Desde 2017, el Congreso de los Diputados viene pidiendo al Gobierno la información completa sobre las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia Católica. Aquel año se aprobó la PNL 161/001437: el mandato era claro. Había que elaborar un estudio sobre las inmatriculaciones (1998–2015) y facilitar los datos necesarios para que se pudieran identificar los bienes y, en su caso, reclamar los que fueran de dominio público o hubieran sido inscritos sin título escrito de dominio.
En diciembre de 2017, el Colegio de Registradores remitió al Gobierno la información solicitada. Desde entonces, la historia ha sido la de una demora injustificada y una transparencia opaca. El Gobierno terminó enviando al Congreso en 2021 un informe y un listado que, en miles de casos, no permite identificar los bienes.
Mientras tanto, RECUPERANDO, ciudadanía y grupos parlamentarios reclaman el expediente completo con información detallada de cada bien. La pregunta parlamentaria presentada por el Grupo Plurinacional Sumar y la respuesta del Gobierno (10 de febrero de 2026) confirman que la opacidad continúa.
a) “Se está sistematizando la información”: una coartada
Que el Gobierno responda en 2026 que “se está sistematizando la información recabada” es difícil de asumir. Han pasado casi nueve años desde la PNL y más de ocho desde que el Colegio de Registradores remitió los datos. Además, la PNL fue propuesta en 2017 por el Grupo Parlamentario Socialista cuando estaba en la oposición. Ya en el Gobierno, se retrasó deliberadamente su cumplimiento, llegando incluso a recurrir decisiones del Consejo de Transparencia -alegando, también, que el informe estaba en preparación– para evitar que se publicara información sobre bienes inmatriculados.
El resultado es grave: se presenta un listado parcial que no permite identificar bienes con claridad, pese a que el Gobierno contaba con la identificación de las fincas registrales, y se pretende dar por cumplido el mandato. Pero un listado que impide identificar las fincas inmatriculadas es un listado inútil, huero, una burla del mandato del Congreso de los Diputados. Y afirmar ahora que aún “se está sistematizando” no es una explicación: es, o bien un insulto a la inteligencia, o bien una ineficiencia difícilmente superable.
b) Remitir a los registradores: un problema democrático
El Gobierno afirma que la “publicidad concreta” es “competencia exclusiva de los Registradores de la Propiedad” y que estos deben valorar el “interés legítimo”. Aplicar esa idea a una solicitud formulada por un diputado para acceder a un expediente administrativo del Gobierno es un despropósito. Cuestionar la legitimidad de un representante público para acceder a la documentación completa de un expediente —y derivarle a terceros para que decidan si procede— es poner en cuestión la propia legitimidad del Parlamento. Es inaudito en una democracia.
Además, el expediente no es una consulta privada sobre una finca concreta: es la documentación que sostiene un mandato parlamentario y un informe elaborado por el Ejecutivo. La custodia y la entrega corresponden al Gobierno, no a una cadena de decisiones fragmentadas registro a registro. Derivar responsabilidades es, en la práctica, bloquear el control democrático.
Conclusión
Veinte años después de destaparse este escándalo, es inaceptable que el Congreso de los Diputados, los ayuntamientos y la ciudadanía sigan sin conocer con detalle cuántos y cuáles son los bienes inmatriculados por la Iglesia católica mediante un inválido “certificado diocesano”. Y hay que recordar, además, que NADA se sabe aún de los bienes inmatriculados entre 1946 y 1998. Un Gobierno que mantiene la opacidad, dilata la entrega del expediente y desplaza la responsabilidad a terceros se convierte en cómplice necesario del posible expolio. Por eso exigimos la publicación íntegra e inmediata del expediente correspondiente de la PNL 161/001437 —incluidas las notas simples o la documentación equivalente—, en un formato que permita identificar cada bien con claridad y activar, por fin, las acciones de recuperación que el Congreso ordenó en 2017.
Coordinadora Estatal RECUPERANDO