Nuestro país posee 52 cuencas hidrográficas y alrededor de 500 ríos de corto recorrido, cuyos cursos están usualmente orientados en dirección a las costas. Según el Informe del Estado del Ambiente – GEO Panamá 2004, los estudios sobre la calidad del agua en los principales ríos de los distritos de Panamá, La Chorrera, San Miguelito […]
Nuestro país posee 52 cuencas hidrográficas y alrededor de 500 ríos de corto recorrido, cuyos cursos están usualmente orientados en dirección a las costas.
Según el Informe del Estado del Ambiente – GEO Panamá 2004, los estudios sobre la calidad del agua en los principales ríos de los distritos de Panamá, La Chorrera, San Miguelito y Arraiján, efectuados por la Universidad de Panamá y la Universidad Tecnológica, revelan elevadas concentraciones de materia orgánica y alta carga bacteriana. En San Miguelito, Arraiján y La Chorrera existen 165 sistemas de tratamiento de aguas negras, que incluyen los manejados por el IDAAN, frente a unas 1,200 fuentes de contaminación de los recursos hídricos; pero las plantas de tratamiento para el manejo de aguas residuales en el país siguen siendo cinco.
A pesar de todos los esfuerzos en materia de educación ambiental, es común observar el triste espectáculo de personas que a pie o desde sus autos, lanzan sin ningún remordimiento todo tipo de basura en las calles y los ríos. Si se les llama la atención, tienen el descaro de ofenderse y defienden a ultranza «su derecho inalienable a ensuciar y contaminar».
Provoca dolor ver los ríos arrastrando toneladas de desechos, desde neveras, llantas, animales muertos, latas, chatarras de autos, escombros y lo que usted menos se imagina, debido a la irresponsabilidad humana y la falta de cultura ambiental. El olor pestilente y los colores turbios de sus aguas, causan molestias, provocan enfermedades e incrementan de manera exagerada insectos, como zancudos y moscas.
Ríos de aguas cristalinas que ayer eran sitios de recreo y turismo, se han transformado en cloacas nauseabundas e insalubres. Otros ríos perecen por la deforestación, el uso inadecuado de pesticidas, las descargas industriales, la tendencia al mal uso de la tierra, la extracción minera, los contaminantes tóxicos, la inadecuada planificación urbana, etc.
Tenemos el emblemático caso del Río Pacora, que sucumbe por la extracción desaforada de materiales para la construcción, víctima de la desidia gubernamental y la irresponsabilidad empresarial.
En Panamá, los tratamientos de efluentes contaminantes del agua son prácticamente inexistentes, afectando negativamente la calidad del agua, el turismo, la recreación, los ecosistemas y la salud humana. También la creación de enormes obras hidroeléctricas, presas y trasvases, pueden causar graves daños ambientales.
El Estado es el mayor responsable de la protección de agua. Su obligación es garantizar el tratamiento adecuado de las aguas residuales, domésticas e industriales, proteger la salud de la población y cuidar los ríos como fuente de vida. Sin embargo, la normativa legal en materia de aguas es obsoleta, el sistema de vigilancia es insuficiente, las penas y multas son anacrónicas e inefectivas, aunado a la falta de personal técnico y de apoyo financiero a los programas de monitoreo y análisis de vertidos.
A pesar que la Ley No. 44 de 2002 asigna a la ANAM la responsabilidad de diagnosticar, administrar, manejar y conservar las cuencas hidrográficas, en coordinación con las instituciones del Sistema Interinstitucional Ambiental, las Comisiones Consultivas Ambientales y con los Comités de Cuencas Hidrográficas; urge establecer una Política Nacional de Aguas, que implique mejorar la coordinación de los actores asociados con el recurso hídrico, invertir de manera planificada en infraestructura hidráulica, en acueductos rurales y mejorar el acceso de los pobres al agua.
A medida que la concentración de la población aumenta, también se incrementa la demanda de bienes y servicios lo que genera mayor presión sobre la disponibilidad y calidad del recurso. Tenemos el complejo reto existencial y estratégico de educar y fomentar una nueva cultura del agua que demande no sólo cambios políticos, legales e institucionales; además de un enfoque global y descentralizado basado en principios éticos de equidad y sostenibilidad Recordemos que las guerras del futuro serán por agua, quizás ya comenzaron, aunque sólo se hable de hidrocarburos.
* Abogada ambientalista