Un documental muestra la solidaridad y la lucha nacida a raíz del asesinato de Pedro Álvarez a manos de un agente de policía. Un caso de abuso de poder que está a punto de prescribir ante el ominoso silencio de las instituciones.
La historia de Pedro Álvarez nos habla de impunidad y de poder. Pero también de lucha y dignidad. Una lucha de casi tres décadas, las que nos separan de aquel infausto 15 de diciembre de 1992. Un tiro a bocajarro en la cabeza de un chaval de 20 años de La Verneda, barriada obrera de Barcelona, marcó el inicio de una movilización que llega hasta nuestros días. A pie de calle todos estos años; Juanjo y Carmen, padres de Pedro, luchadores incansables porque se haga justicia, aunque sea demasiado tarde.
Los hechos ocurrieron en la avenida de Catalunya, en pleno barrio de La Florida de L’Hospitalet de Llobregat, de madrugada. Pedro acompañaba a su novia a casa después de celebrar que hacían cuatro años juntos. Los dos jóvenes se vieron envueltos en una discusión con un conductor que terminó por desenfundar el arma que a la postre acabaría con la vida de Pedro. A partir de ahí se inicia un proceso judicial en el que, casi treinta años después, nadie ha sido juzgado por lo sucedido.
Dos días después de aquella noche, un agente de policía, José Manuel S. F., era detenido como sospechoso de haber descerrajado aquella bala sobre Pedro. Pero apenas una semana después el agente quedaba en libertad sin cargos. Una controvertida decisión que todavía sigue sin explicación y que ha teñido el caso de misterio y opacidad. El intento de Juanjo y Carmen por esclarecer lo sucedido dio lugar a una lucha que ha servido de inspiración para muchas otras luchas vecinales.
«Juanjo es el motor de la lucha y Carmen es el alma, la conjunción de ambos y su persistencia es lo que la hace posible», explica Damià Puig (L’Escala, 1978), documentalista al frente de Nosotros no olvidamos, cinta producida por la Associació Col·lectiva Audiovisual per la Transformació Social en colaboración con la Plataforma Pedro Álvarez y que muestra la solidaridad y la lucha nacida a raíz del homicidio de Pedro Álvarez. Una llamada que todavía hoy reverbera en muchos y cuyo secreto, apunta Damià, pasa por mostrarse firme ante posibles injerencias: «Nunca han aceptado bajo ningún concepto que su lucha se politizara, y me consta que se ha intentado».
Le consta porque 14 meses de seguimiento y 700 horas de rodaje dan para mucho. Un esfuerzo ímprobo por auscultar qué late bajo la piel de la lucha antirrepresiva en activo más antigua de Europa. Y lo que late es dignidad. Así lo corrobora este documental que no ha querido emitir TV3 bajo pretextos varios: «Cuando todo indicaba que lo pasarían, comunicaron con el equipo para decirnos que si los títulos de créditos eran demasiado largos, que si el audio no estaba retocado, que si las imágenes de archivo…».
La sospechosa cancelación de TV3 hizo que el documental no pudiera ser difundido a gran escala, uno de los objetivos primigenios de proyecto con el fin de concienciar a la opinión pública de cara a la prescripción del caso, fijada para el 28 de septiembre y que se ha aplazado a enero por la pandemia. «Lo cierto es que no hubo voluntad de emitirlo, cada vez que salen a la palestra casos de abuso de poder en los que pueden estar implicadas las fuerzas y cuerpos de seguridad, estas informaciones se sacan con pies de plomo», apunta Damià.
Todo indica que nunca sabremos la verdad. Será el Supremo el que decida si reabre el caso o le da carpetazo definitivo. Subyace en el grupo humano que está detrás de Nosotros no olvidamos y en la familia de Pedro una certeza que desarma, a saber; la constatación de que el manoseado lema de «todos somos iguales ante la ley» −que en un arrebato de sinceridad tuvo a bien impugnar Ayuso hace apenas unas semanas en la Asamblea de Madrid− no es más que papel mojado, un mero señuelo.
«Juanjo siempre dice que si esto le hubiera ocurrido a una persona de otro barrio y con otro poder adquisitivo habría sido muy diferente, con todo el respeto, suele comparar su caso con el de la desaparecida Anabel Segura, joven secuestrada mientras corría por La Moraleja por la que el Gobierno socialista se implicó ofreciendo un cuantioso rescate apenas un año después del asesinato de Pedro», explica Damià.
Quizá la perspectiva de clase nos ayude a entender el ominoso silencio de las instituciones ante el caso de Pedro Álvarez, quizá el origen obrero de Pedro explique cómo es posible que el principal sospechoso del caso, el agente José Manuel S. F., no haya sido ni siquiera juzgado cuando testigos oculares reconocieron su coche en el lugar de los hechos, cuando se comprobó que mintió en su coartada, cuando la pareja de Pedro le identificó en la rueda de reconocimiento o cuando se descubrió que el tipo de munición pertenecía a la Policía Nacional.