A Francesca Mercé, militante de la Juventud Comunista del País Valenciano (JCPV) y del movimiento estudiantil de Elche, le tiró al suelo un agente policial durante la manifestación que tuvo lugar el 8 de mayo, con motivo de la huelga de estudiantes en la ciudad ilicitana. A continuación se le retuvo e identificó, informa laRepublica.es. […]
A Francesca Mercé, militante de la Juventud Comunista del País Valenciano (JCPV) y del movimiento estudiantil de Elche, le tiró al suelo un agente policial durante la manifestación que tuvo lugar el 8 de mayo, con motivo de la huelga de estudiantes en la ciudad ilicitana. A continuación se le retuvo e identificó, informa laRepublica.es. Unas horas después le identificaron de nuevo, junto a otros compañeros, varios policías de paisano. Pasados unos días la Policía Nacional le citaba a declarar, lo que supuso, según informa laRepublica.es, un «interrogatorio político» (miembros de la Brigada de Información de Elche le preguntaron por la organizaciones juveniles y el movimiento estudiantil de la ciudad). Francesca Mercé ha sido imputada por un delito contra el orden público, por el que se enfrenta a una pena de cuatro años de prisión.
A Pablo y Jorge, militantes de la CNT de Logroño, se les pide una pena de siete y nueve años de prisión por la participación en la huelga general del 14 de noviembre de 2012, informa la Plataforma Stop Represión La Rioja. En diferentes vídeos puede observarse que Pablo es detenido mientras sujeta una pancarta y, en varias ocasiones, con las manos en alto. Jorge no se encontraba siquiera en Logroño en el momento en que comenzaron las cargas policiales. La jornada de la huelga general se saldó en Logroño con una petición de penas de cárcel de 21 años para tres personas y al menos siete sanciones de 2.800 euros cada una.
La dinámica represiva previsiblemente vaya a agudizarse con la entrada en vigor el 1 de julio de la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana («ley mordaza»). El preámbulo de la ley se refiere, en términos ampulosos, a la «perspectiva que el transcurso del tiempo ofrece de las virtudes y carencias de las normas jurídicas» (necesidad de actualización) y de «las demandas sociales» que requieren nuevos contenidos, pero según Libertad Jiménez, del grupo jurídico de la Red de Solidaridad Popular (RSP), «en la ley mordaza se introducen preceptos de manera laxa e inconcreta, de modo que las fuerzas de seguridad podrán actuar con total libertad frente a la gente que protesta».
«Dependerá del libre arbitrio de un funcionario de la policía», ha añadido la activista en la Fiesta del PCPV-PCE celebrada en Buñol (Valencia), el establecimiento de multas y sanciones. Entre 100 y 600 euros por el deslucimiento de bienes públicos; escalar edificios; ocupar o permanecer en cualquier edificio ajeno; ocupación de la vía pública o la venta callejera. De 601 a 30.000 euros por manifestarse frente al Congreso; la negativa a disolver una reunión; el impedimento de un desahucio; los piquetes informativos o la difusión de imágenes de agentes policiales. Entre 30.001 y 600.000 euros, por la celebración de actividades recreativas contra la autorización prohibida por la autoridad. «Nos quieren con miedo y entre rejas», asegura la activista de la RSP, y contra ello «nuestras armas son la solidaridad y la desobediencia». La «ley mordaza» refuerza además la vía administrativa (multas y sanciones) frente a la penal (la primera vía otorga concede presunción de veracidad al testimonio policial).
El colectivo Madres contra la Represión se presentó en abril de 2013 en el colegio Trabenco, en el barrio madrileño de Vallecas. Uno de los hechos que contribuyó a la fundación del colectivo fue el asesinato de un militante antifascista, Carlos Palomino, en el metro de Madrid por un neonazi, en el año 2007. También movilizó a las Madres la represión que padecen los activistas sociales, particularmente los más jóvenes, en los barrios obreros madrileños como Vallecas. El catalizador fue precisamente la detención de un joven activista y miembro de la peña Bukaneros, «Alfon» Fernández, el 14 de noviembre de 2012 (día de huelga general) cuando se dirigía al piquete informativo de su barrio. «Alfon» permaneció en la cárcel de Soto del Real 56 días en la condición de régimen FIES (máximo aislamiento). En enero de 2015 la Audiencia Provincial de Madrid le condenó a cuatro años de prisión, sentencia ratificada en junio por el Tribunal Supremo.
«Las madres ya no lloran, luchan junto a sus hijos», afirma Pilar Nogueras, del colectivo Madres contra la Represión. «Nos llaman violentos y terroristas», añade, cuando «la verdadera violencia consiste en «desahuciar a familias con metralletas en la mano, sacando por los pelos a los padres delante de los niños, sin dejarles siquiera sacar sus pertenencias». Además de la causa de «Alfon», el colectivo de madres reivindica la memoria de otros casos, como el de Carmen y Carlos, de Granada, quienes se encuentran en libertad provisional a la espera de que se les conceda el indulto total. Resultaron condenados a tres años y un día de prisión, y 3.655 euros en cada uno de los casos, por su participación en un piquete del 15-M durante la huelga general de 2012. A Carmen y a Carlos se les imputó un delito «contra los derechos de los trabajadores». También se han sumado las Madres a la denuncia de la represión de activistas en las «operaciones» Piñata (marzo de 2015) y Pandora (diciembre de 2014).
Shangay Lily se define como feminista, gay, ateo, artista, escritor y activista. «El capitalismo es puro negocio, sin ninguna ideología, el único objetivo es robar todo lo que se pueda», sostiene. El Grupo Santander obtuvo un beneficio neto de 1.717 millones de euros en el primer trimestre de 2015, un 32% por encima que en el mismo periodo de 2014. También entre enero y marzo de 2015, el BBVA alcanzó unos beneficios de 1.536 millones de euros (un 146,2% más que en el primer trimestre del año anterior). Según el Informe «Crisis, Desigualdad y Pobreza» de Intermón Oxfam, antes de 2008 (inicio de la crisis), la población más rica ingresaba en España 5,3 veces más que el estrato más pobre. En 2011 la proporción creció hasta 7,5 veces, mientras que la media de la UE es de 5,7. La «brecha» en el estado español se amplió en 2010 y 2011, subraya el informe.
El activista denuncia además la «equiparación» que los medios de comunicación propagan entre fascismo y antifascismo, con la idea de que ambos «son de la misma calaña». Pero «los antifascistas son gente noble, solidaria y valiente», afirma Sanghay Lily. Opera sin embargo un doble rasero ideológico. El primer «encierro» de las fiestas municipales de Pinto (Madrid), con ayuntamiento en manos del PP, tuvo lugar en agosto de 2013 en presencia de una esvástica con la leyenda «Adolf Hitler tenía razón». Sin embargo, en abril de 2014 se produjo la detención de 17 personas por «enaltecimiento del terrorismo» en las redes sociales; uno de ellos, por bromear con el asesinato de Carrero Blanco, presidente del Gobierno durante la dictadura franquista. Sanghay Lily pone el contraejemplo de las maniobras por parte del PP para conquistar el «cinturón rojo» de Madrid, los «montajes» policiales o los agentes a quienes se ha observado con simbología o haciendo el saludo fascista.
Por el contrario, en el caso de «Alfon» se produjeron «irregularidades» manifiestas, destaca el colaborador del diario Publico.es. «Fue un juicio político y surrealista». Según Sanghay Lily, a «Alfon» Fernández se le acusó de llevar «explosivos» en una bolsa, algo que nunca se demostró al no haber huellas digitales referidas a su persona, y quedar rota, además, la «cadena de custodia» de las supuestas «pruebas». Además, el activista vallecano resultó detenido el día de la huelga general (14 de noviembre de 2012), pero no fue juzgado hasta 56 días después. Durante el juicio se dedicó 25 minutos a la discusión en torno a un elemento que el fiscal consideraba «determinante»: que el acusado llevara puesta una camiseta de las Brigadas Antifascistas (BAF). Se abrió otra discusión sobre una camiseta de «Alfon», con la que aparecía en la red social Facebook, en esta ocasión de la peña Bukaneros. El abogado de «Alfon», Daniel Amelang, ha llamado la atención sobre un informe de 60 páginas con el seguimiento practicado a «Alfon» desde 2009, en el que figuraban contactos, viajes y otros episodios.
A las preguntas de la defensa sobre el régimen jurídico que acogía a los agentes para realizar estos seguimientos, la respuesta de policías y superiores oscilaban, según Sanghay Lily, entre «no lo sé, pregúnteselo al superior», «no lo sé, pero si lo hacemos es porque podemos» y «que se lo pregunten al Ministerio del Interior». Por otro lado, en los medios de comunicación se difundieron «antecedentes policiales» elevados al rango de «antecedentes penales». Según el activista y escritor, «no se respetó la presunción de inocencia; hay en todo el proceso una complicidad de todo el sistema judicial español, que continua en manos de los cachorros franquistas de siempre». Éste es el camino que marca la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, cuyo «peligro» principal, a juicio de Sanghay Lily, es la autocensura. «Todo queda tan abstracto, difuso y al criterio interpretativo de la autoridad, que corremos el riesgo de que la gente deje de denunciar».