Amigos de la Tierra se opone a cualquier tipo de arbitraje que otorgue derechos a las empresas por encima de gobiernos y ciudadanos La Comisión Europea anunció ayer, 16 de septiembre, su plan para reformar el muy controvertido mecanismo de arbitraje entre inversores y estados, conocido por ISDS, actualmente en negociación en el marco del […]
Amigos de la Tierra se opone a cualquier tipo de arbitraje que otorgue derechos a las empresas por encima de gobiernos y ciudadanos
La Comisión Europea anunció ayer, 16 de septiembre, su plan para reformar el muy controvertido mecanismo de arbitraje entre inversores y estados, conocido por ISDS, actualmente en negociación en el marco del Tratado de Comercio e Inversiones entre Estados Unidos y la Unión Europea, TTIP [1]. El ISDS, presente en numerosos tratados de inversiones ya ratificados, otorga derechos a los inversores extranjeros por encima de los marcos legislativos y tribunales de los estados, constituyendo un grave atentado a su soberanía.
La propuesta de la Comisión Europea, que la propia Comisaria de Comercio Cecilia Malmström califica de «reforma y modernización del antiguo sistema de resolución de conflictos», pretende reemplazar el mecanismo del ISDS por un sistema de tribunales que incluiría una corte de inversión en primera instancia y una de apelación.
Si bien la Comisión, al menos en sus declaraciones, intenta abordar algunas de las críticas al ISDS – con la designación pública de los jueces o supuestamente la garantía a los estados de poder legislar, no hace más que disfrazar un sistema que no es necesario, ni aborda el problema de raíz: la concesión exclusiva de privilegios a los inversores extranjeros por encima de la sociedad, de los gobiernos y de los inversores domésticos, en clara contradicción con el carácter democrático de la Unión Europea y la libre competencia.
Liliane Spendeler, directora de Amigos de la Tierra, ha afirmado: «la propuesta de la CE para reformar el sistema de arbitraje está hecha con la misma vara de medir que el anterior mecanismo. A pesar de su nuevo nombre y algunas reformas de funcionamiento, blinda los derechos de los inversores extranjeros sin exigirles ninguna obligación para proteger a la ciudadanía y el medio ambiente. Este sistema es inaceptable en una democracia».
La inclusión del arbitraje entre inversores y estados no es necesaria. Inversiones multibillonarias han tenido lugar sin este mecanismo entre EE.UU. y la UE (y sus Estados) en las últimas décadas. En la actualidad, menos del 10% de estas inversiones están cubiertas por un ISDS. Incluir un arbitraje de estas características en el TTIP incrementaría drásticamente su alcance, con el consiguiente aumento de demandas a los Estados europeos [2]. Los inversores ya disponen de mecanismos de protección, como acudir a los tribunales normales, por lo que no existe ninguna razón para otorgarles este poder descomunal con una corte específica de inversiones.
Por otra parte, el carácter unidireccional del sistema no se aborda en la reforma: mientras las empresas extranjeras pueden demandar a los gobiernos, en particular si estos legislan en pro del interés social y del medio ambiente, los gobiernos no pueden demandar a las empresas en estos tribunales. Igualmente, las comunidades afectadas por inversiones empresariales no tienen acceso tampoco a la justicia. La capacidad de las democracias para regular se ve socavada y la de los pueblos para defenderse totalmente ignorada. De hecho, mientras la Comisión Europea insiste en blindar los derechos de las empresas, se opone categóricamente en Naciones Unidas a un tratado vinculante de protección de los derechos humanos frente a los abusos de las multinacionales [3].
También resulta curioso cómo la Comisión hace oídos sordos a su propia consulta a la ciudadanía sobre el ISDS, cuyos resultados se conocieron en enero de 2015. Más del 97% de las respuestas se posicionaban claramente en contra de un sistema de estas características [4].
La propuesta, que se tendrá que acordar con los estados miembro y el Parlamento Europeo, y a posteriori negociar con Estados Unidos, confirma la falta de voluntad por parte de la Comisión Europea de prescindir de un sistema de privilegios para los inversores en detrimento de la ciudadanía y el medio ambiente, y decide centrarse en los cambios superficiales que mantienen el sistema de arbitraje prácticamente inmutable
Amigos de la Tierra se opone al TTIP y el CETA en sí, sin o con ISDS. ***
Más información: Teresa Rodríguez Pierrard, responsable de prensa de Amigos de la Tierra: 680 936 327 Liliane Spendeler, directora de Amigos de la Tierra: 653 968 935 ***
Notas: [1] http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1364
[2] http://www.s2bnetwork.org/isds-statement/
[3] http://www.tierra.org/spip/spip.php?article2210
[4] http://www.foeeurope.org/eu-commission-deaf-opposition-investor-privileges-130115