Por sexto año consecutivo presentamos el informe de la ahora Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT) sobre la situación de la tortura en el Estado español [1], manteniendo los criterios de los informe precedentes para facilitar una perspectiva sobre la evolución de esta problemática. Dado que uno de los objetivos fundamentales […]
Por sexto año consecutivo presentamos el informe de la ahora Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT) sobre la situación de la tortura en el Estado español [1], manteniendo los criterios de los informe precedentes para facilitar una perspectiva sobre la evolución de esta problemática. Dado que uno de los objetivos fundamentales de la CPDT es el pleno cumplimiento en el Estado español de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, en ese trabajo presentamos aquellas denuncias de torturas, malos tratos y/o tratos degradantes que pudieran ser incluidas dentro de la definición efectuada por esta Convención:
«Se entenderá por tortura todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instancia suya o con su consentimiento«. [2]
En este informe se recogen 242 situaciones en que se produjeron agresiones y/o malos tratos contra 624 personas privadas de libertad, o en el momento de ser detenidas.
Es importante tener en cuenta que estas dos cifras no coincidirán con el número de causas penales abiertas por tortura y/ o malos tratos, pues una misma podrá dar lugar a una o a varias causas diferentes, dependiendo de las circunstancias.
Como en años anteriores, no se han tenido en cuenta todos aquellos casos denunciados de torturas y/o malos tratos de los que se tuvo conocimiento durante el año 2009: en la elaboración de este informe no se han incluido 97 situaciones de agresión (el 28,6% del total de 339 situaciones conocidas), que afectaron a 204 personas (el 24’3% deltotal de 828 personas afectadas) [3]. Algunos casos han sido excluidos por petición expresa de los agredidos, otros porque la información recibida es insuficiente o no está suficientemente contrastada.
Además, también hay que tener en consideración que un número de casos de tortura o agresiones por parte de las FSEs o funcionarios de prisiones difícil de valorar no se denuncian nunca, ni ante los tribunales de justicia ni ante ninguna otra instancia, pública o privada. Así, como en el informe del año pasado, se confirma la tendencia de no denunciar las agresiones sufridas por participar en movilizaciones sociales (actitud que, hasta ahora era habitual en migrantes sin documentos y en personas presas). Ello se debe, según los testimonios recibidos, al temor a verse envueltos en contradenuncias por parte de los agentes de policía y por desconfianza hacia los órganos encargados de investigar estas agresiones.
Notas:
[1] Los informes pueden verse en http://www.prevenciontortura.org
[2] Convención de las Naciones Unidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Aprobada por el Plenario de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1984. Ratificada por el Estado español, entró en vigor en España en octubre de 1987.
[3] Ver Anexo, página 21 del Informe.
http://www.prevenciontortura.org
Fuente: http://www.kaosenlared.net/noticia/nuevo-informe-sobre-tortura-estado-espanol