La SEPI aporta 10,3 M de capital público en 2017 a las sociedad liquidadora de los antiguos astilleros estatales para indemnizar a los extrabajadores que enfermaron por la exposición a este material
Foto de recurso de un astillero. (EFE)
Las indemnizaciones para los antiguos trabajadores de los astilleros públicos que enfermaron por su exposición al amianto no paran de crecer. A medida que caen las sentencias (casi todas a favor de los exempleados), la Administración se ve obligada a tirar de las arcas púbicas para resarcir a los afectados por la asbestosis, la patología pulmonar provocada por años de contacto con el polvo de amianto.
Así, la sociedad liquidadora de los antiguos astilleros situados en Ferrol, Cartagena y Cádiz, IZAR, realizó en 2017 una nueva provisión de 10,3 millones de euros para hacer frente a esta contingencia judicial. Se trata de la mayor inyección anual para cubrir estos litigios después de la de 2016, que superó los 10,6 millones de euros.
Esta aportación de capital la lleva a cabo la Sociedad Estatal de Participación Industriales (SEPI), dependiente del Ministerio de Hacienda y tenedora del 100% del capital social de IZAR y BAZAN, antiguas compañías de los astilleros públicos. Aunque la mayor parte de los activos de estas fueron transmitidos a Navantia, también 100% pública, las resposabilidades en materia laboral quedaron circunscritas a estas sociedades sin actividad y que se encuentran en liquidación.
Con la nueva inyección de capital público, IZAR dispone de más de 20 millones de euros provisionados para este fin. Esta cantidad corresponde, según el auditor de la compañía, con «la mejor estimación para cubrir el efecto de las reclamaciones de asbestosis recibidas a cierre del pasado ejercicio», cuya memoria anual ha sido depositada recientemente en el registro mercantil.
Según destaca la propia empresa «entre los litigios laborales apuntados, los de mayor relevancia a futuro son los derivados de las reclamaciones por asbestosis, tanto por su incremento en términos absolutos como por los riesgos económicos asociados, unido a las dificultades de defensa para IZAR dada la antigüedad de su origen y su contexto».
Desde hace una década, los antiguos astilleros públicos han ido elevando las provisiones, que cada vez son más cuantiosas, para hacer frente a esta causa. Aún siguen coleando con nuevos casos. Tanto IZAR como BAZAN y la propia Navantia han recibido cientos de demandas de extrabajadores y sus familiares (estos se contagiaban por el contacto) por estar sufriendo asbestosis. Esta patología fue contraída durante décadas por trabajadores que estaba en contacto con el amianto, material prohibido desde que se descubrieron sus efectos nocivos para la salud.
En muchos casos esta enfermedad acaba degenerando en cáncer de pulmón. Las sentencias han llegado a contemplar indemnizaciones de hasta 400.000 euros por afectado. Pese al drama generado en muchas familias, en 2018 han seguido apareciendo nuevos casos diagnosticados en trabajadores de otras compañías que han manipulado este material maldito.