Nos encontramos ante una escalada en las agresiones a los trabajadores inmigrantes. Por un lado, los ataques racistas y xenófobos perpetrados por ultraderechistas. Por otro el endurecimiento, aprobado en el Senado, de la ley de Extranjería, con amenazas de expulsiones masivas y la imposibilidad de regularizarse al que esté o haya quedado sin papeles. El […]
Nos encontramos ante una escalada en las agresiones a los trabajadores inmigrantes. Por un lado, los ataques racistas y xenófobos perpetrados por ultraderechistas. Por otro el endurecimiento, aprobado en el Senado, de la ley de Extranjería, con amenazas de expulsiones masivas y la imposibilidad de regularizarse al que esté o haya quedado sin papeles.
El proceso de recolonización imperialista incluye el control de los mares, de las aguas internacionales, tipificando como delito universal el tráfico de personas. Además el llamado «protocolo de seguridad» trata como peligrosos delincuentes a los inmigrantes que son transportados para su expulsión. Este incremento de la presión sobre los inmigrantes se produce en un momento de cambio de ciclo económico, cuando serán precisamente los trabajadores inmigrantes quienes más afectados se verán por la pérdida de sus puestos de trabajos. El Estado quiere garantizar a los empresarios una mano de obra absolutamente amedrentada y, con las medidas que se prevén, aumentar la división entre los trabajadores para tener como chivo expiatorio a los inmigrantes. Es probable que las nuevas medidas no se apliquen antes del final de la legislatura, pero para impedirlo hay que trabajar desde ahora mismo para movilizar al conjunto de los trabajadores.
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LAS NUEVAS MEDIDAS CONTRA LOS INMIGRANTES El 28 de septiembre pasado, la Mesa del Congreso de los Diputados dio entrada a un proyecto de ley aprobado en el Senado titulado: «Medidas para la lucha contra la inmigración clandestina». El Proyecto, presentado por Coalición Canaria, contó con el voto favorable del PP, PNV y CiU. Las medidas más importantes que contiene son las siguientes: -Supresión del empadronamiento de inmigrantes irregulares, lo que les ocasionaría la pérdida del derecho a la atención sanitaria en condiciones iguales a las de un inmigrante regular. Además esta medida provocaría serios problemas en la escolarización de menores. -Supresión del arraigo mediante el cual los inmigrantes tenían la oportunidad de conseguir «sus papeles». También se suprime el visado para la búsqueda de empleo. -Ampliación de 40 a 70 días del plazo de «retención en los Centros de Internamiento» hasta que se materialice la expulsión del inmigrante irregular. -Expulsión obligatoria de todos los irregulares. -Aumento de 3 a 6 años del plazo de prohibición de entrada en territorio español como consecuencia de la devolución acordada para los extranjeros que pretendan entrar ilegalmente. -Dejan de existir las aguas internacionales para el delito de tráfico de personas. -Quien haya estado en situación irregular no podrá tener derecho a la nacionalidad española. -Elevación de 1 a 3 años de la exigencia de estar casado y conviviendo con español/a en los supuestos de matrimonio para solicitar la nacionalidad. Ricardo |
Habla Narcisa Pajal, Presidente de la Asociación de Trabajadores Inmigrantes en el Estado Español (ATRAIE).
«EXIGIMOS LA RETIRADA DE LA REFORMA DE LA LEY DE EXTRANJERÍA QUE SE ESTÁ COCINANDO»
Publicamos la intervención de Narcisa Pijal, presidenta de ATRAIE, en un acto de las redes de cristianos de base celebrado en Madrid el pasado 11 de noviembre. Ese mismo día fue asesinado el joven antifascista Carlos Palomino cuando iba a manifestarse contra una manifestación racista y xenófoba del partido nazifascista Democracia Nacional.
En primer lugar, quiero agradecer en nombre de ATRAIE, Asociación de Trabajadores Inmigrantes en España, la invitación que nos han hecho para poder participar en este acto.
Quiero empezar por algo que es obvio, pero que es necesario recordar. Los inmigrantes no salimos de nuestros países por gusto, salimos por la situación social, laboral, política, nos vemos obligados a tomar esa decisión, dejando nuestras raíces, nuestra vida, nuestras familias, nuestros hijos, con la esperanza de encontrar un futuro mejor cuando llegamos. Diría, si tenemos la suerte de llegar y no perder la vida en el intento, como por desgracia vemos todos los días y parece que no pasa nada. Países como España, necesitan mano de obra barata y que no proteste por sus peores condiciones de vida y laborales. (Los trabajadores inmigrantes estamos poniendo los muertos en los accidentes de trabajo). Para ello imponen la Ley de Extranjería que discrimina a este sector de trabajadores, enfrentándonos de esta manera con los trabajadores nativos y con el pueblo español. Nos culpabilizan de quitar el trabajo y de precarizarlo, culpabilizan a nuestros hijos de bajar el nivel educativo, de desmejorar la atención sanitaria, etc., cuando el deterioro de estos servicios públicos se debe exclusivamente a las políticas estatales y autonómicas que recortan las inversiones con el propósito de privatizarlos.
Desde nuestra asociación venimos luchando contra la división de los trabajadores en nativos y extranjeros, ya que fomenta el racismo y la xenofobia y un sector importante de los trabajadores se ha mostrado permeable a este mensaje. Desde ATRAIE denunciamos enérgicamente las políticas de inmigración (leyes de Extranjería, regularizaciones parciales, cupos, contratación en origen) aprobadas y apoyadas por el PSOE, el PP y los sindicatos Comisiones Obreras y UGT.
Estos dos sindicatos que se supone que son los defensores de los trabajadores piden más policía para que se ocupen de la inmigración, que los sin papeles vuelvan a su país y desde allí gestionen sus permisos, que a los trabajadores búlgaros y rumanos se les aplique la moratoria para poder trabajar de manera regular. Esta práctica sindical está sirviendo para aumentar la división entre los trabajadores y facilita la explotación de toda la clase obrera. A se vez acentúa los sentimientos racistas y xenófobos cuya manifestación más clara son las agresiones sufridas por la joven ecuatoriana en Barcelona, el obrero colombiano en Las Rozas (Madrid), el inmigrante africano agredido en Alcalá de Henares. Agresiones como las ocurridas en la Cañada Real Galiana que se desencadenó el 18 de Octubre por la brutal intervención policial, con el cínico argumento de la ilegalidad de construir sus viviendas, cuando no hay ilegalidad más grande que la de negar el derecho a la vivienda, cuando este intento de desalojar la Cañada es la insaciable especulación de las grandes constructoras e inmobiliarias y los gobiernos e instituciones que representan. Se trata de limpiar la Cañada para conseguir la extensión del PAU del ensanche de Vallecas, el PAU de Vicálvaro y del norte de Rivas.
Por eso, ahora es más necesario que nunca, denunciar y exigir que el nuevo proyecto de reforma de la Ley de Extranjería que se está cocinando para su aprobación sea retirado del Congreso, ya que pone a la población inmigrante nuevamente en el punto de mira para cerrarle todas las vías de acceso a su regularización como es el arraigo social y laboral. Negarle la atención sanitaria, al suprimir el empadronamiento, a la expulsión obligatoria por estar irregular, pasar de 40 a 70 días en un centro de internamiento y un largo etcétera de recorte de derechos es lo que nos espera si se aprueba esta reforma.
Por eso exigimos:
-La retirada de ese PROYECTO LEY RACISTA Y XENÓFOBO del congreso.
-Papeles para todos sin condiciones.
-Trabajo y vivienda digna para todos.
-Derogación de la LEY DE EXTRANJERÍA.
¡NATIVA O EXTRANJERA, LA MISMA CLASE OBRERA!