Sixto Garganté es profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad Pompeu Fabra. Diosdado Toledano, activista social y altermundista, fue sindicalista en SEAT y en la actualidad participa en la Assemblea de Trabajadores/as en paro de Barcelona y en la Coordinadora de Catalunya. Ambos son representantes legales de la Comisión Promotora de la ILP por […]
Sixto Garganté es profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad Pompeu Fabra. Diosdado Toledano, activista social y altermundista, fue sindicalista en SEAT y en la actualidad participa en la Assemblea de Trabajadores/as en paro de Barcelona y en la Coordinadora de Catalunya. Ambos son representantes legales de la Comisión Promotora de la ILP por una RGC.
La campaña se inicia, con un acto público al que todos estamos invitado, el próximo 5 de abril, a las 19 horas, en el Centro Cívico de «Fort Pienc» de Barcelona.
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Después de felicitaros por lo ya conseguido -¡el Parlament de Catalunya ha admitido la tramitación de la ILP!-, empiezo preguntando por lo más básico. ¿Qué es una ILP?
SG: Es el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a presentar proposiciones de ley al Congreso de Diputados o a los Parlamentos de las comunidades autónomas. Este derecho se hace efectivo a través de Iniciativas Legislativas Populares, las ILP.
El Estatut d’Autonomia de Catalunya, en su artículo 29.3, reconoce el derecho de todos los ciudadanos de Catalunya a presentar iniciativas legislativas al Parlament de Catalunya. Son necesarias 50.000 firmas válidas para que el Parlament se vea obligado a discutir -y acaso a aprobar- una renta garantizada de ciudadanía como es nuestro propósito.
La tramitación de la proposición de ley se hace por la usual vía parlamentaria. La Comisión Promotora de la iniciativa legislativa popular (ILP) tiene el derecho de retirar su proposición si considera que la tramitación parlamentaria no respeta el sentido de su propuesta.
La ILP que apoyáis, que estáis defendiendo, pretende pues una renta garantizada para personas en situación de vulnerabilidad. ¿Qué renta? ¿Quiénes serían las personas en situación de vulnerabilidad?
SG: La ILP-RGC de Catalunya establece una prestación económica mensual básica de 664 euros por 12 pagas.
Algo menos de 8 mil euros anuales, 7.968 euros.
Exacto. Esta cantidad es la que ya reconoce la Ley 13/2006, de 27 de julio, al establecer el indicador de rentas de suficiencia para la valoración del estado de necesidad.
La cuantía de la prestación económica de la Renta Garantizada de Ciudadanía es la que es necesaria, en cada momento, para nadie, ninguna persona mayor de 18 años y, en su caso, ningún núcleo familiar o de convivencia, estén por debajo del umbral de pobreza.
En cuanto a los límites…
El límite de los ingresos individuales y por núcleo familiar o de convivencia por debajo de los cuales se tendrá derecho a la prestación económica de la renta garantizada de ciudadanía se calculará del siguiente modo:
Los límites de la suma de las rentas serán equivalentes a la cuantía, en cómputo anual, de la prestación más el resultado de multiplicar el 70% de esta misma cantidad por el número de personas, menos una, que conviven en el núcleo familiar (o de convivencia).
Se impone alguna ilustración.
Aquí la tienes:
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Límite de rentas |
Prestación |
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Para 1 persona |
7.967,73 euros/año |
664 euros/mes |
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Para 2 personas |
13.545,14 euros/año |
1.129 euros/mes |
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Para 3 personas |
19.122,55 euros/año |
1.594 euros/mes |
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Para 4 personas |
24.699,96 euros/año |
2.058 euros/mes |
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Para 5 personas |
30.277,37 euros/año |
2.523 euros/mes |
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Para 6 personas |
35.854,78 euros/año |
2.988 euros/ mes |
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Para 7 personas |
41.432,96 euros/año |
3.453 euros/mes |
Y así sucesivamente.
Es decir, los 24.699,96 euros/año a los que haces referencia para el caso de una unidad de convivencia de 4 personas saldrían del siguiente cálculo: 7.967,73 + (7.967,73 x 0,7) x (4 – 1).
Exacto. Para determinar si se cumple el requisito de la carencia de rentas se tendrán que sumar la totalidad de ingresos de todos los miembros del núcleo familiar y dividir esa suma por el número de personas de ese grupo de convivencia. Si el resultado es inferior a la cantidad preestablecida como límite de subsistencia, entonces se tendría derecho a la RGC…
¿A toda ella?
No, no, claro está: en la cantidad necesaria para garantizar los ingresos de subsistencia, hasta un máximo, como he señalado, de 7.967,73 euros al año. Si con la cuantía íntegra de una prestación de la RGC no se llegara al límite de subsistencia, entonces otra persona del núcleo familiar o de convivencia tendrá derecho a recibir otra prestación de la RGC.
Para los cálculos anteriores se computará igualmente el patrimonio del que dispone la persona y su núcleo familiar o de convivencia. Eso sí, en ningún caso se podrá computar la vivienda habitual.
En el caso de mujeres que sufran violencia machista o que estén superando una situación de este tipo, y que cumplan el resto de requisitos, se tendrán que tener en cuenta exclusivamente los ingresos individuales de la mujer y de las personas de las que tenga la potestad parental. En estos casos, no se computarán los ingresos de otros miembros de la unidad familiar -o de convivencia- que estén conviviendo con la mujer víctima.
Vuestra ILP, la Iniciativa que defendéis, tiene como ámbito territorial Catalunya. ¿Por qué sólo en Catalunya?
D.T.: La ILP por una Renta Garantizada de Ciudadanía desarrolla, como decía Sixte, el artículo 24.3 del Estatut d’Autonomía de Catalunya que establece: «Las personas o las familias que se encuentran en situación de pobreza tienen derecho a acceder a una renta garantizada de ciudadanía que les asegure los mínimos vitales de una vida digna, de acuerdo con las condiciones que legalmente se establezcan.» Al ser una competencia de la Generalitat de Catalunya la ILP ha de cumplir con los requisitos de dicho ámbito.
Nuestra ILP ha despertado interés en gentes solidarias de otras comunidades que estudian adoptar iniciativas similares.
Sería deseable, en la medida que la nueva pobreza es resultado de la crisis del capitalismo y las políticas de ajuste y austeridad que aplican los gobiernos, la generalización de este derecho en todo el estado.
Si no ando errado, el gobierno de la Generalitat aconsejó inicialmente la no tramitación de vuestra propuesta pero, posteriormente, la mesa del Parlament, por unanimidad, con los votos también de CiU, el partido del gobierno, ha aceptado su tramitación. ¿Por qué este cambio de opinión convergente-unionista?
D.T.: En efecto. La Consellera de Benestar, la Sra. Neus Munté, nos anticipó la oposición del gobierno de la Generalitat al proyecto de ILP por una RGC para «no crear expectativas que el gobierno no podía cumplir», aunque reconoció que la ILP cumplía todos los requisitos exigibles. Posteriormente el Gobierno presentó su informe de oposición ante la Mesa. Dada su extrema debilidad argumental, que incluso provocó cierta irritación en medios parlamentarios, solicitó una prórroga para ampliar dicho informe que finalmente registró el pasado 12 de marzo.
Ante una ILP, la Mesa del Parlament solo puede pronunciarse sobre la «forma» y no sobre el fondo de la cuestión. Es decir, sólo sobre si la ILP cumple todos los requisitos que establece el reglamento de las ILP,s. El servicio jurídico del Parlament emitió el correspondiente informe a la Mesa donde reconocía que el proyecto de ley registrado cumplía dichos requisitos.
El pulso del gobierno para cortar de raíz el trámite de la ILP fracasó.
Enhorabuena por ello, no suele ocurrir.
Hubiera sido un escándalo colosal que el mismo gobierno que ha expresado su voluntad de convocar una consulta a la ciudadanía de Catalunya sobre su relación con el Estado español impidiera el ejercicio de participación ciudadana a través de la ILP.
Finalmente, las gestiones realizadas ante todos los grupos para solicitarles su apoyo al trámite de la ILP, la realización de la marcha del 28 de febrero y la entrevista con la Presidenta del Parlament, la Sra. Núria de Gispert en la que se le recordó sus palabras favorables al trámite de la ILP, más las mociones de muchos ayuntamientos en apoyo de la ILP por una RGC dirigidas al Parlament, ayudaron a vencer los obstáculos y a que la Mesa diera luz verde a la ILP.
¿Qué colectivos sociales os apoyan en esta iniciativa? ¿Cuánto tiempo lleváis en esto?
D.T. En respuesta a los recortes del gobierno catalán a la RMI (puede verse el Decreto de 30 de agosto de 2011), la Asamblea de trabajadores/as en paro de Barcelona, junto a trabajadoras/es sociales y diversas organizaciones y entidades, convocamos una reunión para constituir el grupo promotor de la ILP por una RGC. La primera reunión tuvo lugar el 14 de septiembre de 2011. Durante diez meses, el conjunto de personas representativas de un amplio abanico de movimientos, entidades y organizaciones debatimos y elaboramos el Proyecto de ley. Una vez constituida legalmente la Comisión Promotora, el 14 de julio de 2012, aprobamos el proyecto de Ley de la ILP por una RGC. Nuestra intención era registrar la ILP en septiembre del año pasado, pero el adelanto electoral nos obligó a aplazarlo hasta que se constituyera el nuevo Parlament. Finalmente, hemos registrado el proyecto de ILP el 25 de enero de 2013.
La composición de la Comisión Promotora y de las gentes que participan en los trabajos preparatorios de la campaña de la ILP expresa una gran pluralidad y diversidad. El movimiento de trabajadores/as sin empleo, trabajadores/as sociales, la gran mayoría de las organizaciones sindicales, una gran parte de las organizaciones políticas parlamentarias, asociaciones político culturales, entidades y movimientos ciudadanos algunos de ellos vinculados al 15M, personas y movimientos cristianos progresistas, etc., son algunos de los colectivos que forman parte la Comisión.
¿Cuándo se pondrá en marcha el proceso? ¿Cuántas firmas serán necesarias? ¿Podréis conseguirlas?
SG: Una vez aceptada a trámite la ILP-RGC por la Mesa del Parlament, se inician los trámites para acreditar a los fedatarios y fedatarias…
¿Qué son los fedatarios/as?
Las personas que han de dar fe de la autenticidad de las firmas recogidas y que también validan los pliegos con los que se han de recoger las firmas.
La campaña de recogida de firmas se iniciará, aproximadamente, a mediados del del mes de abril.
Para que la ILP-RGC tenga que ser discutida necesariamente por el Parlament de Catalunya se han de recoger, como antes indicábamos, 50.000 firmas válidas.
¿Quiénes podrán firmar?
Poden firmar y su firma será válida, contará, para la recogida de firmas: 1. Las persones que tienen la condición política de catalanes y no estén privadas de sus derechos políticos. 2. Personas que sean mayores de 16 años. 3. Personas que estén debidamente inscritas como domiciliadas en el padrón de algún municipio de Catalunya y que cumplan uno de los requisitos siguientes: a) Tener la nacionalidad española. b) Ser ciudadano de algunos de los estados miembros de la Unión Europea que no sea el Estado español, o ciudadanos de Islandia, Liechtenstein, Noruega o Suiza. c) Residir legalmente en España, de acuerdo con la normativa en materia de extranjería.
Y sí, respondiendo a tu segundo interrogante, estamos convencidos de poder recoger más de 50.000 firmas válidas.
¿En qué tipo de actos habéis pensado durante la campaña? Creo que incluso habéis pensado en editar un libro.
D.T. Iniciaremos la campaña con un acto público el próximo 5 de abril a las 19 horas en el Centro Cívico de «Fort Pienc» y proseguiremos con un amplio despliegue de actos explicativos y de iniciativas que nos permita llegar al corazón y la conciencia de la ciudadanía en Catalunya.
El pasado 28 de febrero, la Marcha contra el paro desde Sant Vicenç dels Horts hasta el Parlament, fue una primera acción de apoyo a la ILP con el lema «Contra el paro, la precariedad y por una renta Garantizada Ciudadana».
En las próximas semanas la editorial de «El Viejo Topo» publicará un librito sobre la ILP por una RGC que esperamos sea de utilidad.
Seguro que será de mucha utilidad.
D.T. Eso esperamos.
¿Quiénes habéis escrito el libro?
DT: Este libro de bolsillo es fruto de la colaboración directa de Jordi Arcarons, Sixto Garganté, Víctor Ríos y de mi mismo. Pero en realidad es el resultado de la conciencia, las ideas y el esfuerzo de todas las personas que han participado en el proceso de elaboración de la ILP, sean miembros de la Comisión Promotora o no.
¿Cómo pueden apoyaros las personas que estén interesadas en vuestra iniciativa?
SG Hay diversas maneras de participar activamente en la campaña de la ILP-RGC. Organizando actos de presentación de la ILP-RGC en el barrio, en el centro de trabajo, en la entidad u organización de la que se forme parte, etc. Participando también en la recogida de firmas, ya sea como fedatario/aria, ya sea recogiendo firmas.
En definitiva, abonando el debate público sobre la necesidad de que, por parte del gobierno de la Generalitat, se adopten las decisiones necesarias para que nadie, para que ninguna persona en Catalunya, tenga unos ingresos por debajo del umbral de pobreza.
¿Habéis hecho ya algún cálculo económico de la cuantía que conllevaría la implementación de la propuesta?
S.G.: Se debe tener en cuenta que el derecho a la renta garantizada de ciudadanía es un derecho de carácter individual, pero con un requisito de acceso vinculado a la situación económica de la persona, y, en su caso, del núcleo familiar o de convivencia, de forma tal que puede haber más de una persona que tenga ese derecho dentro del mismo núcleo.
También hemos de tener en cuenta que es un derecho de carácter suplementario.
¿Suplementario?
Porque es el derecho a cobrar la cantidad necesaria para que, sumada a los ingresos que ya se posean por cualquier razón, se alcance los 664 euros mensuales por las 12 pagas al año.
De acuerdo con los anteriores parámetros, hemos hecho un cálculo aproximando del que podría ser el coste económico anual de la prestación de la renta garantizada de ciudadanía en Catalunya, teniendo en consideración la situación de pobreza el mes de diciembre de 2012.
El coste económico anual es, aproximadamente, de 1.800 millones de euros, lo que garantizaría que unas 650.000 personas dejasen de estar por debajo del umbral de pobreza en nuestro país.
Mil ochocientos millones decís. ¿No es contradictorio que en plena época de recortes, hachazos sociales y reajustes presupuestarios pretendáis que se incremente de forma tan importante el gasto público social? ¿No estáis soñando? ¿Vivís en el País de Jauja? ¿No consideráis la posibilidad de que se rían de todos nosotros?
D.T. La vida digna de la gente, de los ciudadanos/as víctimas de una crisis que no han provocado, es para nosotros una prioridad. Y debería serlo para cualquier gobierno. En la lista de prioridades del gasto debería estar, debe estar en primer lugar, junto con el derecho a la salud y la educación.
Hemos explicado, y lo repetiremos tantas veces como haga falta, que la nueva pobreza masiva tiene un altísimo coste que no nos podemos permitir. Un coste humano, social, pero también económico. ¡Cuanta riqueza de conocimientos y de experiencia profesional desaprovechados! ¡Cuanta demanda interna para el consumo básico que deja de mover la economía!
¿Gasto o inversión social? ¿Donde situamos en la contabilidad, en los presupuestos, la Renta Garantizada Ciudadana?
¿Dónde en vuestra opinión?
La experiencia histórica demuestra que las políticas económicas que han puesto en el centro las necesidades de las personas, estimulando la demanda, favoreciendo el crecimiento del empleo, han sido fundamentales para superar las crisis. En cualquier caso, lo que demuestra ser un fracaso son las políticas de ajuste y austeridad que de modo suicida están aplicando los gobiernos europeos.
Claro que existen recursos para implementar la Renta Garantizada de Ciudadanía.
¿Dónde se ubican, dónde los percibís?
Una gran parte los poseen la minoría que ha provocado la crisis y que se beneficia de ella, a quienes debe aplicárseles la presión fiscal que sea necesaria (¿nos acordamos del impuesto del 90% que impuso el Presidente Roosveelt a las grandes fortunas?).
¿90% dices?
Sí, y digo bien: el 90%. Otra parte importante tiene que venir del combate del fraude fiscal. Para ello los gobiernos deben situar en primer lugar sus deberes hacia la mayoría de los ciudadanos y no ceder ante las presiones de la Troika para devolver la deuda a la banca acreedora que jugó a la especulación, el casino y es responsable de todo tipo de burbujas económicas.
El programa de alternativas posibles y medidas necesarias es más extenso ¡Si reducimos drásticamente la jornada de trabajo a 30 horas a la semana sin disminución de salario, a cuenta del aumento de productividad acumulado y no repartido con equidad por las empresas durante los últimos decenios, podemos acabar con el desempleo, incrementaremos los ingresos fiscales y la cuantía de la Renta Garantizada de ciudadanía será mucho menor.
Jauja son los paraísos fiscales, los territorios opacos donde disfrutan, despilfarran, y maquinan sus perversidades contra la humanidad los poderosos y ricos del planeta, también los de Catalunya.
No nos queda tiempo para soñar. Es una razón de urgencia, de excepción. De vida o muerte: o los privilegios y riquezas de una minoría o el derecho a la vida de la mayoría.
Suena a Rosa Luxemburg y suena muy bien desde luego. Supongamos que conseguís cumplir los requisitos y presentáis a tiempo la ley con las firmas, ¿no puede ocurrir que el Parlament la cambie de arriba a abajo y que no la reconozca ni el más generoso y prudente de los ciudadanos, y se convierta en una iniciativa inútil? ¿No corremos el riesgo de perder el tiempo? Hay gentes que sufren de sordera y ceguera social.
SG: Como ya hemos dicho, si presentamos 50.000 firmas válidas en el Parlament, en el término de 120 días hábiles, el Parlament está obligado a tramitar la Iniciativa Legislativa popular para la renta garantizada de ciudadanía, como cualquier otro proyecto de ley.
Hablas de unos cuatro meses.
Exacto, más dos de prórroga si fueran necesarios.
El Parlament tendrá que tener en cuenta el apoyo popular manifestado por medio de las firmas recogidas y presentadas y, en la tramitación de la ILP, se verá forzado a discutir y a encontrar respuestas satisfactorias para hacer frente a la situación de pobreza en que vive un 20% de la población de Catalunya.
A pesar de eso, en la tramitación del proyecto de ley de la RGC, los grupos parlamentarios pueden introducir enmiendas que tengan como consecuencia que el proyecte de ley sea papel mojado. En este caso, la Comissión Promotora de la ILP-RGC tendrá que decidir si mantiene la tramitación de la ILP o bien si la retira del Parlament.
De acuerdo, el punto de importante. Por lo demás, ¿qué posibilidades tenéis de que se apruebe teniendo en cuenta la correlación de fuerzas parlamentarias? ¿CiU, ERC, PP, Ciutadans,… pueden votar a favor?
D.T. Las correlaciones de fuerzas no son estáticas, se crean y transforman. Y las correlaciones que en última instancia son decisivas son las que se producen en la sociedad, en la calle, en la opinión de la ciudadanía.
En el anterior Parlament había una aritmética parlamentaria, ahora hay otra. Antes CiU se apoyaba en el PP, ahora debe negociar con ERC. El escenario político como consecuencia de la profundización de la crisis, del fracaso de las políticas a las órdenes de la Troika, es de gran inestabilidad. El desgaste de los gobiernos que aplican políticas contra los pueblos es muy veloz. Las ambigüedades y complicidades corren igual suerte.
Si llegado el caso una mayoría en el Parlament impidiese el debate del proyecto de Ley, lo adulterase gravemente o lo rechazase, se podría encontrar con una ciudadanía que no reconociese su decisión y que persistiría en la defensa del derecho a una Renta Garantizada Ciudadana. El pueblo podría cuestionar a los parlamentarios y parlamentarias que no sirvieran al pueblo. Quizás la mayoría ciudadana decidiera gobernar directamente prescindiendo de servicios tan poco útiles y recomendables.
No está mal, nada mal lo que acabas de señalar. Gracias, suerte, éxito y resistencia.
Salvador López Arnal es miembro del Frente Cívico Somos Mayoría y del CEMS (Centre d’Estudis sobre els Movimients Socials de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona; director Jordi Mir Garcia)
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