Trece organizaciones y colectivos se unen a No Somos Delito para reclamar a los partidos aprovechar “la última oportunidad de quitarnos todas las mordazas”.
Representantes de trece entidades
se han unido hoy a la plataforma No Somos Delito a las puertas del
Congreso de los Diputados para reclamar cambios más profundos en la que
consideran como la semana clave en las negociaciones para la reforma de
Ley de Seguridad Ciudadana. “Estamos en la recta final de una
negociación parlamentaria en la que se dirimen los márgenes en los que
ejerceremos derechos y libertades en los próximos años”, ha afirmado Sol
Román, portavoz de No Somos Delito.
A
mediados de febrero, la Comisión de Interior aplazó hasta el 1 de marzo
el debate sobre los puntos más polémicos de la reforma de la Ley de
Seguridad Ciudadana, entre los que se encuentran la veracidad del
testimonio policial, las sanciones por desobediencia o por faltas de
respeto a los agentes policiales o la difusión de imágenes de policías.
Sin embargo, dos semanas después, según han confirmado a El Salto
fuentes de Unidas Podemos, el debate sobre estos puntos sigue aún
pendiente, y aunque han mantenido reuniones con discreción sobre la
reforma de la ley, siguen son poner una nueva fecha para la tercera
ponencia de la comisión.
“Hemos analizado proposiciones y enmiendas, y compartió propuestas, nos hemos reunido con cuantos grupos parlamentarios han querido recibirnos”, continúa Román, quien, a preguntas de los periodistas, ha afirmado que la comunicación que están teniendo desde No Somos Delito con PSOE y Unidas Podemos sobre la reforma de la ley es “bastante escasa”. “No hay una comunicación fluida, nos han dado una reforma de la Ley Mordaza prácticamente hecha y no nos están dejando participar”, añade la portavoz de No Somos Delito.
Junto a Román, Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional, ha alertado sobre el “impacto devastador” que la Ley de Seguridad Ciudadana aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy ha tenido sobre la movilización ciudadana, contribuyendo a “criminalizar colectivos que trabajan por el derecho a la vivienda, el medio ambiente o la libertad de expresión”. También ha recordado, en referencia a los dos años que ayer se cumplieron de la declaración del estado de alarma por la pandemia de coronavirus, como, en los primeros meses en vigor, se impuso más de un millón de multas aplicando la Ley de Seguridad Ciudadana, “muchas de ellas arbitrarias, nunca debieron ponerse”, puntualiza. “Estamos en una encrucijada en España: o se consolida la restricción del derecho de reunión y de la libertad de expresión, con lo que esto supondría para el futuro, o bien se avanza en garantizar estos derechos. Este es un momento clave después de siete años de represión, arbitrariedad y control policial”, concluye Beltrán.
“La protesta pacífica es un síntoma de salud democrática que la Ley Mordaza lleva ya demasiados años acorralando. Es en estos tiempos complejos cuando más necesitamos las voces de los y las activistas que salen a las calles a señalar a las empresas contaminantes o a exigir al Gobierno mayor ambición climática. Necesitamos una Ley de Seguridad Ciudadana que garantice verdaderamente el derecho a la protesta, dejando atrás la criminalización de los movimientos sociales que la Ley Mordaza nos legó”, ha señalado, por su parte, Eva Saldaña, directora ejecutiva de Greenpeace España. Saldaña ha apuntado como en Rusia, miles de manifestantes están siendo detenidos por protestar contra la guerra en Ucrania, y también cómo más de 200 mujeres y hombres han sido asesinados por defender el medio ambiente. “Vivimos en una crisis sistémica sin precedentes, y en este contexto el activismo y la protesta pacífica es más importante que nunca”, afirma.
Desde
Irídia, Andrés García Berrio ha puntualizado también la importancia de
que la nueva Ley de Seguridad Ciudadana deje fuera las devoluciones en
caliente, una anomalía jurídica que se introdujo en las leyes españolas a
través de una disposición final de la Ley de Seguridad Ciudadana del
gobierno de Rajoy, y también que quede explícita la prohibición de
redadas por perfil racial y el uso de balas de goma por parte de los
cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
Por último, Yolanda Quintana, de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), ha alertado de que, con la entrada en vigor hace siete años de la Ley de Seguridad Ciudadana actual, la documentación por parte de la prensa de las actuaciones policiales ha disminuido y destaca, más allá de los artículos más polémicos, como el que prohíbe fotografiar a agentes policiales —eliminado por el Tribunal Constitucional en diciembre de 2020—, el peligro para la libertad de información que suponen las sanciones por negarse a identificarse ante los agentes, artículo usado de forma indiscriminada y arbitraria, según afirma, contra periodistas y fotoperiodistas que cubren actuaciones policiales.