“Quiero que Europa se convierta en el primer continente climáticamente neutro del mundo para 2050. Para que esto suceda, presentaré un Pacto Verde para Europa en mis primeros 100 días en el cargo. Presentaré la primera ley climática europea que convertirá el objetivo de 2050 en ley […]. No dejamos a nadie atrás”. Estas fueron las palabras de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, en el discurso de investidura en la apertura del Parlamento Europeo en julio de 2019 (Comisión Europea, 2019a).
A lo largo de los dos años de legislatura europea se han ido presentando diferentes piezas legislativas comunitarias en relación con los sectores de la energía, la industria, la construcción, la movilidad, la agricultura, la alimentación y, la más reciente, conocida como Fit for 55, que revisa y reactualiza las herramientas para reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero en al menos un 55 por ciento de aquí a 2030, en comparación con los niveles de 1990, y conseguir la neutralidad climática para 2050.
El Pacto Verde Europeo se presenta coma una estrategia integral y de largo plazo, que busca escapar de la mera reedición de las políticas sectoriales (Sanahuja, 2021) y acometer una amplia transformación económica y social de la UE en los próximos treinta años, así como redefinir el lugar de Europa en el mundo y en el sistema multilateral. El Pacto Verde Europeo es probablemente el ejercicio narrativo más ambicioso desde la creación de la Comunidad Económica Europea, y la propuesta más articulada desde el Tratado de Maastricht hace treinta años.
Se trata de una apuesta estratégica de las elites de la UE para relanzar el proyecto europeo y restaurar una legitimidad perdida, o al menos muy deteriorada entre la ciudadanía europea. El austericidio y el disciplinamiento social impuesto por la UE en la gestión de la crisis de 2008 crearon una fuerte desafección, aceleraron el euroescepticismo, y aumentaron la desconfianza hacia los actores institucionales europeos y los intereses que representan. El propio Juncker, en el discurso sobre el estado de la Unión en 2016, reconocía que la UE sufría una “crisis existencial”; en la misma línea, el presidente del Parlamento Europeo en ese momento, Martin Schultz, señalaba que “si continuamos así, destruiremos la UE”.
La Comisión Europa, plenamente consciente de ello, resume así la vocación de esta estrategia: “El Pacto Verde Europeo tiene un gran potencial transformador, y, frente a la desafección, su objetivo es recuperar la confianza ciudadana y asociar a los ciudadanos en toda su diversidad con las autoridades nacionales, regionales y locales, la sociedad civil y los sectores económicos” (Comisión Europea, 2019b).
Después de llevar a cabo distintos ejercicios de reflexión y realizar diferentes propuestas sin mucha transcendencia, ni capacidad de relegitimación, durante la presidencia de Junker (como un pilar europeo de los derechos sociales sin presupuesto u obligatoriedad de cumplimiento por los Estados miembros), la Comisión Europea de von der Leyen ha apostado por dar centralidad a los temas ambientales, que son la preocupación ciudadana que más ha crecido en la UE, sobre todo en las economías centrales europeas. La visibilidad que adquirió la estudiante sueca Greta Thunberg con su skolstrejk för klimatet (huelga escolar por el clima) detonó unas movilizaciones sin precedentes de jóvenes por el clima con los Fridays for Future. Los movimientos que se articularon previos a la pandemia, como Rebelión por el Clima y Juventud por el Clima, lanzaron un contundente mensaje a los Gobiernos, las corporaciones y el sector financiero exigiendo hacer caso a la evidencia científica y responsabilizándolos por la falta de acción política.
El Eurobarómetro ha ido reflejando cómo esta preocupación aumenta año tras año. Según la última encuesta publicada en julio de 2021, el 93 por ciento de los ciudadanos consideran que el cambio climático es un problema muy grave. Desde el punto de vista de las estrategias de respuesta, nueve de cada diez europeos (el 90 por ciento) creen que las emisiones de gases de efecto invernadero deberían reducirse al mínimo y compensarse las emisiones restantes, de modo que la UE sea climáticamente neutra a más tardar en 2050. Más de ocho de cada diez ciudadanos encuestados (el 81 por ciento) indican que las energías limpias deberían recibir más ayudas públicas, aun si esto se traduce en menores subvenciones a los combustibles fósiles. A la pregunta de a quiénes incumbe la responsabilidad de hacer frente al cambio climático, los ciudadanos hacen hincapié en la necesidad de una reforma estructural que complemente las actuaciones personales, y señalan la responsabilidad de los Gobiernos (el 63 por ciento), las empresas y la industria (el 58 por ciento) y la UE (el 57 por ciento). La COVID-19, los desastres meteorológicos recientes como las inundaciones en Europa Central, los incendios en los países mediterráneos y los máximos históricos de temperatura alcanzados en algunas latitudes (R&WS, 2020), así como la publicación en agosto del sexto informe de evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, 2021), no hacen más que reforzar esta tendencia.
Asimismo, en los últimos años hemos asistido a un ascenso de los partidos verdes en Europa, sobre todo en economías centrales, así como a la creciente asunción de la agenda ambiental por parte del resto de partidos. En Alemania, la dimensión ecológica fue clave en las últimas elecciones europeas de 2019, y está marcando el debate en las elecciones nacionales de septiembre del 2021. En Finlandia, Suecia o Luxemburgo, los partidos ecologistas forman parte de Gobiernos en coalición con los socialdemócratas o los liberales (Davis, 2019). En Austria existe una coalición de gobierno entre el partido verde y los conservadores (ÖVP) desde enero de 2020 (Velert, 2020). Y en Escocia, los nacionalistas y verdes han alcanzado un pacto de gobierno recientemente (EFE, 2021).
Con los ecos del New Deal con el que el presidente Roosevelt se enfrentó a la Gran Depresión en Estados Unidos y abrió las puertas al paradigma keynesiano de política económica, la expresión de Green New Deal como estrategia económica no es algo nuevo en tiempos recientes. En los albores de la crisis de 2008, y como respuesta a la Gran Recesión, una serie de actores de mundo académico, think tanks como la Fundación para una Nueva Economía, ligada al Partido Laborista del Reino Unido, el Worldwatch Institute, o la Fundación Europea Verde ligada al Grupo Verde del Parlamento Europeo, así como instituciones internacionales como el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), ya abogaron en su momento por impulsar un Nuevo Pacto Verde, aunque con poco éxito en su capacidad para marcar la gestión de la crisis en ese momento.
El (re)lanzamiento de Pacto Verde Europeo puede entenderse como una forma de populismo socialdemócrata (Sanahuja, 2021), heredera de las propuestas iniciadas hace diez años. Un intento de reconstruir el consenso socialdemócrata y democristiano con el apoyo de los partidos verdes.
Ello tiene un valor en sí mismo porque responde al fracaso de la gestión austericida de 2008, incorpora demandas históricas del movimiento ecologista como objetivos claros y ambiciosos para alcanzar la neutralidad climática, y busca dar salida a la creciente preocupación ciudadana por el cambio climático. Sin embargo, su mayor debilidad y contradicción es que propone dar respuesta a la emergencia climática acelerando el modelo económico de globalización neoliberal que ha causado esta crisis ecológica y social.
En muy pocos años asistiremos, previsiblemente, a la rápida transformación de sectores que hasta ahora habían sido muy reacios a los cambios, con una aceleración de las renovables, el coche eléctrico, la inclusión de parámetros verdes en las inversiones, el fin de carbón… Con este escenario puede resultar tentador argumentar que estamos ante la reforma verde del modelo ordoliberal de la UE, la refundación de las bases de economía social de mercado con la internalización de la dimensión ambiental. Sin embargo, parece más preciso analizarlo en clave de las transformaciones que se dan en el seno del “nuevo neoliberalismo” que definen Dardot y Laval, entendido como “una variante contemporánea del poder neoliberal que ha adoptado un estilo populista para reforzar y radicalizar el dominio del capital sobre la sociedad. Es como si el neoliberalismo aprovechara la crisis de la democracia liberal-social que ha provocado y que no cesa de agravar para imponer mejor la lógica del capital sobre la sociedad” (Dardot, Laval, 2019).
Ahora bien, la transformación del capitalismo hacia lo verde no está exenta de tensiones y divisiones dentro de diferentes facciones de las elites. Algunas se oponen frontalmente a una política climática real, porque perjudicará inmediatamente a sus beneficios. Otras se maquillan de verde para aparentar que son favorables a las políticas climáticas, pero en realidad mantienen una política agresiva hacia el medio ambiente. Y, por último, está una parte del capital al que realmente le interesa una transición energética y quieren una participación del Gobierno, aunque no demasiada; confían en la regulación y los incentivos públicos con el fin de ayudar a crear nuevos sectores donde no existen, y donde buscan poderse posicionar bien (Viento Sur, 2021).
La gestión de crisis ambiental tampoco está exenta de disputas. Mientras, el neoliberalismo trumpista promueve posiciones anticientíficas, hace gala del negacionismo climático y desmantela la legislación ambiental, como Bolsonaro en la Amazonía. La otra variante contemporánea del poder neoliberal, que podríamos catalogar como un neoliberalismo progresista verde, ve en el capitalismo verde una oportunidad de relanzamiento de la economía de mercado, de ganar legitimidad y volver a ilusionar con un relato que da respuesta a los miedos del cambio climático y crisis sistémica. Y de paso promete solucionar, o por lo menos mitigar, las desigualdades e inequidades sociales que venía arrastrando, aunque las contradicciones e imposturas afloran de manera recurrente. El propio Macron, adalid del capitalismo verde europeo, ha presionado para que la energía nuclear se considere un combustible de transición y obtenga así la etiqueta de inversión sostenible, con la oposición de Alemania y Austria por la cuestión no resuelta del almacenamiento de desechos nucleares y de seguridad de los reactores (Martin, 2021); si bien, al mismo tiempo, Alemania y otros países habían insistido en que el gas natural se mantuviese como una opción viable para la transición energética de Europa (Wehrmann, 2021). El Pacto Verde Europeo puede situarse en un marco discursivo problemático a nivel político, donde la alternativa al neoliberalismo trumpista se presente como un cierre de filas en torno al neoliberalismo progresista verde, con discusiones sobre aspectos puntuales que pueden tener su trascendencia, pero sin dejar lugar para otras alternativas que cuestionen el modelo económico y reviertan las dinámicas y tendencias de fondo.
Y es que, si analizamos los tres fines fundamentales del Pacto Verde, a saber: (1) que el crecimiento económico esté disociado del uso de recursos, (2) que hayan dejado de producirse emisiones netas de gases de efecto invernadero en 2050, (3) que no haya personas ni lugares que se queden atrás (Comisión Europea, 2021b), estos pudieran parecer los objetivos para configurar una agenda ecosocial de una Europa pospandemia, pero, sin embargo, las buenas palabras suelen chocar con la realidad: una arquitectura europea incuestionada, que sigue condicionando las políticas y las acciones comunitarias pospandemia en una dirección opuesta a los supuestos fines del Pacto Verde. Analicémoslo más detalladamente:
Que el crecimiento económico esté disociado del uso de recursos
Twin transition, transición gemelar verde y digital es uno de los términos coloquiales que se utiliza para hablar del Pacto Verde Europeo. Dos términos que se ponen juntos pero cuyos desarrollos configuran escenarios divergentes.
No es solo que no se cuestiona el mantra del crecimiento, sino que la visión dominante, con su apuesta por el 5G, el big data, la sustitución del coche de combustión por el eléctrico, la digitalización de la agricultura y del turismo masivo, supone una Gran Aceleración del consumo de recursos naturales y comporta una inmensa huella ecológica. El acceso a determinados minerales cruciales, tanto para el desarrollo de las TIC como para la infraestructura renovable, son cuellos de botella crecientes (Almazán, 2021). Lo estamos viendo ya en la industria del automóvil con los chips y el aumento de precio de las materias primas. La disputa por recursos naturales escasos (Comisión Europea, 2021a) agravará tensiones y generará más desigualdad, con enormes conflictos sociales e impactos en el clima y los ecosistemas (Almazán, 2021). Un buen ejemplo de esta competencia global por los recursos y el papel de la UE es la aceleración de la negociación de acuerdos comerciales como el de UE-Mercosur, o la modernización del acuerdo UE-Chile, dentro de una lógica profundamente extractivista.
Sin ir más lejos, en los mismos planes nacionales de recuperación y resiliencia presentados para acceder a los fondos de recuperación Next Generation EU (Comisión Europea, 2021), asistimos a la financiación de macroproyectos, con una más que probable aceleración del agravamiento de la crisis ecológica (Ecologistas en Acción, 2021). La ampliación de los aeropuertos del Prat y de Barajas es un buen ejemplo de ello.
La llamada Cuarta Revolución Industrial debería servirnos, por el contrario, para avanzar hacia la desmaterialización de la economía, aumentar la eficiencia de todo el sistema de producción y consumo y reforzar la capacidad de resiliencia de las sociedades (Ramiro, González, 2021).
Que hayan dejado de producirse emisiones netas de gases de efecto invernadero en 2050
Revertir en menos de treinta años una tendencia iniciada con la Revolución Industrial y fuertemente acelerada en las últimas décadas requiere poner a disposición de la transformación todas las herramientas legales, fiscales, administrativas, de gobernanza, etc. conocidas y por inventar. Sin embargo, los corsés de la constitucionalización neoliberal de la arquitectura europea que (de)limitan la política económica no se han modificado. El Pacto de Estabilidad, que obliga a los Estados miembros a no sobrepasar el 60 por ciento del PIB en su deuda pública ni el 3 por ciento en su déficit público, sigue vigente, pues tan solo ha sido suspendido. Por ejemplo, ya está previsto un recorte de hasta un 25 por ciento de los fondos NGEU para aquellos países que no cumplan el Pacto de Estabilidad en cuanto se haya restaurado.
La descarbonización de la economía plantea un importante debate, no siempre fácil o cómodo, sobre el papel que debe jugar el Estado. Adoptar objetivos ambiciosos de mitigación climática, poner incentivos para la trasformación, multar a quien contamina, el papel del poder judicial con sentencias como la del Tribunal Constitucional de Alemania sobre la falta de ambición de la Ley de Cambio Climático, o contra las prácticas de Shell en Holanda, son claros ejemplos de que los poderes públicos tienen herramientas imprescindibles para afrontar la transición en el marco temporal que tenemos. Pero muchas de estas herramientas, como la capacidad de intervenir en la economía a través de la creación de empresas públicas o la nacionalización de empresas en sectores estratégicos chochan, sin embargo, con los muros del constitucionalismo europeo de mercado.
La UE no cuenta propiamente con una Constitución, pero las normas comunitarias a través de Tratados como el de Maastricht y el de Lisboa han elevado las normas de derecho privado (incluido el mercantil y el penal) al rango de leyes constitucionales que prevalecen sobre el derecho estatal nacional (Dardot, 2021). Un constitucionalismo de mercado, que no permite que el Estado actúe con iniciativa empresarial, sino como actor financiero a pérdidas, inyectó en la crisis de 2008 dinero público a la banca, y ha gestionado durante la pospandemia transferencias a empresas-créditos ICO, ERTE… (Ramiro, González, 2021). En los años noventa se privatizaron empresas públicas solventes, ahora se socializan las pérdidas de las grandes empresas y se utiliza capital público para expandir empresas privadas. Debemos construir un espacio público en expansión, sin el cual los mismos derechos democráticos y nuestra propia posibilidad de vivir en el planeta estarán condenados a desaparecer. Y esto pasa por cuestionar la camisa de fuerza de unos tratados europeos que constitucionalizan el neoliberalismo como la única política posible.
Que no haya personas ni lugares que se queden atrás
El Pacto Europeo es explícitamente verde, pero no social. Se fijan, por ejemplo, objetivos claros para la transición energética, pero no hay exigencias para reducir la pobreza energética. Si bien existe el Mecanismo para una Transición Justa, o el Fondo Social para el Clima, como parte del paquete climático Fit for 55, que se añadió a última hora, la agenda social no deja de ser complementaria o un apéndice. En los fondos de recuperación, las empresas que han recibido fondos en España, por ejemplo, no han estado sometidas a condicionamientos sociales.
El objetivo de la UE de convertir Europa en el primer continente climáticamente neutro del mundo para 2050 puede suponer, a su vez, una factura muy alta en el Sur global, reforzando las lógicas colonizadoras y extractivistas, en la lucha interimperialista por los recursos escasos, y favoreciendo esquilmar los recursos, la deforestación o la externalización de los sectores más contaminantes. Muy pocas veces se analiza la cadena global de producción y distribución, para entender, por ejemplo, cómo los coches eléctricos en el Norte están sustentados sobre la explotación y vulneración de derechos en el Sur. Una transición sin justicia social será incapaz de dar respuesta a los retos civilizatorios a los que nos enfrentamos.
Más allá de los límites del Pacto Verde Europeo, es fundamental aprovechar el debate público que se puede generar no solo para mostrar sus incoherencias o deficiencias, sino también para poder anteponerle un New Deal ecosocialista que, desde una visión holística, presente un plan de transformación y relocalización del sistema productivo y económico con objetivos de cumplimiento a corto (2030) y medio plazo (2050) en los retos sociales, climáticos, energéticos y ecológicos. Para ello, es preciso desprivatizar y desmercantilizar los servicios esenciales (educación, salud, pensiones, cultura) y ámbitos estratégicos como la energía, la vivienda, la banca, el agua; debemos acometer una reforma fiscal profunda que evite el dumping fiscal europeo, la evasión y el fraude fiscal; es necesario reforzar los sistemas públicos de seguridad social, promover la organización social de los cuidados, la disminución de la jornada laboral y los repartos del trabajo; debemos abrir un debate sobre qué revolución tecnológica, qué tecnologías y para qué. Aunque, probablemente, el primer paso es romper con cualquier ilusión de que esta UE puede salvarnos de la catástrofe climática. Como escribe Daniel Tanuro, ¡es demasiado tarde para ser pesimistas!
Referencias:
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Comisión Europea (2019a, julio). Declaración de apertura en la sesión plenaria del Parlamento Europeo por Ursula von der Leyen, candidata a la presidencia de la Comisión Europea, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/SPEECH_19_4230
____ (2019b). El Pacto Verde Europeo. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, Bruselas, COM(2019), 640 final, 11 de diciembre, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2019%3A640%3AFIN
____ (2020). Plan de recuperación para Europa, https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_es
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Dardot, Pierre; Laval, Christian (junio 2019): “Anatomía del nuevo liberalismo”, Viento Sur, https://vientosur.info/anatomia-del-nuevo-neoliberalismo/
Dardot, Pierre (2021, mayo). “Regímenes políticos: neoliberalismo y autoritarismo”, Viento Sur, https://vientosur.info/regimenes-politicos-neoliberalismo-y-autoritarismo/
Davis, Austin (2019) “El voto ecológico, clave en las elecciones europeas”, DW, https://www.dw.com/es/el-voto-ecol%C3%B3gico-clave-en-las-elecciones-europeas/a-48853497
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Artículo publicado originalmente en el Dosier de Europa, pandemia y crisis económica de Economistas sin Fronteras.