La activista hondureña LesbiaYaneth Urquía tenía 49 años cuando fue encontrada asesinada el pasado miércoles en el vertedero municipal de Marcala, en el departamento de La Paz, Honduras. Amigos de la Tierra denuncia la situación de indefensión que viven numerosos activistas en el país centroamericano y expresa su dolor por la injusticia cometida. Al igual […]
La activista hondureña LesbiaYaneth Urquía tenía 49 años cuando fue encontrada asesinada el pasado miércoles en el vertedero municipal de Marcala, en el departamento de La Paz, Honduras. Amigos de la Tierra denuncia la situación de indefensión que viven numerosos activistas en el país centroamericano y expresa su dolor por la injusticia cometida.
Al igual que Berta Cáceres, Lesbia formaba parte del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH,) como lideresa indígena, oponiéndose a un proyecto hidroeléctrico sobre el río Chinacla, que cruza por poblaciones de indígenas lencas del oeste de Honduras. La organización ecologista reclama el fin de la violencia y exige a la comunidad internacional tomar medidas para evitar esta barbarie que desde 2010 ha acabado con la vida de más de un centenar de activistas.
Según han informado las autoridades, Lesbia fue secuestrada el martes, tras salir de su casa alrededor de las 17:00h en bicicleta. Al no regresar a casa, sus familiares comenzaron su búsqueda hasta encontrarla al día siguiente sin vida. El cuerpo presentaba un trauma encéfalo craneal abierto, producido por un objeto cortante.
El asesinato ha sucedido tan sólo cuatro meses después de la muerte de Berta Cáceres y está de nuevo directamente ligado a la lucha por los derechos humanos y ambientales que llevaba a cabo Lesbia. En este caso, el asesinato se debe a la lucha contra el proyecto hidroeléctrico Aurora I, ya que tuvo lugar tan sólo pocos días antes de la celebración de una consulta ciudadana en el municipio de Santa Elena, justamente sobre el proyecto hidroeléctrico que el gobierno había autorizado. La consulta había sido promovida por el pueblo lenca y el Centro Hondureño para la Promoción del Desarrollo Comunitario (CEHPRODEC), por lo que todo indica que el crimen forma parte de una estrategia de intimidación a la ciudadanía y principalmente a las comunidades indígenas.
Se trata por tanto de otro caso que refleja la impunidad de las multinacionales en Honduras que siguen operando a su antojo, mientras cometen crímenes contra los derechos humanos y ambientales para conseguir sus objetivos.
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