Murcia, La Rioja, Extremadura, Canarias, Cantabria, Aragón, Baleares, Castilla-la Mancha y Madrid aplican la reforma sanitaria del Gobierno a rajatabla, «e incluso algunas han ido más allá», según un informe de Médicos del Mundo que tras realizar un mapa sobre la aplicación de la retirada la tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregulares en las distintas […]
Murcia, La Rioja, Extremadura, Canarias, Cantabria, Aragón, Baleares, Castilla-la Mancha y Madrid aplican la reforma sanitaria del Gobierno a rajatabla, «e incluso algunas han ido más allá», según un informe de Médicos del Mundo que tras realizar un mapa sobre la aplicación de la retirada la tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregulares en las distintas comunidades autónomas, denuncia el caos existente tres meses después de la entrada en vigor.
Por el contrario, Andalucía, País Vasco, Cataluña y Asturias rechazan su aplicación, «llegando algunos a ejercer acciones legales contra el mismo», y en la práctica, han dispuesto las herramientas necesarias para asegurar la asistencia al colectivo inmigrante excluido en todas las circunstancias. El resto de comunidades aplican la norma pero han articulado procedimientos de atención a las personas excluidas más allá de los mínimos establecidos.
La organización utiliza los colores del semáforo (rojo, verde y amarillo) para calificar el estado de su implantación, –tanto desde el posicionamiento político como en la práctica diaria–, siendo el rojo el que indica las CCAA que mejor aplican mejor la reforma que solo asegura a este colectivo la atención de emergencia, a menores y embarazadas.
Aragón, Baleares, Castilla-la Mancha y Madrid son las comunidades donde casos más graves de inasistencia se han recogido, aunque se han registrado casos de denegación de atención sanitaria en todas las comunidades, incluso en las calificadas como de color verde, si bien habitualmente en ellas la disposición a solucionarlos es favorable.
Los ejemplos recopilados van desde el enfermo crónico al que se reclama el pago por diálisis (Aragón), hasta situaciones de falta de tratamiento post-quirúrgico (Castilla-La Mancha), pasando por la denegación de atención a una mujer con un embarazo de alto riesgo (Canarias) o la negación de atención a un inmigrante empadronado al que se le impide la tramitación de la tarjeta sanitaria (Baleares).
Entre lo más llamativo, se observa que mientras algunos gobiernos autonómicos empezaron a rechazar a personas migrantes en sus sistemas sanitarios ya desde mayo de 2012 – cuatro meses antes de la entrada en vigor de la norma-, otros han otorgado al personal administrativo en lugar de al sanitario la potestad de decidir lo que es o lo que no es urgencia.
Del mismo modo, sólo 6 comunidades autónomas -Aragón, Asturias, Castilla y León, Galicia, Madrid y Valencia- han aprobado algún documento con ese fin (circular informativa, instrucción, comunicado o carta a los profesionales sanitarios). Aunque, en loa mayoría los procedimientos administrativos son muy complejos, otros contemplan afirmaciones sin entrar en su regulación, y, algunos de los que regulan las actuaciones, tienen carácter provisional.
«A toda esta situación de heterogeneidad se une la diversidad de las diferentes autonomías a la hora de formalizar la aplicación práctica del RDL», destacan desde la organización, quien califica el contenido del RD de «vago» lo que ha formantazo la «informalidad en su desarrollo y genera desigualdad» tanto entre distintas comunidades autónomas cómo entre los diferentes centros sanitarios dentro de las mismas.
MUCHOS PACIENTES TIENEN «MIEDO»
Dejando a un lado el «caos» que ha provocado su implantación, Médicos del Mundo denuncia que esta reforma colisiona con la Constitución y con los Estatutos de Autonomía de algunas comunidades autónomas. Además, «supone una vulneración del derecho humano a la salud y de su reflejo en instrumentos internacionales suscritos por España, como el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y una falta de seguimiento de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud».
En cuanto el informe, la organización advierte de que los casos a los que han tenido acceso las entidades que trabajan en este ámbito no suponen el total de los casos existentes, «puesto que muchos de ellos se retraen de pedir ayuda por desconfianza, miedo o desconocimiento de sus derechos, lo que hace imposible determinar el alcance real de la vulneración del derecho a la salud que se está produciendo en España».
Respecto al desenlace de los casos analizados, destaca que, «si bien gran parte de las derivaciones de estos casos se han resuelto positivamente, las personas que consiguen ser atendidas no tienen cubierta la medicación que precisan, por lo que dado el elevado coste -especialmente de los tratamientos para enfermedades crónicas- y la ausencia de recursos económicos por parte de este colectivo existe un riesgo real de falta de seguimiento de los tratamientos prescritos».