El domingo 27 de agosto el periódico La Opinión de Tenerife anunciaba en su primera página la noticia de que «Casi 20.000 pensionistas isleños cobran dos o más prestaciones al mismo tiempo». En páginas interiores -concretamente, la 16- el redactor Moisés Álvarez Montero desarrollaba la noticia. Y lo hacía de la manera a que nos […]
El domingo 27 de agosto el periódico La Opinión de Tenerife anunciaba en su primera página la noticia de que «Casi 20.000 pensionistas isleños cobran dos o más prestaciones al mismo tiempo». En páginas interiores -concretamente, la 16- el redactor Moisés Álvarez Montero desarrollaba la noticia. Y lo hacía de la manera a que nos tienen acostumbrados los medios informativos al uso cuando tratan cuestiones que afectan a las clases más desfavorecidas de la sociedad.
PORTAVOZ OFICIOSO
En efecto, en este como en tantos otros casos, La Opinión se limitaba a ser el portavoz oficioso del Gobierno. Se basaba, eso sí, en datos estadísticos ciertos, pero sin contextualizarlos socialmente, dando la impresión de que 20.000 pensionistas canarios (exagerado redondeo periodístico, pues en realidad son 448 menos), se lo están llevando crudo al cobrar dos o más pensiones al mismo tiempo. En las líneas que siguen intentaremos llevar a cabo esa necesaria labor de contextualización, sin la cual cualquier verdad corre el riesgo de convertirse en una media mentira.
LAS PENSIONES EN CANARIAS
Según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social correspondientes al pasado mes de julio, los 289.067 pensionistas de Canarias perciben 308.619 pensiones, con una media de 848,17 euros mensuales. Pero ya se sabe que en cuestión de prestaciones sociales los porcentajes medios son engañosos, pues constituyen el resultado de dividir el monto total de las mismas por el número de personas que acceden a ellas y, concretamente en el caso de los pensionistas, están desde la exigua minoría que cobra la pensión contributiva máxima de 2.573,7 euros al mes (que descontando el IRPF se quedan en poco más de 2.100) y los que acceden a la pensión no contributiva mínima que, según la normativa vigente, no podrá ser inferior a la fastuosa cantidad de 92,23 euros al mes.
En relación a éstos, los que cobran la no contributiva íntegra «se forran», pues su prestación oscila entre los 368,90 y los 553,35 euros al mes. Esto último en los casos de pensiones de invalidez, si quien la percibe padece un grado del 75% o más y precisa los cuidados de otra persona. Si encima se tratara de una mujer viuda y su difunto hubiera tenido una prestación de -pongamos- 900 euros al mes, su pensión en el último de los supuestos ascendería a 1.003,35 euros mensuales. Un verdadero despiporre.
Esta hipotética señora formaría parte de los 19.552 pensionistas canarios que están cobrando dos pensiones al mismo tiempo. Sería una «privilegiada», si consideramos el contexto general de las pensiones en Canarias, donde más de la mitad de las y los pensionistas (en torno a 155.000 personas), según datos de finales de diciembre del año pasado, cobra menos del salario mínimo interprofesional, fijado para 2017 en 707,6 euros. De estos, unos 60.000 están en la franja de los que perciben entre 600 y 655,2 euros (muchos de ellos seguramente cobrando dos pensiones), y alrededor de 30.000 (uno de cada diez) en las franjas inferiores, por debajo de los 353 euros.
OTRA VUELTA DE TUERCA
Y ahora el Gobierno quiere dar otra vuelta de tuerca, eliminando las pensiones de viudedad, porque la «concurrencia de pensiones», -como nos informa D. Moisés Álvarez Montero- «ha cobrado relevancia una vez que la crisis económica ha puesto contra las cuerdas la viabilidad del actual sistema de pensiones de la Seguridad Social». (…) «El déficit del sistema llegó el último ejercicio a más de 18.000 millones en números rojos, toda una losa que pone en duda que se siga permitiendo percibir más de una pensión pública». El peligro está, a juicio del informador, en el «notable incremento» de las personas, sobre todo mujeres que cobran, aparte de su pensión de jubilación, la prestación por viudedad, situación que se acrecentará en el futuro con la progresiva incorporación de la mujer al trabajo.
NEGAMOS LA MAYOR
Pues bien, nosotros negamos la mayor: No es la crisis económica la que «ha puesto contra las cuerdas la viabilidad del actual sistema de pensiones», sino las medidas llevadas a cabo por el Gobierno del PP con el objetivo indisimulado -y exitoso- de cargar las consecuencias de esa crisis solamente sobre las clases subalternas de la sociedad (trabajadores de todo tipo y condición, pequeños y medianos empresarios, funcionarios, pensionistas, etc.), en beneficio exclusivo de la banca y las grandes empresas, los verdaderos responsables del crack económico.
(Un dato al margen: Desde el inicio de la crisis se han perdido en España 30.000 millones en salarios, mientras que los beneficios de los grandes empresarios y financieros han aumentado 14.000 millones. Hoy las rentas del capital en España crecen el doble que los salarios. Los ricos se están haciendo inmensamente ricos, a costa del empobrecimiento de la mayoría social. El multimillonario americano Warren Buffett define crudamente esta situación: «La lucha de clases existe y la estamos ganando nosotros»).
UNA REFORMA NEFASTA
Es en este contexto donde hay que ubicar medidas ferozmente neoliberales como la reforma del Sistema de Pensiones de 2013, que desliga el incremento anual de las mismas del aumento del coste de la vida. Desde entonces las pensiones han entrado en un proceso continuado e indefinido de devaluación que, unido a la introducción dentro de dos años del llamado Factor de Equidad Intergeneracional (más bien factor de recortes intergeneracionales), hará que la pérdida de poder de compra, cuando se jubilen, sea de más del 40% para la generación de trabajadores y trabajadoras que hoy andan por los 35 o 40 años. Entre ellos seguramente el autor de la información que estamos comentando.
AGRESIONES INDIRECTAS
Pero aparte de este ataque directo a las pensiones, están las agresiones indirectas, en especial las reformas laborales del PSOE, en 2010, y del PP en 2012, activadas no para garantizar un sistema productivo más eficiente, sino para facilitar despidos, abaratar salarios y precarizar empleos. Esto ocasiona que hoy, alcanzado el mismo nivel de empleo que antes de la crisis, las aportaciones laborales a la Seguridad Social estén dos puntos por debajo de los gastos. Y si a esto añadimos otras medidas, como la tarifa plana que bonifica a las empresas por contratación indefinida y que ha supuesto para la Seguridad Social una pérdida de ingresos de más de 21.000 millones de euros en los últimos cinco años, las consecuencias para el equilibrio financiero del sistema, están siendo devastadoras.
Y para no hacer interminable esta exposición, nos limitamos a citar el saqueo del Fondo de Reserva de la Seguridad Social llevado a cabo por el PP en sus años de gobierno, que demuestra la intención deliberada de liquidar uno de los pilares máximos del estado de bienestar en nuestro país.
ENFOQUE EQUIVOCADO
En resumen, creemos que la alarrma social que pretende generar la información a la que nos referimos ha equivocado el foco. El problema para la sostenibilidad de las pensiones públicas no está en que un determinado número de pensionistas (mujeres y hombres viudos especialmente) cobren dos o más prestaciones, en la mayoría de los casos muy precarias, sino en las políticas económicas del PP, que condenarán -si se le sigue votando- a varias generaciones de pensionistas a una vejez en la más terrible de las indigencias.
Bastaría revertir esas políticas para que los pensionistas y los demás sectores empobrecidos de la población tuvieran una vida y un futuro más favorable. Afortunadamente, la historia no ha terminado, como aseguraba un mantra neoliberal muy de moda hace unos años, pero hoy completamente desfasado.
Julián Ayala Armas y Luis Pérez Serichol son, respectivamente, presidente y vicepresidente de la Asociación para la Defensa de las Pensiones Públicas de Canarias
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