El ex juez español, que tramitó la causa por el asesinato en Madrid de la madre de Gustavo Molfino, rehusó investigar a los funcionarios españoles implicados y al ex comisario de la Policía Federal Juan Ramón Morales, miembro de la Triple A refugiado en España. Los avances en la investigación llevados a cabo por el […]
El ex juez español, que tramitó la causa por el asesinato en Madrid de la madre de Gustavo Molfino, rehusó investigar a los funcionarios españoles implicados y al ex comisario de la Policía Federal Juan Ramón Morales, miembro de la Triple A refugiado en España. Los avances en la investigación llevados a cabo por el periodista Danilo Albin detallan una complicidad española que Garzón tenía competencia para investigar. El histórico dirigente de la UCR, Hipólito Solari Yrigoyen cuestionó al juez.
21 de julio de 1980, pleno verano en España. En un departamento de alquiler temporario del madrileño barrio de Princesa sale un feo olor. Los encargados del edificio avisan a la Policía que una mujer que había sido acompañada por dos hombres de acento argentino llevaba tres días sin salir. Era el cuerpo sin vida de Noemí Gianotti, madre de Gustavo Molfino, que había sido secuestrada en Lima un mes antes. Para el exilio argentino residente en Madrid, y para el Partido Comunista español, que llevó el caso al parlamento, estaba claro: el crimen había sido ejecutado por miembros de las Fuerzas Armadas argentinas, pero había una complicidad española que ni el juzgado que tramitó aquella causa ni el gobierno español querían aclarar[1].
Según destapó la revista española Interviú el pasado 24 de mayo[2], cuatro meses antes de este crimen, el embajador de la dictadura ante el gobierno del entonces presidente español Adolfo Suárez,Jorge Washington Ferreira, se entrevistó con el que fue el canciller de su gobierno José-Pedro Pérez Llorca, ya que había intereses compartidos: por un lado, la dictadura militar estaba interesada en que España intermediara en un «blanqueamiento» internacional del gobierno de facto y respaldara una eventual acción argentina en Mavinas [3]; por otro, el CESID (equivalente a la SIDE) estaba muy interesado en las prácticas de «lucha antisubversiva» empleadas por la dictadura, con una posible aplicación en lo que en España se llamó «guerra sucia» contra ETA y contra otras organizaciones político-militares del momento.
La cercanía política de la derecha española con la dictadura militar era una evidencia en 1980, momento en que en España había una disputa muy grande entre las facciones del Estado: las que planteaban una restauración franquista frente a las que planteaban una «modernización democrática», previa liquidación de la oposición interior mediante las tácticas ilegales que vinieron a llamarse «estrategia de la tensión».
Tras el fin de la dictadura, los miembros de los grupos de tareas del gobierno de facto pasaron a cobijarse entre los ultras españoles, que les aseguraron protección de las fuerzas de seguridad ibéricas y respaldo político. Los casos emblemáticos de esta protección son los de Jorge Cesarsky, quien asesinó en 1977 a al joven español Arturo Ruiz, del sindicato Comisiones Obreras (CCOO) en una marcha pro amnistía y a quien el ultra español Ricardo Sáenz de Ynestrillas dedicó unas emotivas palabras a su muerte en Madrid [4], el propio comisario Morales, presunto autor del asesinato de Noemí, o Rodolfo Almirón, quien fuera jefe de seguridad del líder del Partido Popular y ex ministro franquista Manuel Fraga [5].
El accionar de Garzón
Tras varias denuncias frustradas, el ex juez de la Audiencia Nacional acepta a trámite en 1996 una querella presentada por la familia de Noemí que éste agrega a la investigación por los desaparecidos en Argentina. En este caso existía una particularidad evidente: la mayoría de las personas que podían dar testimonio o ser imputadas por este crimen residían en España, y todas ellas gozaban de buen trato del aparato de seguridad español; el propio Juan Ramón Morales seguía trabajando para el dirigente del PP Fraga, que en ese momento ocupaba el cargo de Presidente del Partido en Galicia, según explicó el abogado Carlos Pipino a consultas de la Iniciativa «Garzón en Argentina».
Todos estos datos constan en el expediente y en las diligencias solicitadas por la familia Molfino a Garzón, que nunca las aceptó. Sin embargo, se dedicó a remitir órdenes «de información» al gobierno argentino, al gobierno peruano y al gobierno de EEUU [6], diluyendo de esa manera las responsabilidades penales que correspondían a los funcionarios españoles que tuvieron contacto o estuvieron involucrados de alguna manera en el asesinato de Noemí. No fue citado ni como testigo el propio Morales, quien había sido señalado por el personal del departamento donde apareció el cuerpo sin vida como la persona que la había acompañado. No fue remitida requisitoria alguna a la empresaVarig, que transportó a Noemí y a sus captores de Rio de Janeiro a Madrid para saber los nombres de las personas que la acompañaron. No fue citado el personal de Vigilancia Aduanera, para que remita copia de las actas de entrada al país. No fue citado tampoco el propio canciller del gobierno de Suárez, de fluida relación con la embajada argentina. Tampoco se practicaron diligencias respecto al posible conocimiento del CESID o del Gobierno español, respecto a si el Estado argentino solicitó autorización al gobierno de Suárez para operar en España. En sí mismo, los previsibles autores de la muerte de Noemí no fueron ni molestados en sus lugares de trabajo, donde desarrollaban su actividad con sus nombres reales y con sus datos debidamente acreditados ante la Agencia Tributaria española, con absoluta impunidad que la defensa de Noemí le hizo saber a Garzón.
Y es que el afamado juez siempre rechazó profundizar las responsabilidades españolas en la complicidad con la dictadura argentina. Como recuerda Danilo Albin para la revista Hincapié: » la prensa española aseguró más de una vez que el rey había hecho gestiones por los desaparecidos de origen español, jamás contaron que el rey condecoró a Videla y a unos cuantos represores argentinos. Estas condecoraciones fueron publicadas en su momento por el Boletín Oficial del Estado, pero pasaron desapercibidas» [7]. Todo bien con investigar crímenes lejanos, pero solamente si estos no involucran a la estructura política, económica y militar de España, aunque las evidencias sean abrumadoras.
Rechazos del dirigente de la UCR Hipólito Solari Yrigoyen
El ex senador radical y referente de la ONG Nuevos Derechos del Hombre (NDH) cuestionó la designación de Garzón como asesor del Estado Nacional en materia de derechos humanos. El histórico abogado recuerda «su responsabilidad para impedir que se haya podido avanzar en la investigación de muchos crímenes y atentados de la organización terrorista Triple A y de las múltiples y graves violaciones a los derechos humanos, que se cometieron en la presidencia de María Estela Martínez de Perón. Cuando el juez federal Oyarbide pidió la extradición a España de la ex presidenta el entonces juez Garzón se opuso y evitó así que pudiera declarar«. [8]
Y es que la organización ultraderechista argentina se involucró con la guerra sucia en España. Varios miembros del terrorismo de Estado iniciado durante el gobierno de Maria Estela Martínez de Perón fundarían en España otra «Triple A», la «Alianza Apostólica Anticomunista» y otras tantas siglas de grupos ultras, que con la misma operatoria de sus pares argentinos, organizarían asesinatos selectivos y atentados en la España tardofranquista con el beneplácito de las fuerzas de seguridad del país y que, tras su puesta en «stand by», terminaron protegidos por el Estado español, lo que incluía a los argentinos participantes. Jorge Cesarsky, Almirón y Morales fueron casos paradigmáticos de esta protección que Garzón ratificó en la causa Triple A.[9]
Notas:
1-http://es.scribd.com/doc/
2-http://www.interviu.es/
3-http://elpais.com/diario/
4-http://ynestrillas.blogspot.
5-http://edant.clarin.com/
6-http://edant.clarin.com/
7-http://www.revistahincapie.
8-http://www.ucrcapital.org.
9-http://www.eka-
Fuente:
http://garzonenargentina.