La política económica completamente antisocial del gobierno de Margaret Tatcher resumía su pensamiento económico en el acrónimo TINA (no hay alternativa, en su traducción del inglés). Así, este gobierno conservador utilizó la crisis como argumento para acometer las políticas más antisociales de la época en Europa. Del mismo modo, el gobierno liberal d el PSOE […]
La política económica completamente antisocial del gobierno de Margaret Tatcher resumía su pensamiento económico en el acrónimo TINA (no hay alternativa, en su traducción del inglés). Así, este gobierno conservador utilizó la crisis como argumento para acometer las políticas más antisociales de la época en Europa. Del mismo modo, el gobierno liberal d el PSOE basa su decisión de rebajar las ya de por sí reducidas pensiones en base al mismo argumento: no hay alternativa. De esta manera, señalan, el sistema de seguridad social podría quebrar de mantener los parámetros actuales. Por lo tanto, dicen que es necesario reducir el gasto en pensiones para garantizar su sostenibilidad.
Ambos argumentos -quiebra de la seguridad social, necesidad de reducir el gasto en pensiones- son absolutamente falsos, y únicamente pretenden ocultar la verdadera naturaleza de las reformas: reducir lo público para abrir oportunidades de negocio para los mismos causantes de la crisis sistémica Ni la seguridad social está en riesgo, (valga el dato del superávit actual de 11.000 millones de euros), ni es necesario reducir los costes -¿por qué no incidir en una estrategia de mayores ingresos? En definitiva, se trata de la vieja lucha, derechos de todas las personas contra los privilegios de unos pocos.
Así, todas las predicciones agoreras que anunciaban la quiebra de la SS han fracasado estrepitosamente, pese a lo cual los aprendices de brujo siguen haciendo nuevos augurios catastrofistas sin sonrojarse. Sus pronósticos interesados que anunciaban que la menor natalidad y la mayor esperanza de vida provocarían la quiebra de la SS fallaron. Esta campaña contra la Seguridad Social es promovida por la banca -que pretende acaparar para sí el muy lucrativo negocio de los ahorros públicos de la SS-, así como por la patronal, que ve en esta medida un modo de reducir las cotizaciones sociales, las cuales son parte del salario diferido de las y los trabajadores. Por ello, piden la reducción de las pensiones públicas y al aumento de las pensiones privadas, no por necesidad para las personas trabajadoras y pensionistas, ni para el estado, sino sólo para los maltrechos y acaparadores mercados. No hay por tanto justificación alguna.
De esta manera, el querer hacer trabajar más allá de los 65 años no es algo que se haga para salvaguardar las pensiones. Su idea es reducir las pensiones públicas para que quienes puedan ahorrar se vean en la obligación de entrar en las pensiones privadas y que la banca disponga de ese pastel. No están en juego las pensiones, sino los beneficios de la banca.
Precisamente, parece que poco importa que la crisis financiera haya dejado en evidencia la debilidad de los sistemas privados de pensiones, al haber tenido que ser rescatados con dinero público y al encadenar sucesivas rentabilidades negativas. Desde 1970 a 2003 ha habido 117 crisis bancarias sistémicas en 93 países y 113 episodios de «stress» financieros en 17 países. La pensiones privadas son la supuesta solución al problema, pero de marzo de 2008 a marzo de 2009 los fondos privados han devuelto una rentabilidad media anual negativa del 6,37%. ¿Quién está en riesgo, las pensiones públicas o el chollo de las pensiones privadas? En esta lógica, las Diputaciones de la CAV han establecido una fiscalidad favorable a las pensiones privadas, beneficiando a quienes más capacidad de ahorrar tienen y mandando un mensaje de endeblez de las pensiones públicas.
Pero no sólo cae por su propio peso este argumento de quiebra de la seguridad social, sino que además quieren analizar el problema únicamente desde la reducción del gasto, aliándose con la patronal, y sin tomar las medidas estructurales oportunas que nos saquen de la crisis.
Así, uno de los cambios que se han propuesto para reducir el gasto de la Seguridad Social es aumentar el mínimo de años que se utiliza para calcular las bases de cotización de 15 a 20 años. De este modo, según los cálculos de los sindicatos las pensiones se reducirían un 6%. Esta medida afecta principalmente a las mujeres porque tienen menores tiempos de cotización por ser quiénes más entradas y salidas realizan del mercado de trabajo y por tener más contratos parciales. Y especialmente afecta a las trabajadoras que están en el Régimen Especial de los empleados de Hogar, puesto que el 32,5% de las trabajadoras en este régimen está en la franja de quienes han cotizado entre 16 y 20 años.
Pero no es esta la única vía por la que el gobierno de Zapatero pretende reducir las pensiones. Si bien en un primer momento parecía un globo sonda, parece confirmarse que el gobierno del Reino de España va a retrasar la edad de jubilación a los 67 años. Esta medida junto con el aumento de 15 a 20 años de la base de cotización, supondrían una reducción media de las pensiones del 16%. Al mismo tiempo, cierran la puerta de salida del mercado laboral a personas que ya se han ganado el derecho al descanso complicando la entrada al trabajo a los y las jóvenes. Todavía no se sabe cuales serán los cambios concretos, en cualquier caso, el gobierno maneja diferentes cambios todos ellos orientados a reducir las pensiones.
Por el contrario, y dado el superávit de la SS, desde Alternatiba entendemos que si en un futuro hubiese algún tipo de problema, la solución pasaría por aumentar los ingresos de la Seguridad Social, más que por encontrar la fórmula más rebuscada de reducir las pensiones. Es decir, se trata de tomar las medidas opuestas a las que proclaman desde la banca, la patronal y economistas neoliberales:
· Aumentar los salarios, empezando por el Salario Mínimo Interprofesional para que haya unas mayores cotizaciones.
· Recortar la tasa de paro que en el Reino de España es de un 20% y en la CAV de un 10% para que haya un mayor número de cotizantes.
· Aumentar la tasa de ocupación de las mujeres de la CAV, acercando esta del 58% actual a cifras como las de Alemania, con un 66%. Aumentaría así el número de cotizantes y para ello se promoverían todo tipo de medidas, desde la corresponsabilidad en el cuidado de hombres y mujeres, que garantizaran que esta incorporación de las mujeres al mercado de trabajo aumentara y se hiciera en igualdad de derechos y oportunidades.
· Eliminar las figuras de becario y los Contratos de Colaboración Social que no cotizan a la SS y demás contratos basura que pseudo-cotizan.
· Reducir la jornada laboral, al contrario de lo que pretendía la directiva Europea de las 65 horas, para repartir el trabajo y que haya más cotizantes.
· Reducir la economía sumergida para que se sumen esos cotizantes.
· Incorporar a las trabajadoras del hogar a cotizar en el régimen general de la Seguridad Social. Apenas 14.000 de las 24.318 trabajadoras del hogar en la CAV cotizan de algún modo a la SS.
· Financiar las pensiones no contributivas con transferencias del Estado, para lo cual, es recomendable subir la presión fiscal a niveles europeos. Para ello, habría que recuperar el Impuesto sobre Patrimonio, volver a incluir las rentas del ahorro junto con el resto en el IRPF y aumentar los tipos de gravamen de las grandes empresas con beneficios y contribuyentes del IRPF con mayores ingresos, entre otras medidas. Solo el 38% de los complementos a mínimos son financiados por el Estado con impuestos en vez de por la SS.
· Reducir la edad de jubilación para repartir el trabajo. Una persona que haya cotizado 40 años no tiene por qué ver reducida su jubilación aunque se jubile antes de cumplir los 65 años.
Por lo tanto, no más mentiras. Hay otras alternativas, hay soluciones, y no sólo la de plegarse a los mercados y sus capitalistas.
Silvia Piris y Exabier Arrieta, militantes de Alternatiba
Fuente: Alternatiba