Se hace frecuente la pérdida de los historiales médicos de los bebés, «fallecidos» en circunstancias extrañas y poco detalladas. Las madres afectadas denuncian la actitud obstruccionista de la Policía, así como una posible labor de destrucción de pruebas. «Yo no iba de parto, a mí me durmieron y me arrancaron a mi hijo. Como a […]
Se hace frecuente la pérdida de los historiales médicos de los bebés, «fallecidos» en circunstancias extrañas y poco detalladas. Las madres afectadas denuncian la actitud obstruccionista de la Policía, así como una posible labor de destrucción de pruebas.
«Yo no iba de parto, a mí me durmieron y me arrancaron a mi hijo. Como a otras. Nos drogaban, nos inyectaban pentotal y estábamos varios días como borrachas». Es el testimonio de Paula Díaz, que se repite en otras madres víctimas del presunto robo de sus hijos en el antiguo Hospital de las Cinco Llagas de Sevilla, un monumental edificio renacentista que para muchas de ellas se convirtió en una auténtica cámara de los horrores y que contagió sus métodos extremos a otros centros sanitarios andaluces.
En 1970, con apenas 25 años, Paula tenía ya tres hijos, estaba embarazada de un cuarto y visitaba con frecuencia las Cinco Llagas para cuidar a su padre, enfermo de tuberculosis. Cuando su padre se curó, ella explicó a la monja que ejercía como jefa de enfermería que no podía encargarse de él, puesto que iba a tener un cuarto hijo, con una economía muy modesta, pues su marido era panadero en el cercano pueblo de Gelves. La religiosa, enterada de la situación, intercedió para que su padre ingresara en un asilo. El 17 de octubre, antes de cumplir los nueve meses de gestación, Paula acudió al hospital por pérdidas de líquido, pero sin dolores ni síntomas de parto. Ya estaba todo preparado.
Sin reconocimiento previo, la llevaron a un paritorio oculto. «Una enfermera vestida con uniforme nuevo, sin conocerme de nada, me dijo ´Paula por aquí´, y me subió en un montacargas hasta una planta abandonada. Yo iba llorando mucho porque tenía muy mal presentimiento. Había vigas de madera por el suelo del pasillo, por el terremoto del año 69. Las habitaciones de esa planta las utilizaban como trasteros. Me metieron por una puerta pequeña y me recibieron otras tres enfermeras más jóvenes también con uniforme nuevo, formando un círculo. Era otro trastero, con muchas mesitas de noche apiladas. Tenían mucha prisa. Una de ellas me dijo: ´Paula, si ya has tenido tres hijos y te han salido sanos y buenos, por qué tienes miedo` ¿Cómo sabía que me llamaba Paula y que tenía tres hijos, si yo no los había dado a luz allí?», recuerda con enorme angustia.
«A partir de ahí, me durmieron y no volví a saber nada, hasta que mi niño me despertó llorando. Estaba desnudo y solo encima de un antiguo mueble de cocina de acero inoxidable. Le brillaban las carnecitas a la luz de una bombilla colgada de la pared. Quise cogerlo pero estaba atada al borrico de pies y manos. Yo estaba aturdida pero gritaba y gritaba, y no venía nadie. El niño berreando y yo chillando amarrada. Hasta que llegó una enfermera bajita y se lo llevó y ya no lo vi más«, lamenta Paula. «Me tuvieron en una camilla casi a ras de suelo, me siguieron dando tanta droga que me quedé ciega y apenas me acuerdo de nada».
El médico le informó que su hijo tenía labio leporino, afección que se le curaría en unos días, pero que en cambio padecía una gravísima enfermedad de corazón. Hoy día Paula reconoce el engaño, pues el certificado de defunción que ha obtenido señala como causa de muerte «labio leporino», algo del todo imposible, y además un bebé con dolencia cardiaca no podría haber llorado con esa fuerza. A las 36 horas le comunicaron que el niño había fallecido. Nadie vio el cadáver. Tan sólo le enseñaron a su marido, a varios metros y a través de un cristal, una cajita de madera repleta de algodones entre los que sobresalía una carita muy blanca.
Es exactamente lo mismo que vieron muchos de los afectados por supuestos robos de bebés en Sevilla, siempre a varios metros de distancia y a través de cristales. Hoy día piensan que se trataba de un truco, un fantoche que tenían preparado para enseñarlo a los padres, como el bebé congelado que, según las denuncias, mostraban en la clínica San Ramón de Madrid para consumar el engaño. Al cabo de diez años avisaron a Paula de que iban a trasladar el féretro de su hijo del nicho. Para entonces ella tenía ya seis hijos y no pudo asistir. Sin embargo, a los pocos días oyó decir al enterrador que el ataúd estaba vacío. «Siempre le dije a mi marido que me lo robaron, pero él no me creyó. Yo nunca le llevé flores porque sabía que mi hijo no estaba allí», concluye.
A María Granada Rodríguez también la drogaron con pentotal en 1974. «Me pusieron una inyección y no me enteré de nada hasta el día siguiente». Sin embargo, algo traumático ocurrió durante el tiempo que estuvo sedada. No puede recordarlo pero le atormenta en sueños. «Llevo cuarenta años despertándome malísima, buscando a mi hijo, cuarenta años que me paso las noches sentada llorando en la cama y sin querer decir nada», admite compungida.
Cuando se puso de parto sus padres residían en Madrid y su marido no se encontraba ese día en Sevilla, así que acudió al centro sanitario sola. Nunca llegó a ver a su hijo, al menos de forma consciente. A su esposo le enseñaron la susodicha cajita. Al cabo de los años, se ha enterado de que el motivo oficial de la muerte fue parada cardiorrespiratoria. El hospital no le entregó el historial clínico aduciendo que se había perdido, pero apareció milagrosamente al solicitarlo la Fiscalía.
Carmen Lorente tampoco vio a su hijo, ni siquiera cuando fue a desenterrarlo en 1989. La tumba estaba vacía. Sólo había dentro algodón y un trozo de sábana. En ese momento creyó lo que le dijo le enterrador, que al ser un bebé se había disuelto por completo. Hoy día, sabiendo que eso es totalmente imposible, que ni el cráneo ni los fémures pueden nunca desvanecerse, lamenta no haber llamado a la Policía en ese mismo momento. «Con la de lagrimas que he echado yo allí y lo que le he rezado a mi niño» durante toda una década, desde que dio a luz en 1979, «y allí no había nada». Hoy lleva su caso con un abogado de oficio.
La práctica de drogar a las parturientas para arrebatarles presuntamente a sus hijos se prolongó en el tiempo. Tanto que a Maria del Carmen Perea, en 1982, también le inyectaron pentotal, esta vez después del parto, en el antiguo hospital García Morato, hoy Virgen del Rocío. Recuerda que quedó muy aturdida, casi sin sentido, pero que no se durmió. Tras dar a luz a las tres de la tarde la pasaron a la unidad de observación, pero no avisaron a su familia, que a las siete aún permanecía a la espera de noticias. Fue una limpiadora conocida quien les informó que el parto se había producido cuatro horas antes. No les dejaron ver a la niña, y a la madrugada siguiente les informaron de que había fallecido. «Yo estaba muy rara, como borracha, y a mi marido le enseñaron la cajita tras los cristales», recuerda.
La bautizaron sin permiso de los padres y el propio hospital se hizo cargo del entierro. Al padre le explicaron que la niña había tragado líquido amniótico y se había asfixiado. Sin embargo el certificado de defunción aduce una cardiopatía congénita. Como en el resto de los 212 casos documentados por la asociación SOS Bebés Robados en la provincia de Sevilla, no les han facilitado las historias médicas, so pretexto de su pérdida o destrucción, ni tampoco el legajo de nacimiento del Registro Civil.
De la documentación que ha podido obtener, Irene Ronda no ha sacado más que dudas e incongruencias. Dio a luz en 1967, con 23 años, y para entonces ya tenía otros tres hijos. Al nacer el cuarto no llegaba a los tres kilos de peso, así que los médicos decidieron meterlo en una incubadora para que fuera ganando volumen. Al quinto día le dieron el alta, y como el niño seguía en la incubadora, Irene fue a casa para encargarse de los otros tres hermanos. El sexto día vieron la bebé en el nido, pero al séptimo, cuando ella y su marido acudieron al hospital, ya el bebé no estaba allí. Les dijeron que había muerto y que el hospital se encargaba del entierro.
A los pocos días la llamaron del juzgado para preguntarle cómo se puso de parto y para que firmara unos papeles. Actualmente Irene piensa que lo que firmó, sin saberlo, fue el trámite de adopción. Tiene indicios para ello: figura como bautizado el mismo día que nació, en todos los papeles aparece como Rafael Martín Gómez, cuando su segundo apellido debería ser Ronda, y en la copia del libro de familia que pidió en el Registro Civil ni siquiera aparece asentado. Por supuesto, el historial clínico ha desaparecido.
Rosa Álvarez tiene hasta tres versiones distintas sobre la posible muerte de su hija recién nacida, y ninguna concuerda. La ingresaron en las Cinco Llagas en 1968. Primero le dijeron que estaba enferma de corazón. Más tarde, que habían tenido que realizarle un lavado de estómago porque había tragado meconio, mientras que el cementerio figura una enigmática «muerte craneal». Ella no vio el cadáver, y a su marido le enseñaron la caja con el supuesto fantoche. Les comunicaron que el hospital se encargaba de enterrarla en una fosa común.
Todas siguen buscando hoy día a sus hijos. Como ellas, 1.844 personas han puesto anuncios en el blog de la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares buscando a sus familiares, por desapariciones ocurridas mayoritariamente entre 1950 y 1990, aunque también las hay anteriores, desde 1939, y posteriores, hasta el año 2000. La mayor parte, 1.309 concretamente, son hermanos que se buscan entre sí o padres que reclaman a sus hijos, pero también hay 535 hijos adoptados que sospechan fueron raptados y buscan a sus verdaderos padres. El presidente de Anadir, Antonio Barroso, asegura que la inmensa mayoría de estos anuncios se corresponden con las denuncias presentadas en los juzgados de toda España. Aunque los casos documentados hasta ahora pueden ser incluso el doble.
En estos 1.844 casos se mencionan un total de 190 centros, entre hospitales, clínicas, maternidades y casas cuna, en los que se perpetraron los presuntos delitos de detención ilegal, que según la doctrina de la Fiscalía General del Estado no inicia su periodo de prescripción mientras persista la situación a la que ha dado lugar, es decir, la separación forzada de padres e hijos. La comunidad que acumula más centros sanitarios denunciados es Andalucía, con 34, seguida de Cataluña con 25, Valencia con 24, Madrid con 22, Castilla y León 18, el País Vasco que alcanza los 15 y Canarias con 12. Por detrás quedan los nueve hospitales y clínicas supuestamente escenario de robo de niños en Aragón, seis en Galicia, cuatro en Extremadura, tres en Murcia y otros tantos en Asturias y Baleares, dos en Navarra y Cantábria y uno en La Rioja.
Hasta ahora los tribunales han dictado el archivo masivo de causa, bien por falta de pruebas e indicios de criminalidad o bien por prescripción del delito, contraviniendo en este último caso la circular de la Fiscalía General. Sin embargo, en este año 2013 ha empezado a cambiar tímidamente la tendencia, al imputar los jueces en la fase de instrucción a más de una decena de médicos y matronas en Madrid, Andalucía y País Vasco. En este sentido, en Sevilla esperan noticias de próximas imputaciones, según les adelantan informalmente sus abogados.
Hasta ahora, sin embargo, todo han sido obstáculos. Las madres afectadas se quejan de la actitud obstruccionista y «prepotente» de la Policía Nacional hispalense, que ha encargado de este asunto a su departamento de Homicidios, cuando en realidad se trata de secuestros, y consideran que se inclinan más por cerrar los casos que por esclarecerlos. A ello se une la labor de destrucción de pruebas que se puede estar realizando. Así, cuando Mari Carmen Perea acudió al cementerio hispalense en busca del nicho de su hijo, le aseguraron que la pared entera de nichos había sido demolida. Las palabras que relata le dijo el encargado fueron esclarecedoras: «Eran nichos de los niños robados esos. Llame usted a la Policía si quiere. Yo no voy a decirle dónde están los restos ni por boca ni por escrito». Otros trabajadores del camposanto les han revelado que han sido ya decenas los ataúdes de niños que, al ser trasladados, se ha comprobado que estaban vacíos.
Muchos de los posibles culpables de tales delitos, principalmente el personal facultativo de los centros sanitarios y empleados del Registro Civil, viven todavía y el algún caso aún ejerciendo. Hay nombres de médicos que se repiten, como el de José María Sillero, que aseguran aparece en al menos ocho de sus casos. Las relaciones entre las tramas de cada territorio de España también empiezan a esclarecerse. A denuncia de la asociación Anadir, la Guardia Civil ha desvelado el tráfico ilegal de niños comprados en Marruecos, introducidos a través de Melilla y dados ilegalmente en adopción principalmente en el Levante español.
Son también de público conocimiento las relaciones directas entre sor Juana Alonso en Canarios y Mercedes Herrán de Gras en el País Vasco, señaladas por muchos afectados como cabezas visibles del robo de bebés en ambas comunidades. Sor Juana pertenecía a las Hijas de la Caridad, al igual que Asunción Vivas, condenada en 1984 por la Audiencia de Zaragoza a cuatro meses de arresto mayor por el delito de sustracción de menores, o sor María Gómez Valbuena, fallecida el pasado mes de marzo e imputada en varios casos de robo de bebés en la clínica Santa Cristina de Madrid.
Uno de los médicos que declaró como testigo en el juzgado por su labor en Santa Cristina, Luís Cardona Urda, es cuñado de Adolfo Montero Peña, ginecólogo que ya fue condenado en 1993 por la Audiencia de Granada a un año de prisión, suspensión de empleo y multa de 100.000 pesetas por los delitos de falsedad en documento público y suposición de parto en una adopción irregularidad en la que intervino en 1989. El mismo ginecólogo implicado en el caso de Eduardo Raya, denunciante pionero de robo de bebés España, cuya hija le fue presuntamente sustraída en 1990. Por derivación de aquella causa, la Fiscalía de Granada abrió en 1992 diligencias previas por posible compraventa de recién nacidos entre las provincias de Granada, Barcelona y Alicante, en al menos cuatro casos, pero las investigaciones no prosperaron.