases populares de nuestro país y de toda Europa. Sólo la coherencia y la defensa de los intereses de la mayoría puede ayudar a recomponer el tejido social y los valores de la izquierda.
¡NI UN PASO ATRÁS EN LAS CONQUISTAS SOCIALES QUE TANTO NOS COSTÓ ALCANZAR! ¡CONTRA LA DICTADURA DEL CAPITAL FINANCIERO, QUE HACE COTIDIANAMENTE BURLA DE LA SOBERANÍA POPULAR, DEFENDAMOS UNA SOCIEDAD JUSTA, SOLIDARIA Y DEMOCRÁTICA!
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