El nacionalismo catalán, independentista o federalista, de izquierdas o de derechas, ha encontrado un mínimo común para poder avanzar un trecho más en el enfrentamiento abierto con el nacionalismo español. Ese mínimo común es el derecho a decidir. Se trata de un acuerdo en torno a cuestiones de estrategia, más que sobre objetivos finales, cuestión […]
El nacionalismo catalán, independentista o federalista, de izquierdas o de derechas, ha encontrado un mínimo común para poder avanzar un trecho más en el enfrentamiento abierto con el nacionalismo español. Ese mínimo común es el derecho a decidir.
Se trata de un acuerdo en torno a cuestiones de estrategia, más que sobre objetivos finales, cuestión esta última que divide claramente al bloque interclasista que sostiene el derecho a decidir, primero porque en su seno cohabitan posiciones independentistas y federalistas minoritarias y, entre las primeras, partidarias de mantener a una futura Cataluña independiente en la zona euro o de abandonarla.
El planteamiento de poner las cuestiones estratégicas en primer plano es coherente porque es donde se sitúan las dificultades primeras y más importantes. El independentismo catalán hizo grandes avances en el campo estratégico, primero con las grandes manifestaciones de masas con ocasión de la celebración de las diadas en los últimos años y contra la decisión del Tribunal Constitucional que echaba por tierra aspectos sustanciales de la reforma del Estatuto en 20101 y, después, comprometiendo al gobierno de CiU en sus objetivos. Llegados a ese punto, el independentismo había conseguido la masa crítica necesaria para lanzar el desafío al nacionalismo español con objeto de alcanzar la independencia de Cataluña.
A la consecución de esa masa crítica han contribuido diversos factores entre los que se encontrarían el defectuoso encaje del modelo territorial articulado en la Constitución española; el reverdecimiento de la cuestión nacionalista en Europa con la creación de numerosos nuevos Estados independientes en las dos últimas décadas y el más reciente proceso independentista en Escocia2; la existencia de la UE donde encajar una futura Cataluña independiente, en la opinión del sector mayoritario del bloque independentistas; los agravios recientes infligidos desde el nacionalismo español, como en la cuestión lingüística y en la reforma del Estatuto; y los efectos de la crisis económica que ha servido de munición del gobierno nacionalista catalán contra el Estado español.
La contribución del nacionalismo español a la consecución de la masa crítica independentista en Cataluña es evidente. Especialmente por su inmovilismo defensivo de la articulación jurídica territorial recogida en la Constitución, con una interpretación en la práctica escorada hacia dicho nacionalismo que, en la actual coyuntura, se manifiesta en los esfuerzos centralizadores del gobierno del PP. En este punto es necesario hacer un inciso importante, la Constitución española es fruto de una transición en la que no hubo ruptura democrática con la dictadura franquista y, por lo tanto, las fuerzas del antiguo régimen impusieron sus intereses con concesiones no sustanciales a las fuerzas de izquierda y los nacionalismos periféricos. Fruto de ello fue la forma monárquica del Estado, el tipo de articulación territorial, el blindaje del nacionalismo español, la economía de mercado, la dificultad de modificación del texto constitucional y el predominio de las fuerzas conservadoras en las instituciones del Estado.
Hasta ahora el nacionalismo español ha defendido ese inmovilismo y ha salido victorioso de las ofensivas del nacionalismo periférico, especialmente del vasco en sus dos vertientes, la violenta de ETA y la institucional del PNV con su Plan Ibarretxe3. Esta circunstancia explica la soberbia intransigente con la que se enfrenta al nuevo tercer gran desafío del nacionalismo periférico, el catalán. Máxime, además, cuando al frente del gobierno del Estado se encuentra el principal exponente político del nacionalismo español, el Partido Popular.
Con una Constitución blindada por la rigidez recogida para su modificación y un nacionalismo español reforzado con sus victorias anteriores y la mayoría absoluta del PP, el bloque independentista catalán busca la manera de poder avanzar sin abandonar la vía institucional. Su reivindicación del derecho a decidir para poder celebrar una consulta sobra la independencia se enfrenta a un rechazo cerrado del gobierno y de las principales fuerzas políticas del Estado español, el PP y el PSOE. Esta situación le aboca o bien a un abandono de la vía institucional, con la celebración ilegal de la consulta y las consecuencias que se derivarían, o a plegarse a la legalidad y mantenerse en un papel de víctima de la intransigencia españolista.
Como en todas las situaciones políticas en que dos fuerzas extremas se enfrentan, las fuerzas que permanecen en una situación intermedia, aunque puedan representar la solución pragmática óptima, terminan siendo marginadas. En este caso concreto el choque entre los dos nacionalismos, el español y el catalán, va a reforzar a las principales fuerzas políticas que les sostienen, el PP y ERC en perjuicio sobretodo de la socialdemocracia y la izquierda.
Tanto el PSOE como IU se han mostrado favorables a una solución de tipo federal, con la diferencia sustancial de que el primero rechaza el derecho a decidir y el segundo lo defiende. Dado que la batalla principal va a girar en los próximos meses en torno a la celebración de la consulta, el PSOE seguramente va a terminar apareciendo como aliado del PP en su rechazo cerrado a la celebración de la misma sin que tenga ninguna posibilidad de poner a discusión su propuesta federal. Por su parte, IU corre el riesgo de que aparezca a nivel estatal como aliada del nacionalismo independentista por su apoyo a la consulta, pero rechazada en Cataluña al no apoyar la independencia, eso sin contar las tensiones que puedan originarse en sus socios catalanes.
Todo pronóstico más allá de esto es pura especulación y todos los escenarios están abiertos: un gobierno CiU-ERC que impulse la consulta por encima de la legalidad, la ruptura de CiU, la celebración de elecciones anticipadas en Cataluña en ausencia del referéndum, el ascenso del movimiento de masas en Cataluña impulsado por la frustración hasta alcanzar niveles como los de Ucrania en la actualidad, la influencia del desenlace del proceso escocés en marcha, etc.
Notas:
1 La reforma del Estatuto fue promovida por el gobierno tripartito catalán en 2005 con el apoyo mayoritario del parlamento catalán a excepción del PP. En la negociación posterior con el gobierno socialista español sufrió recortes sobre la propuesta original y fue aprobado por el Congreso de los Diputados en marzo de 2006 y por un referéndum en Cataluña en junio. A pesar de la fuerte carga de legitimidad de esta reforma basada en su carácter negociado y su aceptación por los representantes de la nación española y de la ciudadanía catalana, el nacionalismo español más rancio, representado por el PP, impugnó tal reforma ante uno de los tradicionales bastiones conservadores, el Tribunal Constitucional. El resultado fue la sentencia de este organismo que vaciaba de contenido sustancial a la reforma al declarar la inconstitucionalidad de 14 de los artículos, entre otros rechazando la posibilidad de utilizar el término de nación para caracterizar a Cataluña, negando el carácter preferente a la lengua catalana y recortando las competencias en justicia.
2 En un claro contrate con la rigidez dogmática del nacionalismo españolista, en el Reino Unido se ha llegado a un acuerdo entre Londres y Edimburgo para que se realice la consulta dentro de la legalidad británica y con el compromiso por ambas partes de acatar el resultado de una pregunta clara y directa sobre la independencia de Escocia.
3 El Plan Ibarretxe consistía en una reforma del Estatuto vasco que contemplaba un nuevo modelo de relaciones basado en la soberanía compartida, proponiendo también un referéndum para decidir la forma de vinculación con el Estado español. Aprobado por el parlamento vasco en diciembre de 2004 fue rechazado por el parlamento español dos meses después, tras lo cual el PNV renunció a dicho Plan.
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