Como muchos recordarán, Franco recurrió al refranero tras el asesinato de Carrero Blanco. De forma totalmente enigmática, dijo aquello de «no hay mal que por bien no venga». Algo similar cabría afirmar ahora con respecto a los sucesos en Cataluña de los últimos dos meses. La crisis política catalana ha sacado a la superficie el […]
Como muchos recordarán, Franco recurrió al refranero tras el asesinato de Carrero Blanco. De forma totalmente enigmática, dijo aquello de «no hay mal que por bien no venga». Algo similar cabría afirmar ahora con respecto a los sucesos en Cataluña de los últimos dos meses.
La crisis política catalana ha sacado a la superficie el lado más tenebroso de la democracia española: un legalismo exacerbado a la hora de abordar problemas políticos complejos, una visión muy estrecha de la democracia como Estado de derecho, una fuerte resistencia a negociar, un nivel bajo de tolerancia hacia quienes piensan de forma radicalmente distinta y un intento de resolver un conflicto político mediante causas judiciales. Así lo han señalado numerosos analistas, tanto extranjeros como nacionales.
Por si todo lo anterior no fuera ya suficientemente preocupante, el nacionalismo catalán ha provocado el resurgimiento de un nacionalismo español bastante primario que se encontraba en estado de latencia. Incluso ha vuelto esa cosa castiza del «no nos entienden» fuera de España.
La baja calidad de la democracia española y la reaparición de un nacionalismo español no precisamente integrador ha sumido a muchos en la desolación, pues todo parece indicar que nuestro sistema político entra en una fase regresiva, con pulsiones autoritarias cuyo alcance está todavía por determinar. Lo que podría haberse resuelto mediante negociación y pacto a lo largo de los años anteriores, ha terminado explotando y, de paso, legitimando la respuesta dura del Gobierno de Mariano Rajoy. No es la menor de las paradojas que el principal responsable de que la situación catalana se haya ido pudriendo con el paso del tiempo, obtenga en estos momentos un apoyo cerrado de los grandes grupos mediáticos y de buena parte de la ciudadanía.
Y, sin embargo, no hay mal que por bien no venga…
Durante estas semanas políticamente frenéticas que hemos vivido con la crisis catalana, son muchos los políticos y analistas que han criticado tanto la votación del 1-O como la declaración de independencia del 27-O por no cumplir unos requisitos democráticos mínimos.
Con respecto al 1-O, fueron muchísimos quienes insistieron en que la participación había sido muy baja, por debajo del 50% del censo. Según las autoridades catalanas, fueron a votar 2,26 millones de personas, lo que supone solamente un 42% de participación. Si tenemos en cuenta que unos 700.000 votos fueron incautados por las fuerzas de seguridad, la participación final estaría cercana al 50%. Además, se ha señalado una y otra vez que la votación no podía considerarse un auténtico referéndum por falta de garantías (en el censo, en el recuento, etc.). Al ser un referéndum convocado unilateralmente, sin la aprobación del Gobierno central, los partidos no independentistas llamaron a la no participación, con lo que aproximadamente la mitad de los catalanes no se dieron por convocados.
Con mayor razón, cuando el presidente Carles Puigdemont se valió de los resultados de la votación del 1-O para dar legitimidad a la declaración de independencia en el Parlamento catalán el 27-O, hubo una avalancha de críticas diciendo que Puigdemont no contaba con los apoyos necesarios para dar un paso tan trascendente como la declaración de independencia de un territorio. La mitad independentista de Cataluña no podía imponer a la otra mitad el proyecto de constitución de un República catalana independiente de España.
Lo interesante del caso es que al utilizar ese tipo de argumentos sobre la legitimidad democrática de los pasos dados por Puigdemont, se estaba cambiando el marco de análisis de forma quizá no pretendida. Hasta el 1-O, la principal razón para oponerse al referéndum era que este no tenía cabida en la Constitución. En cambio, a partir del 1-O, el problema ha sido la falta de garantías democráticas. Igualmente, hasta el 27-O, el argumento para oponerse a una declaración de independencia apelaba a la «indisoluble unidad de la Nación española» que proclama la Constitución. Pero a partir del 27-O la crítica se transformó en que Puigdemont no contaba con los apoyos necesarios para tratar de formar una República catalana.
De esta manera, el debate ha abandonado los parámetros constitucionales, entrando de lleno en parámetros democráticos. Si alguien defiende que la votación del 1-O no puede considerarse como un auténtico referéndum, está asumiendo que si el referéndum se hubiese realizado con garantías, previo pacto entre los Gobiernos central y catalán, no habría habido motivo de crítica. Y si el resultado hubiese sido incontestable (más de la mitad del censo a favor de la independencia) no habría quedado más remedio que tomarse en serio la demanda de independencia.
Asimismo, cuando se rechaza la declaración del 27-O porque no había una mayoría suficiente a favor de la independencia, nos metemos de lleno en la lógica democrática, pues lo que la crítica presupone es que si la mayoría hubiera sido suficientemente amplia, Puigdemont habría tenido buenas razones para proclamar el Estado catalán.
Lo quieran o no, quienes han utilizado estos argumentos se encuentran atrapados en el marco democrático. Quizá eso ayude a explicar por qué en la encuesta de Sigma Dos para El Mundo, un 57% de los entrevistados en el conjunto de España declaraban estar a favor de la celebración de un referéndum pactado en Cataluña (frente a solo un 38% que se oponía). Entre los votantes del PSOE, un 59% así lo pensaba. Y entre los votantes del PP y Ciudadanos, ¡un 40 y un 45% respectivamente estaban de acuerdo con que se celebre un referéndum pactado en Cataluña!
La encuesta de El Mundo ha pasado convenientemente desapercibida entre los comentaristas habituales. Habrá que esperar a ver si el resultado se confirma en futuros estudios. Por el momento, parece corroborar que una buena parte de los españoles ha entrado ya en la lógica democrática. No es una ganancia menor. Si la crisis catalana, con el referéndum fallido y una estrafalaria declaración de independencia, ha podido servir para algo, es para que mucha gente se vaya convenciendo de que la mejor manera de resolver el conflicto consiste en una negociación entre Cataluña y el resto de España que conduzca a un referéndum pactado y con garantías.
Ignacio Sánchez-Cuenca es profesor de Ciencia Política en la Universidad Carlos III de Madrid. Entre sus últimos libros, La desfachatez intelectual (Catarata 2016), La impotencia democrática (Catarata, 2014) y Atado y mal atado. El suicidio institucional del franquismo y el surgimiento de la democracia (Alianza, 2014).